Fiesta del PCE 2010

En la carpa de Cuba con la bandera de la Revolución

Ruta de Aigualluts cerca de Benasque

En la pradera después de Aigualluts, a los pies del Aneto.

Impresionante cascada de Aigulluts

La espectacularidad de esta cascada es para no olvidarse de ella.

Las Gradas de Soaso

Un espectaculo en los Pirineos Aragones

Cascadas de la Larri en, la espectacularidad alubrada a nuestros ojos

Un valle Glaciar eún vivo en los Pirineos Aragones

A los pies del las agujas del Pico Perramo, con su ibón

Otro rincón sin desperdicio pero muy duro de alcanzar

La Alhambra de Granada

La Alhambra desplegando toda su majestuosidad por la noche

La Alhambra de Granada

El patio de los Leones después de su restauración

Caracassonne

Ciudad Patrimonio de la Humanidad al sur de Francia

Mont Saint Michel

En la Normandia francesa se encuentra emplazada esta abadía espectacular

Castillo de Chambord

En el Valle del Loira, merece la pena ver este chateau

La Cueva de Zugarramurdi

En el norte de Navarra, se encuentra este lugar misterioso

En el alto del Mugrón

Una jornada de reivindicación con la Plataforma contra el ATC de Zarra.

Vista Labor de Torregrande

Edificio centenario con planta defensiva acastillada en Almansa.

Fiesta PCE 2012

Cayo Lara apoyo la reivindicación de la Coordinadora en Defensa del Hospital de Almansa para su no privatización.

Marchas de la Dignidad

En pleno tramo de Chinchilla a Albacete de camino a Madrid con las Marchas 22-M.

Fiesta PCE 2014

Un rato distraido con Cayo Lara en los puestos de la Fiesta del PCE.

Fiesta PCE 2014

Gines Fernandez el Director de Mundo Obrero, mítico periódico del PCE.

Marchas de la Dignidad Almansa

Movilización contra los recortes sociales y libertades colectivas, reclamando Pan, Techo, Trabajo y Dignidad 21.03.2015.

VIDEOS MARXISTAS, MATERIALISMO HISTORICO, DIALECTICA, SOCIALISMO CIENTÍFICO. FILOSOFÍA MARXISTA
PACIFISMO BURGUÉS Y PACIFISMO REVOLUCIONARIO
MARX: DIALÉCTICA, HISTORIA Y COLONIALISMOS
HISTORIA DEL MARXISMO:CLASE 1-INTRODUCCIÓN

domingo, 27 de septiembre de 2015

La Audiencia Nacional admite a trámite dos querellas contra cinco petroleras

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp y sus máximos directivos por un supuesto delito de colusión -pacto ilícito en daño de tercero- en los precios de venta minorista de carburantes. En un auto del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia al que ha tenido acceso Efe, el juez Fernando Andreu admite a trámite ambas querellas, que unifica en una sola causa.

Las querellas habían sido presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y Manos Limpias, a las que el juez exige una fianza para hacer frente a posibles costas judiciales de 1.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Además de admitir a trámite las querellas ahora unificadas, el juez acuerda pedir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la documentación relativa al expediente incoado por pactar precios en 2013 -que se saldó con multas por casi 23 millones de euros- y recibir declaración de los querellados.

Los querellados son Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz; Cepsa y su expresidente Khadem al Qubaisi; Disa y su consejero delegado, Raimundo Baroja; Meroil y su presidente, José Luis Porte, y Galp Energía.


En el auto, el juez considera que las querellas cumplen con los requisitos formales y procesales para su admisión a trámite y que los hechos descritos en ella encajarían, de confirmarse, en el concepto de "defraudación". Contra este auto puede interponerse recurso de reforma.

sábado, 26 de septiembre de 2015

Nestlé: memoria y camino recorrido contra la impunidad

El crimen de Luciano Enrique Romero Molina, sindicalista de Sinaltrainal en la compañía Nestlé en Colombia, conmovió́ al movimiento sindical y en general al movimiento popular del país. El nivel de violencia registrada en su humanidad solo es entendible al abordar históricamente los actos de violencia estatal contra los movimientos que defienden la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Pasado diez años del execrable crimen el balance de búsqueda de verdad y justicia es desmotivador, salvo algunas condenas a los autores materiales, los hechos permanecen en total impunidad en la medida que ninguna institución del Estado ha sido investigada y menos, procesados los directivos de la transnacional Nestlé.

La terquedad de Sinaltrainal y el valor de Ledys y sus hijas, sumado a la solidaridad desde los pueblos, ha permitido que lo ocurrido a Luciano se convierta en un reto de construcción colectiva de memoria en perspectiva de subvertir las estructuras que confrontó dignamente Luciano con su vida.
El Estado capitalista, como forma de organización política propia de la burguesía para defender los intereses del poder financiero tras- nacional, ha buscado consolidar un control hegemónico económica, política, socialmente y culturalmente; imponiendo con el terror de las armas un modelo de control colonial a su servicio. “La modalidad del control colonial actual varía en la región según las diferentes circunstancias geopolíticas, pero insistimos en lo siguiente: “en toda la Patria Grande, conforme al modelo de sociedad excluyente, tiene como obje- tivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo masivo de la población excluida”. El poder financiero transnacional no se equivoca en sus objetivos aunque, como se mueve ideológicamente, a veces yerra en el plano de la realidad social. Tanto en el centro como en la periferia –es decir, en ambas puntas del poder hegemónico planetario-, proyecta su modelo de sociedad excluyente”. (zaffaroni, 2015).

La estructura del aparato represivo de control prevé la violencia antisindical como elemento fundamental para la consolidación del poder financiero trasnacional, desconociendo los límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos laborales, y por supuesto el derecho ambiental. Así esta práctica se ejecuta en Colombia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garantiza impunidad para sus más altas esferas.

La dinámica represiva frente al movimiento sindical se da de manera diversa. Desde la institucionalidad del Estado a través de la estigmatización y judicialización de la actividad sindical, el desconocimiento de la progresividad de los derechos laborales, la precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. Pasando también por actividades propias de la persecución y violencia anti- sindical que son delegadas a ejércitos paramilitares para ocultar la responsabilidad directa de empresas y por supuesto del Estado. Esto dentro del planteamiento de una nueva ejecución criminal, en donde la fuerza pública delega la represión extralegal a agentes paraestatales. Históricamente los ejecutores de los crímenes contra el movimiento sindical se han desplazado desde las centrales de inteligencia militar hacia los grupos paramilitares, lo que no es óbice para restarle responsabilidad al Estado en estos graves crímenes, y por el contrario nos obliga a realizar el análisis de las estructuras criminales de poder organizado como una misma unidad, es decir entendiendo el para- militarismo como una política de Estado que sirvió como principal ejecutor de violencia antisindical.

