Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

lunes, 29 de agosto de 2016

Unión Fenosa plantea “controversia” a Colombia en el marco del Acuerdo de Inversiones

Gas Natural Fenosa (GNF), cuyo presidente es Salvador Gabarró Serra, solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre este país y España, para encontrar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”.

En un comunicado de prensa divulgado desde Barcelona, Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, aseguran que “han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia”.

“En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo” sobre Electricaribe, que tiene grandes problemas en la prestación de su servicio.

La compañía española ha reiterado “su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la Región Caribe”, señala la comunicación.

La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la Costa, donde atienden a 2,5 millones de clientes, es objeto de protestas desde hace varios meses por las fallas en el servicio.

Las compañías del grupo Gas Natural, que tienen una participación accionarial del 85% en Electricaribe señalaron que Colombia es un mercado en crecimiento que cada vez más se constituye como un hub de operaciones de compañías. “La protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indica la empresa española.

Electricaribe viene estando en el ojo del huracán luego de que la Contraloría General de la República revelara hallazgos fiscales por 65.733 millones de pesos en los contratos del Ministerio de Minas y Electricaribe para la ejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone.

La compañía respondió ante los detrimentos patrimoniales asegurando que los recursos entregados por el Gobierno Nacional se encontraban en las Fiducias. Sin embargo, tras un nuevo informe de la CGR, se indicó que apenas 7.734 millones de pesos se encontraban asegurados. El resto de recursos, que corresponden a 133.401 millones de pesos, fueron girados a terceros.

Ante la coyuntura, gremios políticos convocaron a un debate en la Cámara de Representantes para solicitar al presidente Juan Manuel Santos que se interviniera a la empresa de energía, y se abriera el camino para un cambio de operador.

El pasado jueves, gobernadores de la Costa Caribe reunidos en Cartagena reiteraron el pedido de intervención de la compañía, aunque esa situación llegara a afectar las relaciones con España. “Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan”, dijo tras la reunión el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos.

Según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, la deuda de los entes territoriales de los departamentos con esta compañía, que supera los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros), “implica un riesgo para la prestación del servicio” en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.

Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que se les suspendan los servicios básicos, con lo que a las pérdidas millonarias por impago y por las conexiones ilegales se suman un problema de regulación.

Alerta de la Federación Nacional de Departamentos (FND)
Otra controversia que se generó en las últimas semanas tuvo su origen en la advertencia del director de la FND, Amylkar Acosta, sobre un “inminente” apagón en la Región Caribe.


Argumentó que “el promedio de horas de cortes de energía en los hogares en la región Caribe se elevó a las 90 horas/año, doblando el promedio nacional que ronda las 45,5 horas/año”, según la información de "Barranquilla Cómo Vamos". A esto se suma el hecho que el 70% del total de las acciones interpuestas por los usuarios a la Superintendencia de Servicios Públicos, dirección territorial norte, está relacionada con Electricaribe.

miércoles, 10 de agosto de 2016

El gran negocio de la seguridad fronteriza

Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.

Los conflictos en Oriente Medio han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado, donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000 sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el punto más caliente de esta crisis.

La Unión Europea (UE), lejos de ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en este operativo.

Esta estrategia ‘antimafia’ quedó expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea (CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.

Industria militar
Pese a las medidas tomadas y al incremento en el presupuesto utilizado para este fin, han desaparecido unas 10.000 personas en el Mediterráneo en los tres últimos años, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, lo que demuestra que la respuesta de las instituciones europeas ante la crisis migratoria sólo tiene un beneficiario: la industria armamentística y de defensa.
Según el informe Guerras de frontera, realizado por el Transnational Institute, el mercado de la seguridad fronteriza está en pleno auge. El dinero que mueve, según el informe, se estima en unos 15.000 millones de euros en 2015, y se prevé que aumente hasta superar los 29.000 millones de euros anuales en 2022. Asimismo, la financiación de la UE para seguridad en las fronteras supondrá 4.500 millones de euros entre 2004 y 2020, con un notable crecimiento en los dos últimos años.

