Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

viernes, 29 de julio de 2016

La ley “Bertha Cáceres”, camino a la Unión Europea

Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.

El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como autores no visibles del mismo.

Los familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.

El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.

La aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.

Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos político.

En este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona sin estructura operativa y presupuesto.

El presidente Hernández denunció en Washington que organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores, con lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de derechos humanos internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde se involucra a militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones de dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el vínculo también existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de empleos productivos siendo una de las intervenciones importantes la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.

La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU,  ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma efectiva a los defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al cesto de la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y más bien se fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de justicia.

Las alarmas también se han prendido en los países que conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover la gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla  de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos, logros sustanciales en materia de reducción de la corrupción e impunidad y juzgamiento de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un proceso de depuración acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.

Tegucigalpa, 19 de julio de 2016

http://www.alainet.org/es/articulo/178906

miércoles, 20 de julio de 2016

Nicaragua celebra el 37 aniversario de la Revolución Sandinista

Los nicaragüenses celebran el derrocamiento de la dictadura de los Somoza, que abrió una etapa de cambios profundos en Nicaragua y Latinoamérica.
Miles de nicaragüenses celebraron este martes en Managua el 37 aniversario de la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de Somoza en Nicaragua.
El festejo se realizó junto al mandatario Daniel Ortega, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, e invitados internacionales como los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
En su intervención Sánchez Cerén aseguró que el triunfo de la Revolución Sandinista hace 37 años ayudó a la liberación de toda América Latina. “Conmemoramos una gesta heroica, un ejemplo de dignidad, qe abrió una nueva era de justicia y libertad”, expresó.
Los nicaragüenses llegaron a Managua en autobuses, camiones, camionetas, vehículos y motocicletas para participar de esta celebración que recuerda la lucha contra la dictadura somocista (1937-1979).
Pantallas gigantes, banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y azul y blanca del pabellón nacional, junto con los lumínicos Arboles de la Vida sobresalen en el paisaje de la ciudad.
El 19 de julio de 1979 el FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último de esa familia que ocupó el poder, y desde entonces emprendió una serie de cambios trascendentales en el país, como una campaña de alfabetización y una reforma agraria, entre otras acciones revolucionarias.
Sin embargo, el FSLN perdió en las elecciones en 1990 ante una coalición que reunió a todas las fuerzas políticas opositoras.
Diecisiete años después, por la vía de las urnas, el Frente retornó al gobierno para iniciar una segunda etapa que muestra cambios sustanciales en todos los órdenes, aplaudidos y reconocidos por diversos países y organismos internacionales.
Actualmente, Nicaragua es considerado uno de los países más estables y seguros de la región, al tiempo que está en condiciones de despuntar como una de las economías más importantes de Centroamérica.
Telesur

"ASFIXIA" DE LOS ARGENTINOS POR EL INCREMENTO DEL 400% EN LAS TARIFAS DE LA LUZ Y EL GAS

Llamar tarifazo al escandaloso incremento de las tarifas de luz, gas y agua corriente que autorizó el presidente Mauricio Macri a lo largo y ancho de Argentina es insuficiente. Es un “enorme tarifazo” con consecuencias nefastas en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas

El aumentativo no alcanza. Llamar tarifazo al escandaloso incremento de las tarifas de luz, gas y agua corriente que autorizó el presidente Mauricio Macri a lo largo y ancho de Argentina es insuficiente. Es un “enorme tarifazo” con consecuencias nefastas en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas.


    Los comercios, las pequeñas empresas, las universidades, los clubes se enfrentan a la misma disyuntiva: qué gastos recortar para poder pagar esas cuentas sin despedir personal o cerrar las puertas.


    Hay una franja de la población más afectada, la que vive en la Patagonia donde las temperaturas bajo cero obligan a mantener encendida durante meses la calefacción. La región consume el 23% del total de gas, a pesar de reunir apenas un 7% de los hogares del país. El consumo elevado también está asociado a la intensa actividad turística en temporada de nieve.


    En la Patagonia, los aumentos para los domicilios particulares fueron en promedio de 700% y para los comercios y la industria de 1.300%. La reacción de la población fue inmediata en las principales ciudades del sur argentino. Allí, gracias a una seguidilla de presentaciones judiciales, se logró frenar el tarifazo. Luego y a medida que llegaron las boletas con los aumentos se sumaron a la protesta los otros distritos.


