A finales de febrero, Juan
Ignacio Goirigolzarri pudo, por fin, dar buenas noticias sobre Bankia, la
entidad nacionalizada que preside desde hace casi tres años. Durante meses el
banco, fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y otras cinco antiguas cajas
de ahorro en 2010, había protagonizado titulares negativos sobre el escándalo
de las tarjetas black, la investigación judicial del supuesto fraude en la
salida a Bolsa en 2011 y las demandas por la venta de participaciones
preferentes, todos abusos anteriores a la etapa del actual equipo gestor. En
rueda de prensa, el pasado 28 de febrero en la sede situada en una de las
Torres Kio de Madrid, Goirigolzarri anunció que en 2014 Bankia había logrado un
beneficio neto de 747 millones de euros. Por primera vez en su breve historia,
el banco va a pagar un dividendo: 202 millones de euros, de los cuales el 62%
corresponde a su matriz, BFA, que está enteramente en manos del Estado a través
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Estos 124 millones no
son más que una pequeña gota comparado con los 22.400 millones de euros que ha
costado al erario público el rescate de la entidad. Pero para el banquero vasco
es un comienzo. “Mis intereses están perfectamente alineados con los de los
contribuyentes, porque soy el presidente de Bankia y de su matriz BFA, y tengo
el objetivo de que se recupere todo el dinero que se puso para la
recapitalización”, afirmó. Y con “todo el dinero” se refiere al total de los
22.400 millones que se ha destinado a Bankia y BFA.
El gobierno del Partido Popular
tiene claro que Bankia debe ser privatizada, al igual que ha ocurrido con las
otras entidades nacionalizadas tras el estallido de la burbuja, a excepción de
BMN, que aún sigue en manos del FROB, además de BFA. Pero hay cada vez más
voces en la sociedad que defienden la creación de una banca pública fuerte para
corregir y contrarrestar los defectos de un sector financiero privado que
persigue, por encima de todo, la máxima rentabilidad de sus operaciones y el
máximo beneficio para sus accionistas y, en muchos casos, sus directivos. El
tema estuvo presente en la última campaña electoral en Andalucía, la primera
del maratón electoral de este año. Izquierda Unida lleva tiempo reivindicando
una banca pública. Podemos incluye el asunto entre sus prioridades económicas y
recientemente se ha sumado el PSOE de Pedro Sánchez, que pide un banco que “proporcione
financiación a la economía real y combata la sequía del crédito existente”.
Un servicio esencial para la
economía
A diferencia de los socialistas,
en IU y Podemos se pone la mirada directamente en Bankia, la cuarta entidad
financiera del país, con una red de casi 2.000 sucursales y una implantación en
la mayoría de las regiones del Estado. Hay argumentos de emergencia social para
justificar la nacionalización de parte de la banca, como sería frenar los
desahucios y usar parte del stockde vivienda de Bankia o la Sareb, el banco
malo donde ha ido a parar buena parte de los activos inmobiliarios del sector.
La mala experiencia con la reticencia de los bancos a conceder los muy
necesitados créditos a las empresas ha demostrado que la industria financiera
tiene una función clave y una cierta responsabilidad para la economía en su
conjunto, como ha ocurrido con las carreteras y demás infraestructuras. Por
ello, los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, autores de un documento
base para el programa económico de Podemos, abogan por cambiar la Constitución
para establecer “la banca, incluyendo la privada, como un servicio público, con
la función de servicio a la ciudadanía, incluyendo la oferta de crédito”.
También algunos economistas
liberales, poco amigos de la idea de una banca pública, admiten que ésta podría
servir como contrapeso en los momentos de crisis en que las entidades privadas
prefieren invertir su dinero en otras cosas. Así se evitaría el cierre total
del grifo. “Un banco público puede ser positivo exactamente por ser menos
procíclico que el resto de bancos. Puede dar más crédito cuando la situación es
mala, aunque ello quizás implique más pérdidas, que al final pagará el
contribuyente”, explica José-Luis Peydró, catedrático de Economía en la
Universitat Pompeu Fabra.
Ante los argumentos a favor de
una banca pública que coexista con la privada –también hay gente y
organizaciones que plantean la nacionalización de todo el sector– el Gobierno,
la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la propia industria
financiera se cierran en banda. Para ellos, las entidades públicas son
ineficientes por naturaleza. “La experiencia demuestra que la gestión o la
propiedad pública de las entidades, más allá de la necesaria para conducir
procesos de reordenación del sector acotados en el tiempo, no resulta, en
general, un mecanismo eficaz paracorregir las imperfecciones del mercado de
servicios financieros”, escribió Fernando Restoy, el subgobernador del Banco de
España. Es uno de los escasos comentarios de un directivo del banco central
español sobre este tema, y llama la atención que Restoy destaque “las
imperfecciones” que produce el sistema bancario en manos privadas. El PP y los
economistas liberales consideran que, para corregir estas imperfecciones, es
suficiente con un organismo como el Instituto Oficial de Crédito (ICO), que
aumenta su oferta de créditos para empresas en los momentos críticos. Para
hacerlo, el ICO normalmente usa la red de las entidades privadas, que cobran
una comisión por gestionar el préstamo, sin tener que asumir el riesgo de
impago.
