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viernes, 29 de julio de 2016
La ley “Bertha Cáceres”, camino a la Unión Europea
Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.
El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como autores no visibles del mismo.
Los familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.
La aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.
Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos político.
En este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona sin estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández denunció en Washington que organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores, con lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de derechos humanos internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde se involucra a militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones de dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el vínculo también existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de empleos productivos siendo una de las intervenciones importantes la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU, ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma efectiva a los defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al cesto de la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y más bien se fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de justicia.
Las alarmas también se han prendido en los países que conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover la gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos, logros sustanciales en materia de reducción de la corrupción e impunidad y juzgamiento de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un proceso de depuración acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
Tegucigalpa, 19 de julio de 2016
http://www.alainet.org/es/articulo/178906
miércoles, 20 de julio de 2016
Nicaragua celebra el 37 aniversario de la Revolución Sandinista
Los nicaragüenses celebran el derrocamiento de la dictadura de los Somoza, que abrió una etapa de cambios profundos en Nicaragua y Latinoamérica.
Miles de nicaragüenses celebraron este martes en Managua el 37 aniversario de la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de Somoza en Nicaragua.
El festejo se realizó junto al mandatario Daniel Ortega, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, e invitados internacionales como los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En su intervención Sánchez Cerén aseguró que el triunfo de la Revolución Sandinista hace 37 años ayudó a la liberación de toda América Latina. “Conmemoramos una gesta heroica, un ejemplo de dignidad, qe abrió una nueva era de justicia y libertad”, expresó.
Los nicaragüenses llegaron a Managua en autobuses, camiones, camionetas, vehículos y motocicletas para participar de esta celebración que recuerda la lucha contra la dictadura somocista (1937-1979).
Pantallas gigantes, banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y azul y blanca del pabellón nacional, junto con los lumínicos Arboles de la Vida sobresalen en el paisaje de la ciudad.
El 19 de julio de 1979 el FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último de esa familia que ocupó el poder, y desde entonces emprendió una serie de cambios trascendentales en el país, como una campaña de alfabetización y una reforma agraria, entre otras acciones revolucionarias.
Sin embargo, el FSLN perdió en las elecciones en 1990 ante una coalición que reunió a todas las fuerzas políticas opositoras.
Diecisiete años después, por la vía de las urnas, el Frente retornó al gobierno para iniciar una segunda etapa que muestra cambios sustanciales en todos los órdenes, aplaudidos y reconocidos por diversos países y organismos internacionales.
Actualmente, Nicaragua es considerado uno de los países más estables y seguros de la región, al tiempo que está en condiciones de despuntar como una de las economías más importantes de Centroamérica.
Telesur
"ASFIXIA" DE LOS ARGENTINOS POR EL INCREMENTO DEL 400% EN LAS TARIFAS DE LA LUZ Y EL GAS
Llamar tarifazo al escandaloso incremento de las tarifas de luz, gas y agua corriente que autorizó el presidente Mauricio Macri a lo largo y ancho de Argentina es insuficiente. Es un “enorme tarifazo” con consecuencias nefastas en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas
El aumentativo no alcanza. Llamar tarifazo al escandaloso incremento de las tarifas de luz, gas y agua corriente que autorizó el presidente Mauricio Macri a lo largo y ancho de Argentina es insuficiente. Es un “enorme tarifazo” con consecuencias nefastas en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas.
Los comercios, las pequeñas empresas, las universidades, los clubes se enfrentan a la misma disyuntiva: qué gastos recortar para poder pagar esas cuentas sin despedir personal o cerrar las puertas.
Hay una franja de la población más afectada, la que vive en la Patagonia donde las temperaturas bajo cero obligan a mantener encendida durante meses la calefacción. La región consume el 23% del total de gas, a pesar de reunir apenas un 7% de los hogares del país. El consumo elevado también está asociado a la intensa actividad turística en temporada de nieve.
En la Patagonia, los aumentos para los domicilios particulares fueron en promedio de 700% y para los comercios y la industria de 1.300%. La reacción de la población fue inmediata en las principales ciudades del sur argentino. Allí, gracias a una seguidilla de presentaciones judiciales, se logró frenar el tarifazo. Luego y a medida que llegaron las boletas con los aumentos se sumaron a la protesta los otros distritos.