Este presupuesto, utilizado para la política europea de seguridad fronteriza, está dominado por grandes empresas de la industria armamentística. Todas ellas han expandido o creado divisiones comerciales dedicadas a las seguridad y la defensa, identificando este mercado y su potencial como uno de “los principales impulsores del aumento de pedidos e ingresos”, tal y como afirma el gigante de armas italiano Finmeccanica. El lobby armamentístico es uno de los más potentes y de los que más invierten en influenciar las políticas y las decisiones tomadas en Bruselas en materia de defensa y control migratorio de las fronteras europeas.

Esta presión y el cambio en las políticas de defensa de la UE han dado como resultado cuantiosos beneficios para esta industria mediante la concesión de contratos públicos para gestionar la defensa de las fronteras. Entre las empresas beneficiadas se encuentran varias españolas que han sacado gran tajada de los contratos del Frontex y del Gobierno de España.

“Europa se está deshumanizando. Las políticas europeas de migración y asilo están puramente centradas en el blindaje y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano el respeto a los derechos humanos y a las vidas humanas. La Unión Europea debe dar un giro radical al enfoque de estas políticas y poner en el centro de las mismas a las personas y sus derechos. Si esto no ocurre, miles de personas seguirán perdiendo sus vidas en el intento de obtener protección en un país seguro”, afirma Nuria Díaz, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el año 2016, el presupuesto total para políticas de asilo ha sido de 75 millones de euros, unas migajas en comparación con el presupuesto de las empresas privadas de seguridad.

Frontex
El 15 de diciembre de 2015 se anunció la creación de una nueva fuerza policial fronteriza que absorbería al Frontex, la agencia encargada hasta ahora de coordinar la seguridad en las fronteras de Europa, con la intención de garantizar una gestión rigurosa y compartida de los límites exteriores de Europa. La CE demuestra su apuesta en este proyecto con el incremento del presupuesto destinado a este organismo en los últimos años. Desde 2011, el Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado una mayor independencia a la hora de contratar a empresas privadas para la gestión de las fronteras o para la adquisición de material. Los fondos destinados a la agencia se han incrementado un 67,3% en un solo año, al pasar de los 142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los 238,7 millones presupuestados para 2016. El incremento es aún más significativo –un 6.388% en 11 años– si lo comparamos con los 6,3 millones de presupuesto anual con los que el Frontex arrancaba en 2005.

Las principales empresas que se benefician de los contratos licitados del Frontex son las mismas empresas armamentísticas y de defensa que siguen manteniendo un lucroso beneficio con la venta de armas a Oriente Medio y el norte de África, de donde provienen la mayoría de los refugiados que llegan a nuestras fronteras. Empresas como Finmeccanica, Thales y Airbus, actores destacados del negocio de la seguridad en la UE, son también tres de las cuatro principales comerciantes de armas europeas. El grupo Safran y la española Indra también se encuentran en las primeras posiciones de ambos ránkings.

Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. En 2015, Arabia Saudí fue el mayor importador de armas del mundo junto con Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Qatar, Argelia, Israel y Turquía. En la década de 2005 a 2014, los Estados miembro de la UE otorgaron a las empresas armamentísticas euro­peas licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por valor de más de 82.000 millones de euros.

En España existe una próspera industria de armamento y defensa encabezada por la polémica empresa Indra, seguida por otras tecnológicas que ofrecen soluciones informáticas o sistemas de comunicación y detección de embarcaciones. Todas ellas han sacado gran tajada del presupuesto del Frontex.

Indra
Tal y como indica la propia empresa, “Indra es una compañía de referencia en el mercado mundial de la defensa y seguridad que participa en los programas de defensa europeos y españoles más avanzados. Sus sistemas de defensa aérea protegen, dentro del mando de la OTAN, el flanco sudoeste del continente europeo”. Durante 2015, la multinacional ingresó 540 millones de euros relacionados con la defensa, un 19% de sus ingresos totales. La compañía española ha sido una de las grandes beneficiadas por las licitaciones del Frontex.

