Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

sábado, 27 de febrero de 2016

FCC, cadena de favores

Una de las niñas bonitas del Ibex 35, principal índice de la bolsa española, y uno de los gigantes económicos españoles, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha sufrido un duro golpe con la explosión de la trama Acuamed. El penúltimo caso de corrupción es uno más en el que las tres letras que nombran la empresa aparecen, pero es el único en este momento por el que un directivo de la empresa –Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción– está siendo investigado por un posible delito de cohecho, tras el sobreseimiento de la imputación –investigación según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal– de José Mayor Oreja, que también ocupó el cargo de presidente de FCC Construcción. Echamos la vista atrás para hacer un repaso a la historia de FCC y sus relaciones con la Administración.

Fomento de Construcciones y Contratas nació como tal en 1992 como fusión de dos grandes empresas que crecieron durante el régimen franquista: Construcciones y Contratas, y Fomento de Obras y Construcciones. En ambas se desarrollaría un proceso de puertas giratorias que seguiría hasta hoy.
“El holding Construcciones y Contratas fue un juguete en manos del clan de El Pardo”, escribe el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S.A., obra en la que analiza el imperio empresarial que surgió alrededor de Francisco Franco. Este emporio acumuló más de medio centenar de empresas y entidades financieras que, en 1973, sumarían más de 100.000 millones de pesetas en capital escriturado. Sán­chez Soler relata cómo Ernesto Ko­plowitz, fundador de la empresa, se casó en 1952 con Esther Romero de Juseu, una íntima amiga de Car­men Polo, con la que tendría dos hijas: Esther y Alicia.

A partir de aquí comienzan a llover las grandes contratas públicas, como la concesión en exclusiva del alumbrado y alcantarillado de Madrid. También las puertas giratorias entre el régimen y el consejo de administración de la empresa, con la entrada del mar­qués de Villaverde –Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del ‘generalísimo’–; el subsecretario de Obras Públicas, José María Rivero de Aguilar, o el director del Instituto de la Moneda Extranjera, Alejandro Bermúdez González. El capital de la empresa pasó de cinco millones de pesetas en 1952 a 2.000 millones diez años más tarde. Fue entonces cuando Koplowitz padre se cayó del caballo –literalmente–. Tras la muerte del empresario, el consejo de administración de Construcciones y Contratas seguiría siendo lugar de paso para nombres de la política, como José María Ruiz-Gallardón –padre del exministro–, quien después pasaría por Alianza Popular y por las Cortes como diputado por Zamora. También, vía matrimonial, ‘los Al­bertos’ –Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del exministro de Asun­tos Exteriores Pedro Cortina y de Alberto Alcocer, primer alcalde de Madrid, respectivamente–.

El otro germen de la actual FCC, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), fundada en Barcelona en 1900, también acogería en su consejo de administración a conocidos nombres del régimen franquista antes de fusionarse con el legado Koplowitz, según detalla la obra de Sánchez Soler. En su caso, fueron el ‘cuñadísimo’ de Franco, Ramón Serrano Suñer, y su hijo Ramón Serrano Polo –sobrino de Franco– los hombres fuertes del régimen en las empresa, que ya en 1975 contaba con un capital escriturado de 3.000 millones de pesetas.

Puertas giratorias del siglo XXI

La política de puertas giratorias siguió en la ya actual FCC. 2001 comenzaría en la empresa con la llegada de José Mayor Oreja –hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y persona encargada de hacer llegar los donativos ilegales al Partido Popular de parte de la empresa de Koplowitz– al cargo de presidente de FCC Construcción.
El tío del exministro, Marcelino Oreja Aguirre, también ministro de Asuntos Exteriores durante el Franquismo, le acompañó en el consejo de administración de la empresa. A la vez que Oreja, llegó al consejo de administración de FCC Construcción Abel Matutes, que hasta el año 2000 ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La lista de nombres de la política y la Administración que han pasado por FCC continúa. En 2010 entró como apoderado Eduardo González Gómez, presidente entre 2002 y 2008 del lobby Foro Nuclear y antes, entre 1987 y 1995, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo responsable de las centrales nucleares en el Estado y de la regulación en esta materia. González Gómez pasó después a presidir Aqualia y FCC Energía, cargos que ocupó hasta el pasado año. Dos años más tarde, en 2013, entró Fernando Caamaño de Aramburu, otro nombre relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso asesor, quien desde julio de 2015, continúa como apoderado solidario de la empresa.