El descontento alcanzó tal magnitud que el Gobierno tuvo que retroceder y puso de tope un 400% de incremento. La cifra no deja de ser escalofriante, además porque los servicios que antes se pagaban cada 2 meses, ahora vencen mensualmente. Incluso para afrontarlos se permite pagar en cuotas.
El tarifazo es la consecuencia directa de la quita abrupta de los subsidios que se mantuvieron durante los tres períodos presidenciales kirchneristas como un aporte indirecto del Estado a la economía. A pesar de que muchos consideran que el aumento es para reducir la carga fiscal, se trata de una transferencia del dinero de los consumidores a las petroleras que se quedarán con las tres cuartas partes del dinero, alrededor de $ 4.000 millones.
Desde el Gobierno aseguran que esa inyección de fondos derivará en inversiones que beneficiarán a la Patagonia, que es la principal zona petrolera del país. Sin embargo, hasta ahora, nada de eso ocurrió, más bien la explotación está detenida y hay amenazas de despido y recortes de salario en las plantas productoras.
La Patagonia, por ser zona desfavorable por las bajas temperaturas, tenía los subsidios más altos y, por eso, es la más perjudicada. Bariloche, el segundo centro de esquí más importante del mundo, fue la ciudad que primero se organizó contra el tarifazo. Se juntaron 30.000 firmas para detener el tarifazo en tiempo récord y se logró frenar los aumentos. Más tarde se sumó Chubut y Santa Cruz, y hoy el tarifazo quedó suspenso en el país hasta tanto se expida la Corte Suprema.
“Bariloche está a oscuras”, le dijo a El Telégrafo Coral Martinsen, una joven argentina que vive en esa ciudad y trabaja en el Cerro Catedral, al ser consultada sobre el aumento de la luz y el gas. Es que en esa localidad turística, la más visitada del sur argentino, la semana pasada llegó la nieve y se fue la luz. La ciudad quedó a oscuras durante tres días por una falla en una línea de media tensión, justo cuando la ocupación hotelera roza el 60%, ya que es visitada por miles de turistas, sobre todo de Brasil y Chile.
El corte afectó el Centro de Esquí Catedral Alta Patagonia que tuvo que recurrir a sus grupos electrógenos para que funcionen los medios de elevación en las pistas. Parece una broma, pero no es. Al tarifazo se le sumó un corte del suministro que significará más pérdidas económicas para los comerciantes y las empresas que brindan servicios al turismo. En invierno en la Cordillera de los Andes hay pocas horas de luz natural.
En esta época del año, alrededor de las 19:00 ya es de noche y las zonas boscosas o en pendiente se tornan intransitables. “Estamos cuidando el gas y la luz de las velas”, resumió Ana Woelflin, quien definió el efecto del tarifazo en Bariloche como “un caos” porque “muchos hoteles tenían que cerrar si no se lograba frenar el aumento”.
Además, explicó, “como aumentó la demanda, el precio de la leña se fue por las nubes”. Ese malestar que comenzó en Bariloche se trasladó al resto del país y derivó el jueves pasado en la primera protesta en contra de Macri, apenas a 7 meses de asumir la presidencia. Bocinas, bombos, silbatos, latas, gritos, todo vino bien para protestar en cruces de avenidas y plazas a pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia.
En las redes sociales la bautizaron como “ruidazo” a la convocatoria que también movilizó a votantes del macrismo que no pueden pagar los aumentos. También por primera vez, la oposición votó unida en el Senado contra una medida del Gobierno. El Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Peronismo Federal y el resto de los senadores opositores dejaron en soledad a Cambiemos, la única fuerza que defendió los aumentos de gas. Por 42 votos contra 13 se aprobaron sobre tablas cuatro proyectos que reclaman suspender la suba.
Una encuesta difundida el pasado fin de semana reveló que el 70,7% de los usuarios cambió de hábitos para bajar el consumo, mientras que el 81,3% opinó que si fuera presidente hubiera realizado el ajuste de manera gradual.
