El Gobierno de Colombia, a través
del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió
la construcción de varias hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al
mismo tiempo determinó el sistema de financiación. Autorizó por tiempo
indefinido a la empresa que antes era colombo española Emgesa, (antes filial de
Endesa, ahora de la multinacional italiana Enel) para que con sus recursos
propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central
hidroeléctrica El Quimbo enmarcada por el Plan 2019 o Visión Colombia II
Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad
democrática.
El proyecto está localizado en el
sitio geográfico encañonado denominado "El Quimbo", a 1.300 metros,
aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, al sur
del embalse de Betania, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón,
El Agrado y Altamira del Departamento del Huila, Colombia. Inundó 8.586
hectáreas (has.) de las cuales el 95% hacen parte de la Reserva Forestal
Protectora de la Amazonía y del Macizo Colombiano, sin la restitución de la
actividad productiva (5.300 has) la mayoría vinculadas a 8 empresas
comunitarias en plena producción agropecuaria, (cacao, sorgo, maíz, arroz) por
un valor de 11 millones de dólares anuales. Se destruyeron 842 hectáreas de
bosque ripario y tropical seco y las epifitas, poblaciones de peces que son
básicos para la seguridad alimentaria, especies de aves, de reptiles y tres
especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos
grises y la nutria neotropical. Se afectó el patrimonio nacional, calculado en
el 2012 por la Contraloría en 120 millones de dólares. Se inscribieron cerca de 30.000
víctimas para un nuevo censo que ordenó la Corte Constitucional, sin ser
reconocidas por Emgesa, de las cuales 3.000 han sido desplazadas.
La obra es la primera que se
vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que
a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación
diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo
así el riesgo de su inversión”, pago que se suma a la factura de los usuarios.
La Asociación de Afectados por el
Proyecto Hidroeléctrica El Quimbo -Asoquimbo- ha demostrado que el problema se
originó en el desconocimiento por parte del Gobierno del presidente Alvaro
Uribe de la declaración como no viable el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en
1997. Sin embargo, en el año 2007 subastó el Proyecto a Emgesa y declaróque El
Quimbo “No requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas
y otorgó Licencia Ambiental en 2009.
Seis años después de expedida la
Licencia los hechos demuestran que los daños económicos, sociales, ambientales
y culturales son irreparables como se advirtió desde un comienzo cuando se
sustentó que el proyecto era inviable fundamentalmente por dos razones: La
primera, porque no existía justificación técnica para “la desproporción entre
el área de inundación y la poca generación de electricidad”. El proyecto El
Quimbo necesita 20 hectáreas de embalse para instalar una unidad de potencia de
energía (Gigawatio), mientras una hidroeléctrica en cualquier otro lugar de
Colombia apenas necesitaría dos hectáreas. La segunda, por la afectación
estructural del área productiva, no es conveniente que se inunden las mejores
tierras con vocación agrícola de la región y sería imposible restituir la
actividad productiva en la zona.
Lo que hoy ocurre con las
afectaciones ambientales que reconocen expertos, había sido advertido
desde el 2013 por el científico Kashyapa A. S. Yapa (Ph.D. en Ing. Civil – UC
Berkeley) en su Informe titulado ¿Es “El Qimbo” técnicamente viable? en
cuya parte introductoria señala que “Hemos analizado en detalle los documentos
públicamente disponibles sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que sigue
construyendo Emgesa, y encontramos varias falencias graves en el documento que
sirvió de base para la aprobación de la licencia ambiental para su
construcción, la evaluación de impacto ambiental (EIA). También observamos que
EMGESA ha hecho cambios sustanciales a su propuesta de manejo del embalse El Quimbo,
después de recibir la licencia, sin ningún pronunciamiento de las autoridades
pertinentes”. Más adelante señala que “La mayor preocupación ambiental del
proyecto El Quimbo es justamente eso: la falta de oxígeno y sus bajas
temperaturas en el fondo del embalse no solamente destruiría su vida acuática,
sino también la del río abajo y en La CHB. Y el EIA desecha estas
preocupaciones, aplicando dudosamente datos de un modelo, incapaz de modelar
situaciones reales”. El estudio fue entregado oportunamente a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca.
El estudio contratado por Emgesa
a petición de la ANLA, en 2014, sobre el Modelo Eco-hidrológico integrado del
complejo Quimbo-Rio Magdalena-Betania realizado por el Grupo de Limnología
Amazónica de la Universidad Nacional de Colombia coordinado por Santiago Duque,
con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales que generará el embalse
de El Quimbo, una vez se inicie el proceso de llenado, señala en una de sus
conclusiones que “las condiciones de aportes de nutrientes de la cuenca del
Magdalena y la descomposición del área a inundar tendrán niveles de eutrofización
en las aguas del futuro embalse de El Quimbo” por lo que dentro de las
recomendaciones que enviaron está el hecho de que “la biomasa debe ser retirada
en su totalidad del vaso del embalse para minimizar los impactos ambientales
adversos y evitar la degradación en la calidad del agua y el río Magdalena”.
Emgesa, con el aval de la ANLA,
procedió al llenado del embalse sin tener en cuenta las recomendaciones
anteriores y cuando aún no había concluido el estudio que contrató.
