Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

domingo, 28 de junio de 2015

El fiscal de Cuenca acusado de complicidad con el delito

El periodista Tomas F. Ruiz ha presentado denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el fiscal jefe de Cuenca, Ilmo. José Ernesto Fernández Pinos, al que acusa de negligencia en sus funciones por no actuar contra el delito que le fue notificado. “Más allá de la acreditada negligencia -ha declarado el periodista autor de la denuncia-, el fiscal jefe de Cuenca ha cometido prevaricación y presunta complicidad con el delito, ya que fue informado con pruebas documentales de que un directivo de Caja Madrid había cometido falsificación de documentos bancarios y no actuó como la ley le obliga a hacerlo desde su cargo”.

Falsificación de documentos bancarios
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el periodista denunció ante los juzgados de Cuenca el caso de falsificación bancaria que había sufrido por parte del director de Caja Madrid en Cuenca (hoy Bankia), Leovigildo López Gabaldón. El periodista presentó pruebas documentales de dicha falsificación –documentos recogidos en la central de Caja Madrid con datos que eran negados por el directivo en varias comunicaciones oficiales, incluso en la misma declaración judicial-, pero los tribunales de Cuenca se negaron a procesar al autor del delito. El procesado y condenado fue el periodista Tomas F. Ruiz, por haber hecho públicos los documentos que probaban la falsificación de datos bancarios cometida por Leovigildo López Gabaldon. La jueza del juzgado de lo Penal de Cuenca, Ilma. Susana Gabriel Rodrigo, lo condenó a pagar una indemnización al autor de la falsificación, el director de Caja Madrid en Cuenca, Leovigildo López Gabaldón. Caso de no satisfacer la indemnización estipulada en la sentencia, la pena comportaba 180 días de cárcel subsidiaria.

Detención ilegal
Tomás F. Ruiz denunció también la detención ilegal de que fue objeto, ya que fue detenido por agentes de la policía nacional que, recibiendo órdenes del director de Caja Madrid Leovigildo López Gabaldón le mantuvieron detenido una noche en el calabozo. Esta denuncia también fue sistemáticamente archivada por todas las instancias judiciales en que se presentó. Ni el inspector de policía que llevó a cabo dichas órdenes, Ignacio Bustamante de Los Cobos, ni sus superiores de la comisaría de Cuenca que colaboraron en la detención ilegal –entre ellos el comisario jefe Ángel Carretero- fueron nunca procesados.

“No he hecho otra cosa que actuar como la ley manda –ha declarado Tomas F. Ruiz-. Otra cosa es que la misma ley no funcione para un directivo de Caja Madrid, permitiéndole falsificar documentos bancarios, y sí deje caer todo su peso sobre la víctima de esa falsificación, como ocurrió en mi caso. Yo fui condenado por hacer públicos los documentos que probaban la falsificación cometida por el director de Caja Madrid en Cuenca, de la que yo había sido víctima, mientras que él ni siquiera fue procesado por el delito que cometió… ¿Esta es la ley que quieren que respetemos?”.

“Sé que el C.G.P.J. no va a tramitar mi denuncia”
El periodista Tomás F. Ruiz es consciente de que su denuncia va a ser archivada automáticamente por los magistrados del C.G.P.J., pero considera que cumplirá la función de quedar registrada en los archivos judiciales para que, en un futuro no tan lejano como muchos creen, estas denuncias salgan de nuevo a la luz y los jueces infractores sean entonces juzgados. “Es muy importante que desde ahora comencemos a poner a los jueces y fiscales españoles en su sitio. Hasta ahora, han gozado de una impunidad absoluta para cometer todo tipo de inmoralidades, con las que han denigrado el buen nombre de la Justicia. Por supuesto que sé que el C.G.P.J. no va a tramitar mi denuncia. Este órgano disciplinario, del que la ley dice que está para vigilar el correcto funcionamiento de los tribunales, solamente actúa cuando se trata de proteger los intereses de la dictadura, como fue el caso del juez Baltasar Garzón en su intento de aplicar la ley de la Memoria Histórica; o cuando el objetivo es proteger a delincuentes de guante blanco, como los auténticos capos de la Trama Gurtel, que nunca serán procesados… Mientras un sistema judicial tan podrido siga vigente en España, un sistema que encarcela jóvenes obreros como Alfonso Fernández y deja libres a sicarios y a mafiosos, no podemos esperar que se haga ningún tipo de Justicia… Pero como todo sistema represivo, éste tiene ya “su mármol y su día”...

Según Tomás F. Ruiz es inevitable que se produzca una profunda remodelación judicial, pues cuando el descreimiento en la Justicia alcanza las cotas que ha alcanzado en España, puede asegurarse que sus jueces, fiscales y magistrados tienen sus días contados. “Más pronto de lo que muchos creen, la situación va a cambiar radicalmente. Entonces, cuando una verdadera justicia vuelva a aplicarse en este país, será el momento de desempolvar las denuncias que hemos presentado… Todos aquellos que ahora actúan ensuciando el nombre de la Justicia porque creen que van a gozar de impunidad para siempre, están muy equivocados. Más pronto de lo que muchos esperan, les llegará la revisión de todos los casos de prevaricación y abierta complicidad con el crimen que ahora están cometiendo… Para eso sirven las denuncias a jueces, magistrados, fiscales y demás sátrapas corruptos que ensucian el concepto de justicia en el Estado español: para que quede constancia de sus delitos y que en el futuro puedan ser procesados”.

sábado, 27 de junio de 2015

El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola amenaza el agua de 30.000 personas en El Salvador

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes, ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero estratégico.

Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua, denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.

Pero efectos de la actividad de la embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la población de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del municipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses observan a diario el ir y venir de camiones cargados de bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua potable y en aquellos donde existe, el suministro no llega de manera continua y el coste es elevado. eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia, así como con Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado una campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El Salvador.

"Hay más Coca-Cola que agua", dice al otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores. "La Coca-Cola la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola", subraya Flores, uno de los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las bebidas carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en 2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalaciones con el propósito de producir allí agua embotellada de la marca Cristal.

Los estudios geológicos realizados por estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La ampliación solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en los próximos 27 ó 30 años. "La gente ve una inminente amenaza, el río se está quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro", afirma Karen Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de la organización Provida.

"Una inmensa mayoría de las comunidades rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad enorme por segundo", resalta Ines Flores al tiempo que destaca cómo esta escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. "Hay una comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua", añade este hombre que ha liderado protestas al grito de "el agua no se vende, el agua se defiende".

"El valor de la investigación del Foro del Agua es que el estudio respalda lo que la gente dice. Fueron las comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera que el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega racionalizada, cuando en este o ese río ya no hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis desde su cotidianidad", explica Ramírez.

Los problemas con el agua dan lugar a situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que este centro escolar no tiene acceso a agua potable. "Los niños y las niñas a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin agua. Nosotros consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen empresas que están generando riqueza a partir del agua y que aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de desarrollo es este?", se pregunta la responsable de Provida. Karen acusa al Estado y a las transnacionales "de estar violando los derechos humanos de la gente de Nejapa".