La práctica anteriormente descrita, entendida como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical, es decir la violencia antisindical como crimen de lesa humanidad, responde a pulsiones propias de la necesidad de acumulación irracional de capital por empresas transnacionales en esta fase superior del colonialismo, que ya no necesitan de una ocupación territorial, sino de una sumisión de las políticas económicas y de producción al poder financiero trasnacional. En otras palabras la violencia antisindical es un elemento estructural que garantiza grandes utilidades a los conglomerados económicos, arrasando con todo lo que se contraponga a sus intereses.

Esta situación si bien se desarrolla en medio del conflicto armado, no hace parte del mismo, no obedece a sus dinámicas ni tensiones, sino que responde a intereses, generalmente transnacionales, que únicamente se benefician de él. Ligar los miles de asesinatos de que es víc- tima el movimiento sindical colombiano al conflicto ha sido más bien una estrategia de los victimarios que justifica su accionar, señalando y estigmatizando a líderes sindicales como insurgentes, y atenuando su responsabilidad.

Vincular la violencia antisindical al conflicto desconoce que nos encontramos frente a un tipo de violencia en donde el conflicto funciona como marco que facilita la ejecución e impunidad de estos crímenes. Por tanto cualquiera que sea la alternativa de reparación dirigida a las víctimas de la violencia antisindical debe ser responsable frente al papel de las más altas jerarquías de las estructuras de poder que ejecutaron estos crímenes, teniendo como elemento fundamental la concreción de los derechos de verdad, justicia, y memoria de las víctimas.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Antúnez: ¿huelguista, constructor o bañista?

Aunque ahora el estómago no me da para darle sustos, un video sugerido por un amigo me ha llevado a entrar al poco visitado youtube para tratar de responder a la interrogante que titula este post. Ya había visitado el poco serio sitio de Diario de Cuba para buscar detalles de la más reciente historieta de Jorge Luis García Pérez (Antúnez) que como es habitual sigue tratando de hacerse el sueco.
La (des)información dice que “un grupo de activistas liderados por el opositor Jorge Luís García Pérez (Antúnez) iniciaron este miércoles una huelga de hambre junto para denunciar el incremento de la represión y arrestos de opositores antes de la visita papal”.
Está claro que es otra jugarreta más para intentar deslucir la visita del Papa Francisco a Cuba, pero el video me deja algunas pequeñas dudas que ojalá alguien logre aclararlas. Siempre he escuchado que una persona en huelga de hambre se debilita por la disminución en el consumo de alimentos y en consecuencia, en poco tiempo, necesita de mucho descanso. Al menos eso pensaba hasta ver este video del huelguista Antúnez.
El tipo, que supuestamente está en huelga de hambre, tiene fuerzas para construir su vivienda con fondos que sabemos de dónde vienen y hasta para un “baño al aire libre”. Vaya manera de hacer huelga. Las pocas veces que he estado enrolado en construcciones he tenido que comer bastante luego del ejercicio, porque no es nada fácil.
De todos modos la “dietica mediática” no le viene mal a ver si baja las libras que le sobran. A lo mejor olvidó que la obesidad es mala compañía y eso lo sabe hasta el médico chino.

martes, 22 de septiembre de 2015

“EL MINISTERIO DE LAS COLONIAS”, CONTRA VENEZUELA (por Luis Britto)

La infeliz sentencia de la CIDH pretende, ni más ni menos, despojar a todos los países de la tierra de los bienes públicos que les pertenecen / Los Derechos Humanos sólo pueden ser reconocidos a personas naturales, vale decir, a seres humanos, y no a corporaciones o compañías


Hace años recomiendo que Venezuela se salga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), y de las diversas Cortes y Juntas Arbitrales a las cuales la someten los Infames Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales las transnacionales no pagan impuestos por los beneficios que obtienen en nuestro país.

¿La Razón? Someterse a estas Cortes de linchamiento es perder la soberanía. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra ni ningún otro país hegemónico se someten a ellas.

Bolívar nunca aceptó que nuestras cuestiones de orden público fueran decididas por tribunales extranjeros.  Mandatarios y leguleyos entreguistas nos sometieron a ellos, y lo pagamos bien caro.
Cuando al fin nos retiramos, lo hicimos tardíamente, y lo seguimos pagando, pues estos seudo tribunales sostienen que pueden conocer de todos los hechos ocurridos antes de nuestro retiro de su jurisdicción.

2 – Ejemplo de lo señalado es el último fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, bien llamada Ministerio de Colonias de Estados Unidos, país que no se somete a esa Corte, pero pretende someternos a ella y mediante ella.

Como todos recordarán, el 27 de mayo de 2007 caducó la concesión que el gobierno venezolano había otorgado a RCTV el año 1952, y renovado sólo por 20 años en 1987.

¿Qué significa la caducidad de una concesión? En Venezuela, como en la casi totalidad de los países, el uso del espacio radioeléctrico pertenece a la República.

Ésta puede otorgarle a un particular una concesión para su uso, pero por tiempo limitado. Cumplido ese lapso, la concesión deja de existir, por el simple paso del tiempo para el cual se la otorgó, y es potestativo y discrecional de un Estado soberano otorgar o no una nueva concesión.

Los propietarios de RCTV pretenden por el contrario que una concesión es perpetua, eterna y hereditaria, por los siglos de los siglos, Amén.

3 – Ahora bien, los Derechos Humanos sólo pueden ser reconocidos a personas naturales, vale decir, a seres humanos, y no a corporaciones o compañías.

Al respecto, el numeral 2 del artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece expresamente: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

Pero para complacer a Estados Unidos, la Corte Interamericana ha resuelto que RCTV es un “ser humano”, titular de Derechos Humanos.

Su “Derecho Humano” consiste en las sumas que esperaba ganar si se le otorgaba una nueva concesión. En virtud de esta perversión, “seres humanos” como la EXXON o Monsanto demandarán a los países por “Derechos Humanos” consistentes en los dividendos que esperaban obtener.

Y la CIDH condenará a los países a pagárselos.  Los organismos de Derechos Humanos quedan así degradados a simples agencias de cobranza de las transnacionales.

4 – Quien obtiene una concesión debe siempre cumplir con las leyes del país que la otorga. No ha sido éste el caso de RCTV y sus empresas asociadas o cómplices.

Entre otras conductas ilegales, mantuvo con Venevisión un oligopolio de la publicidad televisiva, otorgando descuento de 10% a los anunciantes que se comprometieran a no hacer publicidad en otros canales, y repartiéndose estrictamente por mitad las pautas de anuncios.

Incumplió repetidamente con la legislación laboral y los pagos a sus trabajadores. Violó reiteradamente las normas vigentes al transmitir en horarios reservados para programación infantil y juvenil contenidos impropios para esos horarios.

Colaboró en forma activa en el golpe del 11 de abril de 2012, divulgando una versión manipulada de los sucesos, sacando del aire la alocución del Presidente legítimo, difundiendo la falsa noticia de su renuncia, apoyando la dictadura de Carmona Estanga, repartiéndose con éste los cargos decisivos en materia de telecomunicaciones, ocultando con un apagón comunicacional los esfuerzos del pueblo por reponer a su mandatario legítimo.

