“Vengo al Parlamento Europeo porque nos toca seguir luchando
para incautar los bienes que hay en otros países de la Chevron-Texaco por la
contaminación que dejó en la Amazonía ecuatoriana, en las provincias de
Orellana y Sucumbíos”, explicaba Gladys Huanca en una conferencia celebrada en
Bruselas el pasado 15 de abril.
Mientras Gladys Huanca y el abogado de la víctimas, Pablo Fajardo,
relataban ante una veintena de parlamentarios la situación de las comunidades
que sufren todavía las consecuencias de los vertidos tóxicos de Chevron-Texaco,
representantes de la petrolera hacían lo propio con otros parlamentarios
europeos en el mismo edificio de Bruselas.
La multinacional, condenada en 2011 por un tribunal
ecuatoriano a pagar 19.500 millones de dólares, trabaja a diario en el
Parlamento Europeo. Cuenta con una delegación permanente en Bruselas, casi como
un grupo político más. Chevron está acreditada como lobby en la Eurocámara,
uno más de los 7.400 “grupos de interés” registrados. Un total de 30.000
lobbistas toman café, comparten comidas, se reúnen y acuerdan de forma velada
con representantes del Parlamento Europeo cómo tratar de influir en las
decisiones políticas. Son legión, frente a los 60.000 funcionarios que trabajan
en la Eurocámara al servicio de los políticos. Un hecho autorizado e incluso
“considerado como positivo por la mayoría del Parlamento Europeo”, según
reconocen a este periódico funcionarios de la Eurocámara.
Chevron pertenece al grupo más numeroso e influyente, pero
no es la única: son 4.158 grandes empresas las que se mueven como pez en el
agua en los pasillos de la sede de Bruselas. Tienen oficina en la capital belga
y sus propios bufetes de abogados y organizaciones afines.
Pisar moqueta
Las multinacionales pisan moqueta y ejercen poder, sobre
todo con los miembros de la Comisión Europea, que son los que tienen capacidad
para proponer leyes. Según un informe de Amigos de la Tierra, los contactos con
direcciones generales de la Comisión, como Medio Ambiente, Acción por el Clima
o Energía dejan clara la influencia de los lobbies. “La Comisión ha mantenido
al menos 68 encuentros con representantes de la industria en el último año
frente a seis reuniones con grupos de la sociedad civil”. La web del Parlamento
aporta la información. Menos de un tercio de esos lobbies son ONG, sindicatos y
grupos sociales.
Para Pablo Fajardo, “ante la maquinaria de Chevron –2.000
abogados, decenas de empresas de comunicación y una cantidad de recursos que
gasta de forma desproporcionada–, lo que nos queda a los demandantes es
globalizar nuestra lucha. Lo que está en juego en este caso no es sólo la
Amazonía, es un precedente para toda la humanidad”.
Gladys Huanca y Pablo Fajardo consiguieron el apoyo de 50
europarlamentarios, de los 751 con que cuenta la cámara, para exigir que
Chevron pague las indemnizaciones.
La selva tóxica
Gladys es representante campesina y portavoz de las 30.000
víctimas organizadas en el Frente de Defensa de la Amazonía. Era la primera vez
que salía de Ecuador. Viajó hasta Bruselas, donde el Grupo de la Izquierda
Unitaria Europea ha llevado a cabo unas jornadas de denuncia de la devastación
producida por esta compañía estadounidense, junto con el Observatorio de
Multinacionales de América Latina.
Texaco se instaló en las provincias de Sucumbíos y
Orellana, en el noreste de Ecuador, en 1964. Su centro de operaciones se situó
en Lago Agrio, hoy una de las poblaciones más pobres del país y donde se
registran los mayores índices de cáncer. Dos millones de hectáreas de la
Amazonía contaminadas fue el resultado de uno de los mayores desastres
ambientales, sociales y culturales de la historia, sólo equiparable con el
derrame de British Petroleum en el golfo de México o el hundimiento del Exxon Valdez
en Alaska. Sin embargo, a diferencia de estos casos, no se trató de una
negligencia, sino de “una operación intencionada para aumentar ganancias ”,
denuncia el abogado Pablo Fajardo.