Los planes de la embotelladora
La Constancia/Sap Miller inició su producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la empresa obtuvo el permiso de actividad sin ningún análisis previo de los impactos ambientales y sociales que generaría.

En 2013, la solicitud de ampliación sí fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio elaborado por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones. La Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las que se extraen de la investigación realizada por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, cofinanciada por varias organizaciones, incluida la AECID.

Este informe determina que en la actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos. Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69 metros. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.

¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos hídricos en su país, problema que achaca a la escasez y a la contaminación pero también, reconoce a eldiario.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España, a la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en junio de 2014 tras la victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad civil pero que ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.

"Todavía hay intereses muy fuertes, intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público, que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un derecho", sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la ampliación a La Constancia: "Estamos evaluándolo y en el caso de que obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero eso todavía no sabemos si es posible".

El "compromiso" de Coca-Cola con el medioambiente
Desde la sociedad civil se exige responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple vistazo al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la transnacional con "devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume". Eso es lo que se pide también desde Nejapa. "Coca-Cola tiene el compromiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que extraen y esto está planteado como un compromiso global. Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se cumple", revela Ramírez.

"Lo que estamos viendo es una campaña muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su estrategia con las comunidades es el "pan y circo". Participan en las fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad muy engañosa", señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. "¿A cuánta gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas, les daban un buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer que nunca se terminaría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas trabajan unos 15 nejapenses", desmiente Flores.

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La Constancia suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), "sus ONG" -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños proyectos de reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de agua en una escuela y otras actividades puntuales.


Karen Ramírez llama la atención sobre lo difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de comunicación. "Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente, son anunciantes y jamás lo sacarán", lamenta. Su petición, la del Foro del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. "Lo que queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los compromisos que tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pensamos que El Salvador es digno de que se cumplan también en nuestro territorio".

jueves, 25 de junio de 2015

Récord de inversiones en países del Sur, pero ¿a qué precio?

La inversión en la infraestructura de 139 economías en desarrollo alcanzó el récord de 107.500 millones de dólares en 2014. De ese total, 73 por ciento se concentró en Brasil, Colombia, India, Perú y Turquía, según nuevos datos publicados por el Banco Mundial.

El martes 9, la actualización de los datos del Banco Mundial reveló que los proyectos con participación privada en los sectores del agua, la energía y el transporte ascendieron a 51.200 millones en el primer semestre de 2014, frente a los 41.700 millones que acumularon en el mismo lapso de 2013. Basados en un análisis de la inversión realizada en más de 6.000 proyectos en 139 países de bajos y medianos ingresos entre 1990 y 2014, los datos confirman que el sector energético tuvo la mayor cantidad de proyectos, pero que el transporte recibió más inversiones, por 55.300 millones de dólares, o 51 por ciento del total.

Cerca de 28.500 millones de dólares se invirtieron en 33 proyectos de construcción de carreteras, con cuatro de los cinco más grandes en Brasil y el restante en Turquía. Cinco proyectos aeroportuarios recibieron 13.200 millones de dólares en compromisos de inversión.

Impulsada en gran medida por el auge de la infraestructura en Brasil, Colombia y Perú, América Latina y el Caribe concentró 55 por ciento de la inversión mundial, con 69.100 millones de dólares el año pasado. Estos megaproyectos incluyen a 11 grandes emprendimientos, ocho de ellos en el sector energético, que solo en Perú asciende a más de 8.000 millones de dólares. El mayor de ellos, la línea 2 del metro de Lima, recibió 5.300 millones de dólares.

Pero la inversión en la infraestructura no creció en todas las regiones. En China e India descendió respectivamente a 2.500 millones y a 6.200 millones de dólares en 2014. En el caso de la primera, fue la menor cantidad invertida desde 2010. En África subsahariana la inversión pasó de 9.300 millones en 2013 a 2.600 millones en 2014, aunque el aumento de actividad en la infraestructura de Ghana, Kenia y Senegal sugiere que esa tendencia a la baja durará poco.

El Banco Mundial calcula que el gasto realizado en proyectos de infraestructura en 2014 representa 91 por ciento del promedio invertido en el quinquenio entre 2009 y 2013. “Es la cuarta mayor cantidad de compromisos de inversión registrada, solo superada por el nivel observado de 2010 a 2012″, afirmó un comunicado del Banco Mundial el martes 9 de junio.

Casi todas los grandes organismos internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas a los bancos multilaterales de desarrollo, creen que reforzar las redes de carreteras, energía y transporte es fundamental, dado que más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a caminos transitables durante todo el año, 783 millones viven sin suministro de agua potable y 1.300 millones no están conectadas a una red eléctrica. Pero una mirada más atenta a estos enormes proyectos de infraestructura y sus planes de financiación sugiere que la inyección de miles de millones de dólares en carreteras y represas en el Sur en desarrollo no solo enriquece a los sectores más ricos de la población, sino que amenaza con empobrecer más a los más pobres y agravar la desigualdad mundial.
“La escala adecuada”, una cosa del pasado.

El experto en megaproyectos más citado del mundo, Bent Flyvbjerg, de la británica Universidad de Oxford, concluyó que solo uno de cada 1.000 de estos proyectos se terminan a tiempo, dentro del presupuesto establecido y con la capacidad para prestar los servicios prometidos.

La inmensa base de datos que Flyvbjerg acumuló sobre el tema revela que aproximadamente 90 por ciento de los proyectos a gran escala superan sus costos, a menudo en más de 50 por ciento del presupuesto establecido, algo que terminan por pagar los contribuyentes.

Nancy Alexander, directora del Programa de Gobernanza Económica de la alemana Fundación Heinrich Böll, aseguró que estos proyectos llegan a costar “miles de millones y billones de dólares, así que cuando superan el presupuesto y sus plazos, pueden devastar el presupuesto nacional de un país”. Alexander dijo a IPS que, si bien existe una real necesidad de mejorar la infraestructura, sobre todo en los países en desarrollo, también hay una necesidad igualmente urgente de adaptar esos emprendimientos hacia quienes más se beneficien con sus servicios.

“Ya sea en la educación, la sanidad, el agua o la electricidad, los proyectos realmente deben ser de una escala adecuada para alcanzar sus metas. Pero el concepto de ‘escala adecuada’ fue borrado del… discurso político porque ahora en lugar de ‘lo pequeño es hermoso’, el lema es ‘grande es mejor’ “, comentó. Parte del motivo de ese cambio, según los expertos, es la presión para usar la inversión en infraestructura para financiar el desarrollo, en particular mediante el fortalecimiento de la colaboración público-privada.

Una investigación realizada por la Fundación Heinrich Böll revela que el Grupo de las 20 mayores economías del mundo busca financiar la llamada brecha de infraestructura recurriendo a los cerca de 80 billones (millón de millones) de dólares en fondos de pensiones, planes de seguros y otros medios de financiación institucional privada a largo plazo, mediante la creación de infraestructura como si fueran una “clase de activos”. Con este modelo, los gobiernos emprenderán APP y las instituciones financieras venderán productos financieros “que ofrezcan a los inversores a largo plazo una participación en una cartera de APP”.

