Voces de la caravana: La "dictadura" y "la injerencia de EE.UU." están detrás del éxodo en Honduras

Integrantes de la caravana migrante y líderes sociales del país centroamericano aseguran que la crisis política provocada por el gobierno de Juan Orlando Hernández detonó la migración masiva hacia EE.UU.

Migrantes hondureños rumbo a EE.UU. en la Ciudad de México. 7 de noviembre de 2018.

Alfredo Estrella / AFP

La crisis migratoria en Honduras fue detonada por la "dictadura" del presidente Juan Orlando Hernández, apoyada por EE.UU., denuncian integrantes de la caravana migrante y líderes sociales hondureños.

A lo largo de varias entrevistas realizadas por RT a los hondureños que conforman la caravana migrante, la gran mayoría de ellos coincide en que decidieron salir del país debido a la falta de trabajo, así como el aumento en el precio de los alimentos y el combustible. Cuando se les pregunta qué provocó esa situación, muchos de ellos señalan la crisis política desatada a raíz del cuestionado triunfo de Hernández a la presidencia de Honduras como el acontecimiento que detonó un éxodo migratorio sin precedentes.

Centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala. 2 de noviembre de 2018. / Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Las consecuencias de una "crisis política"

"Esto es una crisis política, porque los políticos allá todo el dinero se lo están comiendo, se lo están robando. Juan Orlando Hernández le da trabajo a los de él", asegura Alexis Lagos, uno de los migrantes hondureños que acampa en el Estadio Jesús 'Palillo' Martínez, ubicado al oriente de la Ciudad de México.

"A Salvador Nasralla le robaron la presidencia", afirma. "Ellos tienen como una manta en frente para que los problemas no salgan del país".

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Guatemala. 20 de octubre de 2018. / Luis Echeverria / Reuters

Alexis Lagos relata que trabajaba como albañil. Tenía tres meses sin encontrar oportunidad de empleo, a pesar de que tiene tres hijos y apoya a su madre. "No tuve otra opción, porque no teníamos para comer", cuenta.

Durante la travesía, le tocó presenciar la muerte de su primo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, al sur de México.

"La parte más difícil de mi vida es que teníamos tres personas y un primo mío se murió en el camino. Esa fue la parte más dura de esta osadía", relata Alexis, quien desconoce las causas médicas que ocasionaron el fallecimiento de su familiar.

Pero Alexis no es el único en considerar que la situación en Honduras se recrudeció a partir del actual gobierno.

Huyendo de una "dictadura"

Mientras espera en una de las carpas que se han instalado en el campamento para ser atendida por un padecimiento de asma, Isis Guzmán intenta recordar cuándo comenzó a deteriorarse la situación en Honduras: "Eso viene siendo desde hace cuatro años", dice.

"Desde hace seis", la corrige Edil Antonio García, quien trabajaba como mecánico en Honduras. "Desde que Juan Orlando ganó la presidencia el empleo se fue para abajo", afirma.

Mientras varios migrantes centroamericanos hacen fila para recibir un poco de comida en el campamento instalado en Ciudad de México, un soldador hondureño, que porta una camiseta roja del Chapulín Colorado, cuenta cómo decidió salir de su país para escapar de lo que considera una "dictadura".

"El sistema de vida no es muy bueno: salud, el sistema monetario, todo eso. La canasta básica es muy alta y uno trata de tener una vida mejor de la que nos ofrecían, uno trata de venirse de una dictadura", relata el hombre, quien considera que el gobierno de Juan Orlando Hernández fue producto de una imposición.

A finales de octubre, en Pijijiapan, Chiapas, otros migrantes hondureños integrantes de la caravana coinciden en que la carestía que enfrenta el país fue provocada desde que el actual presidente hondureño asumió el poder.

Hermis Ramos es un joven de 23 años que trabajaba como albañil y carpintero antes de salir de Honduras. Ganaba 2.400 lempiras a la semana (100 dólares) cuando llegaba a tener trabajo.