Nicolás Redondo Terreros, secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2001, y antes miembro del Parlamento Vasco, pasaría por pocos meses –de noviembre de 2013 a de 2014– por el consejo de administración de FCC. Por su parte, Gustavo Villapalos Salas, consejero de Educación en Madrid entre 1995 y 2001, estuvo desde 2002 vinculado a la empresa a través de su firma cementera, Portland Valderribas, y durante algunos meses –de julio a noviembre de 2014– llegaría a ser presidente de la empresa matriz.



FCC, a través de su filial Aqualia, tiene el 36,7% del mercado de agua pública, según presume en su página web. En poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, grupos ecologistas han denunciado subidas de las tasas de agua por encima del 85% del IPC y cobros ilegales a los vecinos de la población desde que se privatizó el servicio de agua en 2010, cuando el portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, Juan Marín, era alcalde. 



Las contrataciones públicas para la limpieza urbana es otra de las grandes líneas de negocio de FCC. Madrid, Tarragona y Albacete son algunas de las 18 capitales de provincia en las que la limpieza viaria está a cargo de esta empresa. En febrero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura, aunque sólo les impuso una multa del 3% de sus beneficios.


Entre 2002 y 2008, FCC recibió al menos 400 millones de euros para construir dos de las grandes infraestructuras de las olimpiadas: Madrid Arena y Caja Mágica, ahora edificios infrautilizados o con graves deficiencias. Entre 2001 y 2008, José Mayor Oreja había entregado dos donaciones al Partido Popular que sumaron 165.000 euros. En esos mismos años la empresa obtuvo 587 contratos de órganos públicos gobernados por el PP.

diagonalperiodico.net

lunes, 15 de febrero de 2016

Endesa, un expolio que no tiene nombre

Imagínese que una empresa, pongamos que italiana, compra el Palacio Real en Madrid. Luego se lleva todos los cuadros, muebles y demás tesoros a un museo en Roma e invierte lo justo en mantener el edificio para seguir cobrando la entrada a los turistas que hacen la obligada visita al monumento. Todo esto ante el silencio absoluto del gobierno, el principal partido de la oposición y los grandes medios.

Vale, es una parábola un poco exagerada. Pero es en cierto sentido lo que ha ocurrido con Endesa, la antaño mayor empresa pública, la joya de la corona junto con Telefónica. Tras su privatización a finales del siglo pasado, la principal eléctrica del país acabó en manos de la italiana Enel, irónicamente de participación pública. La matriz se llevó todo el negocio de América Latina y buena parte de la tesorería de Endesa. En noviembre pasado, la empresa decidió que se dedicará al dividendo la totalidad del beneficio neto anual hasta 2019, que superará las inversiones, según las previsiones.

Endesa ha capeado mejor que la mayoría de las grandes empresas del Ibex-35 la tormenta que azotó a las bolsas en las primeras semanas del año. La eléctrica es lo que los inversores consideran un “puerto seguro” en la tempestad. “Ahora estamos recomendando una idea nicho: compañías que tengan prácticas monopolísticas y pricing power”, comenta Anna Garofano, analista de Diverinvest EAFI, en una entrevista con invertia.com en la que pone como ejemplo a Endesa.

Estas prácticas monopolísticas y la capacidad de subir precios sin que se resienta la demanda son obviamente muy interesantes para los inversores, pero el resultado lo pagan los consumidores. Los precios de la luz en España están entre los más altos de Europa, mientras el Estado todavía tiene que digerir el astronómico “déficit tarifario”, acumulado a lo largo de los años para compensar a las eléctricas, ya que éstas argumentaban que los precios al consumidor regulados no cubrían los costes. Mientras, millones de personas han sufrido cortes de luz porque ya no podían pagar el recibo.

“Lo que ha ocurrido con Endesa desde finales de los 80 se puede, sin ninguna duda, calificar de expolio. Endesa era en 1988, cuando empezó a privatizarse, la empresa con mayores beneficios de España, los cuales se revertían al Estado. Además permitía al sector público hacer política energética, decidiendo por ejemplo qué tipo de centrales eléctricas quería instalar, fijándose no sólo en satisfacer a sus accionistas sino en servir al interés general. A pesar de ello, se decidió venderla y ahora Endesa es parte de un oligopolio privado”, afirma José Luis Velasco, doctor en Física y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. “Una vez que alejas una empresa del control público ¿cómo impides que sus accionistas hagan lo que quieran? No es imposible, desde luego, pero es muy difícil”, añade este miembro del Círculo de Economía de Podemos.