“Cuando los especuladores controlan parte de la infraestructura física, la misma está sujeta a los caprichos de hordas de inversores (y) podría desatar la inestabilidad en la prestación de los servicios básicos”, señala la Fundación.

La falta de pruebas sobre el éxito de las APP sugiere que el ritmo actual de la inversión en la infraestructura con participación privada es, con suerte, una apuesta, y en el peor de los casos, una receta para el desastre.

En una muestra de 128 APP financiadas por el Banco Mundial, 67 por ciento de las correspondientes al sector de distribución de energía habían fracasado, así como 41 por ciento de aquellas en el sector del agua. Estas son las conclusiones del propio grupo de evaluación independiente del Banco Mundial (IEG). Otras investigaciones señalan que los megaproyectos rara vez conducen a mejoras en el acceso a los servicios básicos, ya que muchos se realizan para atender a la demanda mundial, no local.


Los países destacados en los últimos datos del Banco Mundial tienen pésimos antecedentes en la gestión de sus megaproyectos. Las grandes iniciativas de infraestructura energética y logística en Brasil, por ejemplo, son conocidas por sus demoras, mientras que la mayoría de sus ferrocarriles, puertos, carreteras y centrales eléctricas tienen varios años de retraso.

lunes, 22 de junio de 2015

EL IMPERIALISMO ES INCORREGIBLE

Me dicen que exagero el peligro del ingerencismo imperialista para desestabilizar los gobiernos democráticos y de izquierda de Nuestra América. Para que vean que el animal es violento, inescrupuloso y pertinaz en su vocación de pillaje y su voluntad de aplastar toda oposición es que comparto una FOTOGRAFÍA HISTÓRICA que ilustra la humillación a la que sometieron al presidente democráticamente electo de Guatemala Jacobo Arbenz al que obligaron a quitarse sus ropas cuando estaba a punto de ser expulsado del país una vez consumado el golpe de estado de 1954, orquestado, financiado y sus fuerzas invasoras equipadas por la CIA.

El golpe de Guatemala fue el primero ejecutado por "la agencia" en América Latina y el segundo a nivel mundial después del que fraguaran en Irán para deponer a Mossadegh y reemplazarlo por el Sha en 1953. La mano yanqui en el golpe era tan visible que la revista Life, que publicó esta foto, no tuvo empacho alguno en afirmarlo aunque mentía al decir que Washington sólo lo "alentó".

En el 2009 estuvieron a punto de hacer lo mismo con "Mel" Zelaya, al que sacaron de su casa en pijama y lo trasladaron a Costa Rica, ahorrándole en este caso la humillación que le ocasionaron a Arbenz. ¿Alguien cree que si se produjera un golpe de estado en América Latina el imperialismo no procuraría darle un ejemplar escarmiento a los líderes que Washington tiene como enemigos. o a sus seguidores? 


Atilio Boron

miércoles, 17 de junio de 2015

16 de Junio de 1955: El bombardeo a Plaza de Mayo

Un crimen que muestra hasta donde llega, en un país como la Argentina, el odio de clase, el ansia de revancha y la absoluta inescrupulosidad de la derecha a la hora de escarmentar a un pueblo que se rebela o a un gobierno que no se arrodilla ante sus mandatos. Ocurrió hace 60 años pero puede ocurrir de nuevo hoy, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, Venezuela o en cualquier país que tenga la osadía de desafiar los poderes fácticos, a la oligarquía y al imperialismo. Comparto por eso un fragmento de la obra El Terrorismo de Estado en la Argentina en donde se habla de ese infame episodio:


"… Lo que sí aparecería como una aberrante novedad en los anales de las prácticas del Terrorismo de Estado fue un hecho que, enrigor, no fue producto del accionar estatal sino de una conspiración -liderada por el Contralmirante Aníbal Olivieri, Ministro de Marina y uno de los principales jefes de la sedición- que procuraba asesinar al Presidente Perón, desencadenar un golpe de Estado y escarmentar a sus seguidores: la masacre de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, producto del indiscriminado bombardeo que unidades de la aviación naval efectuaron sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, causando 386 víctimas y más de 800 heridos. Por las características que tuvo este suceso, sin precedentes en la historia argentina por su virulencia y masividad, en fechas recientes se lo ha concebido como un claro antecedente del Terrorismo de Estado y un delito de “lesa humanidad”. No sólo bombardeo, aclaremos, sino también ametrallamiento a mansalva de los civiles que estaban en la Plaza de Mayo y los alrededores."

"Pero el hecho trágico del 16 de junio no fue un rayo en un día de sol. Tenía antecedentes: dos años antes, en abril de 1953, un atentado terrorista contra una manifestación organizada por la CGT dejó como saldo 5 muertos y 95 heridos. El trasfondo de esta violencia era el creciente enfrentamiento entre el régimen peronista y la Iglesia, que giraba en torno a la Ley de Divorcio, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la legalización de los prostíbulos. No obstante, es preciso señalar que en el fondo de estos temas controversiales estaba el hecho, evidente para todos, de que detrás de la Iglesia se agrupaba la reacción oligárquica, la cual se encontraba a la espera del momento oportuno para ajustar cuentas con los 'descamisados'. Producto de este enfrentamiento, en junio de 1955, la Iglesia convocó a una multitudinaria procesión de Corpus Christi que se manifestó trasladándose desde la Catedral hasta la Plaza del Congreso. Se estima que fueron unas doscientas cincuenta mil personas las que participaron de este acto de protesta, registrándose varios incidentes a lo largo del trayecto. Un par de días después, y como producto de estos desmanes (entre ellos una quema de la bandera nacional, episodio más que confuso y sobre el cual se tejieron múltiples interpretaciones), el gobierno procedió a expulsar del país a dos de los líderes de la agitación eclesiástica, los monseñores Manuel Tato y Ramón Pablo Novoa."

Fuente: Osvaldo Bayer, Atilio A. Boron y Julio C. Gambina, El terrorismo de estado en la Argentina. Apuntes sobre su historia y sus consecuencias (Buenos Aires:Instituto Espacio para la Memoria, 2010), 

martes, 16 de junio de 2015

La banca pública en España: diagnóstico y propuesta de actuación

En un momento como el actual, en el que se han puesto de manifiesto tantísimas deficiencias que caracterizan a la banca privada y al resto del sistema financiero, es la hora de aportar nuevos elementos a un debate completamente necesario: el de la pertinencia e idoneidad de una banca pública en España.

Hoy en día no se incurriría en una falsedad al afirmar que España no cuenta, en términos prácticos, con ninguna entidad de banca pública al alcance de la mayoría de la sociedad. No obstante, la historia nos indica que no siempre ocurrió así. La evolución histórica del sector bancario español, de hecho, muestra que las entidades de banca pública, al contrario de la creencia comúnmente extendida, han sido muy potentes y mayoritarias durante gran parte del periodo histórico reciente. Sin embargo, han sido las decisiones políticas –impulsadas por la expansión ideológica de posturas neoliberales, tan críticas hacia la intervención pública en la esfera económica– y no los resultados económicos de estas entidades las que han provocado la reducción y cuasi desaparición de la presencia pública en el sector financiero en España.

