Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

martes, 26 de abril de 2016

Las 11 empresas que se oponen a la restitución de tierras en Colombia

Según el último informe hecho por la Fundación Forjando Futuros y la Universidad de Antioquia, sobre la tenencia y restitución de tierras en Colombia, existen cinco personas y once empresas que se oponen a que se restituyan las tierras a las víctimas del despojo y el conflicto armado.

Este grupo de personas y empresas se han hecho acreedoras de grandes extensiones de tierras en diferentes zonas del país durante los años y su mayor argumento para oponerse a la restitución de tierras, es acudir al principio de tenencia de buena fe, sin embargo, ninguno de los tenedores de tierras ha probado la buena fe en los procesos judiciales.

Las empresas que conforman la lista de opositoras a la restitución de tierras a víctimas del despojo son:
Argos S.A (Fiducor S.A.): Esta empresa compro más de 12.500 hectáreas en la zona de Montes de María, región en donde se cometieron actos de barbarie como las masacres de Palo Alto, Libertad, El Salado, Chengue y Macayepo. Además, diferentes ejecutivos de Cementos Argos han tenido relaciones con personas vinculadas con grupos paramilitares, es el caso de Ricardo Andrés Sierra Fernández, ex Vicepresidente de Finanzas Corporativas de Cementos Argos, hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue capturado el 3 de agosto del año 2008, acusado de ser el enlace entre la organización del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba.

Juan Felipe Sierra, además, fundó una empresa de seguridad, Control Total Ltda que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos S.A. La licencia de Control Total Ltda., fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y su nombre fue agregado en la lista Clinton como parte del organigrama de alias ‘Don Mario’.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe, actual gerente de Reforestadora del Caribe, se vio involucrada en las grabaciones realizadas por la Fiscalía, que ocasionaron la captura del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, el general Marco Antonio Pedreros y el empresario Juan Felipe Sierra por sus nexos con el paramilitarismo en Antioquia.

El Senador Iván Cepeda ha realizado diferentes acusaciones en donde revela las relaciones de Cementos Argos S.A. con el paramilitarismo.

Argos S.A enfrenta actualmente a 22 familias campesinas que reclaman las 2.000 hectáreas que posee la empresa en San Onofre Sucre, el proceso consta de dos informes de 150 páginas cada uno donde se relata el desplazamiento forzado de las familias y la venta de sus tierras bajo amenazas. Aún no se ha comprobado la tenencia de tierras bajo el principio de buena fe en los procesos judiciales en contra de Argos S.A

Continental Gold Limited Sucursal Colombia: Esta empresa de carácter minero que realizaba actividades de explotación en el municipio de Bagadó Choco, se opuso al fallo de la sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, en donde el Tribunal Superior de Antioquia le ordeno restituir a Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Anglogold Ashanti Colombia S.A.S y Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, 50.000 hectáreas al resguardo indígena Embera Katío del río Alto Andaguedá.

Continental Gold Limited alego que no existen nexos entre la victimización de los indígenas y la entrega de títulos mineros.

El municipio de Bagadó y en general el departamento de Choco han sido una de las zonas más fuertemente golpeadas por el fenómeno del paramilitarismo.

Exploraciones Chocó Colombia S.A.S: Esta empresa de carácter minero que realizaba actividades de explotación en el municipio de Bagadó Choco, se opuso al fallo de la sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, en donde el Tribunal Superior de Antioquia le ordeno restituir a Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, Anglogold Ashanti Colombia S.A.S y Continental Gold Limited Sucursal Colombia 50.000 hectáreas al resguardo indígena Embera Katío del río Alto Andaguedá.
Exploraciones Chocó Colombia S.A.S alego que los títulos mineros no están vinculados al conflicto armado interno que se vive en la región” y que la compañía no había sido responsable del despojo que sufrieron las 33 diferentes comunidades que habitaban el territorio.

El municipio de Bagadó y en general el departamento de Choco ha sido una de las zonas más fuertemente golpeadas por el fenómeno del paramilitarismo.

Anglogold Ashanti Colombia S.A.S: Esta empresa de carácter minero que realizaba actividades de explotación en el municipio de Bagadó Choco, se opuso al fallo de la sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, en donde el Tribunal Superior de Antioquia le ordeno restituir a Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, Anglogold Ashanti Colombia S.A.S y Continental Gold Limited Sucursal Colombia, 50.000 hectáreas al resguardo indígena Embera Katío del río Alto Andaguedá.

Por otro lado la multinacional aseguro que adquirió lo previos de forma legal, a partir de una concesión de títulos mineros en la zona. Sin embargo, no se ha confirmado el principio de buena fe de la tenencia de las tierras en el proceso judicial.

El municipio de Bagadó y en general el departamento de Choco ha sido una de las zonas más fuertemente golpeadas por el fenómeno del paramilitarismo.