Posteriormente, el Gobierno decretó la generación de energía por encima de
orden judicial que había impuesto medida cautelar de suspensión de la misma
mientras se retiraba la biomasa del vaso del embalse, orden que tumbó la Corte
Constitucional.
El gobierno logró mediante Acción
de Tutela que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones
de Conocimiento Neiva, resolviera “Autorizar a Emgesa, como medida transitoria,
y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila decida de fondo
sobre el levantamiento o no de la medida cautelar decretada, la generación
inmediata de energía en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, decisión que ha
sido cuestionada por expertos y comunidades afectadas al considerar que
obedeció a las presiones gubernamentales y no a criterios técnicos.
La Corporación Autónoma del Alto
Magdalena -CAM- había conceptuado ante el Juzgado que "en el periodo
comprendido entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre, cuando se generó
energía en la hidroeléctrica, los valores del parámetro de oxígeno disuelto,
criterio de calidad admisible para la preservación de la flora y fauna
acuática, estuvieron por debajo del límite permisible a la salida de la represa
El Quimbo y a la entrada del embalse de Betania”. Según Carlos Alberto Cuéllar,
director de la CAM, tras un análisis de la operación de la hidroeléctrica se
halló que los niveles de oxígeno disuelto se registraron por debajo de los 4
miligramos por litro, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que a esa
altura el río jamás había presentado indicadores inferiores: “la situación
genera un riesgo potencial muy elevado a la producción piscícola. Además, el
tema del turbinado no necesariamente genera una oxigenación del agua como se ha
querido creer”.
Santiago Duque, experto en
recursos hídricos de la Universidad Nacional señaló que es alarmante la
incertidumbre que hay sobre los indicadores de calidad del agua de El Quimbo:
“Hay un nuevo escenario y se deben conocer los datos técnicos para tomar la
decisión de reactivar la hidroeléctrica”. “Por la alta eutrofización de las
aguas, es decir, el enriquecimiento con nutrientes como nitrato y fósforo de
este embalse, se pueden afectar las condiciones mínimas para que
sobrevivan las cerca de 19.000 toneladas de peces que se alojan en el
embalse multipropósito de Betania, donde llegan las aguas de El Quimbo”.
El Diario del Huila, en su
edición del 16 de enero, titula“Juez que reactivó El Quimbo será magistrado en
Bogotá”. Víctor Hugo Rubiano Macías había ordenado “la generación inmediata de
energía de la represa El Quimbo, después que la Corte Constitucional anuló un
decreto presidencial que le permitía la actividad a la represa y al mismo
tiempo ordenó darle cumplimiento a la medida cautelar del Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila”. En el mismo fallo el togado también decidió “no
acceder a las pretensiones de los pescadores artesanales de los municipios de
Gigante, Hobo, Campoalegre y otros, negándoles los derechos como afectados por
El Quimbo”.
Desde el 10 de enero, cuando
Emgesa reanudó la generación de energía, se ha demostrado que la presión del
presidente Santos al Juez Rubiano para que ordenara prender El Quimbo, bajo
amenaza de racionamiento e incremento del precio de la energía si no se
generaban los 400 Megavatios era absolutamente falsa. Hoy la represa opera con
una carga mínima de 84 MGW que se traduce en 90 metros cúbicos de agua para no
crear mayores afectaciones ambientales al recurso hídrico e incrementar la
mortandad de peces en la Central de Betania. Para la compañía, el mayor nivel
de oxígeno entregado a este embalse ha sido superior a los 4 miligramos por
litro. El valor contraría las estimaciones de los piscicultores, “quienes
aseguraron que tras la reanudación de la represa, estos bajaron cerca de un
punto llegando aproximadamente a los 3.5,por debajo de los niveles permisibles
por la legislación ambiental”.
Asoquimbo, concluida la
movilización de pescadores artesanales el 12 de enero de 2016, solicitó
mediante Memorial al Tribunal Administrativo se ratifique la medida
cautelar de prohibición de generación de energía por parte de Emgesa, se ordene
desocupar el embalse de El Quimbo para que se haga efectivo el retiro del
material forestal y la biomasa garantizando el flujo natural del Río Magdalena
y se convoque a un grupo independiente e interdisciplinario de expertos con el
propósito de evaluar los daños económicos, sociales, ambientales y culturales
ya causados y los que se generarían de continuar con la generación de energía y
decidir cuidadosamente con fundamento en los estudios técnicos, ponderando
beneficios y costos ambientales y regionales y respetando la ley y los derechos
de las comunidades.
Cabe destacar que el proceso de
resistencia adelantado durante 7 años por Asoquimbo, con el acompañamiento del
Movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y afectados por Represas
¡Rios Vivos” ha logrado demostrar que el Estado Colombiano y sus poderes
públicos están al servicio de las corporaciones transnacionales y la necesidad
de articular todas las resistencias contra el modelo extractivista,
financierista por despojo y trabajar en “la perspectiva de la soberanía
energética, en la que prime el bienestar general sobre el lucro individual, en
el que se recupere la generación de energía como bien social y general no como
un negocio particular, en el que se otorgue prioridad al desarrollo de fuentes
de energía bajo gestión comunitaria que otorguen independencia y eficiencia, en
el que se priorice la reducción del consumo en lugar del despilfarro, en el que
no se inunden espacios de producción de vida, de agua y de comida, en el que no
se deforeste y no se revictimice a una población históricamente agobiada por el
conflicto armado colombiano”.
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