El crimen de Luciano Enrique
Romero Molina, sindicalista de Sinaltrainal en la compañía Nestlé en Colombia,
conmovió́ al movimiento sindical y en general al movimiento popular del país.
El nivel de violencia registrada en su humanidad solo es entendible al abordar
históricamente los actos de violencia estatal contra los movimientos que
defienden la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Pasado diez años del
execrable crimen el balance de búsqueda de verdad y justicia es desmotivador,
salvo algunas condenas a los autores materiales, los hechos permanecen en total
impunidad en la medida que ninguna institución del Estado ha sido investigada y
menos, procesados los directivos de la transnacional Nestlé.
La terquedad de Sinaltrainal y el
valor de Ledys y sus hijas, sumado a la solidaridad desde los pueblos, ha
permitido que lo ocurrido a Luciano se convierta en un reto de construcción
colectiva de memoria en perspectiva de subvertir las estructuras que confrontó
dignamente Luciano con su vida.
El Estado capitalista, como forma
de organización política propia de la burguesía para defender los intereses
del poder financiero tras- nacional, ha buscado consolidar un control
hegemónico económica, política, socialmente y culturalmente; imponiendo con
el terror de las armas un modelo de control colonial a su servicio. “La
modalidad del control colonial actual varía en la región según las
diferentes circunstancias geopolíticas, pero insistimos en lo siguiente: “en
toda la Patria Grande, conforme al modelo de sociedad excluyente, tiene como
obje- tivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de
control punitivo masivo de la población excluida”. El poder financiero
transnacional no se equivoca en sus objetivos aunque, como se mueve
ideológicamente, a veces yerra en el plano de la realidad social. Tanto en el
centro como en la periferia –es decir, en ambas puntas del poder hegemónico
planetario-, proyecta su modelo de sociedad excluyente”. (zaffaroni, 2015).
La estructura del aparato
represivo de control prevé la violencia antisindical como elemento fundamental
para la consolidación del poder financiero trasnacional, desconociendo los
límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos
laborales, y por supuesto el derecho ambiental. Así esta práctica se ejecuta
en Colombia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento
sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garantiza
impunidad para sus más altas esferas.
La dinámica represiva frente al
movimiento sindical se da de manera diversa. Desde la institucionalidad del
Estado a través de la estigmatización y judicialización de la actividad
sindical, el desconocimiento de la progresividad de los derechos laborales, la
precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los
intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. Pasando
también por actividades propias de la persecución y violencia anti- sindical
que son delegadas a ejércitos paramilitares para ocultar la responsabilidad
directa de empresas y por supuesto del Estado. Esto dentro del planteamiento de
una nueva ejecución criminal, en donde la fuerza pública delega la represión
extralegal a agentes paraestatales. Históricamente los ejecutores de los
crímenes contra el movimiento sindical se han desplazado desde las centrales
de inteligencia militar hacia los grupos paramilitares, lo que no es óbice
para restarle responsabilidad al Estado en estos graves crímenes, y por el
contrario nos obliga a realizar el análisis de las estructuras criminales de
poder organizado como una misma unidad, es decir entendiendo el para-
militarismo como una política de Estado que sirvió como principal ejecutor de
violencia antisindical.
La práctica anteriormente
descrita, entendida como un ataque generalizado y sistemático contra el
movimiento sindical, es decir la violencia antisindical como crimen de lesa
humanidad, responde a pulsiones propias de la necesidad de acumulación
irracional de capital por empresas transnacionales en esta fase superior del
colonialismo, que ya no necesitan de una ocupación territorial, sino de una
sumisión de las políticas económicas y de producción al poder financiero
trasnacional. En otras palabras la violencia antisindical es un elemento
estructural que garantiza grandes utilidades a los conglomerados económicos,
arrasando con todo lo que se contraponga a sus intereses.
Esta situación si bien se
desarrolla en medio del conflicto armado, no hace parte del mismo, no obedece a
sus dinámicas ni tensiones, sino que responde a intereses, generalmente
transnacionales, que únicamente se benefician de él. Ligar los miles de
asesinatos de que es víc- tima el movimiento sindical colombiano al conflicto
ha sido más bien una estrategia de los victimarios que justifica su accionar,
señalando y estigmatizando a líderes sindicales como insurgentes, y atenuando
su responsabilidad.
Vincular la violencia
antisindical al conflicto desconoce que nos encontramos frente a un tipo de
violencia en donde el conflicto funciona como marco que facilita la ejecución e
impunidad de estos crímenes. Por tanto cualquiera que sea la alternativa de
reparación dirigida a las víctimas de la violencia antisindical debe ser
responsable frente al papel de las más altas jerarquías de las estructuras de
poder que ejecutaron estos crímenes, teniendo como elemento fundamental la
concreción de los derechos de verdad, justicia, y memoria de las víctimas.
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