Además, RCTV promovió el sabotaje petrolero y el lock out patronal iniciado el mismo año, transmitiendo durante 62 días sólo mensajes de incitación a delinquir para el derrocamiento del gobierno legítimo.

Durante todos estos sucesos, llamó reiteradamente a la desobediencia tributaria, e incumplió en forma sostenida sus obligaciones fiscales.

En cualquier país, semejante prontuario hubiera llevado a la inmediata revocación de la concesión respectiva. Venezuela, permitió que dicha televisora continuara en uso de la concesión, hasta que ésta caducó el 27 de mayo de 2007.

5 – La infeliz sentencia de la CIDH pretende, ni más ni menos, despojar a todos los países de la tierra de los bienes públicos que les pertenecen (entre ellos el espacio radioeléctrico) para convertirlos en propiedad absoluta y perpetua de las empresas que alguna vez hubieren obtenido alguna concesión para explotarlos.

Éste es un fallo vergonzoso en la historia de los Derechos Humanos. De aplicarlo, los tribunales competentes en tal materia quedarán degradados a cortes para que las corporaciones decidan sus disputas financieras.

Como colofón de esta infamia, recordemos que según la jurisprudencia de dichas Cortes, las empresas privadas no pueden ser demandadas por violación de los Derechos Humanos.
Vale decir, serían inmunes e impunes por la violación de los “Derechos Humanos” de los cuales ahora pretenden gozar y disfrutar.

Con toda razón, ante la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica un letrero advierte a las posibles víctimas: “CALLE SIN SALIDA”.

6 – Afortunadamente, dos votos salvados de los magistrados de la propia Corte Interamericana desautorizan este fallo inadmisible.

Y por sobre todo, sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el único competente para resolver cuestiones relativas a nuestro orden público, sostienen que no son aplicables en nuestro país fallos de cortes extranjeras que vulneren el orden interno.

Venezuela no sólo debe activar su retiro definitivo de la jurisdicción de todos los tribunales, Cortes o Juntas Arbitrales extranjeros, sino que debe evitar para el futuro suscribir cualquier Tratado, contrato o norma que de nuevo la someta a ellos. Retirémonos de estos tribunales de fariseos antes de que nos crucifiquen.


lunes, 21 de septiembre de 2015

Constructoras españolas hallan en Bolivia un mercado ante crisis en su país

La crisis económica en España hizo que varias constructoras hispanas dirigieran la mirada hacia países de América Latina como Bolivia, donde es cada vez más frecuente la adjudicación a estas compañías de millonarios proyectos estatales de carreteras, hospitales e infraestructuras para el área energética.

Las expropiaciones decretadas por el presidente boliviano, Evo Morales, que afectaron a inversores americanos y europeos entre 2006 y 2012 crearon el temor de hacer negocios con Bolivia que parece haber quedado atrás porque ahora los capitales los pone el Estado boliviano.

En el último año casi una decena de empresas de España se han interesado en las licitaciones de los diversos proyectos que encara Bolivia, necesitada de experimentados constructores e ingenieros para obras clave, algunas de importancia internacional por su tamaño.

Solamente en lo que va de septiembre cinco compañías españolas han sido contratadas por el Estado boliviano. El caso más reciente fue el de la española Rubau, contratada el viernes para construir una carretera de casi 41 kilómetros por un monto cercano a los 59 millones de dólares en la región de Santa Cruz (este).

Dos días antes, Contratas Iglesias firmó un contrato para edificar un aeropuerto con características internacionales también en Santa Cruz por 28,8 millones de dólares. La española Joca fue contratada el pasado sábado 12 para el diseño e instalación del primer tren eléctrico urbano de Bolivia en la región de Cochabamba (centro), por 537 millones de dólares.

A principios de septiembre, la estatal Empresa Nacional de Electricidad contrató, por separado, a la Asociación Accidental Maud y a Ingeniería y Proyectos (Inypsa) para que realicen estudios por 5,3 millones de dólares para dos proyectos eléctricos. Antes, Eptisa Servicios de Ingeniería se adjudicó una licitación para diseñar el proyecto hidroeléctrico Rositas, que será la mayor central de su tipo en Bolivia y estará en Santa Cruz. Pero, ¿a qué se debe ese interés en el mercado boliviano?

El presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Bolivia, Ildefonso Núñez López, opinó, en declaraciones a Efe, que ante las "pocas posibilidades" que había en España por la crisis, muchas constructoras pusieron los ojos en Latinoamérica. "Primero han llegado a Perú, a Chile, Colombia, Ecuador, luego ya estando en esos países se enteraron de Bolivia", dijo Núñez.

Según el empresario, es cierto que las expropiaciones fueron un "impedimento" para la llegada de compañías españolas, pero en los últimos tiempos se vio "un cambio de actitud" por parte de las autoridades bolivianas que empezaron a difundir "una serie de mensajes más positivos para las empresas extranjeras".

Al mismo tiempo, para estas firmas han resultado atrayentes los datos de crecimiento y estabilidad económica de Bolivia, más la difusión de planes de desarrollo del Gobierno hacia el año 2025. En abril de 2014, durante una visita a Praga, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó la importancia de las empresas españolas en la modernización de la economía del país andino, sobre todo en infraestructuras y el sector petrolero.

Las obras de infraestructura energética buscan aumentar el valor del gas y que el país dé un salto a la producción y la exportación de electricidad a mercados vecinos, en la perspectiva de convertir a Bolivia en el "corazón energético" del Cono Sur. En agosto pasado,la española Técnicas Reunidas (TR) entregó la planta Gran Chaco, la mayor procesadora boliviana de hidrocarburos, que costó 688 millones de dólares y es una de las más grandes de Suramérica.

La industria, situada cerca de la frontera con territorio argentino, permitirá exportar en cisternas gas licuado de petróleo a Paraguay, Perú, Argentina, Brasil e incluso Uruguay. En el último tiempo, la firma española Isotron instaló una planta de solar en una ciudad amazónica, el Grupo Corsán-Corviam se adjudicó la construcción de una hidroeléctrica en La Paz y también construyó un tramo de la primera doble vía boliviana, que une esa región con la ciudad de Oruro.


Si bien es previsible que continúe la llegada de constructoras españolas para ofrecer sus servicios, Núñez expresó su deseo de que no vengan solo para hacer proyectos "con fecha de inicio y de vencimiento", sino que se planteen establecer sucursales en el país. Para ello, consideró importante superar los factores "que todavía retraen a las empresas" de instalarse en Bolivia, como las medidas gubernamentales unilaterales de incrementos salariales, y mejorar más aún la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros.

sábado, 19 de septiembre de 2015

Inditex gana el 26% más que el año anterior en el primer semestre de 2015

El grupo Inditex, dueño de cadenas como Zara o Massimo Dutti, logró un beneficio neto de 1.166 millones de euros en su primer semestre fiscal (febrero-julio), el 26% más que en el mismo periodo de 2014, mientras que sus ventas aumentaron el 17% y sumaron 9.421 millones, gracias, fundamentalmente, a Asia.

