En mayo de 2010 el Tribunal
Permanente de los Pueblos, de carácter no gubernamental y con origen en el
juicio a Estados Unidos por los crímenes cometidos en la guerra de Vietnam
(Tribunal Russell), denunció a más de 40 multinacionales europeas por la
violación de los derechos de las poblaciones. El tribunal “ético” señaló a la
multinacional Agrenco, con sede en Países Bajos, por la destrucción de
territorios indígenas en el estado de Mato Grosso (Brasil). También a la
compañía Aguas de Barcelona, por la sobreexplotación de acuíferos en el
municipio mexicano de Saltillo. A la transnacional francesa Louis Dreyfus,
debido a la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, que amenazaba a los
pueblos Guaraní Kaiowá en Brasil. La empresa Syngenta, constataba la sentencia,
contrataba mercenarios en Brasil y contaminaba la tierra con agrotóxicos,
mientras que otra multinacional, Impregilo, amenazaba con una presa
hidroeléctrica el río Sogamoso (Colombia) y su entorno. Entre otros proyectos,
se denunciaban asimismo las centrales hidroeléctricas sobre el río Madeira del
Banco Santander, Banif y GDF-Suez.
El 29 de enero de 2016 se
presentó en el Centro Social La Colectiva del barrio del Cabanyal, en Valencia,
la campaña “Stop Corporate Impunity, desmontando la arquitectura de la impunidad
de las transnacionales”. Las ONG denunciaron en 2013 a la compañía Hidralia por
desarrollar, mediante sus filiales, proyectos de represas hidroeléctricas en el
norte de Guatemala. Álex Guillamón, coordinador-técnico de “Entrepobles”,
señala a esta eléctrica gallega como ejemplo de actividades predadoras en
América Latina. A partir de la experiencia de esta ONG en el acompañamiento a
comunidades amenazadas, agrega otro ejemplo, el de Gas Natural Fenosa, que ha
impulsado macroproyectos en Nicaragua, Guatemala, Colombia y República
Dominicana. Las grandes represas “han provocado el desplazamiento de
poblaciones sin la previa consulta a la que teóricamente tienen derecho”,
apunta el activista. A ello se añaden las amenazas y la represión por parte de
los servicios de “seguridad” de las empresas. En el caso de Gas Natural Fenosa,
también dedicada a la distribución y el consumo de energía eléctrica, se han
producido quejas por desatención a comunidades sin recursos y abusos en las
tarifas.
“Ninguna empresa del IBEX 35
cumple con los derechos humanos, prácticamente todas han acumulado el poder
económico y beneficios a costa de su violación”, sostiene Erika González,
investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) de
la asociación “Paz con Dignidad”, que ha publicado el “Diccionario crítico de
empresas transnacionales” y los libros “Contra la lex mercatoria” o “Marca
España. ¿A quién beneficia?”. Participa en la iniciativa “Desmontando el poder
corporativo”, de la que forman parte cerca de 200 organizaciones, plataformas y
redes, y en la constitución de un Tratado Internacional de los Pueblos para el
Control de las Transnacionales. La investigadora, que ha participado con Álex
Guillamón en la presentación de la iniciativa “Stop Corporate Impunity” en
Valencia, recuerda que Repsol ha contaminado territorios en los que habitan
pueblos indígenas y provocado desplazamientos en Colombia, Perú, Ecuador y
Argentina. Denuncia asimismo actuaciones de Iberdrola, como la construcción de
grandes campos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México); esta multinacional
cuenta además con acciones en el consorcio que construye la gran presa
hidroeléctrica de Belo Monte, en plena amazonía brasileña.
Uno de los puntos fuertes de la
campaña es la crítica a la “Lex Mercatoria”, que Guillamón define como el
conjunto de acuerdos y convenios entre gobiernos y transnacionales o TLC
firmados por los estados, que permiten a las corporaciones “tener cada vez más
poder para invertir donde y como quieran”. Erika González resalta mecanismos
como la cláusula ISDS del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre
la Unión Europea y Estados Unidos o el CIADI del Banco Mundial, tribunales de
arbitraje a los que recurren las multinacionales cuando consideran que los
estados han aprobado una ley o impulsan políticas que vulneran sus derechos
comerciales.