Ramos explica que en su país existe el programa Bolsa Solidaria, impulsado por el gobierno, que consiste en la entrega de media libra de manteca, una libra de arroz, otra de frijoles y una de maíz. Pero en casas como la suya, con siete miembros en la familia, ese apoyo resulta insuficiente. "Con eso no va a dar abasto. Y si no hay trabajo, ¿qué puede hacer uno? La mayoría de los jóvenes roban allá, los matan jovencitos, de 15 o 16 años. No hay trabajo", dice.

"La canasta básica está muy alta. El combustible sube cada lunes", se queja Hermis.

Le preguntan cuándo se agravó la situación y responde: "Desde que entró el presidente de Honduras".

El papel de EE.UU. en el conflicto político hondureño

Para el periodista y activista Bartolo Fuentes, quien es señalado por el gobierno de Honduras de ser el principal orquestador de la caravana migrante, la situación política de Honduras está vinculada a la injerencia de EE.UU. en Centroamérica.

"Hay un gobierno de EE.UU. que impone su criterio porque tiene bases militares en Honduras. Porque los que entrenaron a los militares en Honduras son los mismos gringos y son los que salieron a matar a la gente en las calles cuando protestaron por el fraude electoral. Y ahora quieren deslindarse, y buscar quién es el culpable. Y quieren decir que un pinche periodista Bartolo Fuentes es el que trae a toda esta gente. ¡Por favor!", sostuvo Fuentes durante la conferencia de prensa que otorgó, el pasado martes, en el campamento de la caravana migrante en Ciudad de México.

El periodista, quien durante años ha seguido de cerca las historias de migrantes centroamericanos, es tajante al afirmar que la política exterior estadounidense es responsable de buena parte de la crisis política en Honduras.

"¡Ellos son los invasores! Nosotros no invadimos EE.UU. Si Donald Trump no lo sabe, hace más de cien años en Honduras hubo más de 200 empresas mineras sacando el mineral de nuestro país sin pagar nada por esos metales que se llevaron. ¿Y qué quedó en nuestras comunidades? ¡Los puros hoyos! Los hombres y mujeres enfermos, y los pueblos en la miseria", señala Fuentes.

El activista también consideró que la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer trabajo a los migrantes centroamericanos es bien recibida como una medida de emergencia, pero considera que los organismos internacionales tendrían que responsabilizarse por el éxodo masivo de migrantes hondureños.

"Sinceramente, nosotros no creemos que tenga que ser México que cargue con toda esta situación, porque no es México quien ha saqueado Honduras, no es México quien dio el golpe de Estado", afirmó Fuentes, tras destacar la completa ausencia de la embajada de su país desde la entrada de la Caravana a territorio mexicano.

Otros críticos del actual régimen hondureño consideran que la manera en que EE.UU. apoyó el golpe de Estado en 2009 contra el entonces presidente de ese país, Manuel Zelaya, así como el respaldo de Washington a Juan Orlando Hernández, acusado de haber cometido fraude en las elecciones de 2017, explican las causas políticas que originaron el éxodo masivo de la caravana migrante.

"Todo tiene su autoría en las políticas injerencistas del imperialismo yanqui, eso no tiene discusión alguna. El piraterismo financiero internacional nos tiene hundidos con un endeudamiento que por eso sostienen estos régimenes dictatoriales, producto de negociar con corruptos y ladrones", afirma el sociólogo y periodista Milton Benítez.

"Acaba de decir Trump que el dinero se lo roba Juan Orlando Hernández. ¿Pero por qué no dijo que se robaron las elecciones también?", cuestiona Benítez.

¿Cómo se gestó la crisis política en Honduras?

El 28 de junio de 2009, tras meses de tensiones entre los Poderes de la República, el Ejército recibió la orden emitida por la Corte Suprema de arrestar al entonces presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado a la fuerza del país. El acontecimiento significó un golpe de Estado en Honduras, repudiado abiertamente por la comunidad internacional y la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Después del golpe, el Congreso de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, quien asumiría el poder tras el derrocamiento de Zelaya, decretó un estado de sitio y desplegó militares en las calles para contener las protestas.

Los sectores más conservadores de Honduras apoyaron el golpe, mientras el presidente depuesto hizo un llamado a la desobediencia civil.

Después de varios meses de tensiones, se realizaron las elecciones y resultó vencedor el derechista Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional de Honduras.