En superficie comparable (tiendas que llevan abiertas más de un año), el incremento de la facturación fue del 7%, ha informado hoy el mayor grupo de distribución textil del mundo, que detalla que estas ventas representan el 82% del total facturado en tiendas y a través de internet.

El resultado bruto de explotación (ebitda) mejoró el 22%, hasta los 1.970 millones de euros, en tanto que el neto (ebit) avanzó el 25% y se situó en 1.489 millones, según la misma fuente, que destaca que en los últimos 12 meses, Inditex ha creado 10.000 puestos de trabajo, 2.532 de ellos en España.

Como avance del tercer trimestre, las ventas en tienda y online a tipos de cambio constantes han aumentado un 16% en el periodo que va del 1 de agosto al 10 de septiembre.

En un comunicado, la compañía subraya que los datos muestran que prosigue con la expansión global de su modelo integrado de tiendas y venta online y que en el primer semestre ha sumado 94 tiendas a su red comercial en 35 mercados, con lo que al cierre de julio sumaba 6.777 establecimientos en 88 países.

Así, el crecimiento del espacio comercial y el lanzamiento de la venta online global se desarrollan en línea con lo previsto.


Por zonas geográficas, en el primer semestre España continuó perdiendo peso en la facturación global del grupo, que ahora logra en el país el 17,4% de sus ventas, frente al 19,3% de hace un año.

Por el contrario, Asia ganó 3,5 puntos y pasó a representar el 25,2% de la cifra total de negocio del grupo, mientras que hace un año aportaba el 21,7%.

América generó el 14,7% de las ventas, 1,3 puntos porcentuales más, y Europa (sin España) también perdió peso para pasar a aportar el 42,7%, frente al 45,6% del primer semestre de 2014.

Por marcas
Por enseñas, las ventas de Zara crecieron el 18% (6.140 millones), las de Pull&Bear el 13% (641), las de Massimo Dutti el 9% (669 millones), las de Bershka el 15% (839), las de Stradivarius el 17% (595), las de Oysho el 13% (211), las de Zara Home el 22% (293) y las de Uterqüe el 5% (33 millones).

En el terreno online, el buque insignia del grupo, Zara, ha lanzado recientemente sus tiendas en internet en Hong Kong, Macao y Taiwán, con lo que suma 28 establecimientos virtuales.
El próximo 3 de noviembre, Inditex abonará un dividendo bruto de 0,26 euros por acción, que se sumarán a los 0,26 ya abonados en mayo, con lo que la firma habrá repartido entre sus accionistas 1.618 millones.


viernes, 18 de septiembre de 2015

Red Eléctrica coloca a un ex alto cargo de Soria en un puesto directivo de nueva creación

Ignacio Grangel, exdirector del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, cesó en este cargo el mes de febrero. La semana pasada aterrizó en Red Eléctrica de España (REE) para desempeñar unas competencias que no habían existido hasta la fecha. El principal accionista de REE, con el 20%, es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).


Del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Red Eléctrica de España (REE) en siete meses. Es lo que ha tardado Ignacio Grangel Vicente en dar el salto de la Secretaría de Estado de Energía, donde fue director del gabinete, a la recién creada Vicesecretaría General del gestor del sistema eléctrico. Fuentes de esta empresa consultadas por infoLibre aseguran que fue la semana pasada, el 7 de septiembre, cuando este abogado del Estado se sumó a su plantilla. Había cesado en el ministerio que dirige José Manuel Soria en el mes de febrero, donde había llegado en enero de 2012, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE).


Con la proximidad de las elecciones generales, la puerta giratoria, fenómeno conocido como el paso del sector público al privado, y viceversa, se engrasa y los cargos de los diferentes ministerios buscan otras salidas.


El jefe directo de Grangel era el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.


Grangel llega a REE, cuyo principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20%, para estrenar cargo. Así lo admiten las citadas fuentes: "Se trata de un puesto de reciente creación, que se enmarca en el proceso iniciado en el mes de julio con la separación de los cargos de presidente y de primer ejecutivo, y con el consiguiente nombramiento del consejero delegado". Este proceso, añaden desde el gabinete de prensa de REE, "conlleva el reforzamiento de las funciones de la Secretaría General".


Fuentes del sector, sospechan, no obstante, de que el puesto de vicesecretario general ha sido creado ad hoc para dar cobijo a Grangel. Éste aspiraría en un par de años a ascender a la Secretaría General.
Sobre su remuneración, en Red Eléctrica no facilitan "ningún dato". "Este tipo de información no es pública", mantienen.


Clave en la reforma energética
A los jefes de gabinetes de las secretarías de Estado no se les aplica la ley sobre incompatibilidades de altos cargos. De todos modos, su aterrizaje en REE no está exento de polémica. Fuentes conocedoras del proceso que ha culminado con este nombramiento señalan que en febrero, cuando Grangel dejó el ministerio, el presidente de la eléctrica, José Folgado, frenó su incorporación. "Fue una cuestión estética", señalan. En este momento se especuló con que el ex director de gabinete de Alberto Nadal estaba ya preparando su regreso a la Abogacía del Estado. No obstante, siete meses después, todo ha cuajado.


A Grangel se le considera una pieza clave en la reforma energética, con la elaboración de normas como la ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética.


Red Eléctrica de España fichó en 2012 para su consejo a Alberto Nadal y a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Ambos renunciaron al nombramiento por el revuelo generado al hacerse públicos los nombramientos.

InfoLibre.-

miércoles, 16 de septiembre de 2015

“La crisis de los refugiados y el imperialismo europeo”: Vijay Prashad

Sharmini Peries entrevistó a Vijay Prashad, catedrático de relaciones internacionales del Trinity College de Hartford, EE UU, para el programa de radio The Real News sobre la crisis de refugiados a la que se enfrenta la Unión Europea. Esta es la traducción de la transcripción:

The Real News: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirma que al menos 2.400 personas han muerto este año al intentar cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa. En Grecia, por ejemplo, han llegado más refugiados a sus costas el mes pasado que en todo 2014. Se considera la peor crisis de refugiados del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Funcionarios de la ONU dicen que la crisis ha empeorado en el último año. El número de refugiados y emigrantes en el Mediterráneo este año ha superado los 300.000, incluyendo a 200.000 personas que han llegado a Grecia y 110.000 a Italia. Esto representa un gran aumento respecto al año pasado, cuando cerca de 219.000 personas cruzaron el Mediterráneo durante todo el 2014.
Peries: Las dos tragedias más recientes que han recibido mucha atención en los medios de comunicación han tenido lugar frente a la costa de Libia. Unas 200 personas murieron al volcar dos barcos y 71 refugiados fueron encontrados muertos por asfixia dentro de un camión congelador en Austria, probablemente originarios de Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU, dijo recientemente que la situación en Siria se ha convertido en la mayor emergencia humanitaria en el mundo, y amenaza la paz y la seguridad en la región, ya que se estima que 4 millones de personas intentan convertirse en refugiados en otro países. Vamos a hablar de todo ello con Vijay Prashad. Vijay es profesor de estudios internacionales en el Trinity College y autor de varios libros. El más reciente es Cartas a Palestina. Se une a nosotros desde Northampton. Muchas gracias por estar con nosotros, Vijay.