    El descontento alcanzó tal magnitud que el Gobierno tuvo que retroceder y puso de tope un 400% de incremento. La cifra no deja de ser escalofriante, además porque los servicios que antes se pagaban cada 2 meses, ahora vencen mensualmente. Incluso para afrontarlos se permite pagar en cuotas.



     El tarifazo es la consecuencia directa de la quita abrupta de los subsidios que se mantuvieron durante los tres períodos presidenciales kirchneristas como un aporte indirecto del Estado a la economía. A pesar de que muchos consideran que el aumento es para reducir la carga fiscal, se trata de una transferencia del dinero de los consumidores a las petroleras que se quedarán con las tres cuartas partes del dinero, alrededor de $ 4.000 millones.



    Desde el Gobierno aseguran que esa inyección de fondos derivará en inversiones que beneficiarán a la Patagonia, que es la principal zona petrolera del país. Sin embargo, hasta ahora, nada de eso ocurrió, más bien la explotación está detenida y hay amenazas de despido y recortes de salario en las plantas productoras.



     La Patagonia, por ser zona desfavorable por las bajas temperaturas, tenía los subsidios más altos y, por eso, es la más perjudicada. Bariloche, el segundo centro de esquí más importante del mundo, fue la ciudad que primero se organizó contra el tarifazo. Se juntaron 30.000 firmas para detener el tarifazo en tiempo récord y se logró frenar los aumentos. Más tarde se sumó Chubut y Santa Cruz, y hoy el tarifazo quedó suspenso en el país hasta tanto se expida la Corte Suprema.



   “Bariloche está a oscuras”, le dijo a El Telégrafo Coral Martinsen, una joven argentina que vive en esa ciudad y trabaja en el Cerro Catedral, al ser consultada sobre el aumento de la luz y el gas. Es que en esa localidad turística, la más visitada del sur argentino, la semana pasada llegó la nieve y se fue la luz. La ciudad quedó a oscuras durante tres días por una falla en una línea de media tensión, justo cuando la ocupación hotelera roza el 60%, ya que es visitada por miles de turistas, sobre todo de Brasil y Chile.


     El corte afectó el Centro de Esquí Catedral Alta Patagonia que tuvo que recurrir a sus grupos electrógenos para que funcionen los medios de elevación en las pistas. Parece una broma, pero no es. Al tarifazo se le sumó un corte del suministro que significará más pérdidas económicas para los comerciantes y las empresas que brindan servicios al turismo. En invierno en la Cordillera de los Andes hay pocas horas de luz natural.

  
  En esta época del año, alrededor de las 19:00 ya es de noche y las zonas boscosas o en pendiente se tornan intransitables. “Estamos cuidando el gas y la luz de las velas”, resumió Ana Woelflin, quien definió el efecto del tarifazo en Bariloche como “un caos” porque “muchos hoteles tenían que cerrar si no se lograba frenar el aumento”.


   Además, explicó, “como aumentó la demanda, el precio de la leña se fue por las nubes”. Ese malestar que comenzó en Bariloche se trasladó al resto del país y derivó el jueves pasado en la primera protesta en contra de Macri, apenas a 7 meses de asumir la presidencia. Bocinas, bombos, silbatos, latas, gritos, todo vino bien para protestar en cruces de avenidas y plazas a pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia.


    En las redes sociales la bautizaron como “ruidazo” a la convocatoria que también movilizó a votantes del macrismo que no pueden pagar los aumentos. También por primera vez, la oposición votó unida en el Senado contra una medida del Gobierno. El Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Peronismo Federal y el resto de los senadores opositores dejaron en soledad a Cambiemos, la única fuerza que defendió los aumentos de gas. Por 42 votos contra 13 se aprobaron sobre tablas cuatro proyectos que reclaman suspender la suba.

  
  Una encuesta difundida el pasado fin de semana reveló que el 70,7% de los usuarios cambió de hábitos para bajar el consumo, mientras que el 81,3% opinó que si fuera presidente hubiera realizado el ajuste de manera gradual.

Canarias Semanal

30 días para las Olimpiadas: deudas y violencia contra la población en Brasil

Desde la realización de los Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y colectivos organizados contra los impactos de los mega eventos deportivos han denunciado el aumento de la violencia contra la población – con desalojos y crecimiento de la militarización en las favelas – y la falta de transparencia en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios básicos.

