La investigación de las
organizaciones Vía Campesina y Grain muestra cómo las corporaciones avanzan
para controlar un insumo básico de la producción de alimentos. “La
criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y luchas” es el nombre del informe.
Las grandes empresas del agro impulsan leyes “que privatizan las
semillas” y “judicializan a los productores”. Es una de las afirmaciones de la
investigación realizada por las organizaciones internacionales Vía
Campesina (reúne a
movimientos rurales de todo el mundo)
y Grain,
que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de treinta países
de cuatro continentes. “Las semillas campesinas, uno de los pilares de la
producción de alimentos, están sometidas a un ataque de corporaciones y
gobiernos”, advierte el informe. Las principales empresas del mercado son
Monsanto, Dupont Pionner, Syngenta, Bayer y Dow.
“La criminalización de las
semillas campesinas. Resistencias y luchas”, es el nombre de informe publicado
por la Vía Campesina (VC) y Grain. Analiza la situación de América, Asia,
Africa y Europa. Recuerda que el intercambio libre de semillas, entre
comunidades y pueblos, fue lo que permitió que los cultivos se adapten a
diferentes condiciones, climas y topografías. “Es lo que ha permitido que la
agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo”, remarca. Y precisa que
desde la llamada “revolución verde” (década del ’60), cuando las empresas
comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un proceso de apropiación de las
semillas, el primer eslabón de la alimentación.
Tres empresas controlan más de la
mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Monsanto (26 por
ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar
aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la
alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y
Takii. Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de
semillas.
El informe señala que en América
se desarrollan resistencias contra las “leyes Monsanto”. Describe el caso de
Chile, donde tras cuatro años de movilizaciones lograron en 2014 que se
retirara un proyecto de ley que privatizaba las semillas. También resalta el
caso de Colombia, en 2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una
huelga masiva en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de
alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas
enfrentara multas o incluso prisión. “En 2011, las autoridades del gobierno
colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los agricultores de arroz
(en la provincia de Huila), y destrozaron de manera violenta 70 toneladas de
arroz que según ellos no se habían procesado de acuerdo a la ley”, recuerda el
informe. Las organizaciones sociales insisten en la derogación de la ley.
De Brasil, que es el segundo
productor mundial de transgénicos y el gobierno habilitó nuevas semillas,
describe el proyecto de gran escala para el desarrollo de semillas criollas, en
el marco de la Política Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica,
adoptada en 2012. Y remarcaron la importancia, desde 2003, del Programa de
Adquisición de Alimentos, en el que el Estado adquiere las cosechas de los
campesinos. En octubre de 2013, 5000 agricultores brasileños ocuparon unas
instalaciones de producción de semillas pertenecientes a Monsanto en el estado
de Pernambuco.
En Costa Rica, en 1999, el
gobierno intentó modificar sus leyes para cumplir con los requisitos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). La movilización de las organizaciones
sociales impidió la nueva legislación y se avanzó en el camino contrario, por
la prohibición de los transgénicos. En la actualidad, el 80 por ciento del territorio
se declaró libre de transgénicos.
En El Salvador se avanzó en un
plan agricultura familiar que incluye la distribución de semillas a los
pequeños agricultores. “La iniciativa se enfrentó a problemas con el gobierno
estadounidense, al considerar que infringía tratados de libre comercio y
exigieron el fin de la distribución de semillas y que se las compren a
Monsanto”, explica el informe.
El trabajo de VC y Grain detalla el papel de Venezuela, donde se
impulsa un proyecto de ley que limita la entrada de transgénicos y defiende las
semillas campesinas, como parte
de un modelo productivo basado en la agricultura sostenible y la soberanía
alimentaria. Resultado de una serie de consultas nacionales en distintos puntos
del país, define las semillas como un bien público, “herencia colectiva que no
puede ser privatizada”.
México mantiene desde hace más
de una década una lucha masiva en defensa del maíz, el cultivo más importante
del país. Mediante el Tratado de Libre Comercio del Norte se intenta la
introducción masiva de transgénicos. En 2005 fue aprobada una legislación
(llamada ley Monsanto) que abrió paso a los transgénicos. “Le siguió una Ley
Federal de Producción, que criminalizaba el libre intercambio de semillas
nativas. Y le siguió el decreto presidencial para nuevos permisos de
transgénicos”, afirman la Vía Campesina y Grain.
Con esa ingeniería legal, las
multinacionales Monsanto y Dow recibieron 156 permisos para el cultivo
experimental de maíz.
El informe recuerda que existen
pruebas concluyentes de que el maíz transgénico de Estados Unidos ya contaminó
el maíz nativo de México. Dato positivo, los agricultores mexicanos siguen
optando por las semillas campesinas: el 80 por ciento del maíz de México sigue
siendo el criollo.
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