Imagínese que una empresa,
pongamos que italiana, compra el Palacio Real en Madrid. Luego se lleva todos
los cuadros, muebles y demás tesoros a un museo en Roma e invierte lo justo en
mantener el edificio para seguir cobrando la entrada a los turistas que hacen
la obligada visita al monumento. Todo esto ante el silencio absoluto del
gobierno, el principal partido de la oposición y los grandes medios.
Vale, es una parábola un poco
exagerada. Pero es en cierto sentido lo que ha ocurrido con Endesa, la antaño
mayor empresa pública, la joya de la corona junto con Telefónica. Tras su
privatización a finales del siglo pasado, la principal eléctrica del país acabó
en manos de la italiana Enel, irónicamente de participación pública. La matriz
se llevó todo el negocio de América Latina y buena parte de la tesorería de
Endesa. En noviembre pasado, la empresa decidió que se dedicará al dividendo la
totalidad del beneficio neto anual hasta 2019, que superará las inversiones,
según las previsiones.
Endesa ha capeado mejor que la
mayoría de las grandes empresas del Ibex-35 la tormenta que azotó a las bolsas
en las primeras semanas del año. La eléctrica es lo que los inversores
consideran un “puerto seguro” en la tempestad. “Ahora estamos recomendando una
idea nicho: compañías que tengan prácticas monopolísticas y pricing power”,
comenta Anna Garofano, analista de Diverinvest EAFI, en una entrevista con
invertia.com en la que pone como ejemplo a Endesa.
Estas prácticas monopolísticas y
la capacidad de subir precios sin que se resienta la demanda son obviamente muy
interesantes para los inversores, pero el resultado lo pagan los consumidores.
Los precios de la luz en España están entre los más altos de Europa, mientras
el Estado todavía tiene que digerir el astronómico “déficit tarifario”,
acumulado a lo largo de los años para compensar a las eléctricas, ya que éstas
argumentaban que los precios al consumidor regulados no cubrían los costes.
Mientras, millones de personas han sufrido cortes de luz porque ya no podían
pagar el recibo.
“Lo que ha ocurrido con Endesa
desde finales de los 80 se puede, sin ninguna duda, calificar de expolio.
Endesa era en 1988, cuando empezó a privatizarse, la empresa con mayores
beneficios de España, los cuales se revertían al Estado. Además permitía al
sector público hacer política energética, decidiendo por ejemplo qué tipo de
centrales eléctricas quería instalar, fijándose no sólo en satisfacer a sus
accionistas sino en servir al interés general. A pesar de ello, se decidió
venderla y ahora Endesa es parte de un oligopolio privado”, afirma José Luis
Velasco, doctor en Física y miembro del Observatorio Crítico de la Energía.
“Una vez que alejas una empresa del control público ¿cómo impides que sus
accionistas hagan lo que quieran? No es imposible, desde luego, pero es muy
difícil”, añade este miembro del Círculo de Economía de Podemos.
Del control público a Enel
Rebobinamos. Endesa fue creada en
1944 y tuvo un papel fundamental en la reconstrucción económica y la
electrificación del país después de la Guerra Civil. La privatización de la que
en ese momento era la mayor empresa pública comenzó con el gobierno socialista
de Felipe González, que sacó a bolsa un 25% del capital en 1988. El Partido
Popular del presidente José María Aznar completó la privatización en dos pasos,
entre los años 1997 y 1998.
Entonces, Endesa ya había
empezado a invertir miles de millones en América Latina, donde “las políticas
neoliberales y globales de los años 90 condujeron a la liberalización y
desregulación del sector energético”, como recuerda en un artículo Rodolfo
Rieznik, de Economistas Sin Fronteras. Bajo el mandato del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero se libró una batalla monumental y altamente politizada por
el control de Endesa, en la que participaron la catalana Gas Natural y la
alemana Eon. Finalmente, fue Enel quien, en 2009, se hizo con el 92% de la
eléctrica española con la ayuda de Acciona, la empresa de servicios y
construcción de la familia Entrecanales.