Del control público a Enel
Rebobinamos. Endesa fue creada en 1944 y tuvo un papel fundamental en la reconstrucción económica y la electrificación del país después de la Guerra Civil. La privatización de la que en ese momento era la mayor empresa pública comenzó con el gobierno socialista de Felipe González, que sacó a bolsa un 25% del capital en 1988. El Partido Popular del presidente José María Aznar completó la privatización en dos pasos, entre los años 1997 y 1998.

Entonces, Endesa ya había empezado a invertir miles de millones en América Latina, donde “las políticas neoliberales y globales de los años 90 condujeron a la liberalización y desregulación del sector energético”, como recuerda en un artículo Rodolfo Rieznik, de Economistas Sin Fronteras. Bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se libró una batalla monumental y altamente politizada por el control de Endesa, en la que participaron la catalana Gas Natural y la alemana Eon. Finalmente, fue Enel quien, en 2009, se hizo con el 92% de la eléctrica española con la ayuda de Acciona, la empresa de servicios y construcción de la familia Entrecanales.

En 2014, Enel compró Enersis, la filial de Endesa que concentraba todo el negocio en Latinoamérica, donde era líder del mercado, por 8.250 millones de euros. La empresa italiana recuperó este dinero en seguida y de paso un poco más para reducir su abultada deuda, al repartirse un dividendo extraordinario de 14.600 millones de euros, el mayor en la historia de España. Los analistas consideraban que Enel había vaciado su filial española. “Sin potencial de crecimiento y con una estructura financiera insuficiente, en nuestra opinión, la acción deja de tener interés”, comentaba Citibank.

Poco después, Enel hizo caja otra vez al colocar en el mercado un paquete de acciones, con lo cual redujo su participación al 70%. Un juez de Madrid obligó a Endesa a incluir una advertencia en la información para los compradores interesados de este 22% de las acciones: “Endesa está controlada en un 92% por el grupo semipúblico italiano Enel, cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la empresa española. Éste y otros importantes factores de riesgo, como la reducción de su crecimiento potencial y una deuda con la que antes no contaba, se recogen en el Folleto informativo de la Oferta Pública de Venta de Acciones disponible en la página web de la CNMV”.

Y hoy continúa el expolio de la eléctrica con la mayor capacidad de generación instalada del país. El Plan Estratégico 2015-2019, actualizado en noviembre pasado, garantiza un payout anual del 100%, es decir, la totalidad del beneficio neto atribuido acaba en manos de los accionistas. A la cabeza, Enel, con su 70%. Las inversiones de 4.400 millones de euros presupuestadas para este quinquenio están muy por debajo del beneficio neto previsto, que superará ampliamente los 1.000 millones al año. Uno de los proyectos principales es la instalación de nuevos contadores de luz en los 11 millones de hogares que son clientes de Endesa. Más que invertir en energías renovables, la empresa apuesta por prolongar la vida útil de sus centrales nucleares y las de carbón.

Los dueños ni siquiera disimulan para qué les sirve su filial. “Está bien tener una máquina de generar cash. Otros ya quisieran”, dijo Francesco Starace, consejero delegado de Enel y vicepresidente de Endesa, en una entrevista con la agencia Reuters en diciembre. De momento, los italianos han rechazado ofertas de compra de los fondos buitres KKR y CVC. Una posible venta, según explicó Starace, depende de la creación de un mercado europeo de energía. Mientras tanto, Enel se asegura un suculento dividendo de al menos 800 millones de euros al año.

“La liberalización progresiva del sector eléctrico. en marcha desde 1997 y completada definitivamente en 2013 con la desregulación total de la tarifa eléctrica, no ha introducido ni eficiencia ni mejores precios de electricidad. Al revés, ha recogido en tarifa el expolio y la especulación a la que ha estado sometido el sector en las últimas décadas”, escribió el economista Rieznik.

