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martes, 7 de enero de 2014

La Infanta Cristina, imputada por -presunta- corrupta: Blanqueo de capitales y delito fiscal

El Juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo y la ha citado a declarar el 8 de marzo, según un auto dictado este mismo martes.
Pese a las presiones y amenazas recibidas, pese al uso de la maquinaria de estado puesta en funcionamiento por el gobierno para evitarlo, el Juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo y la ha citado a declarar el 8 de marzo, según un auto dictado este mismo martes.
 El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, apunta en su auto que Iñaki Urdangarin "difícilmente" pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer "por mucho que de cara a terceros" mantuviera "una actitud propia de quien mira para otro lado".
Una forma de actuar que el magistrado considera irregular "por omisión", recalcando que no podría entenderse que la Duquesa de Palma no estuviera "alertada" del proceder de su marido, tanto por su "sólida formación" como por una intervención parlamentaria, en referencia a la efectuada a principios de 2006 por el diputado socialista Antoni Diéguez, en la que "se suscitaron dudas sobre las irregularidades del Instituto Nóos por beneficiarse de contrataciones públicas".
Tanto es así que, en los fundamentos jurídicos del auto, Castro se pregunta por qué la Infanta no utilizó su "paritario potencial participativo" en la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria junto a su esposo y a través de la cual se habría defraudado al fisco- para rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de esta empresa.
El Juez  solicitó a todas las partes en la causa que se pronunciaran sobre la posible citación de la Infanta en calidad de imputada y recibió los informes correspondientes antes de tomar un descanso navideño, que tomó entre el pasado 18 de diciembre y hasta fin de año. No obstante, fuentes cercanas a su entorno hicieron saber que su decisión sobre este asunto no se daría a conocer hasta después de Reyes.
El pasado mes de mayo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dejó sin efecto una primera decisión de Castro de imputar a Cristina de Borbón, por lo que nunca llegó a recorrer la popular cuesta de entrada a los juzgados de Palma como sí han hecho su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en el 'caso Nóos'.
Únicamente la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, solicita la imputación de la Infanta. En su informe, el sindicato de funcionarios aseveró que la Duquesa de Palma sabía "perfectamente" de las posibles ilegalidades que se cometieron a través del Instituto Nóos con los fondos que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear, pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando" del dinero que, desde Nóos, acabó canalizándose a las cuentas de Aizoon, la sociedad que comparte con Iñaki Urdangarin.
La citación de Cristina de Borbón no era defendida por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, que presentó un extenso escrito ante el juez José Castro en el que recalca que no pretende "ni por asomo" la imputación de la Infanta Cristina, si bien aboga por que ésta pueda dar su versión de los hechos como ha sucedido con otros encausados y pueda respetarse, de este modo, "el principio de igualdad que proclama la Constitución Española en su artículo 14".
Esta parte también señalaba en su escrito cómo alguno de los documentos aportados a la causa "ponía de manifiesto que el suegro de Urdangarin estaba al caso e intervenía", si bien considera "una lástima que sea inviable preguntar" al Rey "sobre el particular", debido a que "la vigente Carta Magna establece una excepción al principio de igualdad" que alcanza al Monarca por cuanto, según el artículo 56, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Pese a oponerse a la imputación, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach dejaba las puertas abiertas a que la hija del Rey Don Juan Carlos pueda ser condenada al pago de las responsabilidades civiles derivadas de haberse lucrado presuntamente de los fondos ilícitos recibidos por Aizoon, mercantil propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos --abastecido a su vez con los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana--.
El fiscal, que presentó un primer escrito antes de ser emplazado por el juez y un segundo documento tras la petición de Castro, defendía en ambos la inexistencia absoluta de indicios de criminalidad  por parte de la mujer de Urdangarin, a pesar de que las pesquisas apuntan a que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
La pregunta que, a estas horas, se hacen ya millones de ciudadanos es: ¿cuánto tiempo durará la imputación antes de que alguna argucia legal impida que el proceso legal contra la ciudadana Cristina de Borbón pueda seguir adelante?
Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta imputación real...
Auto completo de la imputación:

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