Canarias Semanal
30 días para las Olimpiadas: deudas y violencia contra la población en Brasil
Desde la realización de los
Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de
Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y
colectivos organizados contra los impactos de los mega eventos deportivos han
denunciado el aumento de la violencia contra la población – con desalojos y
crecimiento de la militarización en las favelas – y la falta de transparencia
en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio
en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios
básicos.
“Nosotras no somos contra los
Juegos Olímpicos. Somos contra la forma como esos mega eventos llegan a las
ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e
imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales
de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del
Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del
Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.
En este sentido, el episodio más
reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado
por el presidente interino Michel Temer el último miércoles (29), destinado a
la Seguridad Pública de los Juegos Olímpicos Rio 2016, que comienzan el próximo
5 de agosto.
El estado de Rio de Janeiro
atraviesa una gravísima crisis económica, y esa medida, de carácter provisorio,
fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el “estado de
calamidad pública” por falencias financieras.
A un mes del comienzo de los
juegos, el panorama urbano de Rio presenta varias contradicciones. A pesar de
la crisis dificultar, por ejemplo, el pago de los salarios de funcionarios
públicos y demandar ajustes en los gastos de educación y salud, los gastos con
el mega evento olímpico alcanza los 11 mil millones de dólares, 3 mil millones
más de lo previsto cuando Brasil se puso como candidata a sede.
En entrevista a Brasil de Fato,
Sandra afirmó que Rio de Janeiro adoptó el “modelo de ciudad mercancía, una
ciudad para ser vendida a los mega emprendimientos”. “Las enormes estructuras
turísticas dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del
espacio urbano… Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas
públicas que dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”,
analiza la economista del PACS.
Privatización
El gobierno de Rio de Janeiro ha
negado que la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las
dificultades financieras de deben a la crisis general y a la baja en el precio
del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron
financiadas con recursos de Asociación Público-Privadas (APP). Según lo datos
del municipio, sólo el 43% de los gastos provienen del presupuesto público,
mientras que el 57% viene de las APP.
Sin embargo, el PACS advierte
sobre esta cuestión. “Por medio de estas asociaciones público-privadas, el
Estado deja de arcar con todos los costos, pero también deja de recibir los
lucros, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”, explica la
institución en su revista Rio de Gastos.
A partir de estas APPs, el Estado
garantiza al capital privado ganancias por periodos de cinco a 35 años,
aseguradas por contrato. O sea, ademas de ser otra forma de privatización de
los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una
baja del gasto publico, comprometiéndolo a largo plazo.
Para Sandra Quintela, “los
gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un
papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación
inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado
habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en
último lugar”.
Violencia
Según los datos recogidos por el
PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de las Olimpíadas en Rio de
Janeiro. “Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región
del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el
samba… Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización
y APP. Con los mega eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la
definición de lo que es privado y lo que es público”, analizó Sandra.
El Comité Popular de las
Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia
policial contra la juventud negra de favelas. Un levantamiento realizado por
Justicia Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron
muertas por la Policía Militar de Rio de Janeiro en ocurrencias registradas
como “autos de resistencia” (lo que sería una legítima defensa del policía), lo
que significa un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.
“Es impresionante que, en una
ciudad extremadamente militarizada como es Rio, esa lógica se profundice en
nombre de los mega eventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar
al mundo que los morros [favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están
“pacificados”, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha
aumentado los gastos y el numero de policías militares.
El Ministerio de la Defensa
especificó que 18 mil militares serán colocados en las ciudades donde
ocurrieron los juegos de fútbol (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo
Horizonte), y Rio de Janeiro recibirá 20 mil hombres, siendo “aproximadamente
14 mil del Ejército Brasileño, 4 mil de la Marina y 2 mil de la Aeronáutica”.