Prashad: Gracias.

Peries: Vijay, esta crisis humanitaria a la que se refiere la ONU ha empeorado. Y merece la pena señalar que hace un año los EE.UU. había comenzado a preparar una campaña militar contra el Estado islámico. Pero desde su punto de vista, ¿que está causando este éxodo?

Prashad: Sharmini, creo que es importante señalar ante todo que se trata de una crisis de refugiados que finalmente ha llegado a las costas europeas. Y cuando afecta a Europa se hacen este tipo de declaraciones, que se trata de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Si nos fijamos en la crisis de los refugiados en el corazón de África, en la región de los Grandes Lagos, en todo el Congo, ha habido varios millones de personas han muerto en los últimos 20 años. Ha habido enormes flujos de refugiados provocados por la guerra y el colapso económico. Si nos fijamos en Birmania hace poco ha habido el caso de los rohingyas, y un  porcentaje importante de rohingyas se han convertido en refugiados en barcos. En otras palabras, lo que sólo quiero dejar claro es que ha habido una crisis de refugiados global causada por la guerra y la política económica. Lo que pasa es que esta crisis de refugiados no había llegado a las orillas de Europa hasta ahora, y los funcionarios europeos, por tanto, no se habían horrorizado tanto. Incluso el problema de los refugiados de la guerra de Siria existe desde 2011. De los 9-10 millones de sirios que han sido desplazadas de sus hogares, alrededor de 5-6 millones son desplazados internos en un país devastado por la guerra. Entre 3 y casi 4 millones de sirios viven en Jordania, en el Líbano, en Turquía, en algún lugar de Egipto. Y han sido esos países los que hasta ahora han soportado la catástrofe de la crisis de los refugiados. No deja de ser asombroso que a los funcionarios europeos de repente les resulte insoportable la crisis de refugiados justo cuando empiezan a llegar a las costas europeas. Hasta ese momento han tenido una actitud muy displicente hacia el sufrimiento de personas que son refugiados de guerra y de la política económica.

Peries: Vijay, sobre la situación en Libia, de donde proceden algunos de estos refugiados , el ministro de relaciones exteriores libio ha pedido a la comunidad internacional que responda con ataques aéreos contra el Estado islámico. ¿Qué piensas de eso?

Prashad: Lo primero es que Libia es un país destruido por una guerra esencialmente orquestada por la OTAN, a sabiendas de que una vez que llegasen y destruyeran el Estado, reinaría el caos. Occidente sigue creyendo que las operaciones denominadas de cambio de régimen de alguna manera iban a salir muy bien. Deberían haber aprendido de la historia, en el sentido de que estas intervenciones suelen ser catastróficas.El estado en Libia fue demolido. Ahora tienes dos gobiernos. Así que cuando se habla del ministro de relaciones exteriores ¿esta hablando del gobierno respaldado por Occidente, que se encuentra en Tobruk o del de Trípoli? porque hay dos gobiernos y no están de acuerdo sobre si debe haber ataques aéreos. Pero ahora, en cierto sentido, hay también un tercer gobierno, que es el Estado Islámico, que se ha consolidado en la ciudad natal del coronel Gadafi. Es decir, la ciudad de Sirte. El problema del gobierno de Tobruk es que no tiene la capacidad material de enfrentarse al Estado islámico o al gobierno de Trípoli, la capital de Libia. Así que ese es su problema. De eso es de lo que están hablando. Un desarrollo muy interesante ha sido la propuesta de la Unión Europea, en el caso de que fuese autorizada por la ONU, de usar fuerza armada contra los barcos usados ​​por los contrabandistas para cruzar el Mediterráneo. Es una idea notable, casi un complot orwelliano de la Comisión Europea, para utilizar fuerza armada para destruir a las pequeñas embarcaciones cerca de la costa libia. El problema que tienen los europeos es que incluso para bombardear dentro de las aguas territoriales libias necesitarían autorización de la ONU. Y es impensable que la consigan. Así que, en cierto sentido, este ruido de sables de los europeos ha despertado una vez más esperanzas en el gobierno con sede en Tobruk de que pudiesen reanudarse los ataques aéreos occidentales. Ese enloquecido plan europeo, por supuesto, no llegó a ninguna parte, excepto para crear ilusiones en el gobierno en Tobruk. Pero los europeos no van a bombardear en Libia. Las únicas potencias que ha bombardeado en Libia desde la intervención de la OTAN han sido Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Pero ni siquiera ellos están interesados en este momento en bombardear objetivos del Estado Islámico en Sirte.

Peries: Vijay, ¿Qué hay que hacer para detener este éxodo, evitar que la gente ponga en peligro sus vidas para cruzar el Mediterráneo? Los iraníes han propuesto una solución y tu has escrito sobre la posibilidad de una solución regional anteriormente. ¿Qué se puede hacer?

Prashad: Es un tema muy importante. De seis y medio a siete millones de sirios, tal vez hasta diez millones, son desplazados internos. Así que el numero de ellos que atraviesa Hungría, Macedonia, es muy grande. Pero ni de lejos el número de personas que se enfrentan a dificultades extraordinarias y mueren en grandes cantidades en el interior de Siria. Para detener la ola de al menos los refugiados sirios, que son refugiados de guerra, creo que es muy importante que las superpotencias del mundo impongan algún tipo de alto el fuego en tantas partes de Siria como sea posible. Los iraníes están muy interesados ​​en un alto el fuego que involucre a los poderes regionales, porque después de todo, muchos de los grupos que luchan contra el gobierno de Damasco no serían capaces de hacerlo sin el apoyo de Turquía, de los saudíes, de los estados árabes del Golfo y otros, así, como de los Estados Unidos y Jordania. El plan iraní esencialmente consiste en lograr que las fuerzas locales que actúan como prolongación de estas potencias regionales y el gobierno de Assad lleguen a algún tipo de acuerdo. Esto permitiría en grandes partes de Siria algo de calma y un alto el fuego. Y podría permitir a las potencias regionales aislar mejor al Estado islámico y a algunos grupos de Al Qaeda que creo que siguen avanzando territorialmente, incluyendo hoy en la provincia de Idlib, donde están atacando la última base aérea importante del gobierno de Assad en el norte de Idlib. Mientras tanto, si este caos no fuera suficiente, los israelíes han bombardeado posiciones sirias desde el Golan. Lo que complica la situación de los civiles, que intentan cruzar al Líbano. Creo que los iraníes tienen un objetivo humanitario. Pero sean los que sean sus motivos, o las consideraciones geopolíticas de la gente, creo que lo más útil desde el punto de vista humanitario es considerar la propuesta iraní y tratar de hacer todo lo posible para alcanzar un alto el fuego de manera que millones de personas desplazadas en el interior de Siria pueda vivir con algún tipo de estabilidad. Y que algunos de los que están tratando de huir del país decidan que todavía tienen una oportunidad para construir un futuro dentro de Siria.