En 2015, Indra, conformando una unión temporal de empresas que ella lideraba, obtuvo el “contrato marco para los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”, por valor de 10 millones de euros. El objetivo de este contrato es desarrollar el equipo técnico de Frontex en los vuelos de vigilancia marítima y de tierra “informando de objetos y eventos de interés al centro de coordinación del Frontex”. En abril de 2015 obtuvo un nuevo contrato de menor importe como parte del programa Copérnico para la mejora de la vigilancia de las fronteras mediante comunicaciones por satélite, por valor de 48.179 euros.

Además, la empresa tecnológica ha sido una de las principales beneficiarias de los proyectos de I+D financiados por la UE. Con estos programas se financia con fondos públicos el desarrollo de proyectos en tecnología de defensa. Indra obtuvo 8.106.544 euros para siete proyectos de I+D desde 2002.

A la vez que se beneficia de licitaciones y concesiones provenientes de la CE, Indra tiene presencia en torno a las mismas instituciones que deciden el gasto en defensa y control fronterizo. Según lo declarado en el registro de transparencia no obligatorio de los grupos de presión de la UE, la empresa española ha gastado cerca de un millón y medio de euros en los últimos años en intentar influir sobre las políticas de defensa de nuestras fronteras.

GMV y ATOS
GMV Aerospace and Defence SAU, una empresa española con sede en la localidad madrileña de Tres Cantos dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas y especializada en defensa y seguridad, es otra de las grandes beneficiadas por contratos de la agencia europea. En 2012 fue adjudicataria de un contrato de dos millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de Eurosur, una red de comunicación que, según la Comisión Europea, “permitirá a los Estados miembros estar mejor equipados para prevenir, detectar y combatir la inmigración ilegal”. En 2014 consiguió otro contrato de más de un millón de euros para el mantenimiento de esa misma red. Asimismo, entre los años 2011 y 2012, tan sólo en vigilancia de fronteras, se hizo con contratos por valor de casi un millón y medio de euros para sistemas de vigilancia.

La propia página web de la empresa indica que “en el año 2013 el Parlamento Europeo finalmente aprobó la legislación para el Eurosur, asumiendo el sistema desarrollado por GMV para Frontex y estableciendo las bases legales para la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el Frontex (…). Todo ello ayudará a salvar las vidas de las personas que entran en la Unión Europea de manera ilegal, especialmente a través del Mediterráneo”.

En 2013, en el marco de esa misma red, consiguió contratos por casi 12 millones de euros, lo que no ha impedido que en 2015 volvieran a obtener otro nuevo contrato de mantenimiento por algo más de dos millones de euros y otro de 243.000 euros para el desarrollo de nuevo software.

La facturación de la empresa en 2015 ha sido de 125,4 millones de euros, lo que nos da una idea de los enormes ingresos que los sistemas de defensa de fronteras suponen para GMV. En total, la empresa española ha obtenido contratos públicos del Frontex por valor de más de 19 millones de euros.

La división española de la multinacional tecnológica francesa ATOS también se ha beneficiado de los contratos de Frontex. La empresa fue la encargada de desarrollar, por valor de 578.378 euros, el Sistema de Posicionamiento de Frontex, un sistema único, automatizado e integrado para seguir activos desplegados en operaciones conjuntas.

Frontera sur
La defensa de la frontera sur de España también ha sido un gran nicho de mercado para muchas de estas empresas. Levantar vallas que impidan la entrada de migrantes, sistemas informáticos para la vigilancia o la venta de helicópteros de control fronterizo han sido algunos de los servicios por los que muchas compañías han hecho caja a costa de las arcas públicas y de la política de control fronterizo del Gobierno de España.