Según los datos solicitados por
las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de
Seguridad de Rio de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos 4 mil equipamientos de
protección individual, 18 mil balas de goma, 9 mil balas fumígenas coloridas
(que sueltan pintura para marcar personas entre la multitud), 4.500 granada de
efecto moral, 4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de mil sprays de gas
pimienta.
jueves, 14 de julio de 2016
BBVA y Santander encabezan la lista de la banca armada española
Un nuevo informe sobre las
inversiones y préstamos de las empresas financieras a la industria
armamentística revela que 19 bancos y cajas de ahorro, 19 entidades de
inversión de capitales, 3 aseguradoras y 3 empresas públicas mantienen
inversiones en esta industria. BBVA y el Banco Santander encabezan este
listado.
La industria armamentística, en
un planeta repleto de conflictos bélicos, sigue siendo uno de los negocios más
rentables para los inversores. Ni los embargos o prohibiciones de ventas de
armas a los países en conflicto o donde no se respetan los derechos humanos han
conseguido disminuir este controvertido comercio. Según el instituto de
investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio
aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. Los fondos de inversión, que han
necesitado otros mercados donde invertir su capital tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, han encontrado en la industria armamentística uno de sus
principales nichos de mercado para invertir y prestar.
El nuevo informe “Los bancos que
invierten en armas” del Centre Delás desvela cuáles son las inversiones en la
industria armamentística, ya bien sea porque forman parte de su accionariado
mediante la compra de acciones o porque les prestan dinero de las empresas
financieras españolas y las extranjeras con actividad en el país.
El informe revela la financiación
de 34 empresas de armas. Destacan por su controversia las empresas fabricantes
de armas nucleares, con una presencia constante de los misiles nucleares
Trident, recientemente cuestionados en Reino Unido. Entre las empresas que
financian los bancos de este informe se encuentran algunas de las principales
compañías de armamento del mundo, como las norteamericanas Boeing, General
Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin, Northrop Grumman , Textron
y Raytheon, la italiana Finameccania, la británica BAE Systems, la europea
Airbus, las españolas Indra y Navantia, la coreana Poongsan y las francesas
Safran y Thales.
Entre las entidades que financian
la industria armamentística aparecen bancos comerciales y/o de inversión,
pequeñas entidades financieras que gestionan grandes patrimonios, empresas
aseguradoras e incluso entidades públicas, lo que muestra que las inversiones
en armas son una práctica ampliamente extendida en el sector financiero. Las
entidades financieras identificadas como Banca Armada en este informe han
dedicado 80.000 millones de euros a la financiación del sector armamentístico.
Los bancos, aseguradoras y
empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900
millones de euros al sector armamentístico; el resto de bancos, algunas de las
grandes corporaciones internacionales de la banca, han desviado hacia el sector
de las armas de racimo, nucleares y convencionales más de 71.000 millones de
euros.
BBVA y Banco Santander invierten
4.264 millones de euros
La banca armada española sigue
estando liderada por el BBVA y el Santander, que son las entidades financieras
que han dedicado en este último periodo, tal y como venía ocurriendo en el
pasado, más recursos a dar apoyo a las empresas de armas que todo el resto de
entidades financieras españolas, poniéndose a la altura de los mayores
inversores en la industria armamentística del mundo. Entre estos dos bancos
invierten 4.264 millones de euros en empresas armamentísticas, un 72% del total
invertido por las entidades financieras españolas. También destaca el papel de
Acciona, dedicada principalmente a actividades no financieras, pero que con 371
millones de euros se sitúa en el tercer lugar del nuevo ranking de la banca
armada española, aunque lejos de los 1.518 millones de la entidad que se
encuentra en el segundo lugar, el Banco Santander.
Fuente: El Salmón Contracorriente
También se invierte en armas con
nuestro dinero
No sólo los bancos comerciales o
gestoras de fondos invierten en el lucrativo negocio del armamento, varias
entidades públicas también invierten el dinero del contribuyente en esta
controvertida industria.
Es destacable el papel de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una empresa pública
que tiene una importante participación accionarial en Indra, tras haberla
adquirido de Bankia como medida de apoyo a este banco durante la crisis
económica que recientemente atravesó la entidad, y que además tiene el 100% de
la propiedad de la principal empresa de barcos de guerra española, Navantia.
SEPI es la cuarta entidad en el ranking de banca armada con más de 368 millones
de euros invertidos en empresas de armamento.
