PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO |
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS |
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN |
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domingo, 28 de junio de 2015
El fiscal de Cuenca acusado de complicidad con el delito
El periodista Tomas F. Ruiz ha presentado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el fiscal jefe de Cuenca, Ilmo. José Ernesto Fernández Pinos, al que acusa de negligencia en sus funciones por no actuar contra el delito que le fue notificado. “Más allá de la acreditada negligencia -ha declarado el periodista autor de la denuncia-, el fiscal jefe de Cuenca ha cometido prevaricación y presunta complicidad con el delito, ya que fue informado con pruebas documentales de que un directivo de Caja Madrid había cometido falsificación de documentos bancarios y no actuó como la ley le obliga a hacerlo desde su cargo”.
Falsificación de documentos bancarios
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el periodista denunció ante los juzgados de Cuenca el caso de falsificación bancaria que había sufrido por parte del director de Caja Madrid en Cuenca (hoy Bankia), Leovigildo López Gabaldón. El periodista presentó pruebas documentales de dicha falsificación –documentos recogidos en la central de Caja Madrid con datos que eran negados por el directivo en varias comunicaciones oficiales, incluso en la misma declaración judicial-, pero los tribunales de Cuenca se negaron a procesar al autor del delito. El procesado y condenado fue el periodista Tomas F. Ruiz, por haber hecho públicos los documentos que probaban la falsificación de datos bancarios cometida por Leovigildo López Gabaldon. La jueza del juzgado de lo Penal de Cuenca, Ilma. Susana Gabriel Rodrigo, lo condenó a pagar una indemnización al autor de la falsificación, el director de Caja Madrid en Cuenca, Leovigildo López Gabaldón. Caso de no satisfacer la indemnización estipulada en la sentencia, la pena comportaba 180 días de cárcel subsidiaria.
Detención ilegal
Tomás F. Ruiz denunció también la detención ilegal de que fue objeto, ya que fue detenido por agentes de la policía nacional que, recibiendo órdenes del director de Caja Madrid Leovigildo López Gabaldón le mantuvieron detenido una noche en el calabozo. Esta denuncia también fue sistemáticamente archivada por todas las instancias judiciales en que se presentó. Ni el inspector de policía que llevó a cabo dichas órdenes, Ignacio Bustamante de Los Cobos, ni sus superiores de la comisaría de Cuenca que colaboraron en la detención ilegal –entre ellos el comisario jefe Ángel Carretero- fueron nunca procesados.
“No he hecho otra cosa que actuar como la ley manda –ha declarado Tomas F. Ruiz-. Otra cosa es que la misma ley no funcione para un directivo de Caja Madrid, permitiéndole falsificar documentos bancarios, y sí deje caer todo su peso sobre la víctima de esa falsificación, como ocurrió en mi caso. Yo fui condenado por hacer públicos los documentos que probaban la falsificación cometida por el director de Caja Madrid en Cuenca, de la que yo había sido víctima, mientras que él ni siquiera fue procesado por el delito que cometió… ¿Esta es la ley que quieren que respetemos?”.
“Sé que el C.G.P.J. no va a tramitar mi denuncia”
El periodista Tomás F. Ruiz es consciente de que su denuncia va a ser archivada automáticamente por los magistrados del C.G.P.J., pero considera que cumplirá la función de quedar registrada en los archivos judiciales para que, en un futuro no tan lejano como muchos creen, estas denuncias salgan de nuevo a la luz y los jueces infractores sean entonces juzgados. “Es muy importante que desde ahora comencemos a poner a los jueces y fiscales españoles en su sitio. Hasta ahora, han gozado de una impunidad absoluta para cometer todo tipo de inmoralidades, con las que han denigrado el buen nombre de la Justicia. Por supuesto que sé que el C.G.P.J. no va a tramitar mi denuncia. Este órgano disciplinario, del que la ley dice que está para vigilar el correcto funcionamiento de los tribunales, solamente actúa cuando se trata de proteger los intereses de la dictadura, como fue el caso del juez Baltasar Garzón en su intento de aplicar la ley de la Memoria Histórica; o cuando el objetivo es proteger a delincuentes de guante blanco, como los auténticos capos de la Trama Gurtel, que nunca serán procesados… Mientras un sistema judicial tan podrido siga vigente en España, un sistema que encarcela jóvenes obreros como Alfonso Fernández y deja libres a sicarios y a mafiosos, no podemos esperar que se haga ningún tipo de Justicia… Pero como todo sistema represivo, éste tiene ya “su mármol y su día”...
Según Tomás F. Ruiz es inevitable que se produzca una profunda remodelación judicial, pues cuando el descreimiento en la Justicia alcanza las cotas que ha alcanzado en España, puede asegurarse que sus jueces, fiscales y magistrados tienen sus días contados. “Más pronto de lo que muchos creen, la situación va a cambiar radicalmente. Entonces, cuando una verdadera justicia vuelva a aplicarse en este país, será el momento de desempolvar las denuncias que hemos presentado… Todos aquellos que ahora actúan ensuciando el nombre de la Justicia porque creen que van a gozar de impunidad para siempre, están muy equivocados. Más pronto de lo que muchos esperan, les llegará la revisión de todos los casos de prevaricación y abierta complicidad con el crimen que ahora están cometiendo… Para eso sirven las denuncias a jueces, magistrados, fiscales y demás sátrapas corruptos que ensucian el concepto de justicia en el Estado español: para que quede constancia de sus delitos y que en el futuro puedan ser procesados”.
sábado, 27 de junio de 2015
El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola amenaza el agua de 30.000 personas en El Salvador
Unas 100.000 cajas de Coca-Cola
salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes,
ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte
años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab
Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y otras marcas de la
conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir un
litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del
país con menor disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero
estratégico.
Un reciente informe de Alianza
por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua,
denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la
producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá consecuencias aún
más críticas para el acuífero y la población. El estudio, elaborado por un
reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede
acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la
ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83,
según sus cifras.
Pero efectos de la actividad de
la embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta
importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la población de
la capital y es clave para los 30.000 habitantes del municipio. La gran
paradoja es que, mientras los nejapenses observan a diario el ir y venir de
camiones cargados de bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua
potable y en aquellos donde existe, el suministro no llega de manera continua y
el coste es elevado. eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia,
así como con Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de
publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado
una campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El Salvador.
"Hay más Coca-Cola que
agua", dice al otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores.
"La Coca-Cola la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien
deja de beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos
conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola", subraya Flores, uno de
los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las bebidas
carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la sociedad
los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en 2013, presentó una
solicitud para ampliar sus instalaciones con el propósito de producir allí agua
embotellada de la marca Cristal.
Los estudios geológicos
realizados por estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La
ampliación solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su
capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en los
próximos 27 ó 30 años. "La gente ve una inminente amenaza, el río se está
quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la
empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema seremos nosotros, eso
la gente lo tiene claro", afirma Karen Ramírez, gerente del programa de
Agua y Saneamiento de la organización Provida.
"Una inmensa mayoría de las
comunidades rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos
agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad
enorme por segundo", resalta Ines Flores al tiempo que destaca cómo esta
escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. "Hay una
comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río sucio
al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la gente. Han hecho un
orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua", añade este hombre que
ha liderado protestas al grito de "el agua no se vende, el agua se
defiende".