“Nosotras no somos contra los Juegos Olímpicos. Somos contra la forma como esos mega eventos llegan a las ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.

En este sentido, el episodio más reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado por el presidente interino Michel Temer el último miércoles (29), destinado a la Seguridad Pública de los Juegos Olímpicos Rio 2016, que comienzan el próximo 5 de agosto.

El estado de Rio de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica, y esa medida, de carácter provisorio, fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el “estado de calamidad pública” por falencias financieras.

A un mes del comienzo de los juegos, el panorama urbano de Rio presenta varias contradicciones. A pesar de la crisis dificultar, por ejemplo, el pago de los salarios de funcionarios públicos y demandar ajustes en los gastos de educación y salud, los gastos con el mega evento olímpico alcanza los 11 mil millones de dólares, 3 mil millones más de lo previsto cuando Brasil se puso como candidata a sede.
En entrevista a Brasil de Fato, Sandra afirmó que Rio de Janeiro adoptó el “modelo de ciudad mercancía, una ciudad para ser vendida a los mega emprendimientos”. “Las enormes estructuras turísticas dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del espacio urbano… Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas públicas que dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”, analiza la economista del PACS.

Privatización
El gobierno de Rio de Janeiro ha negado que la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las dificultades financieras de deben a la crisis general y a la baja en el precio del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron financiadas con recursos de Asociación Público-Privadas (APP). Según lo datos del municipio, sólo el 43% de los gastos provienen del presupuesto público, mientras que el 57% viene de las APP.

Sin embargo, el PACS advierte sobre esta cuestión. “Por medio de estas asociaciones público-privadas, el Estado deja de arcar con todos los costos, pero también deja de recibir los lucros, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”, explica la institución en su revista Rio de Gastos.
A partir de estas APPs, el Estado garantiza al capital privado ganancias por periodos de cinco a 35 años, aseguradas por contrato. O sea, ademas de ser otra forma de privatización de los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una baja del gasto publico, comprometiéndolo a largo plazo.

Para Sandra Quintela, “los gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en último lugar”.

Violencia
Según los datos recogidos por el PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de las Olimpíadas en Rio de Janeiro. “Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el samba… Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización y APP. Con los mega eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la definición de lo que es privado y lo que es público”, analizó Sandra.
El Comité Popular de las Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia policial contra la juventud negra de favelas. Un levantamiento realizado por Justicia Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron muertas por la Policía Militar de Rio de Janeiro en ocurrencias registradas como “autos de resistencia” (lo que sería una legítima defensa del policía), lo que significa un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.

“Es impresionante que, en una ciudad extremadamente militarizada como es Rio, esa lógica se profundice en nombre de los mega eventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar al mundo que los morros [favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están “pacificados”, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha aumentado los gastos y el numero de policías militares.

El Ministerio de la Defensa especificó que 18 mil militares serán colocados en las ciudades donde ocurrieron los juegos de fútbol (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo Horizonte), y Rio de Janeiro recibirá 20 mil hombres, siendo “aproximadamente 14 mil del Ejército Brasileño, 4 mil de la Marina y 2 mil de la Aeronáutica”.


Según los datos solicitados por las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de Seguridad de Rio de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos 4 mil equipamientos de protección individual, 18 mil balas de goma, 9 mil balas fumígenas coloridas (que sueltan pintura para marcar personas entre la multitud), 4.500 granada de efecto moral, 4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de mil sprays de gas pimienta.

jueves, 14 de julio de 2016

BBVA y Santander encabezan la lista de la banca armada española

Un nuevo informe sobre las inversiones y préstamos de las empresas financieras a la industria armamentística revela que 19 bancos y cajas de ahorro, 19 entidades de inversión de capitales, 3 aseguradoras y 3 empresas públicas mantienen inversiones en esta industria. BBVA y el Banco Santander encabezan este listado.

La industria armamentística, en un planeta repleto de conflictos bélicos, sigue siendo uno de los negocios más rentables para los inversores. Ni los embargos o prohibiciones de ventas de armas a los países en conflicto o donde no se respetan los derechos humanos han conseguido disminuir este controvertido comercio. Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. Los fondos de inversión, que han necesitado otros mercados donde invertir su capital tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han encontrado en la industria armamentística uno de sus principales nichos de mercado para invertir y prestar.