El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito completan
esta lista de inversiones en armamento por parte de organismos públicos con 48
millones por parte del ICO. El Fondo de Garantía no ha hecho pública su cifra.
Bankia, con una participación
accionarial por parte del Estado de más del 60% tras el rescate bancario,
también tiene invertidos más de 180 millones de euros, ocupando así el sexto
lugar de la clasificación.
Empresas controvertidas pero
rentables
Es importante también el rol de
importantes entidades financieras que tienen como clientes algunas de las
empresas españolas de armamento más controvertidas, como es el caso de Maxam.
La empresa de armamento afincada en Burgos, tiene una controvertida trayectoria
produciendo bombas y municiones que después fueron prohibidas por su gran
impacto humanitario o por suministrar material explosivo o de caza a lugares en
conflicto armado. Maxam ha recibido el favor de numerosos bancos españoles.
Banca March, Caixabank, Bankia, Banco Popular, Sabadell y Bankinter han
invertido o prestado a esta empresa. Además de estos bancos, el BBVA,
Santander, Sabadell, BMN, Caja Rural y Unicaja, e incluso del Instituto de
Crédito Oficial también han colaborado de algún modo con ella.
Fuente: El Salmón Contracorriente
Lesbia Yaneth, la última víctima de la persecución a los ambientalistas en Honduras
Lesbia Yaneth Urquía, así se
llama la activista ecologista que asesinaron este jueves pasado en Honduras. Un
caso más en el goteo incesante de víctimas de la represión, persecución y
asesinato de quienes lideran la oposición a proyectos que destruyen el entorno.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
ha sido de nuevo golpeado, porque Lesbia Yaneth también formaba parte de esta
organización. Al igual que Berta Cáceres, Nelson García y otros 4 compañeros
asesinados del COPINH, que
luchaban contra el proyecto de Agua Zarca, era una persona muy activa en la
lucha por la defensa del territorio indígena lenca frente a intereses
económicos nacionales y transnacionales.
En esta ocasión, el conflicto
surge a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Aurora en el río
Chinacla, en el municipio de San José (departamento de La Paz). El proyecto se
puso en marcha en el año 2010 y, en este caso, los responsables son el Estado
hondureño, a través de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la compañía
hondureña La Aurora, que es la concesionaria de la infraestructura. Por cierto,
este es otro ejemplo más de la fusión que existe entre la esfera política y el
poder económico, pues el dueño de La Aurora es el esposo de la vicepresidenta
del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional.
Irregularidades, impacto y
violencia asociada al proyecto
En este proyecto se da el mismo
patrón de irregularidades e impactos que en otros proyectos extractivos,
agroindustriales y de infraestructuras. Las denuncias que han realizado la
Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, el Movimiento Indígena
Independiente de La Paz (MILPA) y el COPINH, entre otros, señalan la obtención
de la licencia ambiental de forma ilegal y la ausencia de una consulta previa,
libre e informada, que debe efectuarse según el Convenio 169 de la OIT firmado
por el Estado hondureño. También documentan los impactos que, en la fase de
construcción, ha tenido el proyecto. Así, algunas mujeres de San José afirman
cómo, desde que comenzó la construcción de la central, el río que utilizaban
para obtener agua de beber, cultivar y limpiar “se ha ido secando y
ensuciando”. Las comunidades no tratan de descartar proyectos que promueven
fuentes de energía renovable, sino de poner en cuestión cómo se llevan a cabo y
a quién benefician: “No estamos en contra de la energía limpia, pero sí de la
forma en que ejecutan las cosas a espaldas del pueblo, que los millones que va
salir es para la empresa y nada para el pueblo”, dice una de las personas
afectadas.
Frente a ello, las organizaciones
han interpuesto denuncias, han exigido la celebración de la consulta previa, se
han concentrado frente a las municipalidades y han hecho marchas y bloqueos a
la entrada de la zona donde se está construyendo la obra. Con toda esta
actividad social se ha conseguido paralizar el proyecto. Si bien las obras ya
se han iniciado, no han tenido continuidad hasta la actualidad. Entre las personas
que consiguieron frenar la infraestructura estaba Lesbia Yaneth, una persona
muy activa en las movilizaciones y también muy señalada en el contexto de
violencia social y política que envuelve el control territorial que necesitan
estos proyectos. Las amenazas y la represión a líderes comunitarios que
rechazan la construcción de la central hidroeléctrica han sido continuas. “Ya
ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo
pase y se arrecie esa violencia”, decía Martín Gómez, miembro de MILPA, en
noviembre de 2014.
