PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO |
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS |
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN |
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viernes, 18 de marzo de 2016
Marcelino Fernández, sucesor de Florentino, el mejor pagado del Ibex con 31 millones
Marcelino Fernández Verdes, el
potencial sucesor de Florentino Pérez en el Grupo ACS, se ha convertido en el
directivo mejor pagado de todas las empresas cotizadas españolas. El ingeniero
de Caminos acaba de recibir un bonus en acciones de Cimic, la filial
australiana del ’holding’ español, de 39 millones de dólares del país de la
Commonwealth (26 millones de euros), más 5,2 millones por su labor como
consejero delegado de Hochtief. En total, 31,2 millones, más otro plan de
’stock options’ de la propia ACS, que le convierten en el ejecutivo mejor
pagado del Ibex 35.
El hombre que espera que
Florentino Pérez cumpla la promesa pública que hizo en la primavera de 2014,
cuando en un programa de televisión le designó su heredero, percibió este
domingo un pago extraordinario o ’one-off payment’, como pone en su contrato. El
premio, reprobado por una gran parte de los accionistas, ha consistido en 1,2
millones de acciones de Cimic (antigua Leighton), las cuales cotizan a 33,3
dólares en la Australian Securities Exchange (ASX). La entrega de los títulos,
totalmente gratuitos, se ha producido porque Fernández Verdes ha conseguido que
la cotización se haya duplicado, desde los 17 dólares, en el último año tras
las numerosas ventas de activos por parte de la filial de ACS, como la
constructora John Holland, por 830 millones.
El 28 de octubre de 2015, el
consejo de Cimic, controlado por la española, autorizó una modificación de su
contrato para que el presidente ejecutivo de esta subsidiaria pudiera ejercer
cada año más del 40% de los 1,2 millones de ’stocks options’. Es decir, desde
hoy mismo puede vender todos los títulos, que a precio de mercado ascienden a
39 millones de dólares australianos, 26 millones de euros. El contrato original
le impedía apuntarse en su cuenta corriente más del 40% del incentivo por año,
por lo que inicialmente no podía embolsarse más de 480.000 acciones (15,9
millones de dólares, 10,7 millones de euros) por ejercicio.
Un mes más tarde, el 17 de
noviembre, el consejo de administración de Hochtief ratificó las variaciones de
su remuneración extraordinaria, ya que ambos puestos ejecutivos están
vinculados, al ser Cimic una filial de la alemana (tiene el 67% de su
accionariado), a la vez controlada por ACS (70% del capital). La única
condición para llevarse el premio completo es permanecer como miembro del consejo
ejecutivo o del consejo de administración de la multinacional germana hasta
marzo de 2017. Verdes es también consejero de la española, de la que tiene un
millón de acciones, valoradas en más de 25,8 millones de euros.
Por si no fuera poco, en 2015, Marcelino
Fernández Verdes cobró 5,2 millones de euros como presidente y consejero
delegado de Hochief, un 30% más respecto al salario de cuatro millones del año
precedente. El incremento se produjo por el aumento de los pagos variables,
tanto el anual como el correspondiente a un plan a largo plazo, según las
cuentas oficiales de la compañía con sede en Essen. El ingeniero de Caminos
tiene, además, 6,19 millones acumulados en concepto de plan de pensiones.
Otro año más de espera
Según fuentes próximas al grupo,
con estas altas remuneraciones, Florentino Pérez quiere agradecer a Fernández
Verdes el esfuerzo de haberse desplazado a Alemania y a Australia para poner
orden en Hochtief y en Cimic. Un reto que su presunto hombre de confianza
asumió en un momento personal muy relevante, ya que había sido padre de nuevo a
los cerca de 60 años de edad (actualmente tiene 61).
Otras fuentes dan un argumento
contrario. Explican que el hecho de tenerlo a 17.600 kilómetros de Madrid
supone ’de facto’ retrasar la sucesión en ACS, anunciada hace dos años, dado
que el presidente de la matriz no tiene pensado abandonar sus funciones
ejecutivas. De hecho, en el consejo del próximo jueves día 17, en el que se
anunciará la convocatoria de la junta general de accionistas de ACS, no está
previsto su nombramiento, por lo que su ascensión aún tendrá que esperar al
menos otro ejercicio más.