Es por ello por lo que, desde este documento, se aboga por la creación de una banca pública en el Estado español. Los motivos por los que es pertinente y necesaria dicha entidad de banca pública se recogen y clasifican en tres ámbitos: económico, social y democrático. Asimismo, se citan ejemplos de éxito de banca pública en una serie de países de distinta índole, remarcando la total viabilidad de la propuesta recogida en el presente documento. En base a esta justificación, se exponen una serie de ejes fundamentales de actuación así como medidas concretas de acción en aras de lograr la implementación de dicha banca pública en España.

El espíritu de dicha propuesta se basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente crediticio, como un servicio público y no al servicio de intereses especulativos. La participación ciudadana, la importancia de aspectos los sociales frente a los exclusivamente financieros y la total transparencia en el funcionamiento de dicha entidad son sólo algunos de los pilares sobre los que se basa la presente propuesta.





Autor: Fernando Heredia García
Revisión: Pedro Ramiro
Maquetación: Alba Onrubia García
Fecha: mayo de 2015
El presente informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado por el autor en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso 2014-2015 en el marco de las prácticas del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

 Informe completo aquí >>

domingo, 14 de junio de 2015

Adolfo Domínguez multiplicó por cuatro los sueldos de sus directivos mientras recortaba un 15% la plantilla

La firma textil gallega mantiene cinco blindajes entre sus consejeros y altos ejecutivos, según el informe de remuneraciones recién enviado a la CNMV. Presenta un ERE para 144 trabajadores y trasladará a Asia y Madrid buena parte de la actividad de su fábrica en Ourense. La Xunta concedió a la empresa orensana más de seis millones de euros en subvenciones desde 2012.

Los trabajadores de Adolfo Domínguez iban a declararse en huelga el próximo lunes, dos días después de que haya concluido el mes de negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acaba de presentarles la empresa. Pero la Delegación del Gobierno les ha denegado el permiso por no respetar los plazos legales. Eso sí, no dejan de protestar en las calles de Ourense, la ciudad donde nació la marca en la década de los 70. Tras cuatro años en pérdidas, el modisto gallego quiere despedir a 144 de sus empleados, el 11% de la plantilla, todos ellos de sus naves de producción en el polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Para reducir los despidos, el comité de empresa ha pedido a la dirección, entre otras medidas, que recorte un 25% el salario del equipo directivo. La firma textil se niega.

Según el informe anual de remuneraciones remitido a la CNMV, Adolfo Domínguez ha multiplicado por cuatro desde 2012 la partida que destina a pagar a sus máximos ejecutivos. Ese año abonó a los cuatro cargos considerados como “alta dirección” un total de 350.000 euros. Dos años más tarde había más que duplicado el número de altos ejecutivos –nueve– y cuadriplicado la cantidad destinada a sus sueldos, hasta 1,45 millones de euros. El pasado día 5, el consejo de administración decidió incorporar otros dos nuevos ejecutivos a la cúpula directivo. El número final es, por tanto, de 11.

La distancia es aún mayor si se compara con 2010, cuando sólo había tres altos directivos, que cobraban 200.000 euros. Ese ejercicio fue el primero en que Adolfo Domínguez incurrió en pérdidas, 4,5 millones de euros, que se duplicaron en 2011 –9,26 millones–. Pero fue 2012 el año en que la textil gallega encendió todas las luces rojas al perder 24,1 millones. También fue ése el ejercicio en que se hizo cargo de la gestión Estanislao Carpio Martínez, ex director general de la zapatera mallorquina Camper. Con su llegada, las pérdidas se han reducido casi a la mitad, pero aún siguen por encima de los dos dígitos: 10,26 millones en 2013 y 11,3 millones en 2014.

También fue 2012 el año del primer ERE en Adolfo Domínguez, que afectó a 44 trabajadores. La mayoría de ellos se acogieron de forma voluntaria. En 2014 se ejecutaron otros 40 despidos y el pasado mes de marzo, 30 más. De forma que la plantilla en Ourense se ha quedado en 450 trabajadores. En total, la firma textil ha recortado su plantilla en un 15% desde 2012, cuando llegó a tener 1.784 empleados. Al tiempo, ha cerrado 116 tiendas. En 2012 contaba con una red de 695 locales. En resumen, los gastos de personal se han reducido un 10,6%, de los 48,9 millones de euros de hace dos años a los 43,7 millones de ahora.

Cinco blindajes
Con el aumento del número de directivos también ha crecido el de los contratos blindados. Según recoge el informe del gobierno corporativo, también recién enviado a la CNMV, Adolfo Domínguez mantiene cinco blindajes. En 2010 eran sólo dos, uno más en 2011 y desde 2012 aumentaron a cuatro. De los cinco actuales, dos corresponden a consejeros ejecutivos y el resto a altos directivos. Los consejeros ejecutivos de la empresa son Adolfo Domínguez y su esposa, Elena González. Estanislao Carpio, hasta ahora director general, será nombrado consejero ejecutivo por la junta de accionistas que se celebrará antes de acabar el mes de julio.

Según el informe de remuneraciones, uno de los consejeros tiene un blindaje –indemnización en caso de despido– equivalente a “cinco anualidades brutas de salario”, que se compone de 15 pagas. Un segundo consejero percibirá “una indemnización cuyo importe concreto depende del momento en que se produzca la extinción del contrato”. En concreto, si es despido, “a partir del 7 de septiembre de 2015 […] tendrá derecho a percibir un importe bruto igual a una anualidad de su retribución fija más la mitad del importe máximo de su retribución variable”, que equivaldría al 20% de la retribución fija.

El informe no identifica a uno y otro consejero, pero sí explica que ningún miembro del consejo de administración percibe remuneraciones variables, excepto Estanislao Carpio que cobrará cada año hasta el 40% de su retribución fija en concepto de retribución variable “por el cumplimiento de objetivos”. Es decir, cabe deducir que el segundo blindaje corresponde al nuevo consejero ejecutivo. El documento cifra en 350.000 euros la remuneración percibida por Estanislao Carpio en 2014. infoLibre ha preguntado a la empresa textil gallega por este particular, y si el primer blindaje de cinco anualidades corresponde al fundador, Adolfo Domínguez, pero no ha recibido respuesta.

Del resto de los blindajes el informe remitido a la CNMV sólo aclara que su cuantía es superior a las 60 mensualidades. El tope para el despido improcedente tras la reforma laboral de 2012 se sitúa en 24 mensualidades. En caso de despido objetivo –por causas económicas, organizativas o de producción, como el que promueve Adolfo Domínguez–, el máximo son 12 mensualidades. En la penúltima reunión mantenida este jueves por el comité y la empresa, ésta accedió a aumentar las indemnizaciones hasta 27 días y 16 mensualidades para los despidos y 30 días y 24 mensualidades para las salidas voluntarias.