"El valor de la
investigación del Foro del Agua es que el estudio respalda lo que la gente
dice. Fueron las comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua,
se preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera que
el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega racionalizada, cuando
en este o ese río ya no hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis
desde su cotidianidad", explica Ramírez.
Los problemas con el agua dan
lugar a situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que
este centro escolar no tiene acceso a agua potable. "Los niños y las niñas
a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin agua. Nosotros
consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen
empresas que están generando riqueza a partir del agua y que aquí su falta
provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de desarrollo es este?", se
pregunta la responsable de Provida. Karen acusa al Estado y a las
transnacionales "de estar violando los derechos humanos de la gente de Nejapa".
Los planes de la embotelladora
La Constancia/Sap Miller inició
su producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había
trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de Soyapango.
Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la empresa obtuvo el
permiso de actividad sin ningún análisis previo de los impactos ambientales y
sociales que generaría.
En 2013, la solicitud de
ampliación sí fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio
elaborado por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de
metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones. La
Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes.
Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha
permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del municipio para
verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las que se extraen de la
investigación realizada por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez,
cofinanciada por varias organizaciones, incluida la AECID.
Este informe determina que en la
actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos.
Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a una
profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69 metros.
Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a
69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el cambio
climático, el acuífero de Nejapa se agotará.
¿Y qué opina el Estado? Lina
Pohl, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido
por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos hídricos
en su país, problema que achaca a la escasez y a la contaminación pero también,
reconoce a eldiario.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España, a
la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en
junio de 2014 tras la victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años
de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho humano al
agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad civil pero que
ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.
"Todavía hay intereses muy
fuertes, intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público,
que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un
derecho", sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la
ampliación a La Constancia: "Estamos evaluándolo y en el caso de que
obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero eso
todavía no sabemos si es posible".
El "compromiso" de
Coca-Cola con el medioambiente
Desde la sociedad civil se exige
responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple vistazo
al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web de Coca-Cola es
suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la transnacional con
"devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume". Eso
es lo que se pide también desde Nejapa. "Coca-Cola tiene el compromiso de
devolver a los acuíferos gota a gota el agua que extraen y esto está planteado
como un compromiso global. Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se
cumple", revela Ramírez.
"Lo que estamos viendo es
una campaña muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su
estrategia con las comunidades es el "pan y circo". Participan en las
fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos
deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de
responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad muy
engañosa", señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. "¿A cuánta
gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo ampliar
hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas, les daban un
buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer que nunca se terminaría
el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo totalmente falso porque
en la planta de Coca-Cola apenas trabajan unos 15 nejapenses", desmiente
Flores.
Según el informe de Alianza por
la Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La Constancia
suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), "sus ONG"
-matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de fútbol para
algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños proyectos de
reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de agua en una escuela y
otras actividades puntuales.
Karen Ramírez llama la atención
sobre lo difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de
comunicación. "Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente,
son anunciantes y jamás lo sacarán", lamenta. Su petición, la del Foro del
Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. "Lo que
queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los compromisos que
tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero
Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pensamos que El Salvador
es digno de que se cumplan también en nuestro territorio".
jueves, 25 de junio de 2015
Récord de inversiones en países del Sur, pero ¿a qué precio?
La inversión en la
infraestructura de 139 economías en desarrollo alcanzó el récord de 107.500
millones de dólares en 2014. De ese total, 73 por ciento se concentró en
Brasil, Colombia, India, Perú y Turquía, según nuevos datos publicados por el
Banco Mundial.
El martes 9, la actualización de
los datos del Banco Mundial reveló que los proyectos con participación privada
en los sectores del agua, la energía y el transporte ascendieron a 51.200
millones en el primer semestre de 2014, frente a los 41.700 millones que
acumularon en el mismo lapso de 2013. Basados en un análisis de la inversión
realizada en más de 6.000 proyectos en 139 países de bajos y medianos ingresos
entre 1990 y 2014, los datos confirman que el sector energético tuvo la mayor
cantidad de proyectos, pero que el transporte recibió más inversiones, por
55.300 millones de dólares, o 51 por ciento del total.
Cerca de 28.500 millones de
dólares se invirtieron en 33 proyectos de construcción de carreteras, con
cuatro de los cinco más grandes en Brasil y el restante en Turquía. Cinco
proyectos aeroportuarios recibieron 13.200 millones de dólares en compromisos
de inversión.
Impulsada en gran medida por el
auge de la infraestructura en Brasil, Colombia y Perú, América Latina y el
Caribe concentró 55 por ciento de la inversión mundial, con 69.100 millones de
dólares el año pasado. Estos megaproyectos incluyen a 11 grandes
emprendimientos, ocho de ellos en el sector energético, que solo en Perú
asciende a más de 8.000 millones de dólares. El mayor de ellos, la línea 2 del
metro de Lima, recibió 5.300 millones de dólares.
Pero la inversión en la
infraestructura no creció en todas las regiones. En China e India descendió
respectivamente a 2.500 millones y a 6.200 millones de dólares en 2014. En el
caso de la primera, fue la menor cantidad invertida desde 2010. En África
subsahariana la inversión pasó de 9.300 millones en 2013 a 2.600 millones en
2014, aunque el aumento de actividad en la infraestructura de Ghana, Kenia y
Senegal sugiere que esa tendencia a la baja durará poco.
El Banco Mundial calcula que el
gasto realizado en proyectos de infraestructura en 2014 representa 91 por
ciento del promedio invertido en el quinquenio entre 2009 y 2013. “Es la cuarta
mayor cantidad de compromisos de inversión registrada, solo superada por el
nivel observado de 2010 a 2012″, afirmó un comunicado del Banco Mundial el
martes 9 de junio.
Casi todas los grandes organismos
internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas a los bancos
multilaterales de desarrollo, creen que reforzar las redes de carreteras,
energía y transporte es fundamental, dado que más de 1.000 millones de personas
no tienen acceso a caminos transitables durante todo el año, 783 millones viven
sin suministro de agua potable y 1.300 millones no están conectadas a una red
eléctrica. Pero una mirada más atenta a estos enormes proyectos de
infraestructura y sus planes de financiación sugiere que la inyección de miles
de millones de dólares en carreteras y represas en el Sur en desarrollo no solo
enriquece a los sectores más ricos de la población, sino que amenaza con
empobrecer más a los más pobres y agravar la desigualdad mundial.
“La escala adecuada”, una cosa
del pasado.
El experto en megaproyectos más
citado del mundo, Bent Flyvbjerg, de la británica Universidad de Oxford,
concluyó que solo uno de cada 1.000 de estos proyectos se terminan a tiempo,
dentro del presupuesto establecido y con la capacidad para prestar los
servicios prometidos.
La inmensa base de datos que
Flyvbjerg acumuló sobre el tema revela que aproximadamente 90 por ciento de los
proyectos a gran escala superan sus costos, a menudo en más de 50 por ciento
del presupuesto establecido, algo que terminan por pagar los contribuyentes.