La entonces secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso de Zelaya y apoyar las elecciones celebradas por los golpistas.

"En los días siguientes del golpe hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria Patricia Espinosa, en México, con el objetivo de organizar rápidamente unas elecciones que tuvieran como resultado hacer irrelevante la cuestión de Zelaya", según reconoció Clinton en su libro Decisiones difíciles.

Desde entonces, Honduras vive un clima de inestabilidad política que ha repercutido en las condiciones de vida de la gente.

En 2014, asumió el poder Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras. Durante su mandato se presentaron varios escándalos de corrupción y ocurrió el asesinato de la activista Berta Cáceres.

En 2015, el gobierno de EE.UU. aumentó la presencia de efectivos en bases militares de Honduras.

En 2017 se realizaron nuevas elecciones. En medio de acusaciones de fraude, Juan Orlando Hernández se impuso al candidato Salvador Nasralla, aspirante de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Ante las irregularidades que se presentaron durante los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la repetición del evento electoral, pero eso no sucedió.

De este modo, Juan Orlando Hernández fue investido para un segundo mandato, en medio de una crisis de legitimidad que persiste hasta la fecha.

Pobreza, violencia y desigualdad

Se estima que 64,5% de la población de Honduras vive en situación de pobreza y 42,6% en extrema pobreza.

Honduras también es el tercer país más desigual del planeta, sólo debajo de Sudáfrica y Haití, según un informe de 2016 del Banco Mundial (BM).

En tan sólo dos años, el precio de la gasolina se ha incrementado 23%, según datos del sitio Central America Data. Mientras en enero de 2016 un galón de combustible tenía un precio de 3,12 dólares por galón, al 5 de noviembre de 2018, ese mismo galón costaba 3,84 dólares.

El incremento en el precio de los combustibles en Honduras ha provocado protestas y aumentos en los precios de los alimentos.

Tras ser considerado el país más violento del mundo, el número de asesinatos en Honduras se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, durante 2017 hubo un promedio de 11 homicidios diarios y una tasa de 43,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Ante el complejo panorama social y político, un documento del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras concluye: "La masiva ola migratoria iniciada como una caravana de hondureños desde el sábado 13 de octubre, saliendo de la ciudad de San Pedro Sula, y a la que se han sumado hondureños de otras regiones del país, es una exposición irrefutable de los resultados de la democracia y del modelo de desarrollo impulsado en las últimas cuatro décadas".

Manuel Hernández Borbolla a través RT

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Irregularidades de la minera Pacific Rim en un litigio contra El Salvador

Un documento oficial del gobierno de Estados Unidos enviado por el ex embajador de ese país en El Salvador, Charles Glazer, remitido al Departamento de Estado en diciembre de 2007, es una nueva evidencia con la que la defensa de la República en conflicto con la empresa minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, busca que el tribunal de esa instancia del Banco Mundial reabra la decisión intermedia que tomó en junio de 2012 en este caso.

El documento desclasificado a finales de septiembre de este año, luego de la petición que hiciera meses atrás el bufete Foley Hoag, que se amparó en la Ley de Transparencia y Libertad de Información de EE.UU., llegó al bufete a mediados de la semana pasada y en seguida prepararon una nueva moción que ya introdujeron en el tribunal conformado por tres árbitros.

El abogado Luis Parada, coordinador del equipo de defensa de El Salvador, considera que esta nueva prueba evidencia que Pacific Rim ya estaba preparando el terreno para interponer la demanda contra el país mucho antes de lo que argumentó durante los alegatos todos estos años, pues ha dicho desconocer que existía un conflicto antes de 2008.

No obstante, en el cable con referencia CO5849485 ya desclasificado, se comprueba que el ex embajador Glazer informa a la entonces Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, jefa de la diplomacia estadounidense en el segundo término del expresidente George W. Bush, que había una preocupación en el sector de las empresas mineras ante los retrasos en las respuestas de los Ministerios de Medio Ambiente y de Economía de El Salvador a las solicitudes de explotación del recurso minero.

“Es un cable de la embajada de Estados Unidos en El Salvador dirigido a Washington, que tiene como título: “Las protestas de las compañías mineras sobre los retrasos en la otorgación de permisos ambientales”, específicamente trata sobre el caso de la empresa Pacific Rim y transmite que la empresa ya estaba considerando un arbitraje contra El Salvador”, explica el abogado Luis Parada.