Vijay Prashad es director de la cátedra George y Martha Kellner de Historia del Sur de Asia y profesor de Estudios Internacionales del Trinity College de Hartford, EE UU.  Es autor de dieciséis libros, entre ellos The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), Arab Spring, Libyan Winter (AK, 2012), (co-editado con Paul Amar) Dispatches from the Arab Spring (2013), y No Free Left: The Futures of Indian Communism (Leftward Press, 2015). Su libro más reciente es Letters to Palestine: Writers Respond to War and Occupation.

martes, 15 de septiembre de 2015

El injusto castigo de Tejero

La canalla mediática internacional se rasga las vestiduras y ensordece al mundo entero denunciando el atropello consumado por la justicia venezolana al haber condenado a Leopoldo López a una pena de 13 años, 9 meses, y 7 días y 12 horas de reclusión por “incitar a la protesta”, según nos (mal)informa el decano de los periódicos mentirosos del mundo hispanoparlante, El País. ¿Incitar a la protesta le llama este diario y sus lenguaraces en el resto de América Latina y el Caribe a una exhortación pública y violenta hecha por López para derrocar a las autoridades y a alterar el orden constitucional de Venezuela?  


Esta derecha desesperada porque no puede derrotar por las vías institucionales a los gobiernos progresistas y de izquierda de la región ya ha arrojado por la borda todos sus escrúpulos y ha hecho del mentir su segunda naturaleza. Lo de López no fue una travesura, una inocente chiquilinada sino algo que en cualquier país del mundo se llama sedición, y constituye, como en Estados Unidos, una ofensa criminal penada por largos años de cárcel e, inclusive, si fue cometido en concurso con otros actores y ocasionó la muerte de terceras personas, reclusión perpetua. 

Por Atilio Borón
Para los espíritus colonizados que asolan Latinoamérica lo que “allá” (léase Estados Unidos o Europa) constituye un crimen aquí, en los arrabales del capitalismo, es una inocente diablura,  y no importa si la “incitación” de López terminó con más de cuarenta muertos, la mayoría de ellos fuerzas de seguridad bolivarianas y gentes del común, en las guarimbas y por el fuego de francotiradores, amén de una enorme destrucción de edificios y propiedades gubernamentales y privadas. 


El periódico español debería recordarle a sus lectores que en ese país el 23 de Febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero Molina quiso también él alterar el orden constitucional vigente tomando por asalto el Congreso de Diputados de España. Más allá de la incomodidad que le produjo a los diputados que estuvieron casi un día entero secuestrados Tejero no produjo ni una sola muerte ni hubo que lamentar pérdidas materiales de ningún tipo. Sin embargo, la justicia española lo sancionó con una pena mucho mayor que la recibida por López: 30 años de prisión, expulsión del Ejército, pérdida de su grado militar e inhabilitación durante el tiempo de su condena. Al cumplir la mitad de su pena le fue concedida la libertad condicional, pero los quince años de su condena los purgó en una cárcel militar. Propongo que El País y sus secuaces lancen una campaña de reivindicación del golpista español y que su caso sea revisado por la justicia venezolana, que seguramente le beneficiaría con una levísima sentencia y la plena recuperación de su buen nombre y honor.

viernes, 11 de septiembre de 2015

TORTURADORES IMPUNES EN EL ESTADO ESPAÑOL

La mayoría de los torturadores condenados en firme por torturar ciudadanos vascos detenidos por motivos políticos han sido indultados por el Gobierno y bien pocos han sido los no indultados a quienes han aplicado realmente las penas impuestas.


Sirva como ejemplo lo sucedido en el caso de la ya fallecida Ana Ereño, conocida militante feminista y trabajadora de Egin, que fue detenida el 28 de abril de 1982, cuando tenía 55 años. Ereño fue puesta en libertad tras estar incomunicada diez días en dependencias policiales y los informes forenses no dejaron lugar a dudas sobre el trato que sufrió, ya que reflejaron las muy numerosas contusiones, equimosis y hematomas que presentaba.


    Como en la gran mayoría de los casos de torturas, los torturadores hicieron todo lo posible para que el proceso judicial se eternizara y finalmente quince años después, en 1997, la Audiencia de Bizkaia condenó a cinco agentes por torturar a Ereño. Una condena que se hizo firme tras ser ratificada por el Supremo en 1999.


    El Gobierno indultó de inmediato a dos de ellos, y en el caso de los otros tres torturadores se sirvieron de todo tipo de subterfugios para evitar aplicar la pena, que conllevaba su inmediata expulsión de la Policía. A dos les concedieron la jubilación anticipada, y al tercero le han aplicado la pena con más de catorce años de retraso, cuando ya estaba en condiciones de acceder normalmente a la jubilación.


   

Los dos agentes a quienes se concedió la jubilación anticipada fueron Antonio Santos, que era jefe de una unidad especial de la Policia, y José Paz Casas quien, cuatro años después de que la sentencia fuera firme, seguía siendo Secretario General de la Jefatura Superior de Policía de Galiza. Así lo denunció en el Congreso el entonces diputado del BNG Carlos Aymerich, el 26 de marzo del 2003.
Cinco días después, lejos de ejecutar de una vez por todas la sentencia, lo que hicieron fue concederle la jubilación anticipada quince años antes de que alcanzara la edad reglamentaria.


   Fue, más o menos, lo mismo que hicieron en el caso de Felipe Bayo y Enrique Dorado, dos de los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo condenados por secuestrar, torturar, asesinar y enterrar en cal viva a los refugiados Lasa y Zabala, la primera acción de los GAL.


   En el caso de Dorado, el diario El Mundo contó que «ante las amenazas de éste de confesar toda la presunta implicación de Intxaurrondo en la guerra sucia» le concedieron una pensión vitalicia «con el 200% de su sueldo». Para ello, pretextaron que sufría una invalidez total por supuestos problemas psíquicos derivados de su “labor profesional”, e hicieron otro tanto en el caso de Felipe Bayo.
   El único agente al que sí se ha aplicado la pena por torturar a Ana Ereño también estuvo involucrado en la guerra sucia. Se trata de Leoncio Castro y el motivo de haber ejecutado dicha pena con tantísimos años de retraso parece evidente, el miedo a que revelara no pocos detalles sobre el terrorismo de Estado. En concreto, sobre lo que se afirmaba en el artículo “El inspector Leoncio Castro era el jefe de operaciones del GAL”, publicado por el diario El Mundo el 10 de octubre de 1995.