Sociedad Agropecuaría Carmen de Bolivar S.A: La Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A, compró en el año 2008 24 hectáreas en el corregimiento de Hato Nuevo, en el Carmen de Bolívar a una familia víctima del desplazamiento forzado, las amenazas por parte de grupos paramilitares y la desaparición forzada de uno de los miembros de la familia.

Según el Tribunal de Cartagena, la empresa actuó de mala fe al comprar los predios a la familia por un precio irrisorio de catorce millones de pesos en el año 2008, cuando la situación que afrontaba el municipio del Carmen de Bolívar era sumamente fuerte por la presencia de grupos paramilitares.

A. Palacios S.A.S: Esta compañía compro predios en la vereda de Cuchillo Negro y Bella Rosa en el corregimiento de Macondo, municipio de Turbo. Sin embargo en el año 2015 la Sala Civil de Restitución de Tierras dictamina que los predios en posesión de A. Palacios S.A.S deben ser devueltos a un grupo de campesinos, legítimos dueños que abandonan las tierras como víctimas del desplazamiento forzado.

La empresa ha expresado que en el momento de realizar la compra actuó de buena fe, además alega que las diferentes pruebas presentadas al juez no comprueban el hecho del despojo o desplazamiento del territorio.

Todo Tiempo S.A.S: Esta empresa de carácter agrícola y ganadera era propietaria de la Hacienda Monte Verde, una parcelación que se conformaba por 5 predios: Mi Bohio, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popochos, ubicada en la vereda los Cedros de Mutatá, actualmente en proceso de restitución de tierras gracias al fallo proferido por el Alto Tribunal de Antioquía quién no reconoció el principio de buena fe de la empresa al adquirir las tierras y que ordenó que sea restituida a cuatro familia de campesinos y a una etnia indígena Embera.

Todo Tiempo S.A.S era una de las empresas con mayor concentración de tierras en Mutatá, alrededor de un 70% solicitadas para restitución de Tierras.


Agropecuaria Palmas de Bajirá S.A: La Fiscalía imputo cargos a esta empresa en el año 2007 por los delitos de usurpación de tierras, falsedad en documento público y privado, atentar contra los recursos naturales, invasión de arenas de importancia ecológica y desplazamiento forzado en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó.

domingo, 17 de abril de 2016

Abengoa fue la cotizada española que más pagó a sus consejeros en 2015

Las indemnizaciones recibidas por el expresidente y el exconsejero delegado de la compañía sevillana duplican la retribución del Consejo de Administración, hasta 32,123 millones. Tras registrar pérdidas récord, la compañía sevillana, en preconcurso de acreedores desde noviembre y sin pagar las nóminas de febrero a sus empleados, también incrementó los pagos a la empresa de la esposa de su expresidente.

Ni Santander, ni Telefónica, ni BBVA. La empresa cotizada española que más pagó a su Consejo de Administración en 2015 fue Abengoa, en preconcurso de acreedores desde el pasado 26 de noviembre. Pese a la situación límite que atraviesa, la compañía andaluza de ingeniería y energías renovables retribuyó el año pasado a su máximo órgano de gestión con 32,123 millones de euros, una cifra récord que duplica con creces los 15,757 millones abonados por la compañía a su Consejo en 2014.

El brutal incremento de las retribuciones al máximo órgano de gestión de Abengoa, recogido en el apartado de "otros" del informe financiero semestral remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cerca de la medianoche del pasado lunes, llega tras las multimillonarias pérdidas de 2015 (1.213 millones de euros), las mayores de la historia de la compañía. Y se ha producido sin que la compañía haya abonado todavía las nóminas de febrero a sus 23.000 empleados por los graves problemas de liquidez que atraviesa.

El aumento se explica por las indemnizaciones abonadas al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea (11,484 millones) y al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega (4,484 millones), que actualmente investiga la Audiencia Nacional.

Esos blindajes fueron aprobados por la Comisión de nombramientos y retribuciones de la tecnológica andaluza, presidida por el exdirectivo de KPMG Antonio Fornieles, que el martes por la noche era nombrado nuevo presidente de la compañía en sustitución de José Domínguez Abascal. Este apenas ha durado tres meses en el cargo y era proclive a un acuerdo con los acreedores de Abengoa para reducir prácticamente a cero la participación de los accionistas históricos de la compañía, entre ellos, los Benjumea.

Sube el sueldo fijo
Abengoa todavía no ha remitido al regulador bursátil el desglose de las sueldos recibidos por cada consejero en 2015, aunque sí ha informado de un incremento de la retribución fija, que fue de 3,2 millones (frente a 2,8 millones), de la variable (10,7 millones, igual que en 2014) y las dietas (2,138 millones, frente a 2,232 millones un año antes).

La empresa tiene en su Consejo a, entre otros, al exministro de Obras Públicas y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, que en 2014 cobró 300.000 euros como consejero en Abengoa, cifra a la que hay que añadir sus retribuciones (que no son públicas) como vicepresidente de la fundación de la compañía, Focus-Abengoa, y como miembro del Consejo asesor internacional de la compañía.

