PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO |
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS |
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN |
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miércoles, 29 de junio de 2016
Una hidroeléctrica construida por la ACS de Florentino Perez amenaza a un pueblo indígena
El grupo español Cobra-ACS,
presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura en
Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está
construyendo un complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como
proyecto Renace que, según la ONG Alianza por la Solidaridad, está afectando
gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de la zona.
La obra, que se realiza a lo
largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en marcha
sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como
exige el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según denuncia la ONG, el flujo de
agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a las
comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía
eléctrica o el acceso al agua potable.
Para denunciar la situación, la
ONG ha puesto en marcha la campaña Tierra, que pretende recoger 10.000
firmas en solidaridad con los afectados por la obra, y que se harán llegar a la
compañía española y a su máximo responsable. El objetivo de la recogida de
firmas es apoyar a la ONG local Madreselva, que lucha por los derechos
ambientales y de las comunidades indígenas en Guatemala.
“Lo curioso de todo este asunto
es que quisimos conocer el proyecto de primera mano porque se nos decía que era
un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Que todo el mundo estaba contento y
que no había conflicto alguno”, cuenta Rosa M. Tristán, de Alianza por la
Solidaridad. “Cuando lo vimos con nuestros ojos no dábamos crédito: aquello era
un auténtico desastre. En el río, al que habitualmente acudían los habitantes
de la zona a coger agua, pescar o lavar, prácticamente no queda cauce. Atrapan
el agua y la van soltando en determinados puntos. En los pocos kilómetros en
los que corre es imposible que quede biodiversidad alguna”.
Durante su visita a la zona, la
representante de la ONG consiguió reunirse con un representante de ACS. “No me
quiso decir prácticamente nada”, lamenta Tristán. “Básicamente, argumentan que
la responsabilidad del proyecto es de CMI, que es quien ha subcontratado a
Cobra-ACS. Y que estaban convencidos de que las cosas se están haciendo muy
bien. Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que ACS no puede lavarse las
manos. Los derechos humanos y medioambientales están por encima del beneficio
económico”.
Meandros legales y división entre
los indígenas
El proyecto Renace esconde una
importante trampa. Las distintas fases del complejo hidroeléctrico se han ido
aprobando con sus respectivos informes de impacto ambiental, lo que ha
minimizado los daños sobre el papel. “No es lo mismo afectar un tramo de río de
6 o 7 kilómetros, como se apuntaba en los informes de Renace 1 y Renace 2, que
hacerlo sobre un total de 30”, denuncia Tristán. A ello se le suma la absoluta
opacidad de la multinacional. “En su página web sólo hablan de las dos primeras
fases, cuando la 5 ya ha sido aprobada y, según Madreselva, ya está en marcha
la 6”, añade Tristán.
Al perjuicio que el proyecto
provoca se le suman las maniobras de propaganda que, según Alianza por la
Solidaridad, está llevando a cabo la empresa entre los indígenas. “Se les
regalan mochilas a los niños, se ponen carteles en los que se vanaglorian de
haber arreglado las carreteras que, evidentemente, les hacen falta para que
puedan pasar los camiones”, explica Tristán. “Y sobre todo, se vende que dan
trabajo a los habitantes de la zona. La realidad es que se trata de trabajos
temporales y muy poco cualificados. Los indígenas que aceptan colaborar con la
empresa trabajan en turnos de 15 días por un salario de unos 100 euros. La
mayoría apenas se dedican a redirigir el tráfico, casi nulo, que pasa por esas
carreteras. Con ello lo que se provoca son graves divisiones entre las
comunidades que se han opuesto al proyecto y las que han aceptado trabajar para
la empresa, cuyos miembros han firmado con la huella digital al no saber
escribir”.
Fuente: La Marea
jueves, 23 de junio de 2016
España está en el ‘top 5’ del uso de los tribunales al margen de la justicia que potencia el TTIP
Las multinacionales españolas son
de las que más utilizan este recurso, que el Tratado de Libre Comercio pretende
poner en el centro de las relaciones empresa-Estado. Se trata de un arbitraje
paralelo al poder judicial que es catalogado por expertos como "un ataque
a la soberanía de los pueblos".
España se encuentra en los
primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados,
que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al
margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes
empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país
en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España
ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y
solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol,
Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales
privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la
demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en
compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.
Un mecanismo llamado, por sus
siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de
los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada,
Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado
este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación
y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal
mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno
de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de
disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con
empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.
El informe se basa en los datos
públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores,
no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una
gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede
demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía,
obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes
indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las
multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el
Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones
tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90%
de los litigios pertenecen a este ámbito.
El segundo enfoque que aborda Justicia
privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado
español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años.
El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el
Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías
renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que
hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa",
a juicio de los autores del informe.
El documento señala tres ejemplos
ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con
Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa
contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las
actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013
(pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por
parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta
dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que
contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una
práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y
que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la
mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la
justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas
defiendan sus intereses.
El ISDS está "en el
centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los
acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de
la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la
Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos
procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están
dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los
abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los
tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes",
recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de
legitimidad democrática.
