Hace unos años las disputas
legales de multinacionales contra países en desarrollo solían girar en torno a
la confiscación de sus inversiones. Pero ahora los inversores también demandan
cuando los países expiden leyes que de un modo u otro afectan la rentabilidad
de los negocios de las multinacionales.
Los tratados de inversión
vigentes o en negociación tienen cláusulas que permiten a las empresas demandar
a los gobiernos por una disminución de sus "expectativas de
ganancias" provocada por cambios políticos o regulatorios.
Utilizan un instrumento legal conocido
como Investor State Dispute Settlement (Resolución de Disputas de
Inversionistas y Estados, o ISDS, por sus siglas en inglés), y llevan sus
disputas ante tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Según Javier Echaide,
vicepresidente de la Comisión de Auditoría integral de Tratados de Inversión y
Sistema de Arbitraje (CAITISA) del Ecuador, con esto se pone el derecho de las
empresas y sus accionistas por sobre el de gobiernos elegidos democráticamente.
"Es garantizar una inversión
más allá de lo que hagan las empresas o lo que suceda en el país", señaló
a BBC Mundo.
Las multinacionales y muchos
gobiernos desarrollados defienden estos mecanismos como vitales para la
seguridad que requieren los empresarios para invertir en otro país.
BBC Mundo analiza cuatro casos
específicos de las decenas que se inician anualmente:
1 – Phillip Morris versus Uruguay
En 2010 Uruguay aumentó el tamaño
de la fotografía sobre el efecto nocivo del alto consumo de tabaco en los
paquetes de cigarrillos y restringió a las tabacaleras a la venta de un solo
producto por marca.
A pesar de que la medida
implementaba el Acuerdo Anti-Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, la
transnacional suiza Philip Morris argumentó que significaba una
"expropiación indirecta" de sus "expectativas de ganancias"
y utilizó el Tratado Bilateral de Suiza-Uruguay para iniciar una demanda ante
el CIADI.
Según la compañía, que lleva
adelante acciones similares contra Australia y Noruega, es
"injustificado" el cambio de política.
"Lleva mucho tiempo e
inversión crear el prestigio de una marca que Uruguay y Australia han dañado
con su política", alegó Philip Morris.
2 – Vattenfal versus Alemania
En 2011 poco después del
accidente nuclear de Fukushima en Japón y una ola de manifestaciones contra la
política nuclear germana, el parlamento alemán enmendó la ley de energía
atómica a fin de cerrar todas las plantas nucleares para 2022.
La enmienda contemplaba el cierre
permanente de las plantas más antiguas – teóricamente las menos seguras.
En esta clasificación se
encontraban dos plantas de la estatal sueca Vattenffal.
En octubre del año pasado
Vattenfal inició una demanda contra el gobierno alemán en la CIADI por el
cierre de estas plantas.
Según la compañía solo en 2011 la
medida significó una "pérdida de ganancias esperadas" de US$1,5 mil
millones.
3 – Lone Pine contra Canadá por
moratoria del fracturamiento hidráulico
Canadá está siendo demandada por
una compañía de su propio país, Lone Pine, que cambió su sede central a Estados
Unidos para invocar el capítulo 11 del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN o NAFTA en inglés) de "protección a los derechos
de los inversores".
Este capítulo estipula que las
compañías internacionales tienen derecho a demandar a los gobierno por leyes y
políticas que dañen las ganancias de las corporaciones.
Según Lone Pine, la decisión del
estado de Quebec de decretar una moratoria para la Fractura Hidráulica de gas
natural, es "arbitraria, caprichosa, ilegal e inconsulta" y
constituye una expropiación de su "derecho a la minería" de petróleo
y gas que no tiene "un propósito público válido".
La demanda es por US$250 millones
más el pago de costos legales.
4 – Suez contra Argentina
En 2001-2002 Argentina sufrió la
peor crisis económico-social de los últimos 100 años que llevó a un default de
su deuda y un desempleo del 24%.
Argentina recurrió a mecanismos
de emergencia como la devaluación y el congelamiento de tarifas de servicios
públicos para evitar una implosión económico-social.
Hoy, Argentina, que bajo el
gobierno de Carlos Menem en los años 90 fue el país que firmó más acuerdos
bilaterales de protección de la inversión en América Latina (53), es el que más
demandas tiene en el CIADI.
En abril el CIADI se pronunció
sobre la demanda de las firmas europeas Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi
Universal y AWG por disputas relacionadas con los contratos de suministro de
agua potable y alcantarillado de Buenos Aires y Santa Fe.
El tribunal condenó a Argentina a
pagar US$ 405 millones entendiendo que se había violado el trato justo y
equitativo al negar el reajuste de tarifas tras la devaluación.
El futuro
Los casos abundan: esta es una
selección.
Australia, China, India,
Indonesia, Sudáfrica, Ecuador, Bolivia y Venezuela se encuentran entre los
países que han decidido no continuar con el actual sistema de protección de
inversiones.
En las negociaciones entre
Estados Unidos y la Unión Europea para la formación de un superbloque
comercial, Alemania se opone firmemente a la inclusión del ISDS que busca
Estados Unidos.
El tema está siendo debatido en
el seno mismo de las Naciones Unidas en el marco de la UNCTAD.
La jefa de la Sección de Acuerdos
Internacionales de Inversión de la UNCTAD, Elizabeth Tuerk, señaló a BBC Mundo
que es urgente llegar a una solución al respecto.
"Es urgente reformar el
actual sistema. Necesitamos reafirmar el derecho de regular en el interés
público para que no haya una indebida limitación de la política gubernamental.
Y es necesario reformar el sistema actual de arbitraje para lidiar con la
crisis de legitimidad que sufre el sistema", indicó.
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