En España, los desahucios siguen a la orden del día. Según el Banco de España, en el primer semestre de 2013 hubo 19.567 desahucios, de los que 15.451 fueron de vivienda habitual. Se estima que en España 332.529 personas carecen de un techo. Por todo ello, en estos años de crisis se vienen exigiendo medidas a las administraciones, entre ellas, por ejemplo, los alquileres sociales. Después de todo, la Constitución recoge el derecho a la vivienda de todo español. Y sin embargo hay 13.504 viviendas de protección oficial vacías.
Por todo ello, en estos años de crisis se vienen exigiendo medidas a las administraciones, entre ellas, por ejemplo, los alquileres sociales. Después de todo, la Constitución recoge el derecho a la vivienda de todo español. Y sin embargo hay 13.504 viviendas de protección oficial vacías.
¿Cómo es posible?, se pregunta la Defensora del Pueblo. Soledad Becerril califica esta situación de “ineficiente y poco aceptable”. El informe Viviendas protegidas vacías asegura que Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra son las comunidades que acumulan más viviendas vacías disponibles, con 3.264, 2.615 y 1.026 respectivamente
Pero, sorprendentemente, el Estado no sabe cuántas viviendas de protección oficial están vacías. No existe ningún instrumento informático para poder consultar la información referente a las viviendas que en los últimos años han recibido ayudas públicas, ni para poder hacer un seguimiento de su estado y su ocupación.
Consciente del problema, en diciembre pasado el Ministerio de Fomento anunció que está trabajando en la elaboración de un Registro Estatal de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ofrecerá información sobre su desocupación, todo con fines estadísticos. Fomento creará este registro de viviendas protegidas para saber cuántas están vacías a petición del Defensor del Pueblo.
Hasta que ese registro exista, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, hay dos razones que explican que haya 13.504 viviendas de protección oficial vacías. Porque sus adjudicatarios no están utilizando su vivienda de forma habitual y permanente, o porque renuncian a la vivienda debido a:
- La imposibilidad para encontrar financiación La pérdida de puesto de trabajo
- La reducción de los ingresos
- La insatisfacción con la vivienda adjudicada
Para remediarlo en alguna medida, el Gobierno permitirá con carácter excepcional que las administraciones públicas puedan recalificar algunas viviendas de protección oficial en venta para que puedan destinarse al alquiler. Así lo recoge el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.
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