Desacreditar a las cajas de
ahorro
Los grandes banqueros, desde el
presidente del BBVA, Francisco González, al jefe de la Asociación Española de
Banca (AEB), José María Roldán, no pierden ocasión para arremeter contra las
antiguas cajas de ahorro como los principales, si no los únicos, responsables
de la crisis por los defectos de su modelo. Es cierto que la mayoría de las
cajas pagó el precio por sus excesos durante la burbuja, cuando otorgaban
créditos hipotecarios sin apenas control y financiaban grandes proyectos
ideados por los políticos regionales que controlaban los consejos. Pero los
desmanes durante la burbuja también han puesto en aprietos a algunas entidades
privadas como el Banco Popular, mientras cajas como La Caixa salieron indemnes
de la crisis. Kutxabank, la fusión de tres cajas vascas, incluso obtuvo la
mejor nota de toda la banca española en las pruebas de resistencia a entidades
europeas del año pasado.
La tesis de que la banca pública
es ineficiente y nociva para el libre mercado, que manejan sus opositores en
España, genera más dudas cuando se mira al exterior. China, India y Brasil
salieron mucho mejor parados de la crisis financiera global gracias a sus
potentes bancos estatales, como reconocen fuentes tan poco sospechosas de
pensamientos marxistas como la revista The Economist. Francia y Austria
mantienen importantes entidades públicas. En Portugal, Caixa Geral de Depósitos
(CGD) tuvo problemas y necesitó ayudas, al igual que algunos bancos privados,
pero el que quebró fue el Banco Espírito Santo (BES) por una gestión nefasta y
posiblemente corrupta de sus dueños privados.
Alemania tiene el sector público
más grande de Europa, que representa más de la mitad del negocio bancario si se
incluyen las potentes entidades cooperativas. Los Landesbanken son propiedad de
unas 400 cajas de ahorro locales en sus respectivas zonas, a la vez controladas
por ayuntamientos y gobiernos regionales. Sin embargo, los graves errores
durante la crisis han hecho mella en este sector, clave para la financiación de
las pymes, la auténtica columna vertebral de la economía alemana. Muchos
directivos de bancos públicos se dejaron seducir por la alta rentabilidad,
supuestamente con poco riesgo, de productos de Wall Street, como las infames
subprime.Algunos Landesbanken fueron liquidados, otros tuvieron que fusionarse.
El lobby liberal también dice que el problema es el modelo mismo, obviando que
el Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, tuvo que ser intervenido
por el Estado.
Gunter Dunkel, presidente de VÖB,
la asociación de la banca pública alemana, teme que la recién estrenada unión
bancaria europea sea una amenaza si se pretende que todas las entidades sigan
la misma pauta, ya quetodas podrían incurrir en el mismo error y provocar
burbujas especulativas. “Es bueno que haya modelos de negocio diversos”, dijo
Dunkel al diario financiero Börsen-Zeitung. Sus palabras se dirigen a la
Comisión Europea, que lleva mucho tiempo intentando recortar el poder de los
Landesbanken. “Para recuperar una cuota de mercado importante, se persigue
destruir la banca pública en Alemania. Como esta medida impopular no la puede
tomar el Gobierno alemán, se ha encargado a la Comisión Europea hacer el
trabajo sucio”, comenta Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute en
la página web de esta organización de EEUU.
Bruselas también forzó a España a
reconvertir las cajas de ahorros en bancos, especialmente desde que la Troika
dictara las normas. El argumento es, una vez más, el fracaso del modelo de
cajas. Para no repetir los abusos cometidos, los partidos que apuestan por una
banca pública hablan de establecer un “control democrático” o “control
ciudadano” (IU y Podemos), o una “revisión de cuentas” (PSOE). Pero las
antiguas cajas también eran controladas por partidos políticos, sindicatos,
patronales y otros representantes de la sociedad civil sin que sirviera de
mucho. “Para mí el desastre de las cajas no es el ejemplo de que no se puede
poner la banca en manos de los políticos, es un ejemplo de que los políticos
que tenemos no son dignos de confianza para dejarles que gestionen recursos
públicos”, opina Bibiana Medialdea, profesora de Economía de la Universidad
Complutense y simpatizante de Podemos: “Sin otra política, efectivamente, otra
banca pública no es posible”.
El propio Gobierno admite que un
banco de propiedad pública no es incompatible con una gestión profesional, sin
interferencias políticas y que opera dentro de unas directivas claras que
evitan excesos. En una conferencia a finales de 2013, el ministro de Economía
Luis de Guindos se deshizo en elogios hacia Goirigolzarri. Destacó su “buen
hacer, la austeridad, la transparencia y la prudencia, principios que, por
desgracia, en algunas ocasiones perdimos, y que tienen bastante que ver con la
crisis que ha vivido España”. A pesar de estar muy contento con la marcha del
negocio de Bankia, De Guindos no contempla la posibilidad de conservarla como
propiedad del Estado y sigue adelante con el plan de vender la participación
para recuperar las ayudas, los 22.400 millones de euros que ha costado el
rescate de la entidad. El problema es que, hoy por hoy, al Gobierno no le salen
las cuentas. Hace un año, el FROB ingresó 1.300 millones de euros con la venta
de un 7,5% del capital del banco. El 62% que aún mantiene valía unos 10.000
millones de euros a finales de marzo. Para recuperar todas las ayudas, la
cotización tendría que subir un 100%, algo poco probable a medio plazo. Otra
cosa sería que apareciese un comprador dispuesto a pagar una prima
considerable.
“Lógicamente pretendemos
recuperar todas las ayudas y esperamos que el tiempo juegue a favor”, ha
afirmado el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. Hay dos
tiempos para el Gobierno: uno lo marcan los mercados y el otro el calendario electoral.
Thilo Schäfer
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