Nancy Alexander, directora del
Programa de Gobernanza Económica de la alemana Fundación Heinrich Böll, aseguró
que estos proyectos llegan a costar “miles de millones y billones de dólares,
así que cuando superan el presupuesto y sus plazos, pueden devastar el
presupuesto nacional de un país”. Alexander dijo a IPS que, si bien existe una
real necesidad de mejorar la infraestructura, sobre todo en los países en
desarrollo, también hay una necesidad igualmente urgente de adaptar esos
emprendimientos hacia quienes más se beneficien con sus servicios.
“Ya sea en la educación, la
sanidad, el agua o la electricidad, los proyectos realmente deben ser de una
escala adecuada para alcanzar sus metas. Pero el concepto de ‘escala adecuada’
fue borrado del… discurso político porque ahora en lugar de ‘lo pequeño es hermoso’,
el lema es ‘grande es mejor’ “, comentó. Parte del motivo de ese cambio, según
los expertos, es la presión para usar la inversión en infraestructura para
financiar el desarrollo, en particular mediante el fortalecimiento de la
colaboración público-privada.
Una investigación realizada por
la Fundación Heinrich Böll revela que el Grupo de las 20 mayores economías del
mundo busca financiar la llamada brecha de infraestructura recurriendo a los
cerca de 80 billones (millón de millones) de dólares en fondos de pensiones,
planes de seguros y otros medios de financiación institucional privada a largo
plazo, mediante la creación de infraestructura como si fueran una “clase de
activos”. Con este modelo, los gobiernos emprenderán APP y las instituciones
financieras venderán productos financieros “que ofrezcan a los inversores a
largo plazo una participación en una cartera de APP”.
“Cuando los especuladores
controlan parte de la infraestructura física, la misma está sujeta a los
caprichos de hordas de inversores (y) podría desatar la inestabilidad en la
prestación de los servicios básicos”, señala la Fundación.
La falta de pruebas sobre el
éxito de las APP sugiere que el ritmo actual de la inversión en la
infraestructura con participación privada es, con suerte, una apuesta, y en el
peor de los casos, una receta para el desastre.
En una muestra de 128 APP
financiadas por el Banco Mundial, 67 por ciento de las correspondientes al
sector de distribución de energía habían fracasado, así como 41 por ciento de
aquellas en el sector del agua. Estas son las conclusiones del propio grupo de
evaluación independiente del Banco Mundial (IEG). Otras investigaciones señalan
que los megaproyectos rara vez conducen a mejoras en el acceso a los servicios
básicos, ya que muchos se realizan para atender a la demanda mundial, no local.
Los países destacados en los
últimos datos del Banco Mundial tienen pésimos antecedentes en la gestión de
sus megaproyectos. Las grandes iniciativas de infraestructura energética y
logística en Brasil, por ejemplo, son conocidas por sus demoras, mientras que
la mayoría de sus ferrocarriles, puertos, carreteras y centrales eléctricas
tienen varios años de retraso.
lunes, 22 de junio de 2015
EL IMPERIALISMO ES INCORREGIBLE
Me dicen que exagero el peligro del ingerencismo imperialista para desestabilizar los gobiernos democráticos y de izquierda de Nuestra América. Para que vean que el animal es violento, inescrupuloso y pertinaz en su vocación de pillaje y su voluntad de aplastar toda oposición es que comparto una FOTOGRAFÍA HISTÓRICA que ilustra la humillación a la que sometieron al presidente democráticamente electo de Guatemala Jacobo Arbenz al que obligaron a quitarse sus ropas cuando estaba a punto de ser expulsado del país una vez consumado el golpe de estado de 1954, orquestado, financiado y sus fuerzas invasoras equipadas por la CIA.
El golpe de Guatemala fue el primero ejecutado por "la agencia" en América Latina y el segundo a nivel mundial después del que fraguaran en Irán para deponer a Mossadegh y reemplazarlo por el Sha en 1953. La mano yanqui en el golpe era tan visible que la revista Life, que publicó esta foto, no tuvo empacho alguno en afirmarlo aunque mentía al decir que Washington sólo lo "alentó".
En el 2009 estuvieron a punto de hacer lo mismo con "Mel" Zelaya, al que sacaron de su casa en pijama y lo trasladaron a Costa Rica, ahorrándole en este caso la humillación que le ocasionaron a Arbenz. ¿Alguien cree que si se produjera un golpe de estado en América Latina el imperialismo no procuraría darle un ejemplar escarmiento a los líderes que Washington tiene como enemigos. o a sus seguidores?
Atilio Boron
miércoles, 17 de junio de 2015
16 de Junio de 1955: El bombardeo a Plaza de Mayo
Un crimen que muestra hasta donde llega, en un país como la Argentina, el odio de clase, el ansia de revancha y la absoluta inescrupulosidad de la derecha a la hora de escarmentar a un pueblo que se rebela o a un gobierno que no se arrodilla ante sus mandatos. Ocurrió hace 60 años pero puede ocurrir de nuevo hoy, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, Venezuela o en cualquier país que tenga la osadía de desafiar los poderes fácticos, a la oligarquía y al imperialismo. Comparto por eso un fragmento de la obra El Terrorismo de Estado en la Argentina en donde se habla de ese infame episodio:
"… Lo que sí aparecería como una aberrante novedad en los anales de las prácticas del Terrorismo de Estado fue un hecho que, enrigor, no fue producto del accionar estatal sino de una conspiración -liderada por el Contralmirante Aníbal Olivieri, Ministro de Marina y uno de los principales jefes de la sedición- que procuraba asesinar al Presidente Perón, desencadenar un golpe de Estado y escarmentar a sus seguidores: la masacre de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, producto del indiscriminado bombardeo que unidades de la aviación naval efectuaron sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, causando 386 víctimas y más de 800 heridos. Por las características que tuvo este suceso, sin precedentes en la historia argentina por su virulencia y masividad, en fechas recientes se lo ha concebido como un claro antecedente del Terrorismo de Estado y un delito de “lesa humanidad”. No sólo bombardeo, aclaremos, sino también ametrallamiento a mansalva de los civiles que estaban en la Plaza de Mayo y los alrededores."
"Pero el hecho trágico del 16 de junio no fue un rayo en un día de sol. Tenía antecedentes: dos años antes, en abril de 1953, un atentado terrorista contra una manifestación organizada por la CGT dejó como saldo 5 muertos y 95 heridos. El trasfondo de esta violencia era el creciente enfrentamiento entre el régimen peronista y la Iglesia, que giraba en torno a la Ley de Divorcio, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la legalización de los prostíbulos. No obstante, es preciso señalar que en el fondo de estos temas controversiales estaba el hecho, evidente para todos, de que detrás de la Iglesia se agrupaba la reacción oligárquica, la cual se encontraba a la espera del momento oportuno para ajustar cuentas con los 'descamisados'. Producto de este enfrentamiento, en junio de 1955, la Iglesia convocó a una multitudinaria procesión de Corpus Christi que se manifestó trasladándose desde la Catedral hasta la Plaza del Congreso. Se estima que fueron unas doscientas cincuenta mil personas las que participaron de este acto de protesta, registrándose varios incidentes a lo largo del trayecto. Un par de días después, y como producto de estos desmanes (entre ellos una quema de la bandera nacional, episodio más que confuso y sobre el cual se tejieron múltiples interpretaciones), el gobierno procedió a expulsar del país a dos de los líderes de la agitación eclesiástica, los monseñores Manuel Tato y Ramón Pablo Novoa."