El informe de remuneraciones también precisa los sueldos de Adolfo Domínguez –212.000 euros– y su esposa –197.000 euros–. Y destaca que los emolumentos de los siete miembros del consejo de administración se han mantenido congelados en los últimos ocho años e incluso se recortaron un 10% en 2013 por las pérdidas que sufría la empresa. De hecho, las remuneraciones conjuntas de los consejeros han pasado de 758.000 euros en 2010 a 596.000 en 2014, un 21,3% menos. Es decir, las retribuciones de los ejecutivos más que duplican las de los consejeros.

Adiós a Ourense
Mientras, el temor en el polígono de San Cibrao va incluso más allá del ERE. Reclaman a la empresa el compromiso de no ejecutar despidos colectivos ni individuales en un plazo de seis años. La firma textil se niega a hablar de más de dos años y no incluye en ese periodo de carencia los despidos individuales. “Nos tememos que después del ERE empezarán a despedir a goteo, sobre todo a los mayores de 50 años que ahora no quieren prejubilar”, explica la presidenta del comité de empresa, Celia Martínez, de CCOO. Así irán “desmantelando” poco a poco las naves de Ourense. Martínez explica que los propios informes de la empresa prevén trasladar a China e India, donde se confeccionan las prendas, buena parte de las tareas que ahora se llevan a cabo en San Cibrao das Viñas, como el planchado, el etiquetado y el control de calidad. Además, el arreglo de prendas –hasta ahora se enviaban a Ourense desde toda España– se hará en los puntos de venta, añade el secretario comarcal del sindicato nacionalista CIG, Etelvino Blanco. Las naves de San Cibrao, advierten, se convertirán en meros almacenes.

Celia Martínez ve múltiples señales de cuál va a ser el futuro. Los directivos, incluido Estanislao Carpio, trabajan en Madrid. Las hijas de Adolfo Domínguez también se han trasladado a la capital. La línea U de la firma, diseñada para jóvenes y de precios más asequibles, también se trasladará a Madrid tras el ERE, así que la empresa ha ofrecido recolocar o despedir a los trabajadores que no quieran mudarse.

Seis millones en subvenciones
Aunque Adolfo Domínguez sigue residiendo en la ciudad gallega, los días en San Cibrao de la empresa que fundó en los años 70 parecen contados. Pero la Xunta no quiere involucrarse en la defensa de esta histórica empresa gallega, se quejan CCOO y CIG a la par. “El Gobierno gallego no es quién para decirles a las empresas privadas cuáles son las decisiones que deben tomar”, se limitó a responder un alto cargo en el Parlamento autonómico cuando se le preguntó por la crisis de la firma orensana. Pese a que sólo entre 2012 y 2014 el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo concedió a la empresa textil más de seis millones de euros en subvenciones.

Adolfo Domínguez saltó a los titulares de prensa hace cinco años por unas declaraciones que nada tenían que ver con la moda: “Pido el despido libre, sin trabas administrativas o judiciales, a la manera anglosajona, porque cuando los países endurecen las condiciones laborales, pierde la sociedad y los empresarios emigran”. Celia Martínez recuerda que en las naves de San Cibrao aún hay operarias que empezaron a trabajar “con 15 años” a las órdenes del padre de Adolfo Domínguez, que regentaba una sastrería, El Faro, en Ourense, en la década de los 50. La última oferta de la empresa este jueves era reducir de 144 a 124 el número de trabajadores despedidos.


Pueblos que se rebelan contra el poder corporativo

Los transgénicos, la minería, las explotaciones petroleras o la privatización del agua provocan en América Latina la resistencia de las comunidades afectadas por proyectos que, en aras del desarrollo y el progreso, ponen en cuestión los modos de vida tradicionales. Pero, ¿qué posibilidades de éxito tienen esas luchas y hasta dónde llega su legitimidad?

Un año y medio después del inicio del acampe en Malvinas Argentinas que ha bloqueado la construcción de una planta de maíz transgénico en Córdoba, unos pocos activistas mantienen con vida el acampe que consiguió en 2013 sabotear el proyecto de la multinacional estadounidense Monsanto de convertir la provincia en “el centro estratégico de la industria maicera en la región”, como afirmaba la corporación en su página de Internet. La planta se proyectó con una vasta área de 27 hectáreas y una inversión de 1.500 millones de dólares y, según sus promotores, tendría capacidad para procesar y embolsar 60.000 toneladas de semillas de maíz transgénico al año.

Monsanto aterrizó en Malvinas Argentinas con el apoyo de los gobiernos municipal, provincial y nacional y con una doble promesa, empleo y progreso: 400 nuevos puestos de trabajo en una localidad de población mayoritariamente obrera. Pero los cordobeses no estaban conformes, así que se organizaron –Asociación Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingó Anexo, Acampantes– y transmitieron sus reclamos al gobierno municipal, al provincial, a la Casa Rosada, a la Justicia. Se les cerraron los caminos, así que decidieron acampar. Sostienen que tuvieron que hacer frente a patotas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que, dicen los activistas, no representan a los trabajadores, sino intereses espurios de los líderes gremiales. Por el momento, han tenido éxito: las obras siguen paradas.

Lo que muchos cordobeses no le perdonan a Cristina Fernández de Kirchner es que hizo públicos los planes de Monsanto para Malvinas Argentinas en Nueva York, durante una reunión del Consejo de las Américas, una organización que promueve el libre comercio en el continente. Apenas cuatro días antes había comenzado en la capital cordobesa un juicio pionero: se sentaron en el banquillo dos productores de soja y el propietario de una de las avionetas que, durante años, fumigaron con glifosato campos cercanos al barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba. Hablamos, claro, de la soja transgénica que inventó Monsanto, resistente al herbicida más vendido del mundo, el Roundup, hecho a base de glifosato y agroquímicos. El juicio, que terminó con dos sentencias a tres años de prisión condicional, llegaba después de diez años de movilización de organizaciones vecinales como las Madres de Ituzaingó, con Sofía Gatica a la cabeza; ellas afirmaban que las fumigaciones con glifosato estaban detrás de las elevadas tasas de cáncer, malformaciones genéticas y muertes de recién nacidos en el área. Monsanto siempre ha defendido que “no hay evidencia” de estas relaciones; los activistas han mostrado estudios independientes que sí encuentran ese nexo.

Pareciera que el gobierno es firme en su apuesta por el modelo sojero. Con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina está inaugurando varios centros de investigación científica para patentar sus propias variedades de semillas , mientras en el Congreso está paralizado el trámite de una ley que avanzaría sobre la privatización de las semillas, lo que, entre otras cosas, redundaría en más regalías para Monsanto.

Conflictos socioambientales

El que enfrenta a estos colectivos cordobeses con la mayor multinacional semillera del globo  es sólo uno de los muchos conflictos socioambientales que han recrudecido con la consolidación del modelo extractivista en la región. La socióloga y escritora Maristella Svampa define el extractivismo como un modelo económico “basado en la exportación de bienes primarios a gran escala” (hidrocarburos, minería, alimentos, biocombustibles) que ha consolidado “un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia”.