El documento diplomático antecede en un año y medio la demanda registrada en el tribunal bajo el indicativo “Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12”, interpuesta a mediados de 2009.

Este experto en litigios internacionales enfatiza que mientras surgían esas gestiones a nivel diplomático en El Salvador, Pacific Rim transfirió el nombre de la compañía minera desde las Islas Caimán -jurisdicción de Gran Bretaña- hacia Estados Unidos para ampararse con los beneficios de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA por sus siglas en ingles.

Aunque el tribunal desestimó los reclamos bajo el tratado comercial, si dio el visto bueno para seguir al fondo del caso bajo el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador -derogado con una reforma a esa Ley en septiembre de 2013.

Así se llamó al juicio en la etapa de fondo que se desarrolló durante nueve días desde mediados de septiembre del año pasado, donde cada una de las partes expuso ante los jueces con el apoyo de peritos para demostrar la validez de sus reclamos.

Al cierre de esos alegatos, Luis Parada afirma que pidieron al tribunal considerar reabrir la decisión intermedia que emitió el tribunal dos años atrás, pues con el paso del tiempo se ha evidenciado las acciones de la empresa minera para violar los procesos arbitrales ante el organismo financiero que dirime estas querellas.

Otro de los datos que expone el ex embajador Glazer en el cable diplomático es que las inversiones hechas por Pacific Rim para los permisos de exploración suman un poco más de 30 millones de dólares y que las inversiones a futuro que piensa hacer la compañía, entonces capital canadiense, rondaría los 100 millones de dólares. Esas cifras también fueron sobrevaloradas en la demanda inicial. Pacific Rim argumentó en el juicio que con las inversiones que proyectaba hacer esperaba obtener unos 301 millones de dólares del oro y plata que extraería de los yacimientos de metales preciosos descubiertos en la zona de El Dorado, el departamento de Cabañas.

Pero al final del juicio la empresa minera bajo la cuantía del reclamo a 250 millones de dólares, que es la estimación que mantiene el tribunal en la sentencia que ha esperado más de un año y por la que hay mucha incertidumbre en las partes que esperan el veredicto.

Pacific Rim, otrora empresa canadiense, se fue a quiebra a finales de 2013 y tanto la marca como sus activos fueron comprados por la transnacional Oceana Gold, de Australia, que ahora es quien dirige los reclamos contra el país ante el CIADI y la que trabaja en El Salvador para conseguir adeptos a la minería en la zona paracentral del país.

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El uso de un acuífero para hacer Coca-Cola amenaza el agua de 30.000 personas en El Salvador

Unas 100.000 cajas de Coca-Cola salen cada día de Nejapa, un municipio salvadoreño de 30.000 habitantes, ubicado a tan solo 21 kilómetros de la capital del país. Desde hace casi veinte años, la empresa embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, La Constancia/Sab Miller, elabora, comercializa y distribuye esta bebida y otras marcas de la conocida multinacional de refrescos en toda Centroamérica. Para producir un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua y en Nejapa, en medio del país con menor disponibilidad hídrica de la región, hay un acuífero estratégico.

Un reciente informe de Alianza por la Solidaridad, que recoge el trabajo realizado por el Foro del Agua, denuncia que los nuevos planes de ampliación, que tienen como objetivo la producción de agua embotellada de otra marca [Cristal], tendrá consecuencias aún más críticas para el acuífero y la población. El estudio, elaborado por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, concluye que el proyecto puede acabar con el agua del acuífero en los próximos 27 ó 30 años. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83, según sus cifras.

Pero efectos de la actividad de la embotelladora ya son notorios, aseguran los vecinos de Nejapa. Esta importante reserva natural suministra agua a casi la mitad de la población de la capital y es clave para los 30.000 habitantes del municipio. La gran paradoja es que, mientras los nejapenses observan a diario el ir y venir de camiones cargados de bebidas, el 40% de los hogares no tiene acceso al agua potable y en aquellos donde existe, el suministro no llega de manera continua y el coste es elevado. eldiario.es se ha puesto en contacto con La Constancia, así como con Coca-Cola Company y Coca-Cola España pero en el momento de publicar esta información continúa sin recibir respuesta.Varias ONG han lanzado una campaña de firmas contra la actuación de la multinacional en El Salvador.