En cualquier caso, los 31,2
millones que se ha apuntado Fernández Verdes le colocan como el ejecutivo de
todas las empresas cotizadas mejor pagado del año, con una retribución que casi
triplica a la del segundo, Pablo Isla. El presidente ejecutivo de Inditex
percibió 12,17 millones de la empresa textil, mientras que la tercera de este
esquisito ’ranking’ fue Ana Botín, con 9,8 millones, como máxima responsable
del Santander. Sirva como ejemplo que todo el consejo de Telefónica percibió
23,6 millones, 8,69 millones para César Alierta.
Fuente: El Confidencial
viernes, 11 de marzo de 2016
Carlos Slim lanza una opa para hacerse con el 100% de FCC
El empresario mexicano Carlos
Slim anunció este viernes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición
(opa) para hacerse con el 100% del capital de la constructora española FCC. La
operación se produce al haber alcanzado Slim una participación, entre directa e
indirecta, del 36,6% del capital, superando el límite del 30% a partir del cual
la ley obliga a lanzar una opa por la totalidad.
Slim, a través de su sociedad de
inversión Inversora Carso, ha realizado su oferta de compra a un precio por
acción de 7,6 euros, frente a los 6,59 euros a los que cerró la cotización de
FCC en la sesión del viernes, es decir, un euro más por título, y una prima del
15,3%. Este importe supone valorar la totalidad de la constructora en 2.879
millones de euros. Si Esther Koplowitz, socia de Slim, no acude a la opa con su
22,4% del capital, el magnate deberá desembolsar en torno a 1.400 millones de
euros en la operación para hacerse con el control mayoritario de FCC.
Carlos Slim llegó a FCC en
noviembre de 2014 con la compra del 25,6% de las acciones. En la última
ampliación de capital planteada el pasado mes de diciembre y ejecutada este
viernes, ha suscrito 40,32 millones de acciones, lo que ha elevado su
participación hasta el 29,558%. La ampliación ha supuesto en total la emisión
de 118,2 millones de acciones por un valor de 709,5 millones de euros, de los
que Slim ha desembolsado 241 millones.
Adicionalmente, Inversora Carso
se atribuye el 7,029% del capital de FCC que posee la sociedad Nueva Samede,
elevando sus derechos de voto, directa o indirectamente, hasta el 36,595%.
Nueva Samede es una sociedad instrumental de la empresaria Esther Koplowitz,
propietaria del 22,4% de FCC, a la que Slim le facilitó un préstamo para que
pudiera mantener el porcentaje de su participación tras la ampliación de
capital.
Este préstamo le otorga a Slim
los derechos de voto sobre esa participación del 7,029%. Fue precisamente este
acuerdo de financiación y el pacto entre Koplowitz y Slim para garantizarle a
este el control del consejo lo que ha motivado en el fondo el lanzamiento de la
opa.
La empresaria tiene ahora la
oportunidad de vender su participación en la constructora que fundara su padre,
Ernesto Koplowitz, pero, en fuentes del entorno de la empresa, se estima que no
tiene previsto acudir a la opa y desprenderse de ningún porcentaje del capital.
De esta forma, y si el resto de
accionistas acuden a la opa, Slim tendría que hacer un desembolso de 1.380
millones de euros por el 42% del capital que no está en manos de su sociedad
Inversora Carso y su socia Esther Koplowitz. El pago se hará en efectivo.
Opa sobre Portland
Asimismo, Slim, como accionista
de control de FCC, ha anunciado que propondrá al grupo lanzar una oferta
pública de exclusión sobre Cementos Portland, para que esta filial cementera,
de la que posee el 77,9% del capital, deje de cotizar en Bolsa. El empresario
mexicano ofrece 6 euros por cada acción de Portland que aún cotiza en Bolsa, un
precio que arroja una prima del 12,15% sobre su actual precio de cotización, y
supone una valoración de la participada de 310 millones de euros, por lo que el
desembolso por la operación alcanzaría los 70 millones de euros.
Además, Slim lanzó el pasado 27
de enero otra opa sobre la totalidad de las acciones de Realia, inmobiliaria
donde es el segundo accionista, con un 30,3%, por detrás de la propia FCC, que
posee otro 36,9%. El magnate mexicano ha fijado en 0,80 euros por título el
precio sobre la inmobiliaria, con una prima del 17,6% sobre el importe en que
cotizaba entonces el valor (los títulos de la compañía cerraron el viernes en
0,89 euros), valorando la sociedad en 370 millones de euros. El precio es
también un 38% superior a los 0,58 euros de la opa que lanzó el pasado año,
para arrebatarle a Hispania el control de Realia.