La investigadora de OMAL pone el
ejemplo de Abengoa, empresa al que el municipio mexicano de Zimapán le negó la posibilidad
de construir un depósito de residuos peligrosos a través de la filial Befesa.
La instalación estaba prevista a dos kilómetros de una reserva natural y a
menos de 500 metros de una comunidad indígena. Tras la demanda de Abengoa por
“lucro cesante”, en 2013 el CIADI resolvió que el estado mexicano tenía que
abonar a esta corporación entre 42 y 45 millones de dólares. “No son públicos”,
añade Álex Guillamón, “se trata de tribunales especiales de carácter privado
que atacan el principio de justicia universal”. Los fallos no son apelables,
además, las organizaciones sociales han señalado la dimensión crematística del
procedimiento: se calcula un coste de mil dólares por hora y abogado, y se
trata de letrados que en otros juicios defienden a las mismas transnacionales.
“Entrepobles” denuncia desde hace
más de una década proyectos de corporaciones que vulneran los derechos humanos
en América Latina. Álex Guillamón participa además en la campaña contra el
TTIP. Subraya el impacto de proyectos como la central hidroeléctrica Neltume,
impulsado por Endesa Enel en la Comuna de Panguipulli, en territorio mapuche.
“América Latina está plagada de conflictos ambientales, que afectan sobre todo
a comunidades indígenas y campesinas”, explica. Pero también es un territorio
de resistencias, como la de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana contra la
petrolera Texaco-Chevron, que durante 25 años ha contaminado ríos y provincias
como las de Sucumbíos y Orellana. Erika González se fija asimismo en las
agresiones perpetradas, durante décadas, contra las comunidades mapuches en
Argentina. Se producían en la época en que YPF era una empresa estatal, cuando
operaba como YPF-Repsol (entre 1999 y 2011), y en la actualidad de nuevo como
YPF.
La activista recuerda, por otro
lado, el enorme impacto de la presa hidroeléctrica de Ralco en Chile,
inaugurada por Endesa Enel en la región del Alto Biobío en 2004. El
macroproyecto afectaba a los territorios del pueblo mapuche Pehuenche. Otro
ejemplo destacado es el de la central hidroeléctrica Quimbo, en el departamento
colombiano de Huila. Pero las conductas predadoras de las compañías no se
producen sólo en entornos rurales y del interior. Así, Telefónica ha sido
denunciada por violación de la libertad sindical y derecho fundamental al trabajo
digno en Chile. Y grandes bancos como Santander o BBVA, por participar con sus
inversiones en el comercio de armas o en iniciativas de gran impacto ambiental.
¿Hay una responsabilidad de los
gobiernos, tanto de los países de los que proceden las empresas matrices, como
de los receptores de las inversiones? Erika González responde afirmativamente.
“Lo hacen con medidas políticas y jurídicas que facilitan la expansión
internacional de las empresas, con TLC y tratados de protección de las
inversiones”. Además, “ponen a disposición de las corporaciones todo su aparato
diplomático”. En cuanto a los países del Sur, cita el caso paradigmático de
Colombia, país que desde antes de los gobiernos de Uribe hasta la actualidad,
“ha amparado la violación de los derechos humanos cometidos por las
transnacionales”. En otras ocasiones las fuerzas de seguridad del estado, sean
de Colombia, Guatemala o Perú, entre otros países, se han puesto a disposición
de las multinacionales y han reprimido con dureza la oposición social a éstas.
En los países del Norte, las
complicidades pueden observarse en el mecanismo de las “puertas giratorias”.
Guillamón recuerda las conexiones entre los partidos políticos y las empresas
eléctricas en el estado español, de hecho, altos cargos del PP, PSOE, CIU y PNV
han terminado en la dirección de Endesa, Iberdrola, Acciona, Repsol, Gas
Natural Fenosa o Petronor. Constata además que prácticamente todos los países
están aprobando legislaciones similares a la “ley mordaza” española, incluso
“mucho más graves, ya que permiten a los cuerpos policiales y de seguridad de
las empresas actuar impunemente”. Gobiernos de diferente signo, como los de
Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y sobre todo Colombia, “que ha militarizado
su territorio”, han impulsado una legislación de estas características. “En
Colombia tanto los grupos paramilitares como el ejército actúan totalmente como
fuerzas de seguridad de las multinacionales”, remata el activista de
“Entrepobles”
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