El expresidente de la CEOE
también tendrá que pagar una multa de 1,2 millones de euros. La Audiencia
Nacional le ha condenado por los delitos de alzamiento de bienes, concurso
fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional ha
condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE
Gerardo Díaz Ferrán por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento,
integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto
el pago de una multa de 1,2 millones de euros por la comisión de este último
ilícito, perpetrado al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans.
Así lo han determinado los
magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal después de que el exjefe de
la patronal aceptara esta pena de prisión en la primera sesión del juicio,
celebrada el pasado 2 de julio. La sentencia condena también a cinco años de
cárcel y al pago de la misma cuantía al ’liquidador’ de empresas Ángel de Cabo.
Ambos deberán indemnizar de forma
solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC
Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados. Los nueve acusados restantes
han sido condenados a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilan
entre dos años y medio y un año de cárcel.
El tribunal recuerda que los
acusados reconocieron su participación en los hechos, aceptaron su
responsabilidad y colaboraron "en determinados casos en la reintegración a
la masa de los distintos concursos de activos cuya existencia era
desconocida". Por ello, les aplica la atenuante de confesión tardía y, en
determinados casos, de disminución de los efectos del delito.
En este sentido, los jueces
señalan que se reintegrarán los saldos intervenidos en una cuenta del BBV de
Suiza abierta por Ángel de Cabo y María Consuelo Garrido y que ascendía a 4,9
millones de euros.
En caso de que el organismo
internacional de arbitraje CIADI, ubicado en Washington, condene a Argentina a
indemnizar a Díaz Ferrán por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ordenan
que el dinero vaya a parar a la masa concursal de las compañías y personas
afectadas, una vez deducidas las cantidades que Burford Capital tiene
reconocidas contractualmente.
Querían mantener su
"opulencia"
La sentencia explica que el Grupo
Marsans comenzó a acumular deudas y, a partir de 2009, muchos de los acreedores
exigieron garantías adicionales que pasaban por que sus dueños, Díaz Ferrán y
el fallecido Gonzalo Pascual, avalaran personalmente estas deudas.
"Tan lamentable situación
patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio
personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta
entonces ambos llevaban, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las
que se veían avocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático
vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente
perjuicio de los acreedores", añade la sentencia.
Para ello, en 2010 contactaron
con el grupo liderado por De Cabo, que venía dedicándose de forma
"continuada" a la despatrimonialización de sociedades en perjuicio de
los acreedores. Los propietarios del grupo turístico acordaron transmitir al
’liquidador’ la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal,
sin que este abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación
patrimonial, éste le abonaría 8 millones de euros a cada uno en plazos de
100.000 euros mensuales, con lo que podían seguir viviendo ambos con
"parecida opulencia a pesar de su formal insolvencia".
Hasta dos años y medio de cárcel
para otros 7 miembros
En la primera sesión del juicio,
donde Díaz Ferrán se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 15 años
de cárcel y De Cabo a otra de ocho años, las defensas y la mayor parte de las
21 acusaciones particulares alcanzaron un acuerdo de conformidad.
El considerado ’número dos’ de De
Cabo, Iván Losada, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel; y el hijo de
Gerardo Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, a un año y diez meses de cárcel.
Por su parte, la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido, aceptó un año de cárcel;
su hermano, Teodoro Garrido, una pena de dos años de prisión; la secretaria de
De Cabo, Susana Mora, una de año y medio; y el financiero Carmelo José
Estelles, dos años de cárcel.
El empresario del transporte
Antonio García Escribano ha sido condenado a dos años de cárcel; la misma pena
que ha recibido el testaferro José Enrique Pardo dos años; al tiempo que el
fiscalista Rafael Tormo ha sido condenado a un año y medio de prisión e
inhabilitado durante dos años para ejercer su profesión de asesor fiscal.
El juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el
marco de la ’operación Crucero’, que se inició tras una denuncia presentada en
febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo
Orizonia.
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