Lo curioso de este expolio, totalmente legal pero expolio al fin y al cabo, es que no generó ninguna controversia en los grandes medios de comunicación. “El tratamiento de los asuntos relacionados con grandes empresas en general, y las eléctricas en particular, es desolador”, dice Velasco, del Observatorio Crítico de la Energía. “Igual nunca ha sido maravilloso pero sin duda ha ido a peor”, añade.

Alberto Garzón coincide en esta crítica de la prensa y resalta el papel de la publicidad. El diputado de Izquierda Unida llevó el asunto de Endesa al Congreso de los Diputados en la legislatura pasada. “El Gobierno no ha hecho absolutamente nada y ni siquiera ha respondido a mis preguntas”, cuenta a La Marea. En una sesión de febrero del año pasado echó en cara el “saqueo de Endesa” al presidente Mariano Rajoy. También se lo preguntó al ministro de Economía Luis de Guindos en la comisión de economía del Parlamento sin obtener contestación. “Al salir de aquella reunión un diputado relativamente joven del PP me dijo que era un escándalo y que el Gobierno estaba indignado pero que no iba a decir nada”, recuerda el dirigente de IU. “El PSOE tampoco ha hecho nada. Cuando un partido se calla ante semejante escándalo es porque tiene intereses”, explica y apunta al infame fenómeno de las puertas giratorias.

Endesa ha sido, junto con Telefónica, el principal refugio para políticos que buscaban una jubilación dorada después de pasar por el gobierno. Entre otros cargos, por parte del PP han trabajado para la empresa Aznar, como asesor, y De Guindos, como consejero, antes de que fuera ministro. Del lado socialista destacan Elena Salgado, ministra de Economía con Zapatero, que fue consejera de la filial chilena Enersis, y su antecesor en el ministerio, Pedro Solbes, que pasó a ser consejero de la matriz Enel. Endesa también fichó a exdirigentes de Convergència i Unió, como Miquel Roca.

La disfunción del sector de la energía tras su liberalización ahora está muy cuestionada por la pobreza energética, los millones de hogares a las que las empresas dejaron sin luz por impago. Según la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), en 2012 Endesa cortó la electricidad a más de medio millón de hogares. Desde entonces, la empresa se ha empeñado en firmar convenios y protocolos con docenas de municipios y otras administraciones públicas para garantizar el suministro a los hogares con problemas financieros. La presión de la calle y la llegada a muchos ayuntamientos de las nuevas fuerzas políticas, como Barcelona en Comú o Ahora Madrid, ha acelerado estos esfuerzos. “Llevamos año y medio con todo tipo de acciones de protesta”, cuenta Mar Macías, de la APE en Granollers (Barcelona). “Finalmente, el otro día vino un gerente de Endesa. Nos dijo que le llamáramos en cuanto supiéramos de un caso y nos dejó su tarjeta”.

La pobreza energética, una de las facetas más graves de la crisis económica, fue uno de los asuntos destacados en los programas electorales de los partidos de centroizquierda en las generales del 20 de diciembre. Podemos presentó en enero su Ley 25 de Emergencia Social en el nuevo Congreso de los Diputados para garantizar el acceso a la luz, entre otras medidas. También IU propone una serie de actuaciones en este sentido. Ambas formaciones, al igual que el PSOE, abogan además por una reforma profunda del sector de la energía. IU es el único de estos tres partidos que exige la nacionalización de empresas como Endesa.

Intranquilos ante el auge de Podemos
Los inversores ya se ponen nerviosos. “Mientras que el posible pacto PP-C’s no esperábamos [sic] que tuviera un impacto muy relevante en la regulación del sector energético, el ascenso de Podemos y su eventual capacidad para decidir en la política energética podrían ser negativo para el sector en general y para Endesa (MANTENER) en particular que no tiene prácticamente exposición internacional, está expuesta a nuclear y no tiene componente de producción renovable destacada”, comentaron los analistas de Ahorro Corporación en una nota al día siguiente a las elecciones del 20-D.