Fuente: Osvaldo Bayer, Atilio A. Boron y Julio C. Gambina, El terrorismo de estado en la Argentina. Apuntes sobre su historia y sus consecuencias (Buenos Aires:Instituto Espacio para la Memoria, 2010),
martes, 16 de junio de 2015
La banca pública en España: diagnóstico y propuesta de actuación
En un momento como el actual, en
el que se han puesto de manifiesto tantísimas deficiencias que caracterizan a
la banca privada y al resto del sistema financiero, es la hora de aportar
nuevos elementos a un debate completamente necesario: el de la pertinencia e
idoneidad de una banca pública en España.
Hoy en día no se incurriría en
una falsedad al afirmar que España no cuenta, en términos prácticos, con
ninguna entidad de banca pública al alcance de la mayoría de la sociedad. No
obstante, la historia nos indica que no siempre ocurrió así. La evolución histórica
del sector bancario español, de hecho, muestra que las entidades de banca
pública, al contrario de la creencia comúnmente extendida, han sido muy
potentes y mayoritarias durante gran parte del periodo histórico reciente. Sin
embargo, han sido las decisiones políticas –impulsadas por la expansión
ideológica de posturas neoliberales, tan críticas hacia la intervención pública
en la esfera económica– y no los resultados económicos de estas entidades las
que han provocado la reducción y cuasi desaparición de la presencia pública en
el sector financiero en España.
Es por ello por lo que, desde
este documento, se aboga por la creación de una banca pública en el Estado
español. Los motivos por los que es pertinente y necesaria dicha entidad de
banca pública se recogen y clasifican en tres ámbitos: económico, social y
democrático. Asimismo, se citan ejemplos de éxito de banca pública en una serie
de países de distinta índole, remarcando la total viabilidad de la propuesta
recogida en el presente documento. En base a esta justificación, se exponen una
serie de ejes fundamentales de actuación así como medidas concretas de acción
en aras de lograr la implementación de dicha banca pública en España.
El espíritu de dicha propuesta se
basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente crediticio, como
un servicio público y no al servicio de intereses especulativos. La
participación ciudadana, la importancia de aspectos los sociales frente a los
exclusivamente financieros y la total transparencia en el funcionamiento de
dicha entidad son sólo algunos de los pilares sobre los que se basa la presente
propuesta.
Autor: Fernando Heredia García
Revisión: Pedro Ramiro
Maquetación: Alba Onrubia García
Fecha: mayo de 2015
El presente informe es el
resultado de un trabajo de investigación realizado por el autor en el
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso
2014-2015 en el marco de las prácticas del Máster de Economía Internacional y
Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Informe completo aquí
>>
domingo, 14 de junio de 2015
Adolfo Domínguez multiplicó por cuatro los sueldos de sus directivos mientras recortaba un 15% la plantilla
La firma textil gallega mantiene
cinco blindajes entre sus consejeros y altos ejecutivos, según el informe de
remuneraciones recién enviado a la CNMV. Presenta un ERE para 144 trabajadores
y trasladará a Asia y Madrid buena parte de la actividad de su fábrica en
Ourense. La Xunta concedió a la empresa orensana más de seis millones de euros
en subvenciones desde 2012.
Los trabajadores de Adolfo
Domínguez iban a declararse en huelga el próximo lunes, dos días después de que
haya concluido el mes de negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que acaba de presentarles la empresa. Pero la Delegación del Gobierno les
ha denegado el permiso por no respetar los plazos legales. Eso sí, no dejan de
protestar en las calles de Ourense, la ciudad donde nació la marca en la década
de los 70. Tras cuatro años en pérdidas, el modisto gallego quiere despedir a
144 de sus empleados, el 11% de la plantilla, todos ellos de sus naves de
producción en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Para reducir los
despidos, el comité de empresa ha pedido a la dirección, entre otras medidas,
que recorte un 25% el salario del equipo directivo. La firma textil se niega.
Según el informe anual de
remuneraciones remitido a la CNMV, Adolfo Domínguez ha multiplicado por cuatro
desde 2012 la partida que destina a pagar a sus máximos ejecutivos. Ese año
abonó a los cuatro cargos considerados como “alta dirección” un total de
350.000 euros. Dos años más tarde había más que duplicado el número de altos
ejecutivos –nueve– y cuadriplicado la cantidad destinada a sus sueldos, hasta
1,45 millones de euros. El pasado día 5, el consejo de administración decidió
incorporar otros dos nuevos ejecutivos a la cúpula directivo. El número final
es, por tanto, de 11.
La distancia es aún mayor si se
compara con 2010, cuando sólo había tres altos directivos, que cobraban 200.000
euros. Ese ejercicio fue el primero en que Adolfo Domínguez incurrió en
pérdidas, 4,5 millones de euros, que se duplicaron en 2011 –9,26 millones–.
Pero fue 2012 el año en que la textil gallega encendió todas las luces rojas al
perder 24,1 millones. También fue ése el ejercicio en que se hizo cargo de la
gestión Estanislao Carpio Martínez, ex director general de la zapatera
mallorquina Camper. Con su llegada, las pérdidas se han reducido casi a la
mitad, pero aún siguen por encima de los dos dígitos: 10,26 millones en 2013 y
11,3 millones en 2014.
También fue 2012 el año del
primer ERE en Adolfo Domínguez, que afectó a 44 trabajadores. La mayoría de
ellos se acogieron de forma voluntaria. En 2014 se ejecutaron otros 40 despidos
y el pasado mes de marzo, 30 más. De forma que la plantilla en Ourense se ha
quedado en 450 trabajadores. En total, la firma textil ha recortado su
plantilla en un 15% desde 2012, cuando llegó a tener 1.784 empleados. Al
tiempo, ha cerrado 116 tiendas. En 2012 contaba con una red de 695 locales. En
resumen, los gastos de personal se han reducido un 10,6%, de los 48,9 millones
de euros de hace dos años a los 43,7 millones de ahora.
Cinco blindajes
Con el aumento del número de
directivos también ha crecido el de los contratos blindados. Según recoge el
informe del gobierno corporativo, también recién enviado a la CNMV, Adolfo
Domínguez mantiene cinco blindajes. En 2010 eran sólo dos, uno más en 2011 y
desde 2012 aumentaron a cuatro. De los cinco actuales, dos corresponden a
consejeros ejecutivos y el resto a altos directivos. Los consejeros ejecutivos
de la empresa son Adolfo Domínguez y su esposa, Elena González. Estanislao
Carpio, hasta ahora director general, será nombrado consejero ejecutivo por la
junta de accionistas que se celebrará antes de acabar el mes de julio.
Según el informe de
remuneraciones, uno de los consejeros tiene un blindaje –indemnización en caso
de despido– equivalente a “cinco anualidades brutas de salario”, que se compone
de 15 pagas. Un segundo consejero percibirá “una indemnización cuyo importe
concreto depende del momento en que se produzca la extinción del contrato”. En
concreto, si es despido, “a partir del 7 de septiembre de 2015 […] tendrá
derecho a percibir un importe bruto igual a una anualidad de su retribución
fija más la mitad del importe máximo de su retribución variable”, que
equivaldría al 20% de la retribución fija.
