Es notable que en medio de todo este despelote (1) por la Cuestión de los Holdouts el gobierno CFK no haya apelado todavía a un instrumento importantísimo habilitado por la Ley 26.984 de Pago soberano local, aprobada hace pocos días por el Congreso a instancias de la iniciativa oficial, que es la creación de una Comisión Investigadora de la Legitimidad de la Deuda Pública, que dicha ley instituye.
El problema de los Fondos Buitre (FB) - que es real e inmediato - constituye, pese a toda su gravedad específica, un capítulo dentro del problema de fondo del Sistema de la Deuda Pública Argentina, que se rige por la lógica del endeudamiento perpetuo.
Y si no se sale o intenta salir de la trampa de Deuda Perpetua no hay solución al sub-problema de los Holdouts.
Configura una contradicción manifiesta que el mismo gobierno que declara y dice adoptar acciones aparentemente en rebeldía con el Sistema Financiero Internacional (SFI) soslaye, al mismo tiempo, utilizar el arma interna más poderosa que tiene el país, que es iniciar una investigación integral de la legitimidad de la Deuda Pública ya.
El problema inmediato
La administración Kirchner ha llegado a esta situación desquiciada y humillante en materia de Deuda no sólo por problemas heredados sino también, y muy especialmente, por errores propios:
a) Porque no encaró oportunamente la debida investigación de la Deuda que - recién ahora y en forma aún no muy clara - habría decidido abordar. Por el contrario, la misma presidenta, como antes su marido, dejaron siempre en claro que aceptaban la legitimidad de las obligaciones heredadas; con el agregado que la propia CFK invoca continuamente como mérito de su administración el haber pagado récords de servicios de la Deuda “que otros contrajeron” y tener la voluntad de pagar y seguir pagando la misma, independientemente de su legitimidad.
b) Porque, independientemente de las malas condiciones de arrastre de la Cuestión de los Holdouts, hubo una errónea estrategia de negociación y encuadramiento legal con el Estudio Cleary porque no se cuestionó la legitimidad de los títulos, la condición de los FB y el valor de referencia de sus reclamos (aceptación del Valor Nominal en lugar del Precio de Compra).
c) Dado que así era inevitable que - temprano o tarde - los juicios se perdieran (como efectivamente ocurrió y va a seguir ocurriendo en cada caso), el gobierno Kirchner, como agravante, parece no haber previsto las consecuencias de esta instancia ni una reacción racional y coherente al respecto.
Aparte de la contradicción manifiesta del planteo de aceptación de los Bonos Elegibles frente al problema de su legitimidad, no cabe duda que el mismo es ahora tardío y que la forma efectiva de su materialización deviene incierta, empezando por el hecho que la creación de la Comisión Investigadora de la Ley 26.984 ni siquiera es mencionada por el gobierno ni por el oficialismo en general.
La administración K parece estar más empeñada en querer salvar su imagen ante la opinión pública que en reconocer estas realidades y, sobre todo, se muestra más preocupada en reiterar su vocación pagadora y su voluntad de cumplir a ultranza los servicios de la deuda impagable que llegar a aceptar que la verdadera causa de la nueva Crisis de Deuda que vive el país y que la ha llevado nuevamente al Default - que es sinónimo de Cesación de Pagos - viene derivada del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005-2010.
No es cierto que la Argentina sea arrastrada al default por culpa de los FB y de un “juez municipal” de Nueva York (el juez de un tribunal que el gobierno K aceptó) sino la realidad es que la Argentina está en default, que vive en default, porque el Estado no tiene la Solvencia ni la Liquidez Fiscal para poder cumplir con los servicios de una Deuda impagable; y las deudas sólo se pagan con más deudas.
La Política de Endeudamiento consiste entonces en pagar la casi totalidad de los Intereses - no toda, ya que una parte se capitaliza por anatocismo - y en refinanciar íntegramente el Capital o Principal de los vencimientos; y además tomar más deuda, como lo demuestra el hecho que el ritmo de crecimiento de la Deuda Pública es superior a los 10.000 Millones de Dólares (MD) por año.