En el Consejo de Abengoa también se sienta Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos con José María Aznar Aznar y exsocio de Cristóbal Montoro en Equipo Económico, el despacho de asesoría que preside. Martínez Rico (130.000 euros de sueldo como consejero de Abengoa en 2014) volvió a cobrar el año pasado de Abengoa por partida doble: a sus emolumentos como su consejero se suman los 319.000 euros facturados en 2015 por Equipo Económico a Abengoa y sus filiales Abengoa Concessions, S.L., Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial, S.A., por servicios de consultoría. En 2014, la minuta fue de 355.000 euros.

Además, tal y como informó Vozpópuli, la empresa de la esposa del expresidente de Abengoa, Blanca de Porres Guardiola, también vio incrementados los pagos recibidos por parte de la compañía el pasado año. Su firma de catering, Simosa, facturó 95.000 euros a Abengoa, frente a los 72.000 euros de 2014. La empresa de la esposa de Benjumea se ocupa, entre otras cosas, del catering de la sede de la empresa en Sevilla, donde trabajan unas 2.000 personas.

A falta de que se conozcan los sueldos de los consejeros de Inditex, Indra, ACS, Acerinox, Sacyr y OHL, las seis compañías del Ibex 35 que todavía no han remitido esta información a la CNMV, es altamente improbable que ninguna de ellas supere los 32 millones abonados por Abengoa a sus consejeros. Solo Indra, otra gran empresa española hundida en pérdidas, que a principios del año pasado despidió a su hasta entonces presidente, Javier Monzón, con una indemnización de más de 14 millones, podría superar los 20 millones de retribución al consejo. Pero en ningún caso llegaría a las cotas de Abengoa.


Las cifras recibidas por la cúpula de la empresa de la andaluza están por encima de las de Santander (29,688 millones), Telefónica (23,611 millones), Ferrovial (19,938 millones) y FCC e IAG (15,86 millones), las cinco compañías del Ibex que más pagaron a sus consejos en 2015. Tras el preconcurso, Abengoa fue expulsada de ese índice bursátil, que agrupa a la élite empresarial española, y desde entonces cotiza en el mercado continuo.

viernes, 8 de abril de 2016

Iberdrola gana un nuevo contrato en México por 350 millones


Iberdrola se ha adjudicado un nuevo contrato en México. La eléctrica española ha ganado la licitación para construir por 400 millones de dolares (unos 350 millones de euros) la central de ciclo combinado de Noroeste, ubicada en el estado de Sinaloa. La central tendrá una potencia de 887 megavatios (MW), correspondiente a una nuclear.

El ciclo combinado de Noroeste, ubicado en el municipio de Ahome, al norte de la ciudad de Los Mochis, producirá cuando entre en funcionamiento en enero de 2019, la energía eléctrica equivalente al consumo de más de tres millones de mexicanos.

En virtud de los términos de la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana, Iberdrola será la encargada de la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de esta planta de generación, además de ser su propietaria. Asimismo, la compañía venderá a la CFE toda la energía que este ciclo combinado produzca, mediante un contrato a 25 años.

Con esta nueva central de generación, que se añade a las otras siete en las que Iberdrola genera electricidad bajo la modalidad de Productor Independiente de Energia (PIE), la compañía española refuerza su relación con la CFE, su mayor cliente en el mundo.

La tecnología que se instalará en la central de ciclo combinado de Noroeste será de última generación e incorporará turbinas de gas modelo M501J del fabricante japonés Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS).

Junto a la construcción de la planta, Iberdrola pondrá en marcha todas las instalaciones asociadas necesarias para su conexión al sistema eléctrico nacional, como son las líneas eléctricas.

Aparte de las que requerirá el ciclo de Noroeste, Iberdrola dispone en estos momentos de proyectos de generación de energía en construcción en México que suman cerca de 2.000 millones de dólares de inversión, lo que convierte a este país en una de las apuestas internacionales más importantes realizadas por la empresa en su historia.

En concreto, construye tres nuevas plantas de ciclo combinado (Baja California III, Dulces Nombres II y Escobedo) y tres cogeneraciones (Ramos Arizpe, San Juan del Río y Altamira).

Iberdrola está presente en México desde hace 18 años, un país en el que de forma ininterrumpida ha ido incrementando sus inversiones y actividades hasta consolidarse como el mayor productor de electricidad privado, con más de 5.400 MW en operación, capaces de dar servicio a una población de alrededor de 20 millones de mexicanos. Con la nueva planta de Noroeste, la capacidad en construcción asciende a 2.500 MW.

“Las empresas transnacionales tienen secuestrados a nuestros gobiernos”

“Las empresas transnacionales secuestran a nuestros gobiernos, independientemente del signo ideológico que tengan, para que las políticas públicas aseguren sus altas tasas de ganancia”. Así define Julia Evelyn Martínez, catedrática de Economía e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el escenario económico que vive Centroamérica hoy. Aprovechando su presencia en Córdoba para participar en un seminario universitario y en una mesa redonda para debatir sobre la posibilidad de construir alternativas al modelo económico dominante, conversamos con esta profesora salvadoreña acerca del contexto sociopolítico actual en la región centroamericana, marcado por la violenta represión a quienes se oponen a la expansión de las grandes corporaciones.