El nuevo informe “Los bancos que invierten en armas” del Centre Delás desvela cuáles son las inversiones en la industria armamentística, ya bien sea porque forman parte de su accionariado mediante la compra de acciones o porque les prestan dinero de las empresas financieras españolas y las extranjeras con actividad en el país.

El informe revela la financiación de 34 empresas de armas. Destacan por su controversia las empresas fabricantes de armas nucleares, con una presencia constante de los misiles nucleares Trident, recientemente cuestionados en Reino Unido. Entre las empresas que financian los bancos de este informe se encuentran algunas de las principales compañías de armamento del mundo, como las norteamericanas Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin, Northrop Grumman , Textron y Raytheon, la italiana Finameccania, la británica BAE Systems, la europea Airbus, las españolas Indra y Navantia, la coreana Poongsan y las francesas Safran y Thales.

Entre las entidades que financian la industria armamentística aparecen bancos comerciales y/o de inversión, pequeñas entidades financieras que gestionan grandes patrimonios, empresas aseguradoras e incluso entidades públicas, lo que muestra que las inversiones en armas son una práctica ampliamente extendida en el sector financiero. Las entidades financieras identificadas como Banca Armada en este informe han dedicado 80.000 millones de euros a la financiación del sector armamentístico.

Los bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector armamentístico; el resto de bancos, algunas de las grandes corporaciones internacionales de la banca, han desviado hacia el sector de las armas de racimo, nucleares y convencionales más de 71.000 millones de euros.

BBVA y Banco Santander invierten 4.264 millones de euros
La banca armada española sigue estando liderada por el BBVA y el Santander, que son las entidades financieras que han dedicado en este último periodo, tal y como venía ocurriendo en el pasado, más recursos a dar apoyo a las empresas de armas que todo el resto de entidades financieras españolas, poniéndose a la altura de los mayores inversores en la industria armamentística del mundo. Entre estos dos bancos invierten 4.264 millones de euros en empresas armamentísticas, un 72% del total invertido por las entidades financieras españolas. También destaca el papel de Acciona, dedicada principalmente a actividades no financieras, pero que con 371 millones de euros se sitúa en el tercer lugar del nuevo ranking de la banca armada española, aunque lejos de los 1.518 millones de la entidad que se encuentra en el segundo lugar, el Banco Santander.



También se invierte en armas con nuestro dinero
No sólo los bancos comerciales o gestoras de fondos invierten en el lucrativo negocio del armamento, varias entidades públicas también invierten el dinero del contribuyente en esta controvertida industria.

Es destacable el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una empresa pública que tiene una importante participación accionarial en Indra, tras haberla adquirido de Bankia como medida de apoyo a este banco durante la crisis económica que recientemente atravesó la entidad, y que además tiene el 100% de la propiedad de la principal empresa de barcos de guerra española, Navantia. SEPI es la cuarta entidad en el ranking de banca armada con más de 368 millones de euros invertidos en empresas de armamento.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito completan esta lista de inversiones en armamento por parte de organismos públicos con 48 millones por parte del ICO. El Fondo de Garantía no ha hecho pública su cifra.

Bankia, con una participación accionarial por parte del Estado de más del 60% tras el rescate bancario, también tiene invertidos más de 180 millones de euros, ocupando así el sexto lugar de la clasificación.

Empresas controvertidas pero rentables

Es importante también el rol de importantes entidades financieras que tienen como clientes algunas de las empresas españolas de armamento más controvertidas, como es el caso de Maxam. La empresa de armamento afincada en Burgos, tiene una controvertida trayectoria produciendo bombas y municiones que después fueron prohibidas por su gran impacto humanitario o por suministrar material explosivo o de caza a lugares en conflicto armado. Maxam ha recibido el favor de numerosos bancos españoles. Banca March, Caixabank, Bankia, Banco Popular, Sabadell y Bankinter han invertido o prestado a esta empresa. Además de estos bancos, el BBVA, Santander, Sabadell, BMN, Caja Rural y Unicaja, e incluso del Instituto de Crédito Oficial también han colaborado de algún modo con ella.

Fuente: El Salmón Contracorriente

Lesbia Yaneth, la última víctima de la persecución a los ambientalistas en Honduras

Lesbia Yaneth Urquía, así se llama la activista ecologista que asesinaron este jueves pasado en Honduras. Un caso más en el goteo incesante de víctimas de la represión, persecución y asesinato de quienes lideran la oposición a proyectos que destruyen el entorno. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha sido de nuevo golpeado, porque Lesbia Yaneth también formaba parte de esta organización. Al igual que Berta Cáceres, Nelson García y otros 4 compañeros asesinados del COPINH, que luchaban contra el proyecto de Agua Zarca, era una persona muy activa en la lucha por la defensa del territorio indígena lenca frente a intereses económicos nacionales y transnacionales.