El informe no identifica a uno y
otro consejero, pero sí explica que ningún miembro del consejo de
administración percibe remuneraciones variables, excepto Estanislao Carpio que
cobrará cada año hasta el 40% de su retribución fija en concepto de retribución
variable “por el cumplimiento de objetivos”. Es decir, cabe deducir que el
segundo blindaje corresponde al nuevo consejero ejecutivo. El documento cifra
en 350.000 euros la remuneración percibida por Estanislao Carpio en 2014.
infoLibre ha preguntado a la empresa textil gallega por este particular, y si
el primer blindaje de cinco anualidades corresponde al fundador, Adolfo
Domínguez, pero no ha recibido respuesta.
Del resto de los blindajes el
informe remitido a la CNMV sólo aclara que su cuantía es superior a las 60
mensualidades. El tope para el despido improcedente tras la reforma laboral de
2012 se sitúa en 24 mensualidades. En caso de despido objetivo –por causas
económicas, organizativas o de producción, como el que promueve Adolfo
Domínguez–, el máximo son 12 mensualidades. En la penúltima reunión mantenida
este jueves por el comité y la empresa, ésta accedió a aumentar las
indemnizaciones hasta 27 días y 16 mensualidades para los despidos y 30 días y
24 mensualidades para las salidas voluntarias.
El informe de remuneraciones
también precisa los sueldos de Adolfo Domínguez –212.000 euros– y su esposa
–197.000 euros–. Y destaca que los emolumentos de los siete miembros del
consejo de administración se han mantenido congelados en los últimos ocho años
e incluso se recortaron un 10% en 2013 por las pérdidas que sufría la empresa.
De hecho, las remuneraciones conjuntas de los consejeros han pasado de 758.000
euros en 2010 a 596.000 en 2014, un 21,3% menos. Es decir, las retribuciones de
los ejecutivos más que duplican las de los consejeros.
Adiós a Ourense
Mientras, el temor en el polígono
de San Cibrao va incluso más allá del ERE. Reclaman a la empresa el compromiso
de no ejecutar despidos colectivos ni individuales en un plazo de seis años. La
firma textil se niega a hablar de más de dos años y no incluye en ese periodo
de carencia los despidos individuales. “Nos tememos que después del ERE
empezarán a despedir a goteo, sobre todo a los mayores de 50 años que ahora no
quieren prejubilar”, explica la presidenta del comité de empresa, Celia
Martínez, de CCOO. Así irán “desmantelando” poco a poco las naves de Ourense.
Martínez explica que los propios informes de la empresa prevén trasladar a
China e India, donde se confeccionan las prendas, buena parte de las tareas que
ahora se llevan a cabo en San Cibrao das Viñas, como el planchado, el
etiquetado y el control de calidad. Además, el arreglo de prendas –hasta ahora
se enviaban a Ourense desde toda España– se hará en los puntos de venta, añade
el secretario comarcal del sindicato nacionalista CIG, Etelvino Blanco. Las
naves de San Cibrao, advierten, se convertirán en meros almacenes.
Celia Martínez ve múltiples
señales de cuál va a ser el futuro. Los directivos, incluido Estanislao Carpio,
trabajan en Madrid. Las hijas de Adolfo Domínguez también se han trasladado a
la capital. La línea U de la firma, diseñada para jóvenes y de precios más
asequibles, también se trasladará a Madrid tras el ERE, así que la empresa ha
ofrecido recolocar o despedir a los trabajadores que no quieran mudarse.
Seis millones en subvenciones
Aunque Adolfo Domínguez sigue
residiendo en la ciudad gallega, los días en San Cibrao de la empresa que fundó
en los años 70 parecen contados. Pero la Xunta no quiere involucrarse en la
defensa de esta histórica empresa gallega, se quejan CCOO y CIG a la par. “El
Gobierno gallego no es quién para decirles a las empresas privadas cuáles son
las decisiones que deben tomar”, se limitó a responder un alto cargo en el
Parlamento autonómico cuando se le preguntó por la crisis de la firma orensana.
Pese a que sólo entre 2012 y 2014 el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo concedió
a la empresa textil más de seis millones de euros en subvenciones.
Adolfo Domínguez saltó a los
titulares de prensa hace cinco años por unas declaraciones que nada tenían que
ver con la moda: “Pido el despido libre, sin trabas administrativas o
judiciales, a la manera anglosajona, porque cuando los países endurecen las
condiciones laborales, pierde la sociedad y los empresarios emigran”. Celia
Martínez recuerda que en las naves de San Cibrao aún hay operarias que
empezaron a trabajar “con 15 años” a las órdenes del padre de Adolfo Domínguez,
que regentaba una sastrería, El Faro, en Ourense, en la década de los 50. La
última oferta de la empresa este jueves era reducir de 144 a 124 el número de
trabajadores despedidos.
Pueblos que se rebelan contra el poder corporativo
Los transgénicos, la minería, las
explotaciones petroleras o la privatización del agua provocan en América Latina
la resistencia de las comunidades afectadas por proyectos que, en aras del
desarrollo y el progreso, ponen en cuestión los modos de vida tradicionales.
Pero, ¿qué posibilidades de éxito tienen esas luchas y hasta dónde llega su
legitimidad?
Un año y medio después del inicio
del acampe en Malvinas Argentinas que ha bloqueado la construcción de una
planta de maíz transgénico en Córdoba, unos pocos activistas mantienen con vida
el acampe que consiguió en 2013 sabotear el proyecto de la multinacional
estadounidense Monsanto de convertir la provincia en “el centro estratégico de
la industria maicera en la región”, como afirmaba la corporación en su página
de Internet. La planta se proyectó con una vasta área de 27 hectáreas y una
inversión de 1.500 millones de dólares y, según sus promotores, tendría
capacidad para procesar y embolsar 60.000 toneladas de semillas de maíz
transgénico al año.
Monsanto aterrizó en Malvinas
Argentinas con el apoyo de los gobiernos municipal, provincial y nacional y con
una doble promesa, empleo y progreso: 400 nuevos puestos de trabajo en una
localidad de población mayoritariamente obrera. Pero los cordobeses no estaban
conformes, así que se organizaron –Asociación Malvinas Lucha por la Vida,
Madres de Ituzaingó Anexo, Acampantes– y transmitieron sus reclamos al gobierno
municipal, al provincial, a la Casa Rosada, a la Justicia. Se les cerraron los
caminos, así que decidieron acampar. Sostienen que tuvieron que hacer frente a
patotas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
que, dicen los activistas, no representan a los trabajadores, sino intereses
espurios de los líderes gremiales. Por el momento, han tenido éxito: las obras
siguen paradas.