De esta forma, Slim consigue un
año después de su desembarco en la constructora española hacerse con el control
de todo el conglomerado (FCC, Portland y Realia) que en su día levantara la
familia Koplowitz. La opa llega el mismo día en que FCC ha presentado un
expediente de regulación de empleo (ERE) para 750 trabajadores de su división
de construcción en España, lo que supone el 15,6% de la plantilla de esta
filial.
El País
Casi 300 activistas del medio ambiente han sido asesinados en dos años
En la madrugada del jueves 3 de
marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos
Indígenas de Honduras (COPINH), líder de la comunidad indígena lenca y
defensora de los derechos humanos y los movimientos campesinos. Su muerte, tras
un asalto nocturno a su casa, se produce justo una semana después de que
hubiera denunciado el asesinato de cuatro dirigentes y amenazas de muerte
contra otros tantos de su comunidad indígena. En este mismo asalto también
resultó herido el activista Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (REMA).
Berta Cáceres recibió el año
pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del medio ambiente, por su
lucha para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca,
situada en el río Gualcarque. Las empresas responsables de la obra eran la
hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) y la mayor constructora de
centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro.
Contaban, además, con la financiación del Banco Mundial.
El proyecto fue iniciado sin
realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectado por la presa,
violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos de
los pueblos indígenas. Frente a ello, la fuerte oposición social encabezada por
esta líder indígena evitó la construcción de una obra que supondría la
destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento
de cientos de personas. Así, consiguieron bloquear la obra durante 21 meses,
resistiendo varios intentos de desalojo y la violencia ejercida por la seguridad
privada de las empresas y las fuerzas armadas de Honduras.
Como ha ocurrido con Berta
Cáceres, el coste que muchas veces asumen quienes rechazan este tipo de
proyectos, para defender los territorios y una vida digna de su comunidad, es
su propia vida. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón Sánchez, William
Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García, todos ellos de las
comunidades que se oponían a la presa Agua Zarca, así lo demuestran. Y ese era
un coste que la representante del COPINH tenía muy presente: “Me siguen. Me
amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que
nos enfrentamos”.
Berta Cáceres personificaba la
valentía y el compromiso con los derechos humanos en un contexto de violencia
institucional del Estado así como del poder económico y grupos armados de tipo
mafioso. Y es que a partir del golpe de Estado de 2009, contra el entonces
presidente Manuel Zelaya, se han acelerado los procesos que han hecho que este
país centroamericano sea uno de los más peligrosos del mundo para los
defensores y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
En Honduras, por un lado, la
profundización de las políticas neoliberales ha tenido como consecuencia el
crecimiento de los latifundios de monocultivos agroindustriales de palma
africana, entre otros, y el auge de numerosos proyectos mineros y energéticos.
De hecho, casi el 30% de la superficie del país se ha destinado a las
concesiones mineras, que necesitan para su actividad un elevado volumen de
energía eléctrica y agua. Así que la destrucción ambiental y las violaciones a
los derechos humanos ocasionadas por el extractivismo, ha ido acompañada de la
inundación de cada vez más valles y comunidades de Honduras por las centrales
hidroeléctricas.
Además, por otra parte, se ha
reproducido una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión,
como es la creciente violencia política que se ejerce contra la oposición
social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las
organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los
militantes de los movimientos sociales. Este conflicto que antepone los
negocios de las multinacionales a la propia vida era descrito con mucha
claridad por Berta Cáceres: “A medida que han ido avanzando las grandes
inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al poderoso
sector económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales
extractivistas han provocado también un aumento de la represión,
criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera
forzada”.
Ni el golpe de Estado ni la
violación sistemática de los derechos humanos en Honduras ha sido un problema
para que la UE implemente un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es
más, se financian programas de entrenamiento de la policía hondureña con fondos
comunitarios desoyendo las acusaciones denuncias sobre los abusos cometidos por
la fuerzas del Estado.
La situación de Honduras se
repite de manera sistemática en todos aquellos lugares donde se asientan las
grandes transnacionales extractivas, hidroeléctricas y de la agroindustria,
entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe de
Global Witness: en 2014 fueron asesinados 116 activistas ecologistas en 17
países. En el mismo sentido, el informe de Frontline Defenders, documenta que,
por lo menos, 156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados
en 2015. Muchos de estos casos tuvieron relación con los denominados
megaproyectos, especialmente mineros.