En esta ocasión, el conflicto surge a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Aurora en el río Chinacla, en el municipio de San José (departamento de La Paz). El proyecto se puso en marcha en el año 2010 y, en este caso, los responsables son el Estado hondureño, a través de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la compañía hondureña La Aurora, que es la concesionaria de la infraestructura. Por cierto, este es otro ejemplo más de la fusión que existe entre la esfera política y el poder económico, pues el dueño de La Aurora es el esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional.

Irregularidades, impacto y violencia asociada al proyecto
En este proyecto se da el mismo patrón de irregularidades e impactos que en otros proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructuras. Las denuncias que han realizado la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, el Movimiento Indígena Independiente de La Paz (MILPA) y el COPINH, entre otros, señalan la obtención de la licencia ambiental de forma ilegal y la ausencia de una consulta previa, libre e informada, que debe efectuarse según el Convenio 169 de la OIT firmado por el Estado hondureño. También documentan los impactos que, en la fase de construcción, ha tenido el proyecto. Así, algunas mujeres de San José afirman cómo, desde que comenzó la construcción de la central, el río que utilizaban para obtener agua de beber, cultivar y limpiar “se ha ido secando y ensuciando”. Las comunidades no tratan de descartar proyectos que promueven fuentes de energía renovable, sino de poner en cuestión cómo se llevan a cabo y a quién benefician: “No estamos en contra de la energía limpia, pero sí de la forma en que ejecutan las cosas a espaldas del pueblo, que los millones que va salir es para la empresa y nada para el pueblo”, dice una de las personas afectadas.

Frente a ello, las organizaciones han interpuesto denuncias, han exigido la celebración de la consulta previa, se han concentrado frente a las municipalidades y han hecho marchas y bloqueos a la entrada de la zona donde se está construyendo la obra. Con toda esta actividad social se ha conseguido paralizar el proyecto. Si bien las obras ya se han iniciado, no han tenido continuidad hasta la actualidad. Entre las personas que consiguieron frenar la infraestructura estaba Lesbia Yaneth, una persona muy activa en las movilizaciones y también muy señalada en el contexto de violencia social y política que envuelve el control territorial que necesitan estos proyectos. Las amenazas y la represión a líderes comunitarios que rechazan la construcción de la central hidroeléctrica han sido continuas. “Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, decía Martín Gómez, miembro de MILPA, en noviembre de 2014.

La lógica que sigue la construcción de una hidroeléctrica, una mina, un monocultivo industrial se repite en cada caso. Podríamos cambiar los nombres de la empresa, el lugar y las víctimas de La Aurora y estaríamos hablando de los impactos y la violencia en torno al proyecto de Agua Zarca y de los más de 20 proyectos hidroeléctricos que se están construyendo en Honduras en territorio indígena de los pueblos lencas, pech, tawahka, misquito, tolupán y garífuna. Como también de la expansión de los monocultivos de palma aceitera en el Bajo Aguán, la mina de GoldCorp en el Valle de Siria o la mina de El Tránsito en el departamento de El Valle.

Las organizaciones sociales y ecologistas ya lo apuntaban en el caso de Berta Cáceres, estamos hablando de una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión: se necesita una creciente violencia política ejercida contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos sociales, para asegurarse un control territorial que permita la acumulación de riqueza a la elite política y económica, ya sea nacional o transnacional.

185 ambientalistas asesinados en 2015
A cuatro meses del asesinato de Berta Cáceres, cuya repercusión fue muy amplia dado el reconocimiento internacional de esta líder, se sigue reproduciendo la misma violencia estructural. Esta vez ha sido otra mujer indígena y líder comunitaria, cuya muerte se produce en pleno proceso de “consulta”, que el gobierno hondureño está realizando para la aprobación de una ley que permita desarrollar la consulta previa, libre e informada según la normativa internacional. Y no se limita al interior de las fronteras hondureñas, pues responde a la dinámica impuesta por el capitalismo global para garantizar crecientes beneficios que se acumulan por parte de una minoría.