Lo que muchos cordobeses no le
perdonan a Cristina Fernández de Kirchner es que hizo públicos los planes de
Monsanto para Malvinas Argentinas en Nueva York, durante una reunión del
Consejo de las Américas, una organización que promueve el libre comercio en el
continente. Apenas cuatro días antes había comenzado en la capital cordobesa un
juicio pionero: se sentaron en el banquillo dos productores de soja y el
propietario de una de las avionetas que, durante años, fumigaron con glifosato
campos cercanos al barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba. Hablamos,
claro, de la soja transgénica que inventó Monsanto, resistente al herbicida más
vendido del mundo, el Roundup, hecho a base de glifosato y agroquímicos. El
juicio, que terminó con dos sentencias a tres años de prisión condicional,
llegaba después de diez años de movilización de organizaciones vecinales como
las Madres de Ituzaingó, con Sofía Gatica a la cabeza; ellas afirmaban que las
fumigaciones con glifosato estaban detrás de las elevadas tasas de cáncer,
malformaciones genéticas y muertes de recién nacidos en el área. Monsanto
siempre ha defendido que “no hay evidencia” de estas relaciones; los activistas
han mostrado estudios independientes que sí encuentran ese nexo.
Pareciera que el gobierno es
firme en su apuesta por el modelo sojero. Con la ayuda financiera del Banco
Interamericano de Desarrollo, Argentina está inaugurando varios centros de
investigación científica para patentar sus propias variedades de semillas ,
mientras en el Congreso está paralizado el trámite de una ley que avanzaría
sobre la privatización de las semillas, lo que, entre otras cosas, redundaría
en más regalías para Monsanto.
Conflictos socioambientales
El que enfrenta a estos
colectivos cordobeses con la mayor multinacional semillera del globo es
sólo uno de los muchos conflictos socioambientales que han recrudecido con la
consolidación del modelo extractivista en la región. La socióloga y escritora
Maristella Svampa define el extractivismo como un modelo económico “basado en
la exportación de bienes primarios a gran escala” (hidrocarburos, minería,
alimentos, biocombustibles) que ha consolidado “un estilo de desarrollo
neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento
económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales,
económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la
apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y
del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras
mismas de la democracia”.
Según el
Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT, en su sigla en inglés) lanzado en 2014 , esta nueva conflictividad social se debe a la demanda creciente de energía y recursos naturales; el Atlas ha contabilizado y documentado 300 en América Latina; sobre todo, en Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). La mayor parte de los mismos tiene que ver con el agua, la minería, la deforestación y los residuos tóxicos, y afecta sobre todo a las comunidades más vulnerables: periferias urbanas y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. “Cada día surgen nuevos proyectos extractivos, y cada día se articulan nuevas luchas en defensa del territorio”, sostiene Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) con sede en Santiago de Chile. Para Cuenca, el modelo extractivista que se ha consolidado en la región supone “una nueva forma de colonialismo”, en la que “las garantías a las inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos de la ciudadanía, y especialmente de las comunidades más vulnerables”.
Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT, en su sigla en inglés) lanzado en 2014 , esta nueva conflictividad social se debe a la demanda creciente de energía y recursos naturales; el Atlas ha contabilizado y documentado 300 en América Latina; sobre todo, en Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). La mayor parte de los mismos tiene que ver con el agua, la minería, la deforestación y los residuos tóxicos, y afecta sobre todo a las comunidades más vulnerables: periferias urbanas y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. “Cada día surgen nuevos proyectos extractivos, y cada día se articulan nuevas luchas en defensa del territorio”, sostiene Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) con sede en Santiago de Chile. Para Cuenca, el modelo extractivista que se ha consolidado en la región supone “una nueva forma de colonialismo”, en la que “las garantías a las inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos de la ciudadanía, y especialmente de las comunidades más vulnerables”.
El EJOLT muestra tendencias
preocupantes, como la creciente impunidad de las empresas y la persecución de
los líderes comunitarios. Pero hay señales para la esperanza: como enfatiza
Cuenca, también es creciente la “toma de conciencia” sobre el impacto
socioambiental de este modelo de desarrollo, y la capacidad de organización de
las resistencias. Según el EJOLT, en un 17% de los casos, las organizaciones
sociales tienen éxito: han logrado paralizar un proyecto o ganar un juicio.
Arquitectura de la impunidad
Lo que organizaciones sociales
como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el OLCA o
Censat Agua Viva en Colombia ponen de relieve es que las violaciones de
derechos humanos a las que se ven expuestas estas comunidades –despojadas de sus
tierras o del acceso al agua limpia, perseguidas y amenazadas y, en países como
Colombia, víctimas de la violencia de los grupos paramilitares– no son
excepciones, sino un modo de proceder habitual y sistemático de estas
corporaciones, que actúan con impunidad gracias a los favorables marcos legales
que les proporcionan tanto en los países donde tienen su sede (ver recuadro)
como en los países de destino de sus inversiones, en competición constante por
atraer inversiones extranjeras directas (IED).
“Son empresas fraudulentas que,
además de violar los derechos humanos de quienes resisten estos proyectos,
reacomodan legislaciones, marcos regulatorios e inclusive la legislación sobre
delitos contra la salud pública y el ambiente”, subraya el doctor Mauricio
Berger, investigador del CONICET sobre conflictos ambientales en América
Latina. Pone como ejemplo de la acción de lobby de las empresas la reforma del
Código Penal argentino: el artículo 204 del anteproyecto pierde el principio
precautorio, pues, donde antes se hablaba de “poner en peligro la salud
humana”, ahora se habrá de demostrar que haya “grave peligro para la salud
humana” .
Hay una realidad incuestionable:
los ricos son cada vez más ricos, y utilizan ese poder económico para influir
en el poder político. A través del lobbying han consolidado la Lex Mercatoria,
un Derecho Comercial Global muy favorable a los intereses de las
transnacionales, mientras que la legislación internacional de derechos humanos
no cuenta con mecanismos de efectivo cumplimiento.
Las corporaciones disuelven sus responsabilidades en códigos de conducta
voluntarios y acuerdos no vinculantes, como el Pacto Global de la ONU, que
siguen la senda de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En la práctica,
la falta de mecanismos efectivos de punición permite la vulneración sistemática
de los derechos de las comunidades afectadas por los megaproyectos extractivos,
una situación que, en países como Colombia, se torna sangrienta: “La mayor
parte de las multinacionales en Colombia comete crímenes de lesa humanidad como
una práctica habitual. Son per se organizaciones criminales, que se basan en la
información de los servicios de inteligencia, utilizan sistemáticamente el
soborno y la coacción e imponen su modelo económico con el apoyo de las bacrim
[los grupos paramilitares]”, asegura Pedro Ramiro, coordinador del OMAL, que ha
investigado los impactos de Repsol y Unión Fenosa en Colombia. Y ahí están las
cifras: la organización Somos Defensores registró en 2013 un total de 366
agresiones, incluyendo 78 homicidios; fueron asesinados 17 líderes comunales,
15 campesinos, 14 indígenas, 6 líderes de víctimas y 5 comunitarios, 5 de
restitución de tierras y 5 dirigentes sindicales.
El problema de fondo es el
aumento sin límites de un poder corporativo que actúa con total libertad e
impunidad. Algunas corporaciones tienen
más poder que muchos Estados: según el informe Estado del poder 2014, realizado
por la red de investigadores Transnational Institute (TNI), 40 de las 100
mayores economías del mundo son corporaciones. Los primeros lugares los ocupan
Walmart, Royal Dutch Shell y ExxonMobil; de hecho, las corporaciones de
petróleo y gas siguen ocupando siete de los diez primeros puestos del ranking.