"Hay más Coca-Cola que agua", dice al otro lado del teléfono el líder comunitario Ines Flores. "La Coca-Cola la vemos en todas partes, está en todos los lados, hay quien deja de beber refrescos naturales pero la Coca-Cola no debe faltar. No somos conscientes del daño que nos causa la Coca-Cola", subraya Flores, uno de los nejapenses que se ha dado a la lucha contra el gigante de las bebidas carbonatadas y su embotelladora, a la que acusan de no revertir en la sociedad los beneficios que obtiene de sus recursos y que, en 2013, presentó una solicitud para ampliar sus instalaciones con el propósito de producir allí agua embotellada de la marca Cristal.

Los estudios geológicos realizados por estas organizaciones advierten del colapso del acuífero. La ampliación solicitada por la empresa supondría una explotación al 200% de su capacidad de recarga. Por este motivo, alertan, el agua se agotará en los próximos 27 ó 30 años. "La gente ve una inminente amenaza, el río se está quedando sin agua, se sienten engañados. Cuando se acaben nuestros recursos la empresas se irán, quienes nos quedaremos con el problema seremos nosotros, eso la gente lo tiene claro", afirma Karen Ramírez, gerente del programa de Agua y Saneamiento de la organización Provida.

"Una inmensa mayoría de las comunidades rurales no cuentan con agua, nosotros la tenemos racionada, tenemos agua cada dos o tres días mientras que las multinacionales extraen una cantidad enorme por segundo", resalta Ines Flores al tiempo que destaca cómo esta escasez acaba generando problemas de higiene o epidemias. "Hay una comunidad que se llama Tutultepeque, a un kilómetro de ella baja un río sucio al que van a parar aguas negras de la capital y ahí va la gente. Han hecho un orificio a la orilla del río y de ahí llenan agua", añade este hombre que ha liderado protestas al grito de "el agua no se vende, el agua se defiende".

"El valor de la investigación del Foro del Agua es que el estudio respalda lo que la gente dice. Fueron las comunidades quienes vinieron a contarnos el problema del agua, se preguntaban cómo era posible que la subcontrata de Coca-Cola les dijera que el agua alcanza para todos cuando no es así, cuando llega racionalizada, cuando en este o ese río ya no hay, o está contaminada… Ellos hicieron el análisis desde su cotidianidad", explica Ramírez.

Los problemas con el agua dan lugar a situaciones como las del colegio Las Mercedes. Karen Ramírez cuenta que este centro escolar no tiene acceso a agua potable. "Los niños y las niñas a veces tienen que suspender las clases, una escuela pública sin agua. Nosotros consideramos que es bien doloroso e indignante ver cómo en tu comunidad existen empresas que están generando riqueza a partir del agua y que aquí su falta provoque que no haya clases. ¿Qué tipo de desarrollo es este?", se pregunta la responsable de Provida. Karen acusa al Estado y a las transnacionales "de estar violando los derechos humanos de la gente de Nejapa".

Los planes de la embotelladora

La Constancia/Sap Miller inició su producción en Nejapa en el año 1999. La embotelladora de Coca-Cola se había trasladado a este municipio tras el agotamiento del acuífero de Soyapango. Entonces no existía en el país un Ley de Medio Ambiente y la empresa obtuvo el permiso de actividad sin ningún análisis previo de los impactos ambientales y sociales que generaría.

En 2013, la solicitud de ampliación sí fue acompañada de su correspondiente informe. Según el estudio elaborado por la empresa, cada año se extraen del acuífero 15,65 millones de metros cúbicos de agua, con una recarga de la misma de 21,76 millones. La Constancia afirma que su consumo se ampliaría en 79,1 metros cúbicos al mes. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que la empresa no ha permitido la entrada a técnicos de la Unidad Ambiental del municipio para verificar estos datos. Las cifras no coinciden con las que se extraen de la investigación realizada por un reconocido hidrólogo en el país, Julio Quiñonez, cofinanciada por varias organizaciones, incluida la AECID.