Es una práctica que responde a la
lógica del capitalismo global, porque la acumulación de riqueza por parte de
las empresas transnacionales necesita de la neutralización de quienes se oponen
a su actividad y plantean otras formas de vida basadas en el respeto a la
naturaleza, la solidaridad y la reciprocidad. Por eso hay miles de personas que
se organizan y actúan para frenar el poder de las grandes corporaciones que son
perseguidas, amenazadas, criminalizadas e incluso asesinadas.
Conocemos muchos casos, lamentablemente,
desde México hasta Chile, de Guatemala a Colombia. Como el de Bety Cariño,
integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y defensora de
los derechos humanos, que tenía una intensa actividad de resistencia frente a
las multinacionales mineras en su territorio y fue asesinada en una emboscada
de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. O el de la
desaparición en 2011 de Sandra Viviana Cuéllar, que estaba involucrada en la
defensa de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del
cultivo de palma aceitera y de caña, y ha sido una de las 50 defensoras y
defensores del medio ambiente asesinados en Colombia en los últimos doce años.
Y no solo se reproduce de forma
sistémica la violencia, también lo hace la impunidad. Esta ausencia de acceso a
la justicia por parte de las víctimas fue bien descrita, sin ir más lejos, por
Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la
sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid en la
primavera de 2010: “Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las
víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos”, decía el juez tras
la celebración de este tribunal ético en el que se acusó a numerosas multinacionales
europeas de violar los derechos humanos en América Latina. La sentencia de esa
audiencia del TPP, que contó con la participación de Berta Cáceres, constataba
cómo las empresas transnacionales actúan con un alto grado de permisividad,
ilegalidad e impunidad propiciado por el conjunto de contratos, acuerdos
comerciales y de inversión, así como por las decisiones de tribunales
arbitrales.
Al final, mientras se blindan los
intereses de las grandes corporaciones, no hay mecanismos efectivos para hacer
que cumplan con su deber de respetar los derechos humanos. Porque las
obligaciones de las multinacionales se remiten únicamente a los ordenamientos
nacionales, sometidos a la lógica neoliberal; a un derecho internacional de los
derechos humanos que es manifiestamente frágil, y a una responsabilidad social
corporativa voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente. De ahí que sea
tan necesario y urgente poner fin a toda esta arquitectura de la impunidad de
la que se aprovechan las empresas transnacionales y promover medidas para la
rendición de cuentas.
Algunas propuestas, en esta
línea, son la aprobación de normas internacionales que obliguen a las
transnacionales, a los Estados y a las instituciones financieras
internacionales a respetar los derechos humanos; la creación de un centro que
reciba las denuncias de las comunidades afectadas e investigue los impactos de
las multinacionales, y la creación de un tribunal internacional que pueda
juzgar a las grandes corporaciones y sus directivos. Estas y muchas otras
medidas de similar calado están siendo reclamadas por centenares de movimientos
y organizaciones sociales a nivel mundial con el fin de situar los derechos de
las mayorías sociales por encima de los intereses de una élite económica y
política.
Todo ello para caminar hacia
otros modelos de economía y sociedad que desplacen del centro del sistema a las
compañías multinacionales y, como decía Berta Cáceres cuando recogió el premio
Goldman, para construir “sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna
y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza”. Eso haremos, Berta, amiga y
compañera, tu lucha siempre se quedará en nuestra memoria, y tu muerte no se
quedará impune.
Erika González y Tom Kucharz (La Marea, 4 de marzo de 2016)
miércoles, 2 de marzo de 2016
Los "señores del ladrillo" están implicados en los grandes casos de corrupción de la última década
Ninguno de los presidentes de
ACS, FCC, Acciona o Ferrovial ha sido imputado en los diversos casos de
corrupción. Gürtel, Pujol, Acuamed... Los contratos públicos se encuentran en
el epicentro de estas tramas.
Toda una década al banquillo. Las
grandes empresas supervivientes del boom del ladrillo figuran como implicadas
en los grandes casos de corrupción de los últimos años: Gürtel, Púnica, Pujol o
Palau son algunas de las causas donde figuran las principales constructoras del
Ibex-35.