En todos los ámbitos donde he participado he trasladado la preocupación que viene de parte de la población mesoamericana por las amenazas a la vida que se ciernen sobre las comunidades, a partir de los excesos y la impunidad con que actúan las multinacionales que vienen de la Unión Europea y Estados Unidos. No solo nos despojan de los recursos naturales sino que, de alguna manera, tienen secuestrados a nuestros gobiernos, independientemente del signo ideológico que tengan, para que las políticas públicas se pongan en función del mantenimiento de altas tasas de ganancia de las transnacionales. Casos como el de Berta Cáceres ejemplifican el riesgo en que se encuentran líderes, hombres y mujeres, que denuncian esta situación. Dado que no pueden frenar su actividad por las buenas, continúan por las malas.

¿Es tanto el poder de las empresas transnacionales?
Su poder es bastante grande, efectivamente, y se ha ido acrecentando a medida que los Estados centroamericanos se han ido debilitando y han incrementado tanto sus necesidades de recursos para inversiones y crecimiento económico, como su vulnerabilidad frente a las políticas provenientes de las instituciones financieras internacionales y de los gobiernos de aquellos países donde se encuentran las casas matrices de las multinacionales, como es el caso de EEUU.

En Centroamérica hay una crisis muy profunda: existe un problema de desempleo estructural, de pobreza y desigualdad que genera violencia social. Frente a eso, es comprensible que la ciudadanía exija a los gobiernos la creación de empleo. En ese contexto, los gobiernos centroamericanos entran a competir entre sí en la creación del “clima de negocios” para atraer la inversión que viene de la UE y EEUU, que a su vez se traduce en la llegada de grandes empresas que se asocian a la creación de empleo, aunque sea precario. Ahí las multinacionales se sienten cómodas, porque pueden presionar a los gobiernos para obtener ventajas fiscales y para no cumplir trámites, por ejemplo, de tipo ambiental. Al final, eso sí, los gobiernos y la ciudadanía se dan cuenta de que esos empleos son una ilusión, porque los costes económicos, ambientales y sociales que generan son mayores que el beneficio que traen para la población.

¿Qué canales de interlocución tienen las multinacionales con los gobiernos centroamericanos?
En El Salvador disponen de canales de comunicación directa con el Gobierno que no tienen siquiera las empresas capitalistas nacionales. Utilizan la vía formal que representan las cámaras empresariales, pero la vía más directa es la informal que, en el caso de EEUU, se hace a través de sus embajadas.

Hay que destacar un caso en particular, el de Monsanto. Cuando el Gobierno salvadoreño aprobó una normativa que determinaba como principales abastecedores de semillas a los productores nacionales, especialmente del sector de cooperativas, y que esas semillas debían ser criollas, no modificadas genéticamente, la embajadora estadounidense se tomó esta ley que perjudicaba a Monsanto casi como algo personal. Incluso chantajeó al Gobierno diciendo que, si no se derogaba dicha ley de semillas, se amenazaba una futura donación de 277 millones de dólares provenientes del programa de la Cuenta del Milenio. El Gobierno terminó cediendo y derogó la ley. Y ahora Monsanto puede vender sus semillas al Gobierno salvadoreño con condiciones privilegiadas en relación con el resto del sector.

Entre los argumentos empresariales más utilizados para defender la inversión extranjera están el empleo, los impuestos y el crecimiento que aportan al país. ¿Qué opina sobre estos aspectos?
Hay que cuestionar el impacto económico que genera la inversión extranjera. En los últimos diez años, por cada dólar de IED que llegaba a El Salvador salían 1,40 dólares, lo que demuestra que lo que invierten es mucho menos de lo que se llevan en concepto de ganancia. Y, además, no se tiene en cuenta la explotación de los recursos naturales.

Coca-Cola, por ejemplo, extrae agua de manantiales que son parte de los bienes comunes de la población salvadoreña, no pagando el agua que acapara. Llega incluso a la sobreexplotación, hasta el punto de que en algunas comunidades como Soyapango dejaron el acuífero agotado y tuvieron que trasladarse al municipio de Nejapa. Ahora allí las comunidades, organizadas en el Foro del Agua, mantienen una lucha para defender los recursos hídricos, porque la multinacional desea ampliar la capacidad de extracción y, si eso se aprueba, las comunidades se van a quedar sin agua. En términos de sostenibilidad de la vida, representan una amenaza por la extracción de recursos naturales. Y si vemos todos los costos de estas inversiones, superan ampliamente los posibles beneficios monetarios que conllevan.

¿Cuál está siendo la respuesta de las comunidades afectadas?
Está creciendo la conciencia de las comunidades sobre la necesidad de defender sus territorios y recursos frente a los impactos de las grandes corporaciones. El Foro del Agua, como comentaba anteriormente, ha podido demostrar el impacto ambiental negativo de la ampliación del pozo de extracción de Coca-Cola. Y se ha logrado detener ese permiso, así que se puede considerar una victoria de las comunidades.