Entre la Jefatura de la Guardia Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial repartieron contratos por valor de 6.340.000 euros para la “adquisición de material para prevenir los pasos fronterizos en España”. El grueso de estas adjudicaciones se las llevaron los astilleros asturianos Gondan SA y Auxiliar Naval del Principado SA para la construcción de buques. Aunque también se pueden encontrar contratos que, a pesar de ser de menor monto, llaman la atención, como el concedido a Prosescan SAU por valor de 72.500 euros para la adquisición de un equipo de detección de latidos para la Guardia Civil de Granada. Otro contrato adjudicado a la empresa Saborit Internacional concedió más de 50.000 euros por la adquisición de cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada.

Entre 2007 y 2012, el Gobierno español gastó en control fron­terizo más de 155 millones de euros, que repartió en contratos a empresas en su mayoría privadas. Algunas de las que sacaron una mayor tajada de estas licitaciones son las mismas que aparecen en las licitaciones del Frontex.

En el mismo periodo, Indra se llevó contratos por valor de más de 34 millones en gran medida por la instalación y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). El SIVE es un sistema que ayuda a identificar embarcaciones y sus tripulantes. Fue creado inicialmente por la empresa española Amper, y mejorado por ATOS, que creó la primera Unidad Móvil. Indra es una de sus grandes comercializadoras.

Además de estos contratos, Indra y la consultora tecnológica Amper obtuvieron en 2012 otros por valor de más de 13 millones de euros para la adquisición e instalación de sistemas de vigilancia por sensores para las costas españolas. Amper, por su lado, se adjudicó contratos para suplir con este tipo de materiales por valor de 22,6 millones.

Pero la empresa que más ha ganado en el mercado español de la defensa de las fronteras es Airbus. Entre Eurocopter España (helicópteros) y EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus Military) facturó más de 252 millones entre 2009 y 2012. De esta cantidad, la filial dedicada a la fabricación de helicópteros ha sido la que ha obtenido un mayor beneficio de las arcas públicas, ya que firmó contratos por valor de 186 millones entre 2009 y 2012 para la venta y mantenimiento de 23 helicópteros usados para el control fronterizo.

En 2014 ganó un concurso por más de tres millones y medio de euros sólo para repuestos de helicópteros. Asimismo, consiguió 11.850.000 euros por el mantenimiento del software de las máquinas. Finalmente, se llevó casi tres millones por el mantenimiento de helicópteros.

En cuanto a EADS CASA, hoy integrado en Airbus, vendió dos aviones dedicados al control fronterizo para la Guardia Civil por 50 millones. A esa cantidad se le han sumado otros 15 millones de euros hasta 2012 en mantenimiento y equipamiento de tierra. Ese mismo año consiguió un millón de euros para el mantenimiento de helicópteros construidos por ella misma.

ATOS ha sido otra de las grandes beneficiadas de las políticas de seguridad de nuestras fronteras. En 2011 y 2012, la empresa se adjudicó varios contratos por valor de 24 millones de euros. El grueso de estas licitaciones corresponde a dos contratos que sumaban cerca de 21 millones de euros para implementar y mantener el sistema SIVE. Entre 2014 y 2015, la empresa obtuvo casi diez millones de euros, de los cuales ocho han sido gastados en SIVE y casi dos en otros sistemas de vigilancia, como equipamiento para buques.

Las vallas
La valla que separa Ceuta de Marruecos fue construida en 2005 por Dragados, del grupo ACS, quien obtuvo la licitación de la construcción por casi cinco millones de euros. Entre ese año y 2009 ingresó otros 13 millones por el mantenimiento y reparación de la misma.

A partir de 2010, es la empresa constructora y de servicios Ferrovial Agroman quien se hace cargo del mantenimiento y reparación de la valla, así como de las mejoras –en las que se incluye el incremento de altura de ésta–, ingresando hasta 2014 cerca de ocho millones de euros.

En el caso de la valla de Melilla, Indra ingresa entre 2005 y 2006 casi 21 millones de euros por la construcción e instalación de 7.600 metros de valla fronteriza. Entre 2007 y 2009 cobra a las arcas públicas 6,3 millones de euros por el mantenimiento y reparación de la valla. Y en 2011 se asocia temporalmente con la empresa Sallen para la realización de estas tareas de mantenimiento por valor de casi cuatro millones de euros.