Sin embargo, ninguno de sus
presidentes ha sido procesado en las causas que se instruyen en los diversos
juzgados y tribunales de España, en especial en la Audiencia Nacional.
Los detenidos en las operaciones
suelen ser los segundos ’espadas’, directores generales o presidentes de
filiales. Pero las investigaciones nunca salpican a los presidentes de las
grandes constructoras, que aún forman parte del Ibex-35. Las corporaciones
suelen crear cortafuegos para evitar que sus consejos de administración se vean
salpicados por los escándalos de corrupción.
Sacyr, prescrito
Tan sólo Luis del Rivero,
expresidente de Sacyr, figuró como investigado por el escándalo de la caja B
del PP, -descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas- pero no fue
procesado por donar 480.000 euros a dicho partido porque el delito había
prescrito.
La última operación, centrada en
la sociedad pública Acuamed, desvela la trama tejida entre las empresas
constructoras de grandes obras hidráulicas y los contratos públicos
supuestamente fraudulentos, como son los casos de FCC, Acciona, Befesa (filial
de Abengoa), Sogecosa y Altec (actual Altyum).
Entre los detenidos que declaran
este miércoles ante el juez central de instrucción Eloy Velasco se encuentran
el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director
general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.
FCC: comisiones y supuestas
mordidas
La empresa FCC ya ha sido
involucrada en otras investigaciones que se realizan en la Audiencia Nacional,
como la trama de la Operación Púnica (de supuestos sobornos a políticos
autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas); así como en la
pieza separada que investiga la Caja B del PP dentro de los papeles de Luis
Bárcenas, extesorero de este partido y el caso abierto sobre los negocios de
Jordi Pujol Ferrusola.
Sin embargo, ni el magnate
mexicano Carlos Slim ni Esther Koplowitz han declarado nunca por los escándalos
de su empresa FCC. La compañía suele apartar a los directivos imputados en los
sucesivos escándalos.
Así ocurrió con uno de los
antecesores de Miguel Jurado, José Mayor Oreja, quien presidió FCC Construcción
entre 2001 y 2013. El nombre de Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex
europdiputado y el exministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, aparecía
en los papeles de Bárcenas, junto a dos supuestos pagos por un total de 165.000
euros a dicho partido.
FCC es una de las grandes
adjudicatarias de obras públicas, pero Mayor Oreja no fue procesado porque
nadie ha podido demostrar que estas donaciones de la empresa al PP fueran
finalistas; esto es, que hubieran consistido en un cohecho por un pago a cambio
de una adjudicación concreta. Mayor Oreja cesó en 2013 y fue sustituido por
Fernando Moreno quien ocupó el cargo durante una breve transición -se jubiló en
septiembre de 2014- para dar paso a su director general, Miguel Jurado, como
presidente.
FCC Construcciones también es
investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales pagadas
a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de supuestas labores de asesoría. La compañía
pagó 710.000 euros en 25 transferencias a través de una sociedad interpuesta
(Brandtrigde Holdings Limited) entre los años 2006 y 2009.
Dicha compañía aparece además en
el ’caso Innova’, centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus
y en el que aparecen como investigados (antiguos imputados) los últimos
responsables del Servicio Catalán de la Salud, así como por el intento de
soborno a concejales del ayuntamiento de Xàbia por la contrata del servicio de
basuras, entre otras causas abiertas.
Los supuestos sobornos y amaños
de Acciona
Acciona, cuyo director general de
la rama de Infraestructuras, , Justo Vicente Pelegrini, ha sido detenido por el
caso Acuamed, también aparece en otros casos de supuesta corrupción política.
sin que haya salpicado a su presidente, José Manuel Entrecanales.
Dos altos directivos de Acciona
están a punto de ser procesados por el ’caso Plaza’, sobre la construcción de
la Plataforma Logística de Zaragoza, por supuestos sobornos y amaños de contratos
públicos que comportaron una supuesta desviación de 365,58 millones de euros.
En esta causa, la administración
autonómica acaba de solicitar para los altos cargos de la UTE formada por
Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel Bretón un total de 14 años de
prisión para el primero y de 7 años de cárcel para el segundo. Para el ex
director de la obra de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha solicitado una pena de 6
años por malversación.