En 2014, Enel compró Enersis, la
filial de Endesa que concentraba todo el negocio en Latinoamérica, donde era
líder del mercado, por 8.250 millones de euros. La empresa italiana recuperó
este dinero en seguida y de paso un poco más para reducir su abultada deuda, al
repartirse un dividendo extraordinario de 14.600 millones de euros, el mayor en
la historia de España. Los analistas consideraban que Enel había vaciado su
filial española. “Sin potencial de crecimiento y con una estructura financiera
insuficiente, en nuestra opinión, la acción deja de tener interés”, comentaba
Citibank.
Poco después, Enel hizo caja otra
vez al colocar en el mercado un paquete de acciones, con lo cual redujo su
participación al 70%. Un juez de Madrid obligó a Endesa a incluir una
advertencia en la información para los compradores interesados de este 22% de
las acciones: “Endesa está controlada en un 92% por el grupo semipúblico
italiano Enel, cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la empresa
española. Éste y otros importantes factores de riesgo, como la reducción de su
crecimiento potencial y una deuda con la que antes no contaba, se recogen en el
Folleto informativo de la Oferta Pública de Venta de Acciones disponible en la
página web de la CNMV”.
Y hoy continúa el expolio de la
eléctrica con la mayor capacidad de generación instalada del país. El Plan
Estratégico 2015-2019, actualizado en noviembre pasado, garantiza un payout anual
del 100%, es decir, la totalidad del beneficio neto atribuido acaba en manos de
los accionistas. A la cabeza, Enel, con su 70%. Las inversiones de 4.400
millones de euros presupuestadas para este quinquenio están muy por debajo del
beneficio neto previsto, que superará ampliamente los 1.000 millones al año.
Uno de los proyectos principales es la instalación de nuevos contadores de luz
en los 11 millones de hogares que son clientes de Endesa. Más que invertir en
energías renovables, la empresa apuesta por prolongar la vida útil de sus
centrales nucleares y las de carbón.
Los dueños ni siquiera disimulan
para qué les sirve su filial. “Está bien tener una máquina de generar cash.
Otros ya quisieran”, dijo Francesco Starace, consejero delegado de Enel y vicepresidente
de Endesa, en una entrevista con la agencia Reuters en diciembre. De momento,
los italianos han rechazado ofertas de compra de los fondos buitres KKR y CVC.
Una posible venta, según explicó Starace, depende de la creación de un mercado
europeo de energía. Mientras tanto, Enel se asegura un suculento dividendo de
al menos 800 millones de euros al año.
“La liberalización progresiva del
sector eléctrico. en marcha desde 1997 y completada definitivamente en 2013 con
la desregulación total de la tarifa eléctrica, no ha introducido ni eficiencia
ni mejores precios de electricidad. Al revés, ha recogido en tarifa el expolio
y la especulación a la que ha estado sometido el sector en las últimas
décadas”, escribió el economista Rieznik.
Lo curioso de este expolio,
totalmente legal pero expolio al fin y al cabo, es que no generó ninguna
controversia en los grandes medios de comunicación. “El tratamiento de los
asuntos relacionados con grandes empresas en general, y las eléctricas en
particular, es desolador”, dice Velasco, del Observatorio Crítico de la
Energía. “Igual nunca ha sido maravilloso pero sin duda ha ido a peor”, añade.
Alberto Garzón coincide en esta
crítica de la prensa y resalta el papel de la publicidad. El diputado de
Izquierda Unida llevó el asunto de Endesa al Congreso de los Diputados en la
legislatura pasada. “El Gobierno no ha hecho absolutamente nada y ni siquiera
ha respondido a mis preguntas”, cuenta a La Marea. En una sesión de febrero del
año pasado echó en cara el “saqueo de Endesa” al presidente Mariano Rajoy.
