Iberdrola y Repsol informan únicamente
de sus aportaciones políticas en EEUU y Reino Unido, donde es obligatorio por
ley. Sacyr, ACS e Indra prohíben en sus códigos éticos las donaciones y la
corrupción, pero están acusadas de financiar ilegalmente al PP. Telefónica
gastó en ’lobbies’ 2,54 millones de euros en 2013 y Acciona otros 2,2 millones.
Iberdrola y Repsol informan únicamente de sus aportaciones
políticas en EEUU y Reino Unido, donde es obligatorio por ley. Sacyr, ACS e
Indra prohíben en sus códigos éticos las donaciones y la corrupción, pero están
acusadas de financiar ilegalmente al PP. Telefónica gastó en ’lobbies’ 2,54
millones de euros en 2013 y Acciona otros 2,2 millones.
Sólo siete empresas del IBEX 35 informan sobre el dinero que
donan a partidos políticos e instituciones. La mayoría de ellas se declaran
“políticamente neutrales”, algunas incluso hacen una proclama genérica en su
código ético o niegan directamente haber realizado aportación alguna a
“partidos políticos o sus representantes”. Pero no revelan si disponen de y
cómo funcionan los mecanismos concretos para evitar prácticas de corrupción,
según concluye el estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales
de las empresas del Ibex.
El informe, financiado por el Ministerio de Empleo, ha sido
elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que se
creó en 2004 e integra a ONG como Cáritas, Cruz Roja o Intermón Oxfam y
sindicatos como CCOO y USO. Sus autores no dudan en calificar de “desolador” el
hecho de que tan pocas empresas españolas publiquen cuánto dinero y por qué
conceptos donan a los partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta las
denuncias por corrupción y las sospechas sobre financiación ilegal que han
inundado la escena pública en los últimos años. También citan el Eurobarómetro
para recordar que el 83% de las empresas españolas considera que la corrupción
está muy extendida en la contratación pública gestionada por la administración
estatal y hasta el 90% en el caso de las entidades locales.
Las siete empresas que explican sus donaciones a partidos
políticos son Bankia, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Enagas, Gas Natural
Fenosa, Red Eléctrica española (REE), Repsol e Iberdrola. Pero estas dos
últimas sólo publican datos sobre las cantidades y el destino del dinero en los
casos de EEUU y Reino Unido, donde es obligatorio por ley. Nada dicen del resto
de los países donde operan.
Así, tras declararse “neutral” en política, la empresa que
preside Ignacio Sánchez Galán revela que pagó 23.554 euros en 2013 en Reino
Unido, a través de su filial ScottishPower, para patrocinar conferencias y
eventos. También aportó a candidatos y partidos en EEUU un total de 18.265
euros. Sus filiales de renovables pagaron otros 9.792 euros ese año.
Por su parte, Repsol gastó en 2013 un total de 314.000 euros
en “actividades directas de representación ante instituciones europeas”, un 30%
más que el año anterior. De la Unión Europea recibió 979.000 euros para
investigación y desarrollo, casi ocho veces más que en 2012. En Estados Unidos
pagó 100.000 euros para impulsar temas energéticos, al tiempo que declara no
haber realizado ninguna contribución a empleados públicos del Gobierno de
Washington.
Declaraciones públicas, financiación ilegal
El estudio destaca los casos más llamativos de falta de
información y de incoherencia entre las declaraciones de las empresas y sus
comportamientos. Sacyr prohíbe en su Código de Conducta hacer “donaciones a
ningún partido político o a favor de sus representantes, salvo en aquellos
casos previstos expresamente en la legislación aplicable”. Sin embargo, se
desconoce si la constructora ha creado y utiliza algún mecanismo específico que
garantice el cumplimiento de ese compromiso. El estudio recuerda que el
expresidente del grupo Luis del Rivero y su actual presidente, Manuel Manrique,
se encuentran imputados por supuestas donaciones al PP de Castilla-La Mancha:
en concreto, 200.000 euros en 2007 para pagar una campaña electoral.