   Según dicho artículo, Leo Castro «pagaba de su bolsillo y en metálico -con dinero procedente de los fondos reservados- entre 5.000 y 30.000 pesetas a policías de Pamplona que viajaban al sur de Francia para marcar etarras. Ayudaba mucho la colaboración, pagada también con fondos reservados, de policías franceses».


   Dichas actividades se realizaban «Con el conocimiento y el apoyo económico de la Delegación del Gobierno, encabezada por Luis Roldán» que transmitía las informaciones al Ministerio del Interior donde «se daba la luz verde para los atentados y se enviaban los fondos reservados necesarios para cada operación, aproximadamente 20 millones de pesetas».


   Leo Castro no fue, además, el único condenado por torturar a Ana Ereño que estuvo directamente implicado en la guerra sucia. También lo estuvo uno de los agentes indultados,Julio Hierro, quien fue asimismo condenado en el caso del secuestro de Segundo Marey, la primera acción de guerra sucia reivindicada usando las siglas GAL. Hierro recibió el indulto gubernamental en ambos casos, el de torturas y el de guerra sucia, y tras dejar la Policía fue durante muchos años jefe de seguridad en España de una de las grandes marcas de automóviles francesa, Peugeot.


   Significativamente, la seguridad de la principal marca francesa, Renault, estuvo también a cargo de otro famoso torturador, José Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, del que se ha hablado no poco a raíz de que la jueza argentina María Servini pidiera su extradición, a causa de su terrible historial torturador durante el franquismo, y el Gobierno español la negara.


  
Como se ve, en el caso de Ana Ereño, de cinco torturadores condenados en firme, dos recibieron el indulto gubernamental, y a otros dos nunca se les aplicó la pena, ya que se les acordó la jubilación anticipada muchos años antes de la edad reglamentaria. Así, tan sólo se ha aplicado la condena a uno de los torturadores y además con casi quince años de retraso.



   En el resto de casos de tortura relacionados con el conflicto político que sufre Euskal Herria en los que ha habido condenas firmes ha pasado tres cuartos de lo mismo. La mayoría de los torturadores han sido indultados, casi el 60%, y bien raras han sido las ocasiones en que se han ejecutado realmente las sentencias cuando no ha habido indultos. He ahí otra flagrante prueba de la impunidad y los privilegios de que han gozado y siguen gozando los torturadores en el Estado español.

Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Gerardo Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de cárcel por arruinar Marsans

El expresidente de la CEOE también tendrá que pagar una multa de 1,2 millones de euros. La Audiencia Nacional le ha condenado por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto el pago de una multa de 1,2 millones de euros por la comisión de este último ilícito, perpetrado al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans.

Así lo han determinado los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal después de que el exjefe de la patronal aceptara esta pena de prisión en la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 2 de julio. La sentencia condena también a cinco años de cárcel y al pago de la misma cuantía al ’liquidador’ de empresas Ángel de Cabo.

Ambos deberán indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados. Los nueve acusados restantes han sido condenados a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilan entre dos años y medio y un año de cárcel.

El tribunal recuerda que los acusados reconocieron su participación en los hechos, aceptaron su responsabilidad y colaboraron "en determinados casos en la reintegración a la masa de los distintos concursos de activos cuya existencia era desconocida". Por ello, les aplica la atenuante de confesión tardía y, en determinados casos, de disminución de los efectos del delito.

En este sentido, los jueces señalan que se reintegrarán los saldos intervenidos en una cuenta del BBV de Suiza abierta por Ángel de Cabo y María Consuelo Garrido y que ascendía a 4,9 millones de euros.

En caso de que el organismo internacional de arbitraje CIADI, ubicado en Washington, condene a Argentina a indemnizar a Díaz Ferrán por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ordenan que el dinero vaya a parar a la masa concursal de las compañías y personas afectadas, una vez deducidas las cantidades que Burford Capital tiene reconocidas contractualmente.

Querían mantener su "opulencia"
La sentencia explica que el Grupo Marsans comenzó a acumular deudas y, a partir de 2009, muchos de los acreedores exigieron garantías adicionales que pasaban por que sus dueños, Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, avalaran personalmente estas deudas.

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían avocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de los acreedores", añade la sentencia.

Para ello, en 2010 contactaron con el grupo liderado por De Cabo, que venía dedicándose de forma "continuada" a la despatrimonialización de sociedades en perjuicio de los acreedores. Los propietarios del grupo turístico acordaron transmitir al ’liquidador’ la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que este abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, éste le abonaría 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que podían seguir viviendo ambos con "parecida opulencia a pesar de su formal insolvencia".

Hasta dos años y medio de cárcel para otros 7 miembros
En la primera sesión del juicio, donde Díaz Ferrán se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 15 años de cárcel y De Cabo a otra de ocho años, las defensas y la mayor parte de las 21 acusaciones particulares alcanzaron un acuerdo de conformidad.

El considerado ’número dos’ de De Cabo, Iván Losada, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel; y el hijo de Gerardo Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, a un año y diez meses de cárcel. Por su parte, la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido, aceptó un año de cárcel; su hermano, Teodoro Garrido, una pena de dos años de prisión; la secretaria de De Cabo, Susana Mora, una de año y medio; y el financiero Carmelo José Estelles, dos años de cárcel.

El empresario del transporte Antonio García Escribano ha sido condenado a dos años de cárcel; la misma pena que ha recibido el testaferro José Enrique Pardo dos años; al tiempo que el fiscalista Rafael Tormo ha sido condenado a un año y medio de prisión e inhabilitado durante dos años para ejercer su profesión de asesor fiscal.


El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el marco de la ’operación Crucero’, que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.

Marikana, una masacre “accidental” que hoy en día averguenza

En una de las minas situadas en la pequeña localidad de Marikana y explotada por la empresa británica Lonmin, la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga, hirió de bala a otros 70 y detuvo a 270, que fueron posteriormente torturados. Diecisiete de los asesinatos fueron cometidos en la conocida como Escena I, un cerro en una tierra comunitaria, fuera de la mina. En ella la policía disparó indiscriminadamente contra el grupo de mineros previamente encapsulados entre alambre de espino. Los trabajadores, en ese momento, caminaban de vuelta a sus hogares en espera de una resolución negociada del conflicto. Los restantes 17 murieron en la conocida como Escena II, alejada 500 metros del primer escenario, adonde habían acudido a refugiarse tras el primer ataque de la policía. Estos asesinatos fueron cometidos 15 minutos después de la primera matanza. Varios mineros supervivientes y las autopsias realizadas a los cadáveres con posterioridad revelaron que la mayoría de estas personas fueron perseguidas y ejecutadas a sangre fría.