Según el
Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT, en su sigla en inglés) lanzado en 2014 , esta nueva conflictividad social se debe a la demanda creciente de energía y recursos naturales; el Atlas ha contabilizado y documentado 300 en América Latina; sobre todo, en Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). La mayor parte de los mismos tiene que ver con el agua, la minería, la deforestación y los residuos tóxicos, y afecta sobre todo a las comunidades más vulnerables: periferias urbanas y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. “Cada día surgen nuevos proyectos extractivos, y cada día se articulan nuevas luchas en defensa del territorio”, sostiene Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) con sede en Santiago de Chile. Para Cuenca, el modelo extractivista que se ha consolidado en la región supone “una nueva forma de colonialismo”, en la que “las garantías a las inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos de la ciudadanía, y especialmente de las comunidades más vulnerables”.

El EJOLT muestra tendencias preocupantes, como la creciente impunidad de las empresas y la persecución de los líderes comunitarios. Pero hay señales para la esperanza: como enfatiza Cuenca, también es creciente la “toma de conciencia” sobre el impacto socioambiental de este modelo de desarrollo, y la capacidad de organización de las resistencias. Según el EJOLT, en un 17% de los casos, las organizaciones sociales tienen éxito: han logrado paralizar un proyecto o ganar un juicio.
Arquitectura de la impunidad

Lo que organizaciones sociales como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el OLCA o Censat Agua Viva en Colombia ponen de relieve es que las violaciones de derechos humanos a las que se ven expuestas estas comunidades –despojadas de sus tierras o del acceso al agua limpia, perseguidas y amenazadas y, en países como Colombia, víctimas de la violencia de los grupos paramilitares– no son excepciones, sino un modo de proceder habitual y sistemático de estas corporaciones, que actúan con impunidad gracias a los favorables marcos legales que les proporcionan tanto en los países donde tienen su sede (ver recuadro) como en los países de destino de sus inversiones, en competición constante por atraer inversiones extranjeras directas (IED).

“Son empresas fraudulentas que, además de violar los derechos humanos de quienes resisten estos proyectos, reacomodan legislaciones, marcos regulatorios e inclusive la legislación sobre delitos contra la salud pública y el ambiente”, subraya el doctor Mauricio Berger, investigador del CONICET sobre conflictos ambientales en América Latina. Pone como ejemplo de la acción de lobby de las empresas la reforma del Código Penal argentino: el artículo 204 del anteproyecto pierde el principio precautorio, pues, donde antes se hablaba de “poner en peligro la salud humana”, ahora se habrá de demostrar que haya “grave peligro para la salud humana” .

Hay una realidad incuestionable: los ricos son cada vez más ricos, y utilizan ese poder económico para influir en el poder político. A través del lobbying han consolidado la Lex Mercatoria, un Derecho Comercial Global muy favorable a los intereses de las transnacionales, mientras que la legislación internacional de derechos humanos no cuenta con mecanismos de efectivo cumplimiento. 

Las corporaciones disuelven sus responsabilidades en códigos de conducta voluntarios y acuerdos no vinculantes, como el Pacto Global de la ONU, que siguen la senda de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En la práctica, la falta de mecanismos efectivos de punición permite la vulneración sistemática de los derechos de las comunidades afectadas por los megaproyectos extractivos, una situación que, en países como Colombia, se torna sangrienta: “La mayor parte de las multinacionales en Colombia comete crímenes de lesa humanidad como una práctica habitual. Son per se organizaciones criminales, que se basan en la información de los servicios de inteligencia, utilizan sistemáticamente el soborno y la coacción e imponen su modelo económico con el apoyo de las bacrim [los grupos paramilitares]”, asegura Pedro Ramiro, coordinador del OMAL, que ha investigado los impactos de Repsol y Unión Fenosa en Colombia. Y ahí están las cifras: la organización Somos Defensores registró en 2013 un total de 366 agresiones, incluyendo 78 homicidios; fueron asesinados 17 líderes comunales, 15 campesinos, 14 indígenas, 6 líderes de víctimas y 5 comunitarios, 5 de restitución de tierras y 5 dirigentes sindicales.

El problema de fondo es el aumento sin límites de un poder corporativo que actúa con total libertad e impunidad. Algunas corporaciones tienen más poder que muchos Estados: según el informe Estado del poder 2014, realizado por la red de investigadores Transnational Institute (TNI), 40 de las 100 mayores economías del mundo son corporaciones. Los primeros lugares los ocupan Walmart, Royal Dutch Shell y ExxonMobil; de hecho, las corporaciones de petróleo y gas siguen ocupando siete de los diez primeros puestos del ranking. Más preocupante es la concentración del capital: el estudio de TNI concluye que el 1% de las empresas transnacionales –en su mayoría, entidades financieras– controla el 40% de los negocios mundiales. Una situación de oligopolio de la que no escapa, por ejemplo, un sector tan vital como el de la alimentación.

Poner límites a esa impunidad creciente es el principal objetivo de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (conocida en inglés como Stop Impunity). Creada en 2012 con el apoyo de más de 600 organizaciones sociales y redes de 95 países, ha sido clave para que llegue a Naciones Unidas la propuesta de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con el apoyo explícito de Ecuador y Sudáfrica y el rechazo frontal de Estados Unidos y de la Unión Europea, el Consejo General de la ONU aprobó la iniciativa en junio de 2014 y se marcó un plazo de dos años para constituir un grupo de trabajo en esa línea. El tratado que proponen las organizaciones sociales incluye un posicionamiento claro contra la privatización de los bienes comunes y las patentes de recursos básicos y de uso común, como las semillas y las plantas medicinales, y ofrece alternativas a la lógica del gran capital, como la promoción de la agroecología y la gestión comunitaria de los bienes comunes.

Disputa por una nueva conciencia

Un interrogante clave es hasta qué punto un grupo de personas tiene derecho a obstaculizar proyectos que redundarían, según argumentan las empresas y los gobiernos, en beneficio de toda la nación. Es decir, el interés de las comunidades afectadas versus el interés general. Para Mauricio Berger, la cuestión es otra: “No se trata sólo de una comunidad de afectados que rechaza ser zona de sacrificio, sino de una red de funcionarios públicos, académicos, activistas, profesionales y organismos que intentan hacer una valla de contención frente al avasallamiento de las corporaciones sobre una muy débil institucionalidad ambiental que resguarde derechos, que sostenga garantías para las poblaciones afectadas y para toda la biodiversidad”. Porque, subraya: “Aunque el Estado es, en general, connivente con los intereses de las empresas, siempre hay fallos judiciales en sentido contrario y funcionarios luchando por lo público. Al menos existe el conflicto: sin eso, sería el poder omnímodo de las transnacionales”. Y en este sentido la disputa por el conocimiento, en las universidades y en los medios de comunicación, es una cuestión clave.