La portavoz de la campaña
#NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales
como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en
la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales
"frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para
defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema
como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe,
"impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente
democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en
sociedad".
La Comisión Europea organizó una
consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP.
El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de
Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de
"maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el
informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la
oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los
tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.
miércoles, 8 de junio de 2016
Iberdrola y Mapfre se resisten a desvincularse de un devastador proyecto en la selva amazónica
Las corporaciones españolas
evitan descartar su participación en el proyecto de São Luiz do Tapajós, que
amenaza a la selva y a sus habitantes. Aluden a la inmadurez de los planes para
no desvincularse, pese a la insistencia de los ecologistas.
Las grandes empresas españolas
Iberdrola y Mapfre podrían optar al contrato para construir la que sería la
tercera mayor presa del mundo, que anegaría una superficie equivalente a la
ciudad de Nueva York y heriría de muerte el modo de vida de un pueblo indígena
y el ecosistema en el que vive. El polémico proyecto de la presa de São Luz do
Tapajós, en plena selva amazónica de Brasil, aún no ha sido licitado pero ya
cuenta con el rechazo de los ecologistas, informes negativos de instituciones
brasileñas y empresas que ya se han desvinculado. No es el caso de Iberdrola y
Mapfre, que se escudan en el estado embrionario del plan pero cuyos
antecedentes muestran falta de escrúpulos a la hora de participar en megapresas
que de renovables tienen poco. Greenpeace pide que anuncien públicamente su
desvinculación, dado que considera que las evidencias son suficientes para
considerar la posible futura central como incompatible con sus políticas de
responsabilidad corporativa.
El desarrollismo económico
promulgado por el Gobierno de Brasil se sustenta en perjuicio, en ocasiones, de
los tesoros naturales únicos en el mundo que alberga la selva amazónica. Los
planes del Estado brasileño pasan por 40 presas en la zona de mayor o menor
tamaño, entre la que se encuentra la de São Luz do Tapajós. La construcción,
según datos de Greenpeace, anegaría una superficie de 400 kilómetros cuadrados
de bosque y generaría la deforestación de otros 2.220 kilómetros cuadrados.
Afectaría, bajo criterio de Greenpeace, a las poblaciones de peces, reptiles
acuáticos, tortugas, caimanes, delfines de río y otras especies –más de 2.600–,
"como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el
pasado y en el presente", reza el informe de la organización ecologista.
Flora, fauna y pueblos indígenas
son los amenazados. Los mundurukú, habitantes milenarios de la cuenca del río
Tapajós, cortaban las cabezas de los colonizadores y las clavaban en las
estacas que delimitaban su territorio. Cuatro siglos después dibujan cabezas en
palos en los postes de madera que indican la nueva delimitación. La
supervivencia de la comunidad depende de la marcha de los planes del Estado
brasileño con respecto a São Luz do Tapajós. La presa no solo anegaría parte de
su territorio, sino que también, según los ecologistas, incidiría directamente
en la fertilidad del terreno, la pesca y la pérdida de la calidad del agua,
recursos indispensables para ellos. Necesitan un río activo y una tierra seca
para vivir.
La Constitución brasileña
reconoce, en su artículo 231, el derecho de los indígenas a ser consultados
cuando cualquier actividad incide en su territorio o en su modus vivendi. Sin
embargo, el Estado tiene mecanismos para obviar las normas establecidas cuando
lo estima oportuno. En 2014, el proyecto de la megapresa se consideró "de
interés estratégico", lo que permitió suspender la demarcación del
territorio mundurukú que había realizado la Fundación Nacional del Indio
(Funai). "Es como en España las declaraciones de utilidad pública: te
saltas procedimientos y se asume el impacto" de los planes, explica el
responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. Establecer legalmente
la zona de la que disfrutan los indígenas es un requisito indispensable para la
negociación.
El proyecto está estancado. En
parte porque ha dejado de ser una prioridad, debido a que, como explica Soto,
"en Brasil está creciendo la pobreza y la desigualdad. Es un drama
económico que hace que la necesidad de energía baje". También porque el
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama)
suspendió el pasado abril la licencia ambiental de la central hidroeléctrica,
algo que, a juicio del activista, frenará pero no impedirá su construcción. El
informe del organismo aporta decenas de argumentos. El impacto sobre la vida de
personas, animales y plantas es defendido por la institución y considerado como
una evidencia por Greenpeace, que pide a las grandes empresas españolas como
Iberdrola y Mapfre que rechace cualquier participación futura, a sabiendas de
que aún está todo en el aire.
Iberdrola participa del 39% de la
empresa brasileña Neoenergía, la primera distribuidora de energía del país por
número de clientes. La compañía ha estado implicada en la construcción de
numerosas centrales hidroeléctricas. Incluyendo la represa de Belo Monte, ya
terminada pese a las protestas de agentes nacionales e internacionales. Por su
parte, Mapfre conforma una empresa llamada BB-Mapfre junto a su socio, el Banco
do Brasil, participado mayoritariamente por el Gobierno. La corporación
española participó también en Belo Monte asegurando el 30% del riesgo de la
megapresa para reasegurarlo posteriormente: una operación conocida como
fronting mediante la cual "ellos cobran la pasta y no asumen el
peligro", opina Soto.