Este es un caso exitoso que está sirviendo de modelo para otras comunidades y organizaciones que confían en que mediante la coordinación a través de amplias alianzas puedan defenderse frente a los abusos de las transnacionales. Aunque siempre está presente la amenaza de la criminalización de la protesta ciudadana. La utilización de mecanismos de fuerza por parte de las grandes empresas, que llegan incluso al asesinato y al encarcelamiento de líderes y lideresas, se ha puesto en evidencia con los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García. Que no son los primeros y me temo que, lamentablemente, no serán los últimos.

Usted, que fue directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y fue destituida por su postura a favor del aborto, ¿qué piensa que puede aportar la economía feminista a la resistencia frente a los impactos de las grandes corporaciones?

Si en algo han sido exitosas las transnacionales ha sido en articular un discurso atractivo y en sintonía con el paradigma neoliberal. Se presentan como solución a los problemas del desempleo y pobreza diciendo que más inversión significa más empleo, y más empleo, más ingresos, que redundarán en más bienestar. Y su éxito ha sido que no se ha logrado articular una conciencia ciudadana amplia.

La economía feminista nos permite crear un discurso contrahegemónico. Las inversiones, políticas y tratados comerciales hay que ponerlos en un contexto más amplio, el del cuidado de la vida. De acuerdo a la economía feminista, hay que descartar cualquier inversión que destruya la naturaleza o ponga en peligro la vida de las personas. Así que el rechazo a las transnacionales tiene una razón de mucho peso y es el riesgo que suponen para la sostenibilidad de la vida.

¡Últimas liquidaciones del país!: agua y servicios municipales para Slim

Cuatro empresas con problemas financieros, cuatro grandes constructoras (FCC, ACS, Ferrovial, OHL) asociadas a grandes nombres de la lista Forbes (la familia Koplowitz, Florentino Pérez, los Calvo-Sotelo o Villar Mir) y a los papeles de Bárcenas. Son estos los grupos empresariales que han monopolizado recursos progresivamente privatizados por el Estado: desde la producción y distribución de energía, hospitales, aeropuertos, agua, servicios de limpieza o carreteras. Hoy, nuestros grandes empresarios, aquellos que predicaban en 2008 “esto lo arreglamos entre todos”, se desdicen para salvar su patrimonio, cediendo el control de grandes recursos –antes públicos– en favor de fondos e inversores extranjeros. La próxima parada, la venta del imperio de FCC (la mayor empresa distribuidora de agua y de servicios de saneamiento urbano) a Carlos Slim, el millonario mexicano, experto en la compra de empresas a bajo precio.

Tras años de privatizaciones, los recursos estratégicos del Estado parecían estar todavía a salvo, resguardados por capitalistas patrios y sus cajas de ahorro aliadas. Pero la caída de Bankia (y la venta de sus participaciones), una fuente fundamental de créditos para propietarios renombrados, ha empujado a poner el cartel de “en venta” a sus buques insignia. Con estos movimientos, se continúa una larga estela de cambios que afectan a la estructura de la propiedad de empresas estratégicas (y, por ende, a la soberanía económica), en estos momentos, las últimas de bandera nacional. Años atrás, cualquiera de estos movimientos hubiera generado avisos y alertas, como en el caso de la OPA de Enel sobre Endesa, pero ya no es una excepción, es la última fase de un proceso que cierra la privatización de nuestros recursos más estratégicos.

En el sector eléctrico, únicamente Red Eléctrica (20% de SEPI) y el holding Gas Natural-Unión Fenosa (70% Repsol y La Caixa) permanecen bajo capital nacional. Tanto en Endesa (Enel, 70%) como en Enagás (Bank of America, 3%, frente a un 1% de Repsol) o en Iberdrola (Qatar Investment Authority con un 6,1%, Norges Bank 3%, o Blackrock con un 3%, superan el 4,9% de Kutxabank) predominan los accionistas de capital extranjero. La intervención de Bankia y los problemas de ACS han hecho que labeautiful people del PP abandone estas empresas: Bankia, el buque del PP, abandona el 5,4% de Iberdrola, y ACS pasa de un 20% en 2010 a un 2,9% actualmente en la eléctrica.

Para los fondos inversores es evidente la potencialidad del sector, siendo la cuarta factura eléctrica más cara de Europa, con un incremento del 70% desde el inicio de la crisis, frente al 50 y 40% de Alemania y Francia. Un incremento que se debe a la parte de impuestos y amortizaciones que compensan las asimetrías del sector y no a los costes de producción y distribución de energía: la producción en islas, la baja factura industrial o la deuda con las eléctricas.