Este informe determina que en la actualidad lo que se extrae al año son 34,67 millones de metros cúbicos. Además, mientras que en 1999 se sacaba el agua de uno de los pozos a una profundidad de 31,04 metros, en el año 2012, se bajó hasta los 75,69 metros. Con la ampliación, la empresa pasaría de consumir 39,31 litros por segundo a 69,83. Es por ello, enfatizan, que en 30 años, 27 teniendo en cuenta el cambio climático, el acuífero de Nejapa se agotará.

¿Y qué opina el Estado? Lina Pohl, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno presidido por Salvador Sánchez Cerén, admite el estado crítico de los recursos hídricos en su país, problema que achaca a la escasez y a la contaminación pero también, reconoce a eldiario.es desde Madrid con motivo de su visita oficial a España, a la explotación y mala gestión de los mismos. Pohl, que llegó al ministerio en junio de 2014 tras la victoria electoral de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), espera que durante el mandato actual se apruebe, tras 30 años de intentos, una Ley General de Aguas y que se reconozca el derecho humano al agua en la Constitución, algo que se reclama desde la sociedad civil pero que ha sido siempre tumbado en la Asamblea Legislativa.

"Todavía hay intereses muy fuertes, intereses privados que siguen queriendo imponerse al interés público, que quieren mantener este recurso como una mercancía y no como un derecho", sostiene la ministra, quien no aclara si se concederá la ampliación a La Constancia: "Estamos evaluándolo y en el caso de que obtuviera el permiso tendría que compensar lo que saca del acuífero pero eso todavía no sabemos si es posible".

El "compromiso" de Coca-Cola con el medioambiente

Desde la sociedad civil se exige responsabilidad y que realmente se compense por su actividad. Un simple vistazo al apartado de responsabilidad con el medio ambiente de la web de Coca-Cola es suficiente para comprobar el supuesto compromiso de la transnacional con "devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que consume". Eso es lo que se pide también desde Nejapa. "Coca-Cola tiene el compromiso de devolver a los acuíferos gota a gota el agua que extraen y esto está planteado como un compromiso global. Nosotros estamos comprobando que eso aquí no se cumple", revela Ramírez.

"Lo que estamos viendo es una campaña muy fuerte de movilización de recursos, imagen y publicidad. Su estrategia con las comunidades es el "pan y circo". Participan en las fiestas patronales, regalan comida, refrescos, organizan campeonatos deportivos, plantan algún árbol, etc. Pero esto no son medidas de responsabilidad sistemáticas, son acciones aisladas. Hay una publicidad muy engañosa", señala Ramírez. Ines Flores coincide con ella. "¿A cuánta gente se engaña con esos anuncios mentirosos? Cuando andaban queriendo ampliar hicieron una consulta popular, invitaban a la gente a asambleas, les daban un buen almuerzo y un estudio amañado donde les hacían creer que nunca se terminaría el agua y a cambio les ofrecían apoyos y empleos, algo totalmente falso porque en la planta de Coca-Cola apenas trabajan unos 15 nejapenses", desmiente Flores.

Según el informe de Alianza por la Solidaridad, las acciones de carácter social promovidas por La Constancia suelen ser ejecutadas por dos ONG (ASISTEDCOS y FUNDE), "sus ONG" -matiza Flores- y se resumen en: algunas becas, zapatillas de fútbol para algunos jóvenes, unas peceras para la alcaldía, pequeños proyectos de reforestación, refrescos para las comunidades, tanques de agua en una escuela y otras actividades puntuales.

Karen Ramírez llama la atención sobre lo difícil que es hacer pública esta denuncia ante los medios de comunicación. "Con solo mencionar el nombre de la empresa es suficiente, son anunciantes y jamás lo sacarán", lamenta. Su petición, la del Foro del Agua y Alianza por la Solidaridad no es que cierre Coca-Cola. "Lo que queremos es que desista de esta ampliación y cumpla con los compromisos que tiene adquiridos. Somos un país frágil, donde falta una normativa, pero Coca-Cola ha manifestado compromisos a nivel global. Pensamos que El Salvador es digno de que se cumplan también en nuestro territorio".

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