Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

miércoles, 29 de junio de 2016

Una hidroeléctrica construida por la ACS de Florentino Perez amenaza a un pueblo indígena

El grupo español Cobra-ACS, presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura en Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está construyendo un complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como proyecto Renace que, según la ONG Alianza por la Solidaridad, está afectando gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de la zona.

La obra, que se realiza a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en marcha sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como exige el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según denuncia la ONG, el flujo de agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a las comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía eléctrica o el acceso al agua potable.

Para denunciar la situación, la ONG ha puesto en marcha la campaña Tierra, que pretende recoger 10.000 firmas en solidaridad con los afectados por la obra, y que se harán llegar a la compañía española y a su máximo responsable. El objetivo de la recogida de firmas es apoyar a la ONG local Madreselva, que lucha por los derechos ambientales y de las comunidades indígenas en Guatemala.

“Lo curioso de todo este asunto es que quisimos conocer el proyecto de primera mano porque se nos decía que era un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Que todo el mundo estaba contento y que no había conflicto alguno”, cuenta Rosa M. Tristán, de Alianza por la Solidaridad. “Cuando lo vimos con nuestros ojos no dábamos crédito: aquello era un auténtico desastre. En el río, al que habitualmente acudían los habitantes de la zona a coger agua, pescar o lavar, prácticamente no queda cauce. Atrapan el agua y la van soltando en determinados puntos. En los pocos kilómetros en los que corre es imposible que quede biodiversidad alguna”.

Durante su visita a la zona, la representante de la ONG consiguió reunirse con un representante de ACS. “No me quiso decir prácticamente nada”, lamenta Tristán. “Básicamente, argumentan que la responsabilidad del proyecto es de CMI, que es quien ha subcontratado a Cobra-ACS. Y que estaban convencidos de que las cosas se están haciendo muy bien. Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que ACS no puede lavarse las manos. Los derechos humanos y medioambientales están por encima del beneficio económico”.

Meandros legales y división entre los indígenas
El proyecto Renace esconde una importante trampa. Las distintas fases del complejo hidroeléctrico se han ido aprobando con sus respectivos informes de impacto ambiental, lo que ha minimizado los daños sobre el papel. “No es lo mismo afectar un tramo de río de 6 o 7 kilómetros, como se apuntaba en los informes de Renace 1 y Renace 2, que hacerlo sobre un total de 30”, denuncia Tristán. A ello se le suma la absoluta opacidad de la multinacional. “En su página web sólo hablan de las dos primeras fases, cuando la 5 ya ha sido aprobada y, según Madreselva, ya está en marcha la 6”, añade Tristán.

Al perjuicio que el proyecto provoca se le suman las maniobras de propaganda que, según Alianza por la Solidaridad, está llevando a cabo la empresa entre los indígenas. “Se les regalan mochilas a los niños, se ponen carteles en los que se vanaglorian de haber arreglado las carreteras que, evidentemente, les hacen falta para que puedan pasar los camiones”, explica Tristán. “Y sobre todo, se vende que dan trabajo a los habitantes de la zona. La realidad es que se trata de trabajos temporales y muy poco cualificados. Los indígenas que aceptan colaborar con la empresa trabajan en turnos de 15 días por un salario de unos 100 euros. La mayoría apenas se dedican a redirigir el tráfico, casi nulo, que pasa por esas carreteras. Con ello lo que se provoca son graves divisiones entre las comunidades que se han opuesto al proyecto y las que han aceptado trabajar para la empresa, cuyos miembros han firmado con la huella digital al no saber escribir”.




Fuente: La Marea

jueves, 23 de junio de 2016

España está en el ‘top 5’ del uso de los tribunales al margen de la justicia que potencia el TTIP

Las multinacionales españolas son de las que más utilizan este recurso, que el Tratado de Libre Comercio pretende poner en el centro de las relaciones empresa-Estado. Se trata de un arbitraje paralelo al poder judicial que es catalogado por expertos como "un ataque a la soberanía de los pueblos".

España se encuentra en los primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados, que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.

Un mecanismo llamado, por sus siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada, Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.

El informe se basa en los datos públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores, no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía, obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90% de los litigios pertenecen a este ámbito.

El segundo enfoque que aborda Justicia privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años. El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa", a juicio de los autores del informe.

El documento señala tres ejemplos ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013 (pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas defiendan sus intereses.

El ISDS está "en el centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes", recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de legitimidad democrática.

La portavoz de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales "frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe, "impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en sociedad".