La huelga había comenzado el 9 de agosto, cuando un grupo de mineros autoorganizados y que rechazaban la intermediación del Sindicato Nacional de Mineros (NUM por sus siglas en inglés), aliado del Gobierno y de Lonmin, visitó las oficinas de ésta con la intención de negociar directamente con sus representantes una subida de salario hasta los 12.500 rands (950 euros aproximadamente). Entre aquel 9 de agosto y el día 15 murieron otras diez personas, entre ellas seis mineros, dos guardias de seguridad de la mina –también negros, también pobres– y dos policías. El día 16, antes de la masacre, se desplegaron en Marikana 650 policías con 4.000 unidades de munición y cuatro caravanas mortuorias con una capacidad para 16 cuerpos. El personal sanitario, en cambio, llegó una hora tarde.


A pesar de estas evidencias, la Policía y el Gobierno defendieron que los agentes actuaron en defensa propia. Las imágenes de la masacre dieron la vuelta al mundo. Dentro del país, Marikana se convirtió en un símbolo y rememoró los peores momentos de la represión durante el régimen del apartheid, del que el Congreso Nacional Africano (ANC) prometió liberar a su pueblo a partir del Gobierno de Nelson Mandela.

Como respuesta, el Gobierno creó en septiembre de 2012 una comisión de investigación sobre la muerte de las 44 personas. Ésta ha acompañado a los sudafricanos durante estos tres últimos años, revelando el lado más oscuro de una democracia conquistada tras décadas de sangre y lágrimas, también negras y pobres. Su informe final, después de tres meses en manos del presidente, Jacob Zuma, fue hecho público el pasado día 25 de junio.

En estos casi tres años las comunidades alrededor de Marikana han estado acompañadas de sus condiciones históricas de pobreza, falta de vivienda digna, electricidad y agua potable, compartidas por la mayoría de las localidades mineras del país, así como de la represión y acoso por parte de la policía y otros actores. Durante los dos primeros años de la comisión diversos líderes sindicales, comunitarios y testigos clave fueron asesinados; algunos pequeños asentamientos, como Nkaneng, fueron militarizados y crecieron rápidamente las amenazas de perder el trabajo o de sufrir “accidentes” en la mina.

Sin embargo, a pesar de esta violencia, la lucha de los trabajadores del sector minero del platino, principal recurso mineral del país, ha crecido de forma inesperada en estos años. Tras seis semanas de huelga, en septiembre de 2012 los trabajadores de Marikana firmaron un acuerdo con Lonmin por el que se aumentaron sus salarios entre un 11% y un 22%. Esta noticia se propagó rápidamente por otras comunidades mineras del sector del platino y en enero de 2014 los empleados de las empresas Impala Platinum Holdings, Anglo American Platinum y Lonmin fueron juntos a una nueva huelga que duró cinco meses y con la que consiguieron una subida progresiva del salario mínimo de 5.000 a 8.000 rands en los tres años siguientes. La Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU), un nuevo sindicato que intentó tener un papel mediador durante la huelga, se convirtió, al mismo tiempo, en el sindicato mayoritario en el sector.

Muchos errores y ninguna responsabilidad
Acorde con el trabajo de una comisión llena de mentiras, falsos testigos y obstaculizaciones a la investigación por parte de la policía y las instituciones públicas involucradas, el informe final concluye poco y ofende mucho, especialmente a los familiares de las víctimas, a quienes se negó la posibilidad de tener voz en las sesiones de la comisión aunque se permitió que estuvieran presentes en ellas para escuchar.

En sus más de 600 páginas no se desvela quiénes mataron a cada una de las 44 personas, no hay responsables, no hay justicia y no hay recomendaciones sobre la necesidad de reparación para las víctimas y sus familiares. Se afirma que la policía pudo “haber creído razonablemente” que su vida estaba en peligro en la primera escena y que no se puede decir mucho de lo que ocurrió en la segunda escena. La verdad se diluye entre el reconocimiento de “fallos de dirección y control”, “esfuerzos insuficientes” para evitar los hechos y la recomendación de “investigaciones adicionales”. Lonmin no hizo todo lo necesario para evitar los hechos violentos, AMCU y NUM tampoco, la policía cometió numerosos errores y la masacre no fue sino un “trágico incidente”. El informe, además, recomienda distintas medidas procedimentales para mejorar el manejo de futuras situaciones similares. ¿Es esto todo lo que valen 44 vidas?

Pero en Sudáfrica la vida de los negros pobres vale muy poco. Como recordaba en una entrevista en 2013 S’bu Zikode, fundador y presidente del movimiento social Abahlali baseMjondolo, “todos los días hay Marikanas en Sudáfrica”. En un país marcado por la desigualdad y la pobreza de la mayoría de su población, el acoso y la violencia hacia estas comunidades empobrecidas por parte tanto de la policía como de pandillas es una realidad cotidiana. En algunos casos, ambos actores, con la complicidad de las autoridades locales, actúan conjuntamente. Esta represión se legitima socialmente mediante una criminalización de las víctimas y organizaciones de base, identificadas así como grupos de problemáticos, enemigos del gobierno o criminales. Susan Shabangu, ministra de Recursos Minerales en 2012 e involucrada en las decisiones que llevaron a la matanza de Marikana, animó en 2008 a la policía sudafricana con las siguientes palabras: “Matad a esos bastardos [las personas identificadas como criminales] si os amenazan a vosotros o a la comunidad. No debéis preocuparos por las regulaciones. Ésa es mi responsabilidad […]. No quiero disparos de advertencia. Tenéis una bala y tiene que ser una bala mortal”.

De este mismo modo, unos días antes de hacer público el informe, Jacob Zuma declaró que “los mineros de Marikana recibieron disparos después de haber matado a personas”, legitimando así la masacre. Cyril Ramaphosa, líder sindicalista minero durante el apartheid, uno de los héroes de la lucha por la liberación y una de las personas más ricas y con mayor influencia política en el país, es hoy vicepresidente de Sudáfrica y del ANC. Durante la huelga, como accionista y miembro del consejo de dirección de Lonmin, exigió “una respuesta simultánea” a la policía ante lo que, en una comunicación privada con la dirección de la empresa minera, definió como “no un conflicto laboral, sino un acto criminal”.

Sin embargo, a la verdad oficial del informe de la comisión de investigación de la masacre de Marikana se opone la verdad histórica y política. La de los supervivientes, los familiares y parte de la sociedad, que no puede creer que nadie sea responsable. La verdad es un campo de batalla, y en él los familiares de los mineros asesinados afirman sin ambages que los responsables de la muerte de sus seres queridos, lo reconozcan o no, son Lonmin, el Estado y la Policía sudafricana. Así lo expresaron en una declaración conjunta después de la clausura de las sesiones de la comisión, en septiembre de 2014.


Los mineros fueron masacrados para evitar una ola de protestas en todo el país y para proteger los intereses empresariales nacionales e internacionales. Mientras, la vida de los mineros vale muy poco, apenas los cinco rands de cada bala utilizada en Marikana.