La deuda con las eléctricas, derivada del déficit de tarifa (desfase entre el coste de producción y su precio), supone 25.000 millones (más que el rescate a Bankia). Para que no figurara como deuda (pasivo) de las empresas, el 79% de esta deuda está titularizada en el mercado como bonos (derechos de cobro) del Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) bajo el aval del Estado. Estos derechos y sus intereses, que oscilan entre el 4% y 7% (la última emisión, en junio del 2015, con unos intereses fijos del 0,86%, muy por encima del 0,16% del Euribor en esa fecha), son incluidos en la factura de la luz, y suponen, sólo en intereses, el pago de 699 millones en 2015 y de 487 millones en 2016. En total, 3.250 millones en intereses hasta 2026, para facilitar el balance de estas empresas, sin contar con la posibilidad de nuevas emisiones para refinanciar vencimientos.

Las empresas del sector eléctrico están muy pendientes de este cobro, particularmente las participantes mayoritarias en el fondo: Endesa (44,16%) e Iberdrola (35,01%), cuyos consejos políticos se mantienen aún como una especie de garantía de cobro (exministros como Miquel Roca y Elena Salgado en Endesa; y en Iberdrola, el exministro Ángel Acebes, del PP, y Braulio Medel, consejero del gobierno de Chaves en Andalucía).

En cuanto al petróleo y al gas, la privatización de este recurso tan estratégico cayó en la Banca Catalana. La Caixa, y luego Sacyr, han sido su sustento nacional desde su privatización (con una participación conjunta del 20%). También lo han sido de Gas Natural, en la cual mantienen el 70% (35% La Caixa y 35% Repsol). Por el contrario, dos de las grandes empresas de distribución y refino se encuentran en manos de fondos de inversión extranjeros. Cepsa, privatizada en 1991, produce un tercio del refino de crudo en España, y es líder en refino para aviación y buques. Desde 2011 pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dhabi.

CLH (Compañía logística de hidrocarburos), la empresa que prácticamente monopoliza la distribución y almacenamiento de crudo (4.000 kilómetros de tuberías subterráneas), está en manos de 10 fondos diferentes. En Industria han manifestado su preocupación, dado que estos fondos, en la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, pueden llevar a fijar precios abusivos. La CNMC exponía en un informe de junio del año pasado su preocupación por la concentración en tres petroleras (Repsol, BP, y CEPSA) la propiedad de CLH y, por tanto, con una posición abusiva en el conjunto de la cadena de valor. Actualmente sólo queda una entidad española, Kutxabank en CLH (5%), después de que Repsol (e indirectamente la constructora Sacyr y La Caixa) se deshiciera de su 10% en CLH.

Es importante destacar las condiciones en las que van a operar estos fondos: la venta de gasolina en España tiene el margen de beneficio más elevado (precios antes de impuestos) de Europa (0,403 frente a 0,378 de la media europea). Por otro lado, se ha destacado la escasa competencia en el sector y la confabulación para la fijación de precios, algo que ha llevado a la CNMC a imponer una multa por 32,4 millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil.

Otro ámbito, estratégico y quizá mucho más simbólico, es el de la aviación. Emulando el proceso seguido por multitud de aerolíneas latinoamericanas privatizadas en los años 90, como Aerolíneas Argentinas (renacionalizada), Líneas Aéreas Paraguayas (desaparecida) o LAN Chile, Iberia se embarcó en un proceso, primero de fusión, luego de reestructuración (ERE a 3.100 personas), que ha supuesto su absorción de facto, y su transformación en filial de bajo coste de British Airways. Todo ello sucede tras haber construido una terminal T4 (6.200 millones) para el uso de la aerolínea de bandera nacional, puesta en marcha con miras al aumento de rutas y vuelos de Iberia, que ha chocado con la drástica reducción de rutas y recursos humanos (desde 2004 no contrata pilotos). Una política que Willie Walsh (CEO de IAG) cataloga como “un poco cruel pero necesaria”. La plantilla o la renovación de la flota quedan subordinadas ahora a sus cuentas de resultados, también su propia supervivencia: a día de hoy no queda ningún accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte Inglés, de ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por el territorio patrio y la línea aérea: “El holding no tiene reservado ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser español o británico” decía en una entrevista en El Mundo, y es que Iberia hoy es ya una aerolínea de capital extranjero.

A pesar de lo abultadas de las liquidaciones, a estas alturas hay aún un patrimonio privatizado que permanece custodiado por capital nacional, la beautiful people del PP, aquella que aparece en los papeles de Bárcenas. Son empresas que durante los gobiernos del PP, tanto en ámbito nacional, como en las autonomías más importantes (Madrid, Valencia o Baleares) y con el beneplácito del PSOE, pudieron hacerse con una importante cartera de recursos del Estado, autonomías y municipios. Hoy esas grandes fortunas flaquean, y no sólo los fondos de inversión, sino las grandes fortunas del planeta, están al acecho.