La Comisión Europea organizó una consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP. El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de "maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.

miércoles, 8 de junio de 2016

Iberdrola y Mapfre se resisten a desvincularse de un devastador proyecto en la selva amazónica

Las corporaciones españolas evitan descartar su participación en el proyecto de São Luiz do Tapajós, que amenaza a la selva y a sus habitantes. Aluden a la inmadurez de los planes para no desvincularse, pese a la insistencia de los ecologistas.

Las grandes empresas españolas Iberdrola y Mapfre podrían optar al contrato para construir la que sería la tercera mayor presa del mundo, que anegaría una superficie equivalente a la ciudad de Nueva York y heriría de muerte el modo de vida de un pueblo indígena y el ecosistema en el que vive. El polémico proyecto de la presa de São Luz do Tapajós, en plena selva amazónica de Brasil, aún no ha sido licitado pero ya cuenta con el rechazo de los ecologistas, informes negativos de instituciones brasileñas y empresas que ya se han desvinculado. No es el caso de Iberdrola y Mapfre, que se escudan en el estado embrionario del plan pero cuyos antecedentes muestran falta de escrúpulos a la hora de participar en megapresas que de renovables tienen poco. Greenpeace pide que anuncien públicamente su desvinculación, dado que considera que las evidencias son suficientes para considerar la posible futura central como incompatible con sus políticas de responsabilidad corporativa.

El desarrollismo económico promulgado por el Gobierno de Brasil se sustenta en perjuicio, en ocasiones, de los tesoros naturales únicos en el mundo que alberga la selva amazónica. Los planes del Estado brasileño pasan por 40 presas en la zona de mayor o menor tamaño, entre la que se encuentra la de São Luz do Tapajós. La construcción, según datos de Greenpeace, anegaría una superficie de 400 kilómetros cuadrados de bosque y generaría la deforestación de otros 2.220 kilómetros cuadrados. Afectaría, bajo criterio de Greenpeace, a las poblaciones de peces, reptiles acuáticos, tortugas, caimanes, delfines de río y otras especies –más de 2.600–, "como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el pasado y en el presente", reza el informe de la organización ecologista.

Flora, fauna y pueblos indígenas son los amenazados. Los mundurukú, habitantes milenarios de la cuenca del río Tapajós, cortaban las cabezas de los colonizadores y las clavaban en las estacas que delimitaban su territorio. Cuatro siglos después dibujan cabezas en palos en los postes de madera que indican la nueva delimitación. La supervivencia de la comunidad depende de la marcha de los planes del Estado brasileño con respecto a São Luz do Tapajós. La presa no solo anegaría parte de su territorio, sino que también, según los ecologistas, incidiría directamente en la fertilidad del terreno, la pesca y la pérdida de la calidad del agua, recursos indispensables para ellos. Necesitan un río activo y una tierra seca para vivir.

La Constitución brasileña reconoce, en su artículo 231, el derecho de los indígenas a ser consultados cuando cualquier actividad incide en su territorio o en su modus vivendi. Sin embargo, el Estado tiene mecanismos para obviar las normas establecidas cuando lo estima oportuno. En 2014, el proyecto de la megapresa se consideró "de interés estratégico", lo que permitió suspender la demarcación del territorio mundurukú que había realizado la Fundación Nacional del Indio (Funai). "Es como en España las declaraciones de utilidad pública: te saltas procedimientos y se asume el impacto" de los planes, explica el responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. Establecer legalmente la zona de la que disfrutan los indígenas es un requisito indispensable para la negociación.

El proyecto está estancado. En parte porque ha dejado de ser una prioridad, debido a que, como explica Soto, "en Brasil está creciendo la pobreza y la desigualdad. Es un drama económico que hace que la necesidad de energía baje". También porque el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) suspendió el pasado abril la licencia ambiental de la central hidroeléctrica, algo que, a juicio del activista, frenará pero no impedirá su construcción. El informe del organismo aporta decenas de argumentos. El impacto sobre la vida de personas, animales y plantas es defendido por la institución y considerado como una evidencia por Greenpeace, que pide a las grandes empresas españolas como Iberdrola y Mapfre que rechace cualquier participación futura, a sabiendas de que aún está todo en el aire.

Iberdrola participa del 39% de la empresa brasileña Neoenergía, la primera distribuidora de energía del país por número de clientes. La compañía ha estado implicada en la construcción de numerosas centrales hidroeléctricas. Incluyendo la represa de Belo Monte, ya terminada pese a las protestas de agentes nacionales e internacionales. Por su parte, Mapfre conforma una empresa llamada BB-Mapfre junto a su socio, el Banco do Brasil, participado mayoritariamente por el Gobierno. La corporación española participó también en Belo Monte asegurando el 30% del riesgo de la megapresa para reasegurarlo posteriormente: una operación conocida como fronting mediante la cual "ellos cobran la pasta y no asumen el peligro", opina Soto.