Más preocupante es la concentración del capital: el estudio de TNI concluye que
el 1% de las empresas transnacionales –en su mayoría, entidades financieras–
controla el 40% de los negocios mundiales. Una situación de oligopolio de la
que no escapa, por ejemplo, un sector tan vital como el de la alimentación.
Poner límites a esa impunidad
creciente es el principal objetivo de la Campaña Global para Desmantelar el
Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (conocida en inglés como Stop
Impunity). Creada en 2012 con el apoyo de más de 600 organizaciones sociales y
redes de 95 países, ha sido clave para que llegue a Naciones Unidas la
propuesta de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos
humanos por parte de las compañías multinacionales. Con el apoyo explícito de
Ecuador y Sudáfrica y el rechazo frontal de Estados Unidos y de la Unión
Europea, el Consejo General de la ONU aprobó la iniciativa en junio de 2014 y
se marcó un plazo de dos años para constituir un grupo de trabajo en esa línea.
El tratado que proponen las organizaciones sociales incluye
un posicionamiento claro contra la privatización de los bienes comunes y las
patentes de recursos básicos y de uso común, como las semillas y las plantas
medicinales, y ofrece alternativas a la lógica del gran capital, como la
promoción de la agroecología y la gestión comunitaria de los bienes comunes.
Disputa por una nueva conciencia
Un interrogante clave es hasta
qué punto un grupo de personas tiene derecho a obstaculizar proyectos que
redundarían, según argumentan las empresas y los gobiernos, en beneficio de
toda la nación. Es decir, el interés de las comunidades afectadas versus el
interés general. Para Mauricio Berger, la cuestión es otra: “No se trata sólo
de una comunidad de afectados que rechaza ser zona de sacrificio, sino de una
red de funcionarios públicos, académicos, activistas, profesionales y
organismos que intentan hacer una valla de contención frente al avasallamiento
de las corporaciones sobre una muy débil institucionalidad ambiental que
resguarde derechos, que sostenga garantías para las poblaciones afectadas y
para toda la biodiversidad”. Porque, subraya: “Aunque el Estado es, en general,
connivente con los intereses de las empresas, siempre hay fallos judiciales en
sentido contrario y funcionarios luchando por lo público. Al menos existe el
conflicto: sin eso, sería el poder omnímodo de las transnacionales”. Y en este
sentido la disputa por el conocimiento, en las universidades y en los medios de
comunicación, es una cuestión clave.
Para el antropólogo colombiano
Arturo Escobar, vivimos en un momento de transición, “entre un mundo definido
en términos de modernidad y sus corolarios (el desarrollo y la modernización)
[…] y una nueva realidad (global) que es aún difícil de asir”.
El modelo extractivista se sostiene sobre el concepto de desarrollo, que es,
dice Escobar, “un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como
cultural”. Al otro extremo, aunque no exento de tensiones y contradicciones, el
post-desarrollo “significa la creación de un espacio/tiempo colectivo” que
busca un nuevo principio organizador de la vida que no sea la idea del progreso
y el crecimiento económico hasta el infinito.
Si la realidad “había sido
colonizada por el discurso del desarrollo”, estos nuevos movimientos sociales
vendrían a descolonizar las mentes y traer semillas de otros mundos posibles
que ya existen en las lógicas no capitalistas de las comunidades indígenas y
campesinas. La propuesta de Escobar es “pensar más allá del Tercer Mundo”, es
decir, más allá de la colonialidad y de una modernidad que ha silenciado
prácticas y visiones que no eran funcionales a las estructuras del poder
capitalista; y eso supone, entre otras cosas, que los pueblos latinoamericanos
se reapropien de sus recursos, de sus economías, de sus formas de estar en el
mundo.
Ottawa y las mineras canadienses
La responsabilidad del “Estado de
residencia”
ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y
entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son
canadienses. La pregunta es, entonces, qué responsabilidad le cabe al país
norteamericano en esos conflictos, por acción u omisión. Un grupo de
organizaciones latinoamericanas –entre ellas, el Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR) de Colombia– conformaron en 2010 el Grupo de Trabajo sobre
Minería y Derechos Humanos en América Latina y estudiaron el impacto de 22
proyectos de mineras canadienses en 9 países latinoamericanos; presentaron los
resultados de su investigación en el informe El impacto de la minería
canadiense en América Latina ,
presentado en abril de 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre esos impactos, el informe
enumera destrucción de ecosistemas, desplazamientos forzados, militarización de
los territorios y destrucción de las economías y culturas locales. Las
organizaciones responsables del informe afirman que Ottawa brinda a sus
empresas apoyo económico, político y diplomático, y pone obstáculos a la
investigación de denuncias contra estas empresas; además, en 2009 Canadá
implantó una legislación que reserva a las mineras apenas códigos éticos de
carácter voluntario. Por eso piden responsabilidades al “Estado de residencia”,
esto es, quieren que las corporaciones sean procesadas en el país de origen por
acciones realizadas en otros países. Es la primera vez que la CIDH aborda la
cuestión, tan espinosa como urgente, de la responsabilidad del “Estado de
residencia”.
“Es un debate necesario, pero muy
complicado, por las aristas que implica la extraterritorialidad, pero también
por la responsabilidad que cabe imputar al resto de entidades privadas que
forman parte de la cadena de producción, empezando por los bancos que financian
esos proyectos”, explica Marcelo Saguier, investigador del Área Internacional
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Además, en las
legislaciones de los países no suelen estar tipificadas muchas situaciones que
tienen que ver con la vulneración de los derechos ambientales o colectivos de
las comunidades afectadas”, añade Saguier.
Nazaret Castro es
periodista, residente en Buenos Aires/San Pablo. Autora de la investigación
«Cara y cruz de las multinacionales en América Latina», publicada por Fronterad, y cofundadora
del proyecto Carro de
Combate.
El poder de las transnacionales, denunciado ante la Cumbre UE-CELAC
Con ocasión de la II Cumbre
UE-CELAC en Bruselas, colectivos y organizaciones sociales de Europa y América
Latina y el Caribe se han reunido durante tres días, del 8 al 10 de junio, en
las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de
las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones.
Los delegados de las
organizaciones de América Latina y la red Europea de sindicatos y
organizaciones de la sociedad civil Alter Summit se encontraron para
intercambiar experiencias sobre las resistencias populares a las políticas de
austeridad y al modelo de políticas extractivistas. Redes de ambas regiones
respaldan la auditoría pública de la deuda que se está realizando en Grecia y
la anulación de toda deuda ilegítima.
Se presentaron diversos
testimonios sobre el acaparamiento de territorios, el desplazamiento forzado de
la población y los daños medioambientales causados por las empresas
transnacionales. Asimismo, se denunció el asesinato y desaparición de 116
defensores de derechos humanos en América Latina durante 2014.
Las violaciones de derechos humanos
se cometen a menudo con el consentimiento de las autoridades locales y
nacionales, quienes protegen los intereses de las empresas multinacionales
europeas (y latinoamericanas) bajo el paraguas de la inversión en el desarrollo
de la región. Los numerosos tratados bilaterales de comercio e inversión
existentes han articulado un mecanismo de impunidad ante la violación de
derechos humanos por parte de las transnacionales, el caso de Chevron, en
Ecuador, es un ejemplo de ello.
