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sábado, 27 de febrero de 2016

FCC, cadena de favores

Una de las niñas bonitas del Ibex 35, principal índice de la bolsa española, y uno de los gigantes económicos españoles, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha sufrido un duro golpe con la explosión de la trama Acuamed. El penúltimo caso de corrupción es uno más en el que las tres letras que nombran la empresa aparecen, pero es el único en este momento por el que un directivo de la empresa –Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción– está siendo investigado por un posible delito de cohecho, tras el sobreseimiento de la imputación –investigación según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal– de José Mayor Oreja, que también ocupó el cargo de presidente de FCC Construcción. Echamos la vista atrás para hacer un repaso a la historia de FCC y sus relaciones con la Administración.

Fomento de Construcciones y Contratas nació como tal en 1992 como fusión de dos grandes empresas que crecieron durante el régimen franquista: Construcciones y Contratas, y Fomento de Obras y Construcciones. En ambas se desarrollaría un proceso de puertas giratorias que seguiría hasta hoy.
“El holding Construcciones y Contratas fue un juguete en manos del clan de El Pardo”, escribe el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S.A., obra en la que analiza el imperio empresarial que surgió alrededor de Francisco Franco. Este emporio acumuló más de medio centenar de empresas y entidades financieras que, en 1973, sumarían más de 100.000 millones de pesetas en capital escriturado. Sán­chez Soler relata cómo Ernesto Ko­plowitz, fundador de la empresa, se casó en 1952 con Esther Romero de Juseu, una íntima amiga de Car­men Polo, con la que tendría dos hijas: Esther y Alicia.

A partir de aquí comienzan a llover las grandes contratas públicas, como la concesión en exclusiva del alumbrado y alcantarillado de Madrid. También las puertas giratorias entre el régimen y el consejo de administración de la empresa, con la entrada del mar­qués de Villaverde –Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del ‘generalísimo’–; el subsecretario de Obras Públicas, José María Rivero de Aguilar, o el director del Instituto de la Moneda Extranjera, Alejandro Bermúdez González. El capital de la empresa pasó de cinco millones de pesetas en 1952 a 2.000 millones diez años más tarde. Fue entonces cuando Koplowitz padre se cayó del caballo –literalmente–. Tras la muerte del empresario, el consejo de administración de Construcciones y Contratas seguiría siendo lugar de paso para nombres de la política, como José María Ruiz-Gallardón –padre del exministro–, quien después pasaría por Alianza Popular y por las Cortes como diputado por Zamora. También, vía matrimonial, ‘los Al­bertos’ –Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del exministro de Asun­tos Exteriores Pedro Cortina y de Alberto Alcocer, primer alcalde de Madrid, respectivamente–.

El otro germen de la actual FCC, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), fundada en Barcelona en 1900, también acogería en su consejo de administración a conocidos nombres del régimen franquista antes de fusionarse con el legado Koplowitz, según detalla la obra de Sánchez Soler. En su caso, fueron el ‘cuñadísimo’ de Franco, Ramón Serrano Suñer, y su hijo Ramón Serrano Polo –sobrino de Franco– los hombres fuertes del régimen en las empresa, que ya en 1975 contaba con un capital escriturado de 3.000 millones de pesetas.

Puertas giratorias del siglo XXI

La política de puertas giratorias siguió en la ya actual FCC. 2001 comenzaría en la empresa con la llegada de José Mayor Oreja –hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y persona encargada de hacer llegar los donativos ilegales al Partido Popular de parte de la empresa de Koplowitz– al cargo de presidente de FCC Construcción.
El tío del exministro, Marcelino Oreja Aguirre, también ministro de Asuntos Exteriores durante el Franquismo, le acompañó en el consejo de administración de la empresa. A la vez que Oreja, llegó al consejo de administración de FCC Construcción Abel Matutes, que hasta el año 2000 ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La lista de nombres de la política y la Administración que han pasado por FCC continúa. En 2010 entró como apoderado Eduardo González Gómez, presidente entre 2002 y 2008 del lobby Foro Nuclear y antes, entre 1987 y 1995, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo responsable de las centrales nucleares en el Estado y de la regulación en esta materia. González Gómez pasó después a presidir Aqualia y FCC Energía, cargos que ocupó hasta el pasado año. Dos años más tarde, en 2013, entró Fernando Caamaño de Aramburu, otro nombre relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso asesor, quien desde julio de 2015, continúa como apoderado solidario de la empresa.


Nicolás Redondo Terreros, secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2001, y antes miembro del Parlamento Vasco, pasaría por pocos meses –de noviembre de 2013 a de 2014– por el consejo de administración de FCC. Por su parte, Gustavo Villapalos Salas, consejero de Educación en Madrid entre 1995 y 2001, estuvo desde 2002 vinculado a la empresa a través de su firma cementera, Portland Valderribas, y durante algunos meses –de julio a noviembre de 2014– llegaría a ser presidente de la empresa matriz.



FCC, a través de su filial Aqualia, tiene el 36,7% del mercado de agua pública, según presume en su página web. En poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, grupos ecologistas han denunciado subidas de las tasas de agua por encima del 85% del IPC y cobros ilegales a los vecinos de la población desde que se privatizó el servicio de agua en 2010, cuando el portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, Juan Marín, era alcalde. 



Las contrataciones públicas para la limpieza urbana es otra de las grandes líneas de negocio de FCC. Madrid, Tarragona y Albacete son algunas de las 18 capitales de provincia en las que la limpieza viaria está a cargo de esta empresa. En febrero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura, aunque sólo les impuso una multa del 3% de sus beneficios.


Entre 2002 y 2008, FCC recibió al menos 400 millones de euros para construir dos de las grandes infraestructuras de las olimpiadas: Madrid Arena y Caja Mágica, ahora edificios infrautilizados o con graves deficiencias. Entre 2001 y 2008, José Mayor Oreja había entregado dos donaciones al Partido Popular que sumaron 165.000 euros. En esos mismos años la empresa obtuvo 587 contratos de órganos públicos gobernados por el PP.

diagonalperiodico.net

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