Las acciones y argumentaciones contra el fallo Griesa por parte del gobierno K devienen así sólo intentos desesperados y desubicados de dilación para diferir el pago a los FB hasta comienzos del 2015, sin que con ello se solucione ni el problema del resto de los Holdouts (por montos entre 20 y 30.000 MD) ni el problema de las cláusulas MFC-Acreedor más Favorecido y RUFO-Derecho a futuras ofertas, que extiende las mejoras que se den a los Holdouts también a los Holdin o bonistas que entraron en el Megacanje.
De esta manera, con o sin Ley de Pago Soberano, la irreversible situación financiera negativa de la Argentina debido a los montos impagables por estrangulamiento del perfil de vencimientos queda igualmente configurada.
El problema de fondo
El problema de fondo - como lo hemos dicho - no es la cuestión de los Holdouts sino la cuestión de la Deuda, y para ello tanto el gobierno K como la oposición política tienen la misma “receta tradicional” del establishment financiero: que los problemas del sobre-endeudamiento se “curan” con más Deuda.
Es la lógica que rige el Sistema de la Deuda Perpetua, que consagra el principio que el financiamiento por Deuda del Estado no es un recurso extra-ordinario sino regular e institucional; y que el problema no es la falta de capacidad de repago de las obligaciones que se contraen sino la supuesta capacidad de refinanciarlas indefinidamente mientras se paguen los intereses.
En consecuencia, cuando se mira la década kirchnerista se comprueba que todo este problema que ahora le ha estallado al propio gobierno - que aparentemente confiaba en que la bomba le estallase a la futura administración y no a ellos mismos - y su política estructural de endeudamiento permanente habría consistido en desarrollar un proceso de transición desde el default del 2001 hacia una re-inserción por vuelta al mercado internacional de capitales.
El mecanismo desarrollado - con la tolerancia y aceptación del SFI, y del propio FMI - habría tenido así tres fases:
1. Internalizar la Deuda Externa con Terceros - Acreedores Privados y Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) - pasándola progresivamente a Deuda Interna intra-Estado, que es hoy el 60 % de la Deuda Pública Total computada oficialmente.
2. Licuar en forma paulatina gran parte de esta Deuda intra-Estado pasándole la cuenta a las instituciones financieras oficiales (ANSES, BCRA, BNA y otras) y, en definitiva, al Pueblo Argentino (sub-indexación de la deuda en pesos ajustada por inflación, desvalorización frente a los montos expresados en dólares e incumplimiento de las obligaciones del Fisco en los juicios contra la ANSES y contra el Estado en general).
3. Cumplidos los dos pasos anteriores, volver a colocar al país en condiciones aparentemente solventes - en función de indicadores discutibles como el de Deuda/PBI - para retornar al mercado internacional de capitales para tomar nueva Deuda Externa.
Es decir, que la Deuda intra-Estado desempeñaría en este esquema un rol funcional de tipo préstamo-puente para que la Argentina volviese a endeudarse, según las reglas tradicionales del Sistema de la Deuda, y no para liberarse del mismo.
La desubicación del gobierno Kirchner hoy se explicaría como producto de la frustración de la Hoja de Ruta Boudou (que era el mismo objetivo ya perseguido con el Megacanje 2005-2010), dado que la misma busca la liquidación del problema de los holdouts y el arreglo de la deuda con el Club de París como requisitos para volver a colocar Deuda Externa.
Bajo toda evidencia, la presidenta y su gobierno no están reaccionando en forma racional ni equilibrada frente a la cuestión de los holdouts, que hoy actúa como detonante de la nueva Crisis de Deuda, sino por una suerte de despecho debido a que se esperaba que después de la aceptación de los laudos del CIADI (677 MD), después de la indemnización Repsol por YPF (6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses), después del allanamiento a las exigencias totales del Club de París (9.700 MD) y después de haber comenzado a emitir Bonos en Pesos a nivel local a tasas del 28 % anual (Bonar 2017 y 2016), obtendría una consideración favorable de su apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Pero esto se frustró en Junio pasado cuando la Corte no tomó el caso ni siquiera solicitó opinión a la Procuración del Tesoro Norteamericano, con lo que las esperanzas de patear la cuestión del pago a los FB y la no aplicación de las cláusulas RUFO y MFC por paso al 2015 quedaron gravísimamente descolocadas.
Con el agravante de haber adoptado además, en el campo interno, relevantes medidas de cambio contradichas con sus argumentos oficiales: macro-devaluación de Enero, duplicación de las tasas de interés de referencia (Lebac/Nobac) y favorecimiento multimillonario a los bancos por baja de sus tenencias en dólares pero ordenada después de la devaluación.