“Es duro para mí hablar –relata Gladys Huanca–. He perdido a
mi esposo, a mis suegros, a mis sobrinas y pido que mis cuatro hijas no caigan
enfermas”. Seis miembros de su familia fallecieron de cáncer a consecuencia de
los vertidos.
Texaco abandonó Ecuador en 1994 dejando detrás la tierra, el
aire y el agua contaminados por el petróleo y otros tóxicos que acompañan el
proceso de extracción. Unos productos altamente contaminantes que la compañía
almacenó, sin ningún tipo de aislamiento, en 950 ‘piscinas’ al aire libre.
Además de regar las carreteras con el petróleo sobrante, la compañía vertió
60.000 millones de litros de agua contaminada a los ríos.
Decenas de miles de indígenas y campesinos sufren todavía
las consecuencias de este desastre ambiental. Las muertes por cáncer de
estómago y útero, la leucemia en niños, los abortos espontáneos y las
malformaciones en recién nacidos se repiten. Según un estudio del Fondo de
Cooperación del Gobierno Vasco, el índice de muertes por cáncer en la zona es
diez veces mayor que en el resto del país.
La lucha en los tribunales
El 3 de noviembre de 1993, quince personas, campesinos e
indígenas demandaron a la petrolera en Nueva York por contaminación y atentado
a la salud. Pero en agosto de 2002, la Corte de Apelaciones de Nueva York envió
el caso a Ecuador por presiones de la petrolera que esperaba los ‘favores’ del
Gobierno de Ecuador. Pero las presiones del movimiento indígena fueron mayores:
el expediente presentado por Pablo Fajardo y 30.000 afectados, de 230.000 páginas
y 106 informes periciales, llevó a un juez de Sucumbíos a condenar en 2011 a
la empresa estadounidense al pago de 19.000 millones de dólares para indemnizar
a las víctimas.
Como Chevron no tenía activos en Ecuador, el equipo de
Fajardo comenzó a pedir el embargo de los bienes de la compañía en otros
países. Dio resultados en Argentina, donde un juzgado embargó en 2012 todos los
activos de Chevron. Pero un año después la medida fue anulada por la justicia,
al mismo tiempo que el Gobierno argentino firmaba un acuerdo con la petrolera
para extraer gas en la Patagonia.
La multinacional no se paró ahí. En 2014 un juez de Nueva
York, Lewis Kaplan, sentenció que había “evidencia” de que el equipo legal
sobornó al juez ecuatoriano para que emitiera un fallo contra Chevron.
Para Luis Nieto, del Comité Español en Defensa de la Amazonía
Ecuatoriana, “Chevron se mueve con total impunidad, corrompe a gobiernos,
viola derechos humanos y es protegida en Europa”. Nieto señala también que, “en
este caso, un juez [Kaplan] ha convertido a las víctimas en victimarios”.
A pesar de haber ganado 21.400 millones de dólares en 2013,
la petrolera no ha pagado todavía ni un dólar. En su web, en el apartado de
responsabilidad social corporativa argumenta que aporta al año 1.500 millones a
fines sociales.
De la guerra tóxica a la guerra legal
1964. Texaco se instala en Lago Agrio, en la selva
ecuatoriana. Hasta 1994 contamina la tierra, el agua y el aire.
1993-2011. Los juicios de las organizaciones indígenas y
campesinas culminan con la sentencia ecuatoriana que obliga a Chevron a pagar
19.000 millones de dólares.
2014. Un juez de Nueva York invalida el juicio según la Ley
Rico, alegando que el juez ecuatoriano fue “sobornado”.
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