La lógica que sigue la
construcción de una hidroeléctrica, una mina, un monocultivo industrial se
repite en cada caso. Podríamos cambiar los nombres de la empresa, el lugar y
las víctimas de La Aurora y estaríamos hablando de los impactos y la violencia
en torno al proyecto de Agua Zarca y de los más de 20 proyectos hidroeléctricos
que se están construyendo en Honduras en territorio indígena de los pueblos
lencas, pech, tawahka, misquito, tolupán y garífuna. Como también de la
expansión de los monocultivos de palma aceitera en el Bajo Aguán, la mina de
GoldCorp en el Valle de Siria o la mina de El Tránsito en el departamento de El
Valle.
Las organizaciones sociales y
ecologistas ya lo apuntaban en el caso de Berta Cáceres, estamos hablando de
una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión: se necesita
una creciente violencia política ejercida contra la oposición social que
representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas
y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos
sociales, para asegurarse un control territorial que permita la acumulación de
riqueza a la elite política y económica, ya sea nacional o transnacional.
185 ambientalistas asesinados en
2015
A cuatro meses del asesinato de
Berta Cáceres, cuya repercusión fue muy amplia dado el reconocimiento
internacional de esta líder, se sigue reproduciendo la misma violencia
estructural. Esta vez ha sido otra mujer indígena y líder comunitaria, cuya
muerte se produce en pleno proceso de “consulta”, que el gobierno hondureño
está realizando para la aprobación de una ley que permita desarrollar la
consulta previa, libre e informada según la normativa internacional. Y no se
limita al interior de las fronteras hondureñas, pues responde a la dinámica
impuesta por el capitalismo global para garantizar crecientes beneficios que se
acumulan por parte de una minoría.
En Filipinas, hace pocos días,
fue asesinada una ambientalista que luchaba para frenar la extracción de carbón
en su comunidad. Era Gloria Capitan, del Philippine Movement for Climate
Justice. Las amenazas sobre quienes defienden formas de vida que chocan con los
intereses económicos de grandes empresas se reproducen a nivel global. Por ejemplo,
un informe elaborado por ARTICLE 19, documenta la violación de los derechos
humanos de activistas y periodistas que defienden el medio ambiente en Europa y
Asia Central. Plantea como prácticas sistemáticas la vigilancia, el
hostigamiento, la restricción injustificada de la libertad de expresión,
asociación y manifestación.
La publicación En terreno
peligroso, que Global Witness dio a conocer el pasado junio alertaba sobre el
fuerte incremento de asesinatos sobre defensores y defensoras del medio ambiente.
Han sido 185 casos en los que se ha matado a una persona por defender la vida
de su territorio, un 60% más que en el año 2014. Los países que han concentrado
un mayor número de ataques han sido Brasil, Filipinas y Colombia. Las causas de
su muerte se han ido citando en este artículo; proyectos mineros,
agroindustriales, hidroeléctricos…
Frenar la impunidad
El informe también hace alusión a
otra de las características específicas de estos ataques, y es la impunidad. En
la mayoría de los casos, los autores no asumen ninguna responsabilidad y los
proyectos que han originado el contexto de violencia continúan provocando
impactos sobre el entorno natural y humano. De esta manera, las comunidades
afectadas, las organizaciones y movimientos sociales, así como las redes de
solidaridad internacional afrontan una doble lucha: frenar la violación de
derechos humanos por parte del Estado y las grandes empresas y, por otro lado,
poner fin a la impunidad.
Ambas metas han guiado la
actividad del COPINH para hacer justicia ante el asesinato de Berta Cáceres.