La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla
bajo el lema “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades
prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. Sin embargo, las
organizaciones denuncian que las relaciones bi-regionales tienen un objetivo
único, fortalecer y desarrollar los Tratados de Libre Comercio, como muestran
las negociaciones actuales en torno al TTIP, TISA y TPP.
Al mismo tiempo los gobiernos de
la UE no participan, de manera constructiva, en la negociación de un
instrumento internacional vinculante para las empresas en materia de derechos
humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1) a fin de obligar a las empresas
transnacionales a respetar los derechos humanos.
En el acto final de los Días de
Movilización, representantes de comunidades latinoamericanas afectadas por las
acciones de las empresas multinacionales organizaron ‘el Tour de la impunidad’,
un recorrido por el barrio Europeo de Bruselas donde existe una gran concentración
de oficinas que albergan a los lobbies encargados de defender los intereses de
los mayores conglomerados empresariales. El recorrido visibilizó los mecanismos
de influencia de las multinacionales sobre las instituciones europeas.
miércoles, 10 de junio de 2015
EEUU controlará el 60% del PIB mundial si firma el TTIP y el acuerdo del Pacífico
Unas jornadas previas a la cumbre
de esta semana entre la UE y América Latina y Caribe analizan el papel de los
acuerdos comerciales e inversiones como mecanismo para ahondar en las políticas
neoliberales y las privatizaciones masivas.
“Tenemos que revertir la
ideología neoliberal apelando a los principios de los derechos humanos. De lo
contrario, Estados Unidos seguirá ahondando en la senda que abrió con el NAFTA
[el tratado de libre comercio que firmó con Canadá y Estados Unidos en 1994] y
acabará firmando dos acuerdos similares con la Unión Europea, el TTIP, y con
los países del Pacífico, el TPP, pasará a controlar así el 60% del PIB mundial
y el 75% del comercio mundial”. Así de rotunda se ha mostrado la presidente de
Transnational Institute, Susan George, en unas jornadas celebradas este lunes
en Bruselas sobre la cumbre entre la UE y los países de América Latina y
Caribe, que tendrán lugar este miércoles y jueves también en Bruselas.
Sobre el TTIP, George no se
anduvo con medias tintas: “Es un enorme desafío porque este acuerdo es una
horrible pieza de legislación”, ha sentenciado: “Se les dará a las empresas la
oportunidad de cambiar todo el trabajo que se ha hecho en Europa por construir
un modelo social en beneficio de las personas y de los trabajadores”.
Con acuerdos como éste, ha
alertado George, las empresas acumularán cada vez más y más capital y cuando
esto sucede, ha argumentado, “se borra la barrera de la corrupción. En Estados
Unidos, las multinacionales pueden dar tanto dinero como quieran a un candidato
a la presidencia para hacer la campaña electoral, de manera que luego sucede
que, en cuanto al TTIP, por ejemplo, el 93% de las reuniones que el Gobierno
mantiene sobre este acuerdo comercial está siendo con compañías privadas y
lobbies empresariales. Así, el sector privado ni siquiera tiene que andar dando
dinero bajo la mesa”.
Tras la guerra, ha advertido
George, se creó en Occidente una ideología keynesiana del bienestar, que ahora
es la que está en jaque. “Desde ese momento, en los años 50, empezó a crearse
ya una ideología neoliberal basada en la expansión del capital y el poder de
las grandes corporaciones, una ideología que fue impulsada definitivamente por
Reagan y Thatcher en los años 80”, ha criticado George.
Profundizar en la globalización
social
Ante este panorama, George ha
llamado a ahondar en la globalización, pero en la globalización social, en la
globalización de la protesta. “Estar unidos en Europa no es suficiente. Hay que
seguir reforzando las relaciones y la cooperación entre los países europeos,
claro, pero estamos globalizados y la gente tiene que trabajar por estar
globalizada para saber qué se hace en otras partes del mundo y estar unidos a
nivel global para para luchar juntos, en común”.
El eurodiputado de Podemos,
Miguel Urbán, ha señalado así a “las políticas de austeridad impuestas en
Europa con la crisis económica para seguir imponiendo medidas neoliberales, una
estrategia del shock para beneficiar al gran capital y de paso causar miedo en
la población, y todo con el chantaje de la deuda”.
“Se introduce el miedo, el miedo
a perder el trabajo, a no poder comer tres veces al día, y se nos dice que
éstas son las únicas políticas posibles, que no hay otra opción, porque lo que
quiere la Troika es que no haya ciudadanos sino súbditos”, ha criticado Urbán,
para quien el triunfo de Syriza en Grecia “muestra todo lo contrario: que hay
otra política que puede hacerse, y eso es lo que más teme la UE, que Syriza
demuestre que hay otra opción”.
Junto al TTIP, otro de los
grandes proyectos neoliberales para liberalizar, privatizar y amasar capital en
manos de las grandes corporaciones, es el TiSA, el Tratado sobre el Comercio de
Servicios, que negocian en secreto medio centenar de países y que podría dar
lugar a una ola de privatizaciones.
El sindicalista uruguayo Fernando
Gambera ha alertado que frente al TiSA está claudicando un país tras otro,
“incluso los que podrían parecer o pensamos que son más progresistas, como
algunos países del Mercosur”.
Como ejemplo, Gambera ha señalado
el caso de su propio país, Uruguay. "Después de diez años de gobierno con
un claro interés social, resulta paradójico encontrar que el país está ahora
implicado en el TiSA. En seis meses, el presidente de Uruguay ha pasado de no
saber nada de este acuerdo internacional a estar participando en las
negociaciones". Según Gambera, "el TiSA impedirá a los futuros
gobiernos, del signo que sean, cambiar las legislaciones, y esto puede ser muy
grave para países en los que, como Uruguay, sectores como la energía o las telecomunicaciones
aún son de monopolio estatal".
La gestión del agua
Una de las luchas que está
teniendo lugar en Europa precisamente sobre la liberalización de un sector, es
la que está planteando la Federación Europea de Sindicatos de Servicios
Públicos en cuanto al sector del agua.
Pablo Sánchez, portavoz de la
Federación, ha celebrado que la iniciativa europea ciudadana presentada el año
pasado para tratar que la UE garantice la gestión pública del agua “es la única
que de momento ha recibido una respuesta positiva de la Comisión Europea y
ahora mismo se está tratando en el Parlamento comunitario”.
“La liberalización de este
sector, sin embargo, no es nueva. Hace algunos años el 75% del agua de Europa
se gestionaba públicamente y ahora ese porcentaje está por debajo del 50%”.
“Los beneficiados por estas privatizaciones de la gestión del recurso son
empresas con nombres y apellidos: Suez, Eolia, Aqualia…porque lo que se ha
hecho no es sino transferir dinero público a estas multinacionales”.
En el caso del agua, Sánchez cree
que la lucha para garantizar la gestión pública del agua “y que el ánimo de
lucro quede fuera de la ecuación, está en el derecho humano al agua que
garantiza Naciones Unidas, porque al tratarse de un derecho nos permite hablar
de gestión pública. Un derecho”, argumentado, “no puede estar sujeto al ánimo
de lucro, al beneficio de las grandes corporaciones”.