La primera en caer ha sido FCC. Aquejadas las Koplowitz de una deuda millonaria de 840 millones con Bankia y BBVA, en 2015 lograron refinanciarla, posponiendo su pago a 2020 (únicamente pagará los intereses), con las acciones de FCC como garantía. No obstante, los números rojos de la sociedad que gestiona las acciones de las Koplowitz (B1998 S.L.) sumados a los del grupo FCC (con una deuda de 5.473 millones) han favorecido la entrada, primero de Bill Gates (5,73%), y posteriormente del millonario mexicano, Carlos Slim con el 27%, superior al 22% de las Koplowitz. Hace pocos días, Slim superó la barrera del 30%, tras reformular el pacto con las Koplowitz, que evitaba que ninguno de los dos traspasara esa cifra.

Con la más que previsible OPA de Slim sobre el total de acciones de FCC, el mexicano se introduce por lo alto en el país, y en sus recursos. Una de sus joyas, el agua, muy estratégico para Slim y Gates, lo consiguen con la filial de FCC, Aqualia, la mayor empresa de gestión de agua en España, la tercera de Europa: posee el 33% del mercado y da servicio a once millones de personas y 800 municipios en España. Un recurso al que Slim ya ha dedicado especial atención en otros lugares. Desde 2010 su grupo construye la mayor planta de Latinoamérica, la planta tratadora Atotonilco, que pretende tratar y distribuir más del 90% del agua residual y pluvial del Valle de México durante los próximos 25 años. Ésta ha sido clausurada por el gobierno de Atotonilco, por irregularidades en las licencias de obras, además de adeudar 202 millones de pesos (totalidad de impuestos desde el inicio de la obra).
Seguramente, Slim conoce ya las características del suministro de agua en España y sus potencialidades. Según un informe de la Fundación Aqua, en España, la adquisición de agua supone una menor carga para el consumidor que en el resto de países del entorno (favorecida por una gestión municipal). La tendencia parece clara, ya que durante el periodo de crisis (2007-2014) el precio del agua ha aumentado un 35,1%, según la Encuesta sobre el suministro y saneamiento que realiza anualmente el INI.

Con la venta de FCC, Slim también tendrá la gestión de hospitales (servicios no asistenciales) a su cargo. En la Comunidad de Madrid, el Hospital del Sureste (Arganda) y el de Torrejón de Ardoz, dos concesiones por 30 años para una sociedad gestionada por Bankia (Caja Madrid y Bancaja originalmente) y FCC. En Mallorca, el gran pastel de la obra pública balear, el quebradero de cabeza de Jaume Matas y el PP, hoy investigado por el juez Castro: la gestión del hospital de Son Espases, una concesión por 30 años a la UTE de Dragados y FCC por valor de 1.000 millones.

Otro de los ámbitos es el servicio de saneamiento urbano. FCC tiene concesiones por valor de 4.465 millones. Entre ellos, las ciudades de Madrid, Granada, Gandía, Girona, Castellón, Alicante o Málaga. Es una de las G30 del cártel de la basura, que fue multada con 85 millones por participar en el reparto de las concesiones. En el terreno de la comunicación, tendrá bajo su control la gestión del Metro de Málaga. También carreteras como el eje transversal que atraviesa Cataluña de este a oeste (carretera C-25), y complejos como el World Trade Center, la Ciudad de la Justicia de Barcelona, y el terreno de la antigua fábrica de Mahou en Madrid.

El camino de Slim para ser la tercera fortuna del mundo le lleva a la compra de empresas en apuros, pero siempre con una amplia cartera de activos. Sucedió con Telmex, privatizada por el presidente Carlos Salinas en los 90. La compra del monopolio de la telefonía (tiene el 80% de líneas de telefonía fija, y el 70% de móvil) le costó 1.757 millones de dólares (siendo ayudado además con un préstamo del gobierno de México por 426 millones), ahora tiene un valor de 40.000 millones y representa 85 de cada 100 dólares que ingresa el grupo. Una ruta, pues, similar a la que ha utilizado en la compra de Realia, la inmobiliaria que creó Blesa (Caja Madrid) y Koplowitz (FCC) en 2000. Cuando salió a Bolsa en 2007, esta inmobiliaria tenía un valor de 2.191 millones. Tras el rescate de Bankia, el Sareb se hizo con el préstamo que tenía Bankia con la inmobiliaria, 440 millones, traspasándolo después al fondo Fortress (investigado por el Banco de España por blanqueo de capitales). Finalmente, Bankia ha vendido a Slim su participación del 24,9% por 44,5 millones de euros. En el caso de FCC, la primera compra que Slim hizo de acciones de FCC, en 2014, fue a 11 euros la acción. La oferta de OPA, tras las presiones de la CNMV para aumentarla, se situará en 7,6 euros por acción, desembolsando un total de 2.205 millones por el 70% de las acciones. Los activos de FCC llegan a los 15.000 millones.