Por el mantenimiento y limpieza de la valla de Melilla, la empresa de servicios Eulen se llevó casi cinco millones de euros en 2014. Además, ganó en 2015 la gestión de la limpieza del puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, por casi 300.000 euros.

Concertinas de la Marca España
European Security Fencing, del grupo Mora Salazar, que alardea de ser la mayor empresa de venta de este tipo de alambre con cuchillas de toda Europa, se adjudicó la instalación de las concertinas en las dos vallas españolas. Sus cuchillas se han instalado en las vallas de Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos o Turquía, todo un orgullo de la ‘Marca España’. Para la valla de Melilla, la empresa instaló concertinas por valor de 700.000 euros. Para la de Ceuta fueron 405.000 euros.



El lucro de los vuelos de la vergüenza

Air Europa y Swiftair han ganado el concurso de los vuelos de deportación de migrantes reiteradamente. En 2012 ingresaron casi 12 millones de euros de manera negociada. Y en 2015 obtuvieron otros 12 millones, aunque esta vez de manera pública. Las compañías cobran entre 8.750 y 20.300 euros por vuelo, dependiendo de su capacidad, además de entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra. En 2016 han obtenido por estos vuelos unos 660.000 euros al mes. En total, estas empresas han ganado 36 millones de euros de dinero público para realizar los vuelos de la vergüenza.

Yago Álvarez y Genoveva López

jueves, 4 de agosto de 2016

En libertad los 7 activistas que lideraban la lucha contra Hidro Santa Cruz

Varios sectores sociales de Guatemala celebraron la liberación de los presos políticos de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, departamento noroccidental de Huehuetenango, más de un año después de ser encarcelados por defender a sus comunidades frente al proyecto Hidro Santa Cruz, de la empresa española Hidralia Energía.

Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez, Bernardo Ermitaño López, Arturo Pablo, Mynor López, Francisco Juan y Adalberto Villatoro, quedaron absueltos de los cargos que les imputaban por un fallo del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala.

La jueza Jazmín Barrios, encargada de esa instancia jurídica, decretó la libertad inmediata de los líderes comunitarios debido a la imposibilidad de demostrar los delitos por los cuales fueron acusados: instigación a delinquir, coacción, atentado, obstaculización de la acción penal y secuestro.
"Esta histórica resolución del Tribunal, objetiviza la criminalización de los pueblos originarios en Guatemala", expresó la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, cuyos miembros ejercieron como defensores de los considerados héroes de la resistencia popular en ese país.

Observadores del juicio, iniciado el 6 de julio, concordaron en que este proceso mostró la intención del Ministerio Público de criminalizar a las autoridades ancestrales del Norte de Huehuetenango y develó el desconocimiento por parte de las instituciones del Estado de las formas comunitarias de organización, así como de convenios y tratados internacionales que garantizan el respeto a éstas y de los cuales Guatemala es parte.

Los diputados de Winaq y de la Bancada de la Dignidad Convergencia también manifestaron su satisfacción por la liberación de estos hombres y expresaron su solidaridad con familiares, amistades y organizaciones afines.

Esta última repudió "la criminalización de defensoras y defensores de territorios, el agua y la vida, de gente que lucha por el bien de todas y de todos, el bien común, el buen vivir y contra este sistema de muerte y destrucción".

"Urge replantearnos qué modelo económico y de desarrollo queremos, urge consulta a los pueblos, urge detener el deterioro del medio ambiente, urge el desarrollo social, urge fiscalizar a los megaproyectos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", destacó.

Desde su apresamiento los siete líderes de Huehuetenango fueron encerrados en el Centro Preventivo de la Zona 18 de la capital, con delincuentes comunes, pese a la insistencia de defensores de los derechos humanos y miembros de distintas organizaciones sociales de poner fin a lo que consideraban una injusticia.


La persecución contra ellos respondió a su protagonismo en las protestas contra Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, y su proyecto de instalar una hidroeléctrica en las cataratas del río Cambalam en detrimento de sus territorios.