En Filipinas, hace pocos días, fue asesinada una ambientalista que luchaba para frenar la extracción de carbón en su comunidad. Era Gloria Capitan, del Philippine Movement for Climate Justice. Las amenazas sobre quienes defienden formas de vida que chocan con los intereses económicos de grandes empresas se reproducen a nivel global. Por ejemplo, un informe elaborado por ARTICLE 19, documenta la violación de los derechos humanos de activistas y periodistas que defienden el medio ambiente en Europa y Asia Central. Plantea como prácticas sistemáticas la vigilancia, el hostigamiento, la restricción injustificada de la libertad de expresión, asociación y manifestación.

La publicación En terreno peligroso, que Global Witness dio a conocer el pasado junio alertaba sobre el fuerte incremento de asesinatos sobre defensores y defensoras del medio ambiente. Han sido 185 casos en los que se ha matado a una persona por defender la vida de su territorio, un 60% más que en el año 2014. Los países que han concentrado un mayor número de ataques han sido Brasil, Filipinas y Colombia. Las causas de su muerte se han ido citando en este artículo; proyectos mineros, agroindustriales, hidroeléctricos…

Frenar la impunidad
El informe también hace alusión a otra de las características específicas de estos ataques, y es la impunidad. En la mayoría de los casos, los autores no asumen ninguna responsabilidad y los proyectos que han originado el contexto de violencia continúan provocando impactos sobre el entorno natural y humano. De esta manera, las comunidades afectadas, las organizaciones y movimientos sociales, así como las redes de solidaridad internacional afrontan una doble lucha: frenar la violación de derechos humanos por parte del Estado y las grandes empresas y, por otro lado, poner fin a la impunidad.


Ambas metas han guiado la actividad del COPINH para hacer justicia ante el asesinato de Berta Cáceres. Han promovido una misión internacional a Honduras y una campaña de sensibilización e incidencia política que se ha desarrollado en varios países europeos. El resultado ha sido la retirada de parte de los capitales europeos del proyecto de Agua Zarca y la detención de cuatro sospechosos del asesinato que tenían vínculos con la empresa constructora, el ejército y la policía. Pero no se ha esclarecido quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres ni se ha revertido el proyecto hidroeléctrico. Ahora, el nombre de Lesbia Yaneth, el de Gloria Capitan y de otras tantas víctimas del actual sistema económico, se suma a las reivindicaciones de justicia. La organización, la denuncia y la movilización de las comunidades y las organizaciones sociales es imparable y seguirá adelante hasta que se ponga fin a los proyectos e intereses económicos que destruyen la vida.

lunes, 11 de julio de 2016

Al IBEX 35 le van los tribunales

Repsol, Gas Natural, Telefónica, Iberdrola y Abertis son algunas de las multinacionales españolas que han demandado a Estados ante el CIADI, el mecanismo de resolución, del Banco Mundial, con mayor relevancia en la actualidad.

Empresas que demandan a Estados ante tribunales internacionales de arbitraje. Gobiernos que protegen los negocios de las grandes corporaciones mediante tratados de “libre comercio”. Miles de normas y reglas sobre comercio e inversiones que blindan los contratos de las multinacionales. ¿Hablamos del TTIP, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que hoy negocian la Unión Europea y Estados Unidos? Claro que sí, hablamos de ese acuerdo comercial con el que las empresas transnacionales pretenden asegurar sus ganancias ante un futuro marcado por la continuidad de la crisis —que no es solo económica, sino que tiene un carácter multidimensional y puede decirse que es ya una crisis civilizatoria— y posibles cambios gubernamentales, en lo que es el penúltimo ejemplo de cómo los intereses privados de la clase político-empresarial que nos gobierna se sitúan por encima de los derechos de las mayorías sociales y del sistema internacional de los derechos humanos.

Pero hablamos, también, de los más de 3.000 tratados de este tipo aprobados en todo el planeta en las últimas décadas, así como de todas las políticas de ajuste promovidas por el FMI, los préstamos condicionados otorgados por el Banco Mundial y las disposiciones impulsadas por la Organización Mundial del Comercio. Hablamos, al fin y al cabo, de la fortaleza de la lex mercatoria, ese nuevo Derecho Corporativo Global con el que se brinda seguridad jurídica a las operaciones de las grandes corporaciones, al mismo tiempo que se dejan sus obligaciones sociales, laborales y ambientales en manos de la buena voluntad empresarial y la “ética de los negocios”.