También se lo preguntó al ministro de Economía Luis de Guindos en la comisión
de economía del Parlamento sin obtener contestación. “Al salir de aquella
reunión un diputado relativamente joven del PP me dijo que era un escándalo y
que el Gobierno estaba indignado pero que no iba a decir nada”, recuerda el
dirigente de IU. “El PSOE tampoco ha hecho nada. Cuando un partido se calla
ante semejante escándalo es porque tiene intereses”, explica y apunta al infame
fenómeno de las puertas giratorias.
Endesa ha sido, junto con
Telefónica, el principal refugio para políticos que buscaban una jubilación
dorada después de pasar por el gobierno. Entre otros cargos, por parte del PP
han trabajado para la empresa Aznar, como asesor, y De Guindos, como consejero,
antes de que fuera ministro. Del lado socialista destacan Elena Salgado,
ministra de Economía con Zapatero, que fue consejera de la filial chilena
Enersis, y su antecesor en el ministerio, Pedro Solbes, que pasó a ser
consejero de la matriz Enel. Endesa también fichó a exdirigentes de
Convergència i Unió, como Miquel Roca.
La disfunción del sector de la
energía tras su liberalización ahora está muy cuestionada por la pobreza
energética, los millones de hogares a las que las empresas dejaron sin luz por
impago. Según la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), en 2012 Endesa
cortó la electricidad a más de medio millón de hogares. Desde entonces, la
empresa se ha empeñado en firmar convenios y protocolos con docenas de
municipios y otras administraciones públicas para garantizar el suministro a
los hogares con problemas financieros. La presión de la calle y la llegada a
muchos ayuntamientos de las nuevas fuerzas políticas, como Barcelona en Comú o
Ahora Madrid, ha acelerado estos esfuerzos. “Llevamos año y medio con todo tipo
de acciones de protesta”, cuenta Mar Macías, de la APE en Granollers
(Barcelona). “Finalmente, el otro día vino un gerente de Endesa. Nos dijo que
le llamáramos en cuanto supiéramos de un caso y nos dejó su tarjeta”.
La pobreza energética, una de las
facetas más graves de la crisis económica, fue uno de los asuntos destacados en
los programas electorales de los partidos de centroizquierda en las generales
del 20 de diciembre. Podemos presentó en enero su Ley 25 de Emergencia Social
en el nuevo Congreso de los Diputados para garantizar el acceso a la luz, entre
otras medidas. También IU propone una serie de actuaciones en este sentido.
Ambas formaciones, al igual que el PSOE, abogan además por una reforma profunda
del sector de la energía. IU es el único de estos tres partidos que exige la
nacionalización de empresas como Endesa.
Intranquilos ante el auge de
Podemos
Los inversores ya se ponen
nerviosos. “Mientras que el posible pacto PP-C’s no esperábamos [sic] que tuviera
un impacto muy relevante en la regulación del sector energético, el ascenso de
Podemos y su eventual capacidad para decidir en la política energética podrían
ser negativo para el sector en general y para Endesa (MANTENER) en particular
que no tiene prácticamente exposición internacional, está expuesta a nuclear y
no tiene componente de producción renovable destacada”, comentaron los
analistas de Ahorro Corporación en una nota al día siguiente a las elecciones
del 20-D.
Pese a la doctrina oficial que se
ha implantado en España en las últimas décadas, un mayor control público de un
sector clave como la energía no es cosa de radicales de izquierda. “Por
ejemplo, el mercado eléctrico francés está copado por EDF y sus filiales, que
pertenecen mayoritariamente al Estado, y esto hace más fácil que Francia avance
hacia la transición energética, llevando a cabo las políticas adecuadas que el
mercado nunca haría”, afirma Velasco, autor de Crónicas Eléctricas (Foca,
2015). En este libro, el autor recuerda unas palabras que en 1993 pronunció el
fallecido Feliciano Fuster, presidente ejecutivo de Endesa entre 1984 y 1997,
cuando el PP le sustituyó por el exministro de UCD Rodolfo Martín Villa:
“Cuanto más elevada sea la participación privada en el sector público, mejor será,
pero siempre que la titularidad y la gestión conserven el carácter público”.
Los políticos no le hicieron mucho caso.
0 comentarios:
Publicar un comentario