Han promovido una misión internacional a Honduras y una campaña de
sensibilización e incidencia política que se ha desarrollado en varios países
europeos. El resultado ha sido la retirada de parte de los capitales europeos
del proyecto de Agua Zarca y la detención de cuatro sospechosos del asesinato
que tenían vínculos con la empresa constructora, el ejército y la policía. Pero
no se ha esclarecido quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres ni se ha
revertido el proyecto hidroeléctrico. Ahora, el nombre de Lesbia Yaneth, el de
Gloria Capitan y de otras tantas víctimas del actual sistema económico, se suma
a las reivindicaciones de justicia. La organización, la denuncia y la
movilización de las comunidades y las organizaciones sociales es imparable y
seguirá adelante hasta que se ponga fin a los proyectos e intereses económicos
que destruyen la vida.
lunes, 11 de julio de 2016
Al IBEX 35 le van los tribunales
Repsol, Gas Natural, Telefónica,
Iberdrola y Abertis son algunas de las multinacionales españolas que han
demandado a Estados ante el CIADI, el mecanismo de resolución, del Banco
Mundial, con mayor relevancia en la actualidad.
Empresas que demandan a Estados
ante tribunales internacionales de arbitraje. Gobiernos que protegen los
negocios de las grandes corporaciones mediante tratados de “libre comercio”.
Miles de normas y reglas sobre comercio e inversiones que blindan los contratos
de las multinacionales. ¿Hablamos del TTIP, el Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversión que hoy negocian la Unión Europea y Estados Unidos? Claro
que sí, hablamos de ese acuerdo comercial con el que las empresas
transnacionales pretenden asegurar sus ganancias ante un futuro marcado por la
continuidad de la crisis —que no es solo económica, sino que tiene un carácter
multidimensional y puede decirse que es ya una crisis civilizatoria— y
posibles cambios gubernamentales, en lo que es el penúltimo ejemplo de cómo los
intereses privados de la clase político-empresarial que nos gobierna se sitúan
por encima de los derechos de las mayorías sociales y del sistema internacional
de los derechos humanos.
Pero hablamos, también, de los
más de 3.000 tratados de este tipo aprobados en todo el planeta en las últimas
décadas, así como de todas las políticas de ajuste promovidas por el FMI, los
préstamos condicionados otorgados por el Banco Mundial y las disposiciones
impulsadas por la Organización Mundial del Comercio. Hablamos, al fin y al
cabo, de la fortaleza de la lex mercatoria, ese nuevo Derecho Corporativo Global con el
que se brinda seguridad jurídica a las operaciones de las grandes
corporaciones, al mismo tiempo que se dejan sus obligaciones sociales,
laborales y ambientales en manos de la buena voluntad empresarial y la “ética
de los negocios”.
La existencia de tribunales
arbitrales internacionales es, sin duda, uno de los aspectos más destacables de
la lex mercatoria. Y es que estos tribunales, caracterizados por la
efectividad y dureza de sus laudos, juegan un papel fundamental en la
arquitectura jurídica de la impunidad: su función es dotar de plena seguridad a
las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados
receptores. Para ello, en los tratados comerciales y en los acuerdos de
promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la
obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los
inversores extranjeros. Es el mecanismo de resolución de disputas
inversor-Estado, conocido también como ISDS (por sus siglas en inglés), que tan
nombrado ha sido a raíz de las protestas y movilizaciones sociales que se han
venido dando por toda Europa en contra del TTIP.
La Corte Permanente de Arbitraje
con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de
Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial… Todos estos tribunales
privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial,
favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales
nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38
disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos.
Y el Estado español, ¿qué pinta
en todo esto? Pues el caso es que, como hemos analizado en el reciente informe Justicia
privatizada, las empresas españolas ocupan el quinto lugar en el ranking de
las multinacionales que más demandas han interpuesto ante el CIADI, el tribunal
de arbitraje con mayor relevancia en la actualidad. Y, a la vez, España es el
tercer país del mundo con más demandas de arbitraje en su contra ante ese mismo
tribunal.