La existencia de tribunales arbitrales internacionales es, sin duda, uno de los aspectos más destacables de la lex mercatoria. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad y dureza de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: su función es dotar de plena seguridad a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores. Para ello, en los tratados comerciales y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros. Es el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado, conocido también como ISDS (por sus siglas en inglés), que tan nombrado ha sido a raíz de las protestas y movilizaciones sociales que se han venido dando por toda Europa en contra del TTIP.
La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial… Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos.

Y el Estado español, ¿qué pinta en todo esto? Pues el caso es que, como hemos analizado en el reciente informe Justicia privatizada, las empresas españolas ocupan el quinto lugar en el ranking de las multinacionales que más demandas han interpuesto ante el CIADI, el tribunal de arbitraje con mayor relevancia en la actualidad. Y, a la vez, España es el tercer país del mundo con más demandas de arbitraje en su contra ante ese mismo tribunal.

Por un lado, han sido treinta las veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI. En el 90% de los casos, estas demandas se han dirigido contra países de América Latina —principalmente, Argentina, Venezuela, México y Ecuador—, la región donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Hablamos de compañías como Repsol, que en 2012 presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. O de Abengoa, que fue indemnizada con 31,1 millones de euros por México después de que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización —motivada por un fuerte proceso de movilización social en su contra— de una planta de gestión de residuos industriales peligrosos en el Estado de Hidalgo, en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. Y también de Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola y Abertis, todas ellas en la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han presentado demandas de arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial.

Por otro lado, al mismo tiempo, España ha pasado a ocupar el tercer lugar del ranking de países más demandados ante el CIADI. La mayoría de estas reclamaciones han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. Así, un conglomerado de multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante. Este es un caso paradigmático de lo que podría ocurrir si hubiera gobiernos que trataran de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de las grandes transnacionales, ya que probablemente se encontrarían con un listado de contenciosos de arbitraje internacionales impulsados por estas compañías. Aunque, eso sí, en este caso se ha tratado de medidas gubernamentales que no han sido dirigidas a favorecer a las mayorías sociales, precisamente, sino más bien al oligopolio eléctrico.

Con el caso de las demandas de las grandes corporaciones energéticas, las sociedades de inversión y los fondos de capital-riesgo, se evidencia la asimetría sobre la que se fundamenta la lex mercatoria: solo las empresas transnacionales extranjeras pueden llevar a un Estado, como en este caso al español, ante los tribunales internacionales de arbitraje, mientras los pequeños productores y las pymes locales únicamente pueden recurrir ante los tribunales nacionales. Estos últimos, además, son los mayores perjudicados con una nueva regulación que, sin el apoyo económico y las subvenciones públicas, les deja en una posición complicada para acometer las inversiones necesarias para apostar por la transición energética. Al final, se trata de una normativa que, una vez más, a quien beneficia es a las grandes eléctricas de matriz española, que aseguran su cuota de mercado y protegen sus intereses desde la legislación nacional e internacional.

Se da la circunstancia de que también algunas de las multinacionales españolas de la energía han utilizado los mecanismos del Derecho Corporativo Global para defender sus lucrativos negocios privados… en España: Isolux y Abengoa, por ejemplo, han interpuesto demandas contra el Estado español ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, formalmente a través de sus filiales en los Países Bajos. Es decir, se han beneficiado de la constitución de un entramado societario que incluye múltiples filiales en diferentes territorios —de hecho, muchos de los fondos de inversión que han interpuesto demandas contra el Estado español ante el CIADI tienen su sede en países con una baja tributación fiscal como los Países Bajos o Luxemburgo— para ir actuando con una u otra según sus propios intereses en cada momento. En todo caso, quien fundamentalmente va a asumir el coste del proceso de arbitraje, ya sea porque resulte condenado a indemnizar a la multinacional de turno o bien por todo el tiempo y los recursos que habrá tenido que destinar al procedimiento, es el propio Estado demandado.

Ante este panorama, ¿existen alternativas para enfrentar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje? Teniendo presente que este escenario va a requerir de un fuerte apoyo popular y movilización social para resistir a las presiones del poder corporativo, claro que se pueden plantear propuestas alternativas. Como, entre otras, las siguientes: denunciar los tratados comerciales cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI, cosa que ya han hecho países como Bolivia, Ecuador y Venezuela; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.