ACS y las tramas sin fronteras
Otro presidente, Florentino Pérez
(ACS), acudió como testigo a declarar en la Audiencia Nacional dentro del
sumario de la Operación Púnica, sobre supuestos sobornos a políticos a cambio
de contratos públicos. En este caso, declaró ante el juez por pagar 300.000
euros para un servicio de posicionamiento en redes sociales al conseguidor de
la trama Alejandro de Pedro.
A Florentino Pérez no le gustaron
las preguntas del instructor, Eloy Velasco, pero accedió a responderlas después
de que el magistrado expusiera con cierta ironía que era su obligación
hacérselas, porque era el juez. Entre ellas, se le preguntó si había financiado
irregularmente al PP.
ACS aparece en los famosos
papeles de Bárcenas porque habría pagado 30.000 euros para financiar la
reelección de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia.
Entre las 23 empresas que
aportaron dinero al PP se encuentran Aldesa, AZVI, Construcciones Rubau,
Constructora Hispánica, FCC, Grupo Bruesa, Grupo José Antonio Romero Polo,
Mercadona, OHL, Sacyr y Sando.
Las tramas no conocen de
fronteras y se extienden por toda España. ACS y su presidente han salido
indemnes de varios casos de corrupción, pero no así sus directivos.
La empresa ACS figura en el
centro de la investigación judicial sobre la autorización que le permitió
construir la plataforma de gas Castor (en Castellón) sobre una falla activa. El
fiasco de Castor, que ocasionó mil terremotos y que costará a los consumidores
españoles la friolera de 4.000 millones de euros, es investigado por un juzgado
de Vinaròs y ha sido abierta por los supuestos delitos de prevaricación
medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El presidente de la empresa
concesionaria de Castor (Escal UGS), Recaredo del Potro, ha declarado en la
causa que los terremotos sean debidos a las inyecciones de gas, sino que
representaron "una coincidencia en el tiempo con la inyección de
gas".
OHL y los casos ’Son Espases’ y
México
Juan Miguel Villar Mir,
presidente de la constructora OHL, tampoco ha sido procesado por ninguna causa
de corrupción. Sus supuestas donaciones a la Caja B del PP en el caso de los
papeles de Bárcenas han prescrito, al igual que en el caso del anterior
responsable de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero.
OHL está salpicada en el ’caso Son
Espases’ que investiga el juez de instrucción de Palma José Castro sobre la
construcción del mayor hospital de Baleares con dicho nombre.
Como si fuera un racimo de uvas,
esta causa ha abierto una vía de otra supuesta trama de corrupción en Cádiz,
donde aparecerían implicados funcionarios locales y directivos de constructoras
por la adjudicación de la red de alumbrado público y las señales de tráfico.
Además, directivos de la filial
en México de OHL aparecen en unas conversaciones grabadas sobre supuestos
sobornos a altos funcionarios del Estado de México para la concesión de obras
públicas en el país, donde la constructora se instaló en 2003. OHL México ha
presentado denuncia por las supuestas grabaciones ilícitas.
Ferrovial y el ’caso Palau’
Otra constructora del Ibex-35,
aparece vinculada al caso Palau: Ferrovial, cuyo directivo Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga se sentarán en el banquillo por supuestas mordidas a través del
Palau de la Música al que la constructora realizaba generosos patrocinios.
Según el escrito de acusación del
fiscal, Fèlix Millet y Jordi Montull se apropiaron de fondos públicos y
privados del Palau de la Música de Barcelona y crearon un "entramado
delictivo" junto a Ferrovial y cargos convergentes para la "financiación
ilícita" de CDC por medio de la adjudicación de obras públicas, como la
Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La cuantía de la
supuesta financiación asciende a 5,1 millones de euros.
Los Sumarroca y el 3%
Otro caso que salpica a una
constructora es la famosa causa del 3% que investiga el juez de instrucción
número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavil. Está centrado en la
supuesta financiación irregular de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).
La empresa Teyco, de la familia
Sumarroca, es investigada por donar casi 370.000 euros a Fundació Catalanista i
Demòcrata (Catdem) y Fórum Barcelona, ambas vinculadas a CDC, así como a la
Fundación independentista Òmnium.
En este caso, el consejero
delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, es la excepción ya que figura como imputado
en la causa. La constructora ha negado cualquier pago irregular a CDC.
Las constructoras de los
Sumarroca fueron las que más adjudicaciones de contratos de obras públicas
recibieron durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat
catalana. Esta familia está muy vinculada a la de los Pujol, que son
investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de una supuesta
organización de corte criminal.
Público.es
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