Por un lado, han sido treinta las
veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI. En el 90% de
los casos, estas demandas se han dirigido contra países de América Latina
—principalmente, Argentina, Venezuela, México y Ecuador—, la región donde
“nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Hablamos de
compañías como Repsol, que en 2012 presentó una solicitud de arbitraje ante el
CIADI contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina
Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. O de Abengoa, que
fue indemnizada con 31,1 millones de euros por México después de que el CIADI
dictara un laudo a su favor tras la paralización —motivada por un fuerte
proceso de movilización social en su contra— de una planta de gestión de
residuos industriales peligrosos en el Estado de Hidalgo, en una zona que fue
declarada área protegida por la UNESCO. Y también de Gas Natural Fenosa, Aguas
de Barcelona, Telefónica, Iberdrola y Abertis, todas ellas en la lista de
multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han
presentado demandas de arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial.
Por otro lado, al mismo tiempo,
España ha pasado a ocupar el tercer lugar del ranking de países más
demandados ante el CIADI. La mayoría de estas reclamaciones han sido
interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han
interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del
Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los
sucesivos gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector
de las energías renovables. Así, un conglomerado de multinacionales de la
energía, entidades financieras y fondos privados de inversión hicieron
inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando
obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y,
cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos
que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante. Este
es un caso paradigmático de lo que podría ocurrir si hubiera gobiernos que
trataran de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de las grandes
transnacionales, ya que probablemente se encontrarían con un listado de
contenciosos de arbitraje internacionales impulsados por estas compañías.
Aunque, eso sí, en este caso se ha tratado de medidas gubernamentales que no
han sido dirigidas a favorecer a las mayorías sociales, precisamente, sino más
bien al oligopolio eléctrico.
Con el caso de las demandas de
las grandes corporaciones energéticas, las sociedades de inversión y los fondos
de capital-riesgo, se evidencia la asimetría sobre la que se fundamenta la lex
mercatoria: solo las empresas transnacionales extranjeras pueden llevar a un
Estado, como en este caso al español, ante los tribunales internacionales de
arbitraje, mientras los pequeños productores y las pymes locales únicamente
pueden recurrir ante los tribunales nacionales. Estos últimos, además, son los
mayores perjudicados con una nueva regulación que, sin el apoyo económico y las
subvenciones públicas, les deja en una posición complicada para acometer las
inversiones necesarias para apostar por la transición energética. Al final, se
trata de una normativa que, una vez más, a quien beneficia es a las grandes
eléctricas de matriz española, que aseguran su cuota de mercado y protegen sus
intereses desde la legislación nacional e internacional.
Se da la circunstancia de que
también algunas de las multinacionales españolas de la energía han utilizado
los mecanismos del Derecho Corporativo Global para defender sus lucrativos
negocios privados… en España: Isolux y Abengoa, por ejemplo, han interpuesto
demandas contra el Estado español ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Estocolmo, formalmente a través de sus filiales en los Países
Bajos. Es decir, se han beneficiado de la constitución de un entramado
societario que incluye múltiples filiales en diferentes territorios —de hecho,
muchos de los fondos de inversión que han interpuesto demandas contra el Estado
español ante el CIADI tienen su sede en países con una baja tributación fiscal
como los Países Bajos o Luxemburgo— para ir actuando con una u otra según sus
propios intereses en cada momento. En todo caso, quien fundamentalmente va a
asumir el coste del proceso de arbitraje, ya sea porque resulte condenado a indemnizar
a la multinacional de turno o bien por todo el tiempo y los recursos que habrá
tenido que destinar al procedimiento, es el propio Estado demandado.
Ante este panorama, ¿existen
alternativas para enfrentar esta arquitectura jurídica de la impunidad que
se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre
comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje? Teniendo presente
que este escenario va a requerir de un fuerte apoyo popular y movilización
social para resistir a las presiones del poder corporativo, claro que se pueden
plantear propuestas alternativas. Como, entre otras, las siguientes: denunciar
los tratados comerciales cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún
tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos
humanos; abandonar el CIADI, cosa que ya han hecho países como Bolivia, Ecuador
y Venezuela; restablecer la competencia territorial de los tribunales
nacionales; crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos,
que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la
vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una
instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las
violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos,
culturales y medioambientales.