Pese a la doctrina oficial que se ha implantado en España en las últimas décadas, un mayor control público de un sector clave como la energía no es cosa de radicales de izquierda. “Por ejemplo, el mercado eléctrico francés está copado por EDF y sus filiales, que pertenecen mayoritariamente al Estado, y esto hace más fácil que Francia avance hacia la transición energética, llevando a cabo las políticas adecuadas que el mercado nunca haría”, afirma Velasco, autor de Crónicas Eléctricas (Foca, 2015). En este libro, el autor recuerda unas palabras que en 1993 pronunció el fallecido Feliciano Fuster, presidente ejecutivo de Endesa entre 1984 y 1997, cuando el PP le sustituyó por el exministro de UCD Rodolfo Martín Villa: “Cuanto más elevada sea la participación privada en el sector público, mejor será, pero siempre que la titularidad y la gestión conserven el carácter público”. Los políticos no le hicieron mucho caso.

sábado, 6 de febrero de 2016

“Ninguna empresa del Ibex-35 respeta los derechos humanos”

En mayo de 2010 el Tribunal Permanente de los Pueblos, de carácter no gubernamental y con origen en el juicio a Estados Unidos por los crímenes cometidos en la guerra de Vietnam (Tribunal Russell), denunció a más de 40 multinacionales europeas por la violación de los derechos de las poblaciones. El tribunal “ético” señaló a la multinacional Agrenco, con sede en Países Bajos, por la destrucción de territorios indígenas en el estado de Mato Grosso (Brasil). También a la compañía Aguas de Barcelona, por la sobreexplotación de acuíferos en el municipio mexicano de Saltillo. A la transnacional francesa Louis Dreyfus, debido a la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, que amenazaba a los pueblos Guaraní Kaiowá en Brasil. La empresa Syngenta, constataba la sentencia, contrataba mercenarios en Brasil y contaminaba la tierra con agrotóxicos, mientras que otra multinacional, Impregilo, amenazaba con una presa hidroeléctrica el río Sogamoso (Colombia) y su entorno. Entre otros proyectos, se denunciaban asimismo las centrales hidroeléctricas sobre el río Madeira del Banco Santander, Banif y GDF-Suez.

El 29 de enero de 2016 se presentó en el Centro Social La Colectiva del barrio del Cabanyal, en Valencia, la campaña “Stop Corporate Impunity, desmontando la arquitectura de la impunidad de las transnacionales”. Las ONG denunciaron en 2013 a la compañía Hidralia por desarrollar, mediante sus filiales, proyectos de represas hidroeléctricas en el norte de Guatemala. Álex Guillamón, coordinador-técnico de “Entrepobles”, señala a esta eléctrica gallega como ejemplo de actividades predadoras en América Latina. A partir de la experiencia de esta ONG en el acompañamiento a comunidades amenazadas, agrega otro ejemplo, el de Gas Natural Fenosa, que ha impulsado macroproyectos en Nicaragua, Guatemala, Colombia y República Dominicana. Las grandes represas “han provocado el desplazamiento de poblaciones sin la previa consulta a la que teóricamente tienen derecho”, apunta el activista. A ello se añaden las amenazas y la represión por parte de los servicios de “seguridad” de las empresas. En el caso de Gas Natural Fenosa, también dedicada a la distribución y el consumo de energía eléctrica, se han producido quejas por desatención a comunidades sin recursos y abusos en las tarifas.

“Ninguna empresa del IBEX 35 cumple con los derechos humanos, prácticamente todas han acumulado el poder económico y beneficios a costa de su violación”, sostiene Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) de la asociación “Paz con Dignidad”, que ha publicado el “Diccionario crítico de empresas transnacionales” y los libros “Contra la lex mercatoria” o “Marca España. ¿A quién beneficia?”. Participa en la iniciativa “Desmontando el poder corporativo”, de la que forman parte cerca de 200 organizaciones, plataformas y redes, y en la constitución de un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Transnacionales. La investigadora, que ha participado con Álex Guillamón en la presentación de la iniciativa “Stop Corporate Impunity” en Valencia, recuerda que Repsol ha contaminado territorios en los que habitan pueblos indígenas y provocado desplazamientos en Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Denuncia asimismo actuaciones de Iberdrola, como la construcción de grandes campos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México); esta multinacional cuenta además con acciones en el consorcio que construye la gran presa hidroeléctrica de Belo Monte, en plena amazonía brasileña.

Uno de los puntos fuertes de la campaña es la crítica a la “Lex Mercatoria”, que Guillamón define como el conjunto de acuerdos y convenios entre gobiernos y transnacionales o TLC firmados por los estados, que permiten a las corporaciones “tener cada vez más poder para invertir donde y como quieran”. Erika González resalta mecanismos como la cláusula ISDS del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos o el CIADI del Banco Mundial, tribunales de arbitraje a los que recurren las multinacionales cuando consideran que los estados han aprobado una ley o impulsan políticas que vulneran sus derechos comerciales.