La liquidación de FCC no se ha hecho a ciegas. Slim y otros fondos que se asoman por un país en rebajas, no llegan con los ojos vendados. Al magnate lo lleva de compras su asesor personal en España y Latinoamérica, Felipe González. Una vez terminadas las compras de FCC, la pareja piensa en las próximas empresas en problemas: apuntan al petróleo, pues ya han comunicado a Rajoy su intención con Repsol, presionan con la privatización de Pemex en México, y si todo sale bien, pronto caerá PDVSA en Venezuela. Pero el dúo no piensa únicamente en negocios. Según Slim: “Felipe González y yo no hablamos de negocios, sino de la nueva sociedad”.

Rubén Juste de Ancos

jueves, 7 de abril de 2016

Multinacionales demandan a Colombia por impedir minería en páramos y zonas protegidas

Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Asimismo, el pasado mes de febrero, Colombia fue notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares. Demanda interpuesta en el marco del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.

Desde que llegó el boom minero al país, el gobierno se dedicó a otorgar títulos mineros, muchos de ellos sobre zonas ya protegidas. En 2001 se habían expedido títulos para 20 mil concesiones de explotación y exploración minera en 22 millones de hectáreas. Se otorgaron 9 mil títulos sin respetar zonas de páramos, reservas naturales productoras de agua, parques naturales ni resguardos indígenas. Muchos de esos títulos mineros otorgados antes de febrero de 2010, permanecerían vigentes de acuerdo a lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos.

La multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, (antigua Grey Star) pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante 15 años. Sin embargo, en marzo de 2011 la Grey Star se vio obligada a retirar la solicitud de licencia ambiental por los daños causados al ecosistema y por la presión de las organizaciones sociales que se movilizaron en reiteradas ocasiones rechazando el proyecto. Fue entonces cuando la antigua Grey Star cambio su razón social por Eco Oro Minerals Corp, con la propuesta de permanecer en Santurbán y hacer minería subterránea. Con la aprobación del PND, Su licencia permanecía vigente.

Con la demanda impulsada por el senador Alberto Castilla y otros congresistas del Polo Democrático Alternativo, organizaciones sociales y ambientales, y la Cumbre Agraria, la Corte Constitucional falló a favor. Con la decisión de la Corte, las multinacionales con títulos mineros en zonas de páramos y áreas protegidas deben abandonar estos territorios.

Colombia Informa habló con Miguel Ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander, quien afirmó que con el anuncio de la demanda al Estado colombiano por parte de Eco Oro, se están materializando los riesgos que se advirtieron cuando el país empezó a firmar Tratados de Libre Comercio –TLC- de manera antitécnica y descuidando los intereses del país y del pueblo colombiano.
Ramos agregó además que la medida avalada por la Corte Constitucional de impedir minería en los páramos es aplaudida por los movimientos sociales, no solo de las más de tres millones personas que se benefician del agua de Santurbán sino de todo el país. Reiteró que las organizaciones sociales como el Comité por la Protección del Agua y Santurbán, el equipo Jurídica de Pueblos, Congreso de los Pueblos, Instituciones públicas y privadas, seguirán en su labor de informar a la ciudadanía y defendiendo el territorio.

Otra demanda de multinacional contra el Estado colombiano
Ramos, afirmó que ya hay una demanda contra el Estado colombiano de parte de una multinacional estadounidense. La multinacional Tobie Mining Inc., demandó a Colombia por 16 mil millones de dólares el pasado mes de febrero en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos y Colombia en 2006. “Los TLC, son tratados que han degradado la soberanía Nacional y popular en Colombia, han entregando el control de la mayoría de decisiones importantes sobre el futuro del país a manos de entidades privadas y extranjeras”, argumentó Ramos, quien señaló además que la demanda de las multinacionales se basa en los TLC firmados entre Colombia y Canadá y Colombia con Estados Unidos.

La multinacional Tobie Mining, recibió un título minero otorgado por Ingeominas en la zona de Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. La declaratoria de Parque Natural se dio en octubre de 2009, casualmente dos días después se le otorgó el titulo minero a Tobie Mining para extraer oro por 29 años.

Aunque la Procuraduría había solicitado a Ingeominas retirar el titulo minero en 2011, esto solo se confirmó en 2013 cuando se canceló el contrato. En aquella instancia, el Estado estaba obligado a proteger los intereses públicos del país.

No obstante, Tobie Mining habría ejercido presión sobre la comunidad indígena de la zona para que instaurara una tutela y defendiera la explotación minera en el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. Pero en septiembre de 2015, la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y ratificó la existencia del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis y la suspensión inmediata de las actividades de explotación y exploración minera en la zona.

Esta situación llevó a la multinacional Tobie Mining a someter el caso ante un tribunal de arbitraje de inversión, con el fin de que Colombia la indemnice por la exorbitante suma de 16 mil millones de dólares. La pregunta ahora es: ¿Quién paga los daños? ¿Los colombianos seguirán pagando decisiones tomadas por gobiernos irresponsables?


Mientras tanto, las organizaciones sociales, ambientales, ecologistas y el país en general repudian la actitud de las multinacionales que pretende violar los derechos constitucionales y la soberanía del país. La defensa de los bienes naturales es un derecho propio y soberano de los pueblos.