Para el antropólogo colombiano Arturo Escobar, vivimos en un momento de transición, “entre un mundo definido en términos de modernidad y sus corolarios (el desarrollo y la modernización) […] y una nueva realidad (global) que es aún difícil de asir”. El modelo extractivista se sostiene sobre el concepto de desarrollo, que es, dice Escobar, “un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural”. Al otro extremo, aunque no exento de tensiones y contradicciones, el post-desarrollo “significa la creación de un espacio/tiempo colectivo” que busca un nuevo principio organizador de la vida que no sea la idea del progreso y el crecimiento económico hasta el infinito.

Si la realidad “había sido colonizada por el discurso del desarrollo”, estos nuevos movimientos sociales vendrían a descolonizar las mentes y traer semillas de otros mundos posibles que ya existen en las lógicas no capitalistas de las comunidades indígenas y campesinas. La propuesta de Escobar es “pensar más allá del Tercer Mundo”, es decir, más allá de la colonialidad y de una modernidad que ha silenciado prácticas y visiones que no eran funcionales a las estructuras del poder capitalista; y eso supone, entre otras cosas, que los pueblos latinoamericanos se reapropien de sus recursos, de sus economías, de sus formas de estar en el mundo.

Ottawa y las mineras canadienses

La responsabilidad del “Estado de residencia”

 ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son canadienses. La pregunta es, entonces, qué responsabilidad le cabe al país norteamericano en esos conflictos, por acción u omisión. Un grupo de organizaciones latinoamericanas –entre ellas, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia– conformaron en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina y estudiaron el impacto de 22 proyectos de mineras canadienses en 9 países latinoamericanos; presentaron los resultados de su investigación en el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina , presentado en abril de 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre esos impactos, el informe enumera destrucción de ecosistemas, desplazamientos forzados, militarización de los territorios y destrucción de las economías y culturas locales. Las organizaciones responsables del informe afirman que Ottawa brinda a sus empresas apoyo económico, político y diplomático, y pone obstáculos a la investigación de denuncias contra estas empresas; además, en 2009 Canadá implantó una legislación que reserva a las mineras apenas códigos éticos de carácter voluntario. Por eso piden responsabilidades al “Estado de residencia”, esto es, quieren que las corporaciones sean procesadas en el país de origen por acciones realizadas en otros países. Es la primera vez que la CIDH aborda la cuestión, tan espinosa como urgente, de la responsabilidad del “Estado de residencia”.

“Es un debate necesario, pero muy complicado, por las aristas que implica la extraterritorialidad, pero también por la responsabilidad que cabe imputar al resto de entidades privadas que forman parte de la cadena de producción, empezando por los bancos que financian esos proyectos”, explica Marcelo Saguier, investigador del Área Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Además, en las legislaciones de los países no suelen estar tipificadas muchas situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos ambientales o colectivos de las comunidades afectadas”, añade Saguier.

Nazaret Castro es periodista, residente en Buenos Aires/San Pablo. Autora de la investigación «Cara y cruz de las multinacionales en América Latina», publicada por Fronterad, y cofundadora del proyecto Carro de Combate.

El poder de las transnacionales, denunciado ante la Cumbre UE-CELAC

Con ocasión de la II Cumbre UE-CELAC en Bruselas, colectivos y organizaciones sociales de Europa y América Latina y el Caribe se han reunido durante tres días, del 8 al 10 de junio, en las Jornadas de Movilización por la Soberanía de los Pueblos frente al Poder de las Transnacionales y la Arquitectura de Tratados de Comercio e Inversiones.

Los delegados de las organizaciones de América Latina y la red Europea de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil Alter Summit se encontraron para intercambiar experiencias sobre las resistencias populares a las políticas de austeridad y al modelo de políticas extractivistas. Redes de ambas regiones respaldan la auditoría pública de la deuda que se está realizando en Grecia y la anulación de toda deuda ilegítima.

Se presentaron diversos testimonios sobre el acaparamiento de territorios, el desplazamiento forzado de la población y los daños medioambientales causados por las empresas transnacionales. Asimismo, se denunció el asesinato y desaparición de 116 defensores de derechos humanos en América Latina durante 2014.

Las violaciones de derechos humanos se cometen a menudo con el consentimiento de las autoridades locales y nacionales, quienes protegen los intereses de las empresas multinacionales europeas (y latinoamericanas) bajo el paraguas de la inversión en el desarrollo de la región. Los numerosos tratados bilaterales de comercio e inversión existentes han articulado un mecanismo de impunidad ante la violación de derechos humanos por parte de las transnacionales, el caso de Chevron, en Ecuador, es un ejemplo de ello.

La Segunda Cumbre UE-CELAC se desarrolla bajo el lema “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesivas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. Sin embargo, las organizaciones denuncian que las relaciones bi-regionales tienen un objetivo único, fortalecer y desarrollar los Tratados de Libre Comercio, como muestran las negociaciones actuales en torno al TTIP, TISA y TPP.

Al mismo tiempo los gobiernos de la UE no participan, de manera constructiva, en la negociación de un instrumento internacional vinculante para las empresas en materia de derechos humanos, tal como lo aprobó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2014 (A/HRC/26/L.22/Rev.1) a fin de obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.


En el acto final de los Días de Movilización, representantes de comunidades latinoamericanas afectadas por las acciones de las empresas multinacionales organizaron ‘el Tour de la impunidad’, un recorrido por el barrio Europeo de Bruselas donde existe una gran concentración de oficinas que albergan a los lobbies encargados de defender los intereses de los mayores conglomerados empresariales. El recorrido visibilizó los mecanismos de influencia de las multinacionales sobre las instituciones europeas.

miércoles, 10 de junio de 2015

EEUU controlará el 60% del PIB mundial si firma el TTIP y el acuerdo del Pacífico

Unas jornadas previas a la cumbre de esta semana entre la UE y América Latina y Caribe analizan el papel de los acuerdos comerciales e inversiones como mecanismo para ahondar en las políticas neoliberales y las privatizaciones masivas.

“Tenemos que revertir la ideología neoliberal apelando a los principios de los derechos humanos. De lo contrario, Estados Unidos seguirá ahondando en la senda que abrió con el NAFTA [el tratado de libre comercio que firmó con Canadá y Estados Unidos en 1994] y acabará firmando dos acuerdos similares con la Unión Europea, el TTIP, y con los países del Pacífico, el TPP, pasará a controlar así el 60% del PIB mundial y el 75% del comercio mundial”. Así de rotunda se ha mostrado la presidente de Transnational Institute, Susan George, en unas jornadas celebradas este lunes en Bruselas sobre la cumbre entre la UE y los países de América Latina y Caribe, que tendrán lugar este miércoles y jueves también en Bruselas.

Sobre el TTIP, George no se anduvo con medias tintas: “Es un enorme desafío porque este acuerdo es una horrible pieza de legislación”, ha sentenciado: “Se les dará a las empresas la oportunidad de cambiar todo el trabajo que se ha hecho en Europa por construir un modelo social en beneficio de las personas y de los trabajadores”.