La investigadora de OMAL pone el ejemplo de Abengoa, empresa al que el municipio mexicano de Zimapán le negó la posibilidad de construir un depósito de residuos peligrosos a través de la filial Befesa. La instalación estaba prevista a dos kilómetros de una reserva natural y a menos de 500 metros de una comunidad indígena. Tras la demanda de Abengoa por “lucro cesante”, en 2013 el CIADI resolvió que el estado mexicano tenía que abonar a esta corporación entre 42 y 45 millones de dólares. “No son públicos”, añade Álex Guillamón, “se trata de tribunales especiales de carácter privado que atacan el principio de justicia universal”. Los fallos no son apelables, además, las organizaciones sociales han señalado la dimensión crematística del procedimiento: se calcula un coste de mil dólares por hora y abogado, y se trata de letrados que en otros juicios defienden a las mismas transnacionales.

“Entrepobles” denuncia desde hace más de una década proyectos de corporaciones que vulneran los derechos humanos en América Latina. Álex Guillamón participa además en la campaña contra el TTIP. Subraya el impacto de proyectos como la central hidroeléctrica Neltume, impulsado por Endesa Enel en la Comuna de Panguipulli, en territorio mapuche. “América Latina está plagada de conflictos ambientales, que afectan sobre todo a comunidades indígenas y campesinas”, explica. Pero también es un territorio de resistencias, como la de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana contra la petrolera Texaco-Chevron, que durante 25 años ha contaminado ríos y provincias como las de Sucumbíos y Orellana. Erika González se fija asimismo en las agresiones perpetradas, durante décadas, contra las comunidades mapuches en Argentina. Se producían en la época en que YPF era una empresa estatal, cuando operaba como YPF-Repsol (entre 1999 y 2011), y en la actualidad de nuevo como YPF.

La activista recuerda, por otro lado, el enorme impacto de la presa hidroeléctrica de Ralco en Chile, inaugurada por Endesa Enel en la región del Alto Biobío en 2004. El macroproyecto afectaba a los territorios del pueblo mapuche Pehuenche. Otro ejemplo destacado es el de la central hidroeléctrica Quimbo, en el departamento colombiano de Huila. Pero las conductas predadoras de las compañías no se producen sólo en entornos rurales y del interior. Así, Telefónica ha sido denunciada por violación de la libertad sindical y derecho fundamental al trabajo digno en Chile. Y grandes bancos como Santander o BBVA, por participar con sus inversiones en el comercio de armas o en iniciativas de gran impacto ambiental.

¿Hay una responsabilidad de los gobiernos, tanto de los países de los que proceden las empresas matrices, como de los receptores de las inversiones? Erika González responde afirmativamente. “Lo hacen con medidas políticas y jurídicas que facilitan la expansión internacional de las empresas, con TLC y tratados de protección de las inversiones”. Además, “ponen a disposición de las corporaciones todo su aparato diplomático”. En cuanto a los países del Sur, cita el caso paradigmático de Colombia, país que desde antes de los gobiernos de Uribe hasta la actualidad, “ha amparado la violación de los derechos humanos cometidos por las transnacionales”. En otras ocasiones las fuerzas de seguridad del estado, sean de Colombia, Guatemala o Perú, entre otros países, se han puesto a disposición de las multinacionales y han reprimido con dureza la oposición social a éstas.


En los países del Norte, las complicidades pueden observarse en el mecanismo de las “puertas giratorias”. Guillamón recuerda las conexiones entre los partidos políticos y las empresas eléctricas en el estado español, de hecho, altos cargos del PP, PSOE, CIU y PNV han terminado en la dirección de Endesa, Iberdrola, Acciona, Repsol, Gas Natural Fenosa o Petronor. Constata además que prácticamente todos los países están aprobando legislaciones similares a la “ley mordaza” española, incluso “mucho más graves, ya que permiten a los cuerpos policiales y de seguridad de las empresas actuar impunemente”. Gobiernos de diferente signo, como los de Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y sobre todo Colombia, “que ha militarizado su territorio”, han impulsado una legislación de estas características. “En Colombia tanto los grupos paramilitares como el ejército actúan totalmente como fuerzas de seguridad de las multinacionales”, remata el activista de “Entrepobles”