“Cada día podemos hacer del mundo un lugar más sostenible”, dice un anuncio publicitario de la Fundación Aquae, perteneciente a Aguas de Barcelona (Agbar). La afirmación se enmarca en las campañas publicitarias de las empresas para conmemorar el Día Mundial del Agua, establecido por Naciones Unidas el 22 de marzo. Esta convocatoria internacional tiene como objetivo llamar la atención sobre el acceso al agua potable y la necesidad de proteger los ecosistemas acuáticos.
Así, aprovechando la atención social, institucional y mediática de esta cita, las multinacionales del agua lucen una imagen cuidada de la gestión privada y su responsabilidad social y ambiental. Como FCC Aqualia, que afirma celebrar todos los días el Día Mundial del Agua. Una y otra, Agbar (filial de la transnacional Suez) y FCC, se presentan como la mejor opción para el abastecimiento y saneamiento del agua, y buscan con ello cumplir un doble objetivo. Por un lado, consolidar su oligopolio en el Estado español que, traducido en cifras, significa controlar más del 80% de la gestión privada del agua. Por otro, adquieren un mejor posicionamiento de cara a las futuras privatizaciones, algo estratégico en un sector que ha pasado a ser mayoritariamente privado: en 1996, el 37% de la población estaba abastecida por empresas privadas; actualmente, el 53%.
Agua: derecho humano vs. mercantilización
Los procesos de privatización del agua que han llevado a cabo diferentes municipios y autonomías —León, Avilés, Lugo, Candeleda, Jerez, Puerto de Santa María y Huelva; Cataluña para ATLL y Madrid para el Canal de Isabel II, entre otros— muestran cómo los argumentos de los gobiernos se repiten y son los mismos que se han dado desde los inicios del neoliberalismo, hace ya más de treinta años. La decisión política sobre el tipo de gestión se reviste como una opción técnica basada en la eficiencia, la transparencia, la inversión y la transferencia de tecnología que aportan las empresas de capital privado, frente a la supuesta inoperancia del sector público. Estas promesas, sin embargo, no se han hecho realidad en multitud de experiencias y hay diversos estudios académicos —proporcionados por investigaciones en la Universidad de Greenwich y en la Universidad de Granada— que ponen en cuestión tales ventajas.
Si los argumentos técnicos y económicos son, cuanto menos, dudosos, ¿por qué se sigue privatizando? En el Estado español, la venta de este servicio está suponiendo la entrada de liquidez en los presupuestos municipales. El método es sencillo: se firma una concesión con la empresa privada, que conlleva un “canon concesional”, es decir, un dinero que paga la compañía por gestionar los servicios del agua. Y el canon va directamente, en general, a pagar deudas que nada tienen que ver con el abastecimiento y saneamiento del agua.
Quien ostenta el gobierno inicia, entonces, un proceso lo más rápido y opaco posible para evitar el debate público, porque una decisión de este calado, sin argumentos técnicos ni económicos, puede suscitar una amplia oposición social. Las críticas se basan en la incompatibilidad entre garantizar un derecho humano universal, como es el acceso y la depuración del agua, y la expectativa de lucro a corto plazo de las grandes empresas privadas. Más aún, cuando se trata de un servicio público que se desarrolla en régimen de monopolio; una vez construida la infraestructura, sólo una compañía tiene el servicio. Así es que la población no puede elegir la empresa que le suministra el agua si no está de acuerdo con la forma de gestión. Además, la ciudadanía no va a dejar de consumir un recurso básico para su vida, aunque no sea de buena calidad y el servicio deje mucho que desear.
En este marco, la reducción de costes para maximizar los beneficios ha tenido, y tiene, graves impactos socioambientales. Empezando por el recorte y la precarización del personal empleado, así como el descenso de la inversión en mantenimiento y mejora de las infraestructuras. Todo ello se traduce en un empeoramiento de la calidad del servicio. Por otro lado, la compañía suele subir las tarifas para recuperar el pago del “canon concesional” y no tiene en cuenta los ingresos de los usuarios y usuarias. En consecuencia, el acceso universal y en condiciones de igualdad, que según Naciones Unidas debería garantizarse, queda en entredicho.
En relación a la dimensión ambiental, las campañas de ahorro de agua y penalización de su despilfarro son fundamentales para sostener el acceso a un bien limitado y escaso. En cambio, una compañía privada que obtiene beneficios con el consumo del agua es difícil que promueva este tipo de iniciativas.
Recuperando el control público: remunicipalización
Frente a todo ello, organizaciones sociales, sindicales, políticas, vecinales y ecologistas se organizan para responder y frenar los procesos de privatización. Y también están impulsando campañas que denuncian la creciente mercantilización del agua por parte de determinadas empresas públicas, cuya actividad se mantiene en la opacidad, sin control social y de manera funcional a los intereses de una élite política y económica.
El deterioro en la calidad del servicio, los daños socioambientales generados y la movilización popular han tenido como consecuencia un movimiento de remunicipalización del agua. Numerosas ciudades han revertido la privatización para volver a una gestión pública: desde el año 2000 hasta 2014, se han documentado 177 nuevos casos de remunicipalización. De todos ellos, el 60% se situaban en Estados Unidos y Francia; sin duda, un dato curioso siendo Estados Unidos la cuna del neoliberalismo y Francia, el origen de las mayores transnacionales del agua.
Algunos municipios del Estado español ya se han sumado a la nueva tendencia y han revertido la privatización, gestionando de forma pública, eficiente, con mayor inversión y priorizando la función social y ambiental del agua. Así ha ocurrido con Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (La Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna. Y movimientos sociales como la Red Agua Pública están desarrollando una campaña para que sean muchos más, impulsando la #iniciativagua2015, un compromiso social y político firmado hasta ahora por más de trescientas organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamiento.
Los procesos de reversión a manos públicas son un primer paso fundamental para garantizar el derecho humano al agua. Un cambio que debe avanzar hacia la solidaridad, la universalidad, la equidad, la transparencia, la participación social, el control democrático y la consideración del agua como un bien limitado y escaso. Estos son principios irrenunciables que no aparecerán en las campañas publicitarias de las grandes corporaciones en el Día Mundial del Agua.
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