De allí que la reacción de la presidenta ante los hechos - fuertemente emocional e irreflexiva - muestra más una postura personal e improvisada que una reacción verdaderamente política.
Se diría que es, en gran medida, producto del despecho por sentirse burlada ante las condiciones de servidumbre financiera aceptadas sin una contraprestación que le permitiera salvar su propia estabilidad financiera y política hasta fines del 2015.
Default o más deuda externa
En este contexto, qué significa o puede significar la constitución de una comisión investigadora de la legitimidad de la deuda en función de la nueva Ley 26.984 de Pago Soberano, que ordena su creación.
En primer lugar, significaría el cumplimiento de una Ley del Congreso que toca a obligaciones del propio Congreso.
Hasta hoy, el hipócrita argumento con el que el Poder Legislativo vive incumpliendo sus obligaciones constitucionales de intervenir en forma directa en el arreglo de la Deuda Pública ha sido la delegación de facultades al Ejecutivo y su manifiesta no intervención en la cuestión de la Deuda ni en sus irregularidades (caso Sentencia del juez Ballestero en la Causa Olmos I).
Pero ahora hay una variante algo diferente: existe una ley que establece taxativamente una comisión investigadora que tiene que crear el mismo Congreso y que, si no se cumpliera en tiempo y forma, constituiría una burla a la Ley y a los intereses financieros vitales del Estado.
Lo que está en juego, entonces, no es sólo el mero cumplimiento formal de constituir una comisión más del Congreso - comisiones que, como se sabe, prácticamente siempre terminan sin otra cosa que la tardía confección de informes inoperantes - sino el cumplimiento de una obligación legal y constitucional cuya emergencia está agravada por la nueva Crisis de Deuda detonada por la cuestión de los Holdouts.
El Congreso debiera, por ello, cumplir la Constitución y la Ley - repetimos - en tiempo y forma, porque si la comisión investigadora de la Deuda no se integra de inmediato nos encontraríamos no sólo frente a un incumplimiento de la ley sino ante una traición directa a la defensa de los intereses del Estado Argentino.
Este requisito - la inmediata y prioritaria constitución de la comisión investigadora de la Deuda - deviene así una prueba concreta e insoslayable de la sinceridad, honestidad y coraje que pueda tener el gobierno Kirchner y la dirigencia política en general frente a la actual nueva Crisis de Deuda.
Se corre el riesgo cierto que los términos de esta ley sean incumplidos por el Congreso:
a) Dejando - como suele ocurrir - que la burocracia parlamentaria dilate indefinidamente la integración de la Comisión.
b) Tratando de integrarla pero dándole largas al asunto para que el problema pase al próximo gobierno (que sería el encargado de asumir o patear el problema).
c) O algo más grave aún: que las presiones de las estructuras de poder económico-financiero, nacionales e internacionales, terminen imponiéndole al Congreso la constitución de esta comisión pero no para salvaguardar los intereses nacionales sino, por el contrario, para imponerle la servidumbre extrema de convalidar lo actuado (cosa que, parcialmente, el gobierno K ya ha logrado con la Ley 26.984 al obtener la aprobación parlamentaria retroactiva del Megacanje Kirchner-Lavagna).
Como lo hemos señalado en nuestras notas anteriores, ya representa una grave contradicción gubernamental haber emitido una Ley de Pago Soberano que incluye una comisión para investigar precisamente la legitimidad de esa Deuda que se autoriza y enfatiza pagar, antes de tener los resultados de las investigaciones pertinentes.
A esto sólo faltaría que se sume el incumplimiento - directo o indirecto, y cualquiera sean sus formas - para burlar en forma criminal los intereses financieros del Estado no constituyendo y poniendo en condiciones operativas inmediatas dicha comisión.
La Comisión Investigadora de la legitimidad de la Deuda sería la forma de encaminar la reacción nacional contra el Sistema de Deuda Pública perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y configuraría la salida verdadera contra el falso discurso de supuestas soluciones que sólo son paliativos meramente transitorios frente al problema financiero insoluble de la Deuda y están siempre basadas en el re-endeudamiento y la toma de más Deuda.
Es el error sustancial de creer que hay solución al Problema de la Deuda dentro del Sistema de la Deuda.
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