Con acuerdos como éste, ha alertado George, las empresas acumularán cada vez más y más capital y cuando esto sucede, ha argumentado, “se borra la barrera de la corrupción. En Estados Unidos, las multinacionales pueden dar tanto dinero como quieran a un candidato a la presidencia para hacer la campaña electoral, de manera que luego sucede que, en cuanto al TTIP, por ejemplo, el 93% de las reuniones que el Gobierno mantiene sobre este acuerdo comercial está siendo con compañías privadas y lobbies empresariales. Así, el sector privado ni siquiera tiene que andar dando dinero bajo la mesa”.

Tras la guerra, ha advertido George, se creó en Occidente una ideología keynesiana del bienestar, que ahora es la que está en jaque. “Desde ese momento, en los años 50, empezó a crearse ya una ideología neoliberal basada en la expansión del capital y el poder de las grandes corporaciones, una ideología que fue impulsada definitivamente por Reagan y Thatcher en los años 80”, ha criticado George.

Profundizar en la globalización social
Ante este panorama, George ha llamado a ahondar en la globalización, pero en la globalización social, en la globalización de la protesta. “Estar unidos en Europa no es suficiente. Hay que seguir reforzando las relaciones y la cooperación entre los países europeos, claro, pero estamos globalizados y la gente tiene que trabajar por estar globalizada para saber qué se hace en otras partes del mundo y estar unidos a nivel global para para luchar juntos, en común”.
El eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha señalado así a “las políticas de austeridad impuestas en Europa con la crisis económica para seguir imponiendo medidas neoliberales, una estrategia del shock para beneficiar al gran capital y de paso causar miedo en la población, y todo con el chantaje de la deuda”.

“Se introduce el miedo, el miedo a perder el trabajo, a no poder comer tres veces al día, y se nos dice que éstas son las únicas políticas posibles, que no hay otra opción, porque lo que quiere la Troika es que no haya ciudadanos sino súbditos”, ha criticado Urbán, para quien el triunfo de Syriza en Grecia “muestra todo lo contrario: que hay otra política que puede hacerse, y eso es lo que más teme la UE, que Syriza demuestre que hay otra opción”.

Junto al TTIP, otro de los grandes proyectos neoliberales para liberalizar, privatizar y amasar capital en manos de las grandes corporaciones, es el TiSA, el Tratado sobre el Comercio de Servicios, que negocian en secreto medio centenar de países y que podría dar lugar a una ola de privatizaciones.
El sindicalista uruguayo Fernando Gambera ha alertado que frente al TiSA está claudicando un país tras otro, “incluso los que podrían parecer o pensamos que son más progresistas, como algunos países del Mercosur”.

Como ejemplo, Gambera ha señalado el caso de su propio país, Uruguay. "Después de diez años de gobierno con un claro interés social, resulta paradójico encontrar que el país está ahora implicado en el TiSA. En seis meses, el presidente de Uruguay ha pasado de no saber nada de este acuerdo internacional a estar participando en las negociaciones". Según Gambera, "el TiSA impedirá a los futuros gobiernos, del signo que sean, cambiar las legislaciones, y esto puede ser muy grave para países en los que, como Uruguay, sectores como la energía o las telecomunicaciones aún son de monopolio estatal".

La gestión del agua
Una de las luchas que está teniendo lugar en Europa precisamente sobre la liberalización de un sector, es la que está planteando la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos en cuanto al sector del agua.

Pablo Sánchez, portavoz de la Federación, ha celebrado que la iniciativa europea ciudadana presentada el año pasado para tratar que la UE garantice la gestión pública del agua “es la única que de momento ha recibido una respuesta positiva de la Comisión Europea y ahora mismo se está tratando en el Parlamento comunitario”.

“La liberalización de este sector, sin embargo, no es nueva. Hace algunos años el 75% del agua de Europa se gestionaba públicamente y ahora ese porcentaje está por debajo del 50%”. “Los beneficiados por estas privatizaciones de la gestión del recurso son empresas con nombres y apellidos: Suez, Eolia, Aqualia…porque lo que se ha hecho no es sino transferir dinero público a estas multinacionales”.


En el caso del agua, Sánchez cree que la lucha para garantizar la gestión pública del agua “y que el ánimo de lucro quede fuera de la ecuación, está en el derecho humano al agua que garantiza Naciones Unidas, porque al tratarse de un derecho nos permite hablar de gestión pública. Un derecho”, argumentado, “no puede estar sujeto al ánimo de lucro, al beneficio de las grandes corporaciones”.

martes, 9 de junio de 2015

Campesinos colombianos denuncian presiones de Emerald Energy para entrar en su territorio

La empresa transnacional Emerald Energy, de origen chino, realiza preparativos para la exploración petrolera en una zona rural del departamento de Caquetá en Colombia, entre los municipios de Florencia Morelia, Valparaíso y Milán. Su proyecto para la extracción de hidrocarburos tiene probados perjuicios irreparables a los ríos, el territorio y la salud, por ello las comunidades campesinas de los municipios afectados han rechazado esta actividad desde el año 2014.


En el marco del conflicto socio-ambiental ocasionado por la intención de ingreso de la Emerald Energy a la vereda Curvinata de Valparaíso y la oposición de las comunidades campesinas, se instaló una mesa de diálogo con representantes de la empresa y de las comunidades en resistencia, y con la presencia de representantes de instancias del orden nacional y departamental. Durante las reuniones del 29 de mayo y el 2 de junio de 2015 fue evidente la actitud de aceptación del Viceministro del Interior, y sus delegados, del Ministerio de Minas, y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de las exigencias de la Emerald Energy, y la incapacidad para abordar aspectos relacionados con la política petrolera en la Amazonia. Por esta razón, el gobierno decide de forma unilateral levantar la Mesa de Diálogo, sin la elaboración de un acta conjunta.

La Comisión por la Vida del Agua reclama del gobierno de Colombia que asuma su responsabilidad constitucional y atienda el conflicto socioambiental, generado por Emerald Energy; que se garanticen los derechos fundamentales y colectivos de la población y que cumpla con la obligación de conservar y desarrollar de manera sostenible los recursos naturales frente a la actividad petrolera en la Amazonia Caqueteña.
Rechaza la actitud arbitraria de la Emerald Energy y su rechazo a la propuesta de los campesinos, que consiste en contar con ocho días para conocer el contrato de concesión y realizar las consultas técnicas que les permitan aclarar el alcance de los impactos, y la posibilidad de prevenirlos, para que en el Caquetá no se repita la calamitosa historia del Casanare.

La Comisión quiere invitar a la población que aprecia el departamento de Caquetá a unificar esfuerzos para defender por medios civiles y legales su territorio; a solicitar atención real y efectiva del gobierno colombiano frente al impacto devastador que puede tener en la Amazonia caqueteña la actividad petrolera; y a los gobiernos departamental y municipal, a que amparen los derechos de la población, y a ser conscientes de la necesaria unión en procura de nuestros intereses, ante la arbitrariedad de las empresas multinacionales.


La organización hace responsables a las autoridades nacionales y locales de la integridad de los campesinos del municipio de Valparaíso que están en resistencia por la defensa de la vida, el agua y el territorio amazónico.