Iberdrola no ha querido contestar
a las preguntas de infoLibre. Sin embargo, el activista de Greenpeace preguntó
en la junta de accionistas de la entidad si pensaban desvincularse del proyecto
de São Luz do Tapajós. El presidente, Ignacio Galán, contestó que su responsabilidad
respecto a una sociedad de la que es propietaria al 39% no incluye la
construcción de presas devastadoras. "Ni gestionamos ni pintamos nada en
ese tema", aseguró, "son temas de los brasileños, que seguro que lo
están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas". Se desvinculan de sus
negocios en Brasil pero "en su memoria de actividades sí incluyen la
actividad" en el país latinoamericano, lamenta Soto.
Mapfre declaró a los ecologistas
en marzo que aún estaban analizando los riesgos asociados con el proyecto para
decidir si participan o no. En declaraciones a infoLibre, fuentes de la
compañía son mucho más tajantes. Aluden a que São Luiz do Tapajós existe solo
en el papel. “No nos podemos desvincular de lo que no ha pasado. No hemos
cambiado nuestra postura porque nunca la hemos tenido. No hay un
planteamiento”. En el caso de que la central hidroeléctrica saliera adelante,
en Mapfre prometen realizar un análisis “completo” del “riesgo y de las
consecuencias medioambientales”.
La postura de las grandes firmas
españolas es insuficiente para el ecologista y convierte en “papel mojado” sus
declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En primer lugar,
porque Greenpeace considera que las evidencias de impacto en los mundurukú y en
la selva son ya suficientes. En segundo lugar, por los antecedentes. Iberdrola
y Mapfre participaron en la construcción de la represa de Belo Monte, en
funcionamiento desde hace meses en el río Xingú y con una licencia ambiental
aprobada pese a las críticas de asociaciones y figuras mediáticas como James
Cameron. Los problemas que acarreará, a juicio de su oposición, son similares:
inundación de la selva, desecación del caudal y condena a las tribus indígenas.
Compromisos ambientales en
cuestión
“El Grupo manifiesta su total
rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete
a respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los
derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares
donde desarrolle su actividad”. Son palabras del código ético de Iberdrola,
insuficientes para la empresa para rechazar el proyecto pese a su inmadurez.
Mapfre se adhirió en 2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre
responsabilidad social y sostiene que apoya los Principios para la Inversión
Responsable (PSI), pero afirma que deben esperar a su propio análisis sobre
Tapajós y no tuvo reparos en involucrarse en Belo Monte. Aún no se ha puesto ni
un solo ladrillo en la cuenca del río, pero se prevé un combate intenso entre la
ética de las corporaciones españolas y la golosa tarta hidroeléctrica en
Brasil.
lunes, 6 de junio de 2016
Ciudadanismo: la postmodernidad hecha carne por partidos gaseosa
Breve reflexión acerca el carácter
ciudadanista de Podemos, o más bien de quienes pilotan la nave de esta
organización con la aquiescencia de gran parte de acólitos y palmeros co-fundidos.
Considerar a una organización
política ciudadanista para vaciarla de cualquier contenido de clase significa por
un lado circular por terrenos movedizos de profundización en el desclasamiento
y la desideologización de la sociedad particular que se analice, tal cual ha
sucedido en Italia con el surgimiento del movimiento “Cinco estrellas” de Beppe Grillo, una especie de amalgama de voluntades
difícilmente definidas en las que sobresale un entendimiento individualista y narcisista.
Por otro lado si nos paramos a analizar este factor a la
vista histórica del tiempo transcurrido, nos tenemos que retrotraer a las
consideraciones de la Revolución burguesa francesa, la cual instauro la ruptura
con el régimen medieval a través de la creencia de que las leyes, el estado,
los derechos individuales romperían con la configuración estamental de tal
sociedad, cuando en verdad lo que se concretó fue el ascenso de la clase
burguesa y la división social de la sociedad en burgueses y proletarios bajo el
seminal capitalismo.
De tal manera, podemos decir que una orientación ciudadanista
confiada en el ascenso al poder para preservar al estado el papel de arbitro de
las contradicciones de clase, cuando este nivel no es otro que el de garantizar
los intereses y privilegios de las clases dominantes es un suicidio en toda
regla, tal cual ha demostrado la historia a lo largo del tiempo.
Infinitamente mejor sería ahondar en la conciencia
de las clases explotadas y oprimidas con
un discurso emancipador que diseñara un futuro a través de la protesta,
insumisión y organización desde abajo a arriba con el fin de generar a no más
tardar la toma del poder político fortalecida la conciencia de las clases populares
y trabajadoras, y producir de esa manera el salto cuantitativo y cualitativo de
nuestra sociedad hacia el Socialismo como paso previo a la anulación del estado
como órgano de administración de los negocios de la clase dominante.