Otro tanto ocurre con ACS. La constructora de Florentino
Pérez niega haber efectuado aportaciones financieras o en especie a partidos
políticos, pero su nombre aparece como uno de los donantes del PP gallego para
la campaña de 2006 en los papeles de la contabilidad B de Luis Bárcenas.
Tampoco el Banco Popular declara aportaciones a partidos.
Sin embargo, la fundación de la entidad, en sus cuentas anuales, declara
donaciones a la Generalitat de Cataluña. Y Abertis, al mismo tiempo que en su
Código Ético prohíbe influir en las decisiones de las administraciones
públicas, firma convenios de colaboración con ellas y presume de su relación con
ayuntamientos y del “diálogo y colaboración activos” que mantiene con
instituciones de todos los ámbitos para “planificar y desarrollar
infraestructuras”. Pero no informa sobre cómo fiscaliza esas relaciones con las
administraciones.
’Lobbies’, sólo donde obliga la ley: EEUU y Reino Unido
No son mucho más transparentes las compañías del Ibex 35 en
lo que a su actividad como lobby se refiere. Sólo cinco empresas del selectivo
informan sobre sus mecanismos de presión política. Y, como ocurre con las
donaciones, únicamente lo hacen en los países donde es obligatorio por ley. El
Registro de Transparencia de la UE revela que Acciona ha pagado 2,2 millones de
euros por actividades de lobby en la Comisión Europea. La propia empresa
reconoce haber participado en consultas de la Comisión sobre energía y clima,
también sobre ayudas públicas relacionadas con energía y medio ambiente.
Gracias al mismo Registro de Transparencia se sabe que
Telefónica gastó en lobbies 2,54 millones de euros en 2013 y que recibió de la
UE subvenciones por valor de casi siete millones. Al igual que Acciona, la
compañía de César Alierta es miembro del Consejo Empresarial para la
Competitividad, el lobby que agrupa a las 17 mayores firmas españolas. También
pertenece al European Services Forum, un grupo que propugna la liberalización
del comercio mundial en el sector servicios, y a Quiller Consultants, un lobby
británico. Telefónica no explica qué actividad desarrolla en ninguna de estas
organizaciones, lamenta el estudio.
Finalmente, Indra, participada por la pública SEPI en un
20%, declara que no practica el lobbying. Sí explica que sus filiales en
Estados Unidos tienen relaciones mercantiles con bufetes de abogados, “la vía
que se utiliza en ese país para obtener información y gestionar contratos y
subvenciones”. Nada dice de su actividad en la Unión Europea –donde aportar
información es de carácter voluntario– o en otros países donde no existe
ninguna regulación. En 2014 recibió 40 millones de euros, financiados con
créditos blandos y subvenciones en I+D, de las administraciones española y
europea.
Lucha contra el blanqueo de dinero
El informe resalta que todas las grandes empresas deberían
tener instrumentos concretos contra estos delitos, ya que operan en 17 países
“con percepción extrema de la corrupción” y otros 71 con “percepción alta”, de
acuerdo con el índice elaborado por Transparencia Internacional. De entre los
primeros, el país donde más compañías del Ibex tienen negocios es Venezuela (15
de ellas), seguido de Angola (seis), Paraguay y Ucrania (cinco), pero también
Libia y Nigeria (tres). Entre los segundos, México (27 compañías) y Brasil (25)
son los favoritos.
El caso de Indra es significativo. La compañía tecnológica
declara públicamente su compromiso de lucha “contra el soborno y los pagos de
facilitación y cualquier forma de corrupción activa o pasiva”. También se
muestra contraria las contribuciones políticas a los partidos e informa de las
entidades no lucrativas a las que hace donaciones. Pero, como en el resto de
los apartados y como muchas de sus compañeras, Indra elude aplicar, o por lo
menos desvelar, los mecanismos concretos de que dispone, si es que los tiene,
para hacer realidad sus declaraciones de principios. Indra ha resultado
implicada en latrama Púnica de corrupción, por haber pagado supuestamente
campañas de imagen de políticos del PP, tras habérselo ordenado la Comunidad de
Madrid.
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