Iberdrola no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre. Sin embargo, el activista de Greenpeace preguntó en la junta de accionistas de la entidad si pensaban desvincularse del proyecto de São Luz do Tapajós. El presidente, Ignacio Galán, contestó que su responsabilidad respecto a una sociedad de la que es propietaria al 39% no incluye la construcción de presas devastadoras. "Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema", aseguró, "son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas". Se desvinculan de sus negocios en Brasil pero "en su memoria de actividades sí incluyen la actividad" en el país latinoamericano, lamenta Soto.

Mapfre declaró a los ecologistas en marzo que aún estaban analizando los riesgos asociados con el proyecto para decidir si participan o no. En declaraciones a infoLibre, fuentes de la compañía son mucho más tajantes. Aluden a que São Luiz do Tapajós existe solo en el papel. “No nos podemos desvincular de lo que no ha pasado. No hemos cambiado nuestra postura porque nunca la hemos tenido. No hay un planteamiento”. En el caso de que la central hidroeléctrica saliera adelante, en Mapfre prometen realizar un análisis “completo” del “riesgo y de las consecuencias medioambientales”.

La postura de las grandes firmas españolas es insuficiente para el ecologista y convierte en “papel mojado” sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En primer lugar, porque Greenpeace considera que las evidencias de impacto en los mundurukú y en la selva son ya suficientes. En segundo lugar, por los antecedentes. Iberdrola y Mapfre participaron en la construcción de la represa de Belo Monte, en funcionamiento desde hace meses en el río Xingú y con una licencia ambiental aprobada pese a las críticas de asociaciones y figuras mediáticas como James Cameron. Los problemas que acarreará, a juicio de su oposición, son similares: inundación de la selva, desecación del caudal y condena a las tribus indígenas.

Compromisos ambientales en cuestión

“El Grupo manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad”. Son palabras del código ético de Iberdrola, insuficientes para la empresa para rechazar el proyecto pese a su inmadurez. Mapfre se adhirió en 2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre responsabilidad social y sostiene que apoya los Principios para la Inversión Responsable (PSI), pero afirma que deben esperar a su propio análisis sobre Tapajós y no tuvo reparos en involucrarse en Belo Monte. Aún no se ha puesto ni un solo ladrillo en la cuenca del río, pero se prevé un combate intenso entre la ética de las corporaciones españolas y la golosa tarta hidroeléctrica en Brasil.

lunes, 6 de junio de 2016

Ciudadanismo: la postmodernidad hecha carne por partidos gaseosa

Breve reflexión acerca el carácter ciudadanista de Podemos, o más bien de quienes pilotan la nave de esta organización con la aquiescencia de gran parte de acólitos y palmeros co-fundidos.


Considerar a una organización política ciudadanista para vaciarla de cualquier contenido de clase significa por un lado circular por terrenos movedizos de profundización en el desclasamiento y la desideologización de la sociedad particular que se analice, tal cual ha sucedido en Italia con el surgimiento del movimiento “Cinco estrellas” de  Beppe Grillo, una especie de amalgama de voluntades difícilmente definidas en las que sobresale un entendimiento  individualista y narcisista.


Por otro lado si nos paramos a analizar este factor a la vista histórica del tiempo transcurrido, nos tenemos que retrotraer a las consideraciones de la Revolución burguesa francesa, la cual instauro la ruptura con el régimen medieval a través de la creencia de que las leyes, el estado, los derechos individuales romperían con la configuración estamental de tal sociedad, cuando en verdad lo que se concretó fue el ascenso de la clase burguesa y la división social de la sociedad en burgueses y proletarios bajo el seminal capitalismo.


De tal manera, podemos decir que una orientación ciudadanista confiada en el ascenso al poder para preservar al estado el papel de arbitro de las contradicciones de clase, cuando este nivel no es otro que el de garantizar los intereses y privilegios de las clases dominantes es un suicidio en toda regla, tal cual ha demostrado la historia a lo largo del tiempo.



Infinitamente mejor sería ahondar en la conciencia de  las clases explotadas y oprimidas con un discurso emancipador que diseñara un futuro a través de la protesta, insumisión y organización desde abajo a arriba con el fin de generar a no más tardar la toma del poder político fortalecida la conciencia de las clases populares y trabajadoras, y producir de esa manera el salto cuantitativo y cualitativo de nuestra sociedad hacia el Socialismo como paso previo a la anulación del estado como órgano de administración de los negocios de la clase dominante.