miércoles, enero 23, 2019Miguel circulando por la izquierdaSin comentarios
No hay forma de parar el éxodo de familias hondureñas que huyen de la violencia y la miseria. No corren tras el “sueño americano” sino que lo arriesgan todo dejando atrás una vida sin futuro.
Como ya ocurrió a finales del año pasado, cientos de hondureños y hondureñas se dieron cita frente a la terminal de buses de la ciudad de San Pedro Sula –la más violenta del mundo– para luego comenzar a desplazarse hacia la frontera con Guatemala.
Más y más personas hicieron lo mismo durante toda la última semana, mientras en El Salvador otra caravana de migrantes se movilizaba también hacia la frontera guatemalteca.
A pesar del fuerte dispositivo policial desplegado en los pasos fronterizos y las nuevas normas migratorias que endurecen las medidas para que los menores salgan del país, cientos de personas han logrado cruzar a territorio guatemalteco y se dirigen hacia México.
Violencia, despojo, miseria y represión son el resultado de una crisis político-institucional, económica y social que hunde sus raíces en el golpe de Estado (2009) y en la ruptura del orden constitucional que aún no ha sido sanado.
El fraude electoral del 2017 y la brutal represión policial y militar, que ha dejado un saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos es un claro ejemplo de ello.
Honduras hundida en la pobreza.
Un pueblo sin futuro
De acuerdo a datos de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 68 por ciento de la población hondureña (6 millones de personas) vive en pobreza. De éstos, el 44 por ciento (3,9 millones) está en situación de pobreza extrema.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) asegura que, sólo en el último año, más de 370 mil habitantes del país se han sumado a la lista de pobres.
Pese a que tanto el gobierno como observatorios privados sobre la violencia señalan una reducción de sus índices en el país, solamente en las primeras dos semanas del nuevo año ha habido 9 masacres, con un saldo de 33 personas asesinadas.
La única alternativa que tienen las familias es huir. Cada día unas 300 personas migran hacia Estados Unidos. Prefieren arriesgarlo todo antes que quedarse a vivir en un país dominado por la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades.
“Es un éxodo que pone en vitrina pública la situación de emergencia que vive Honduras en temas fundamentales como la seguridad, la violencia, la miseria, la falta de oportunidades y la ausencia absoluta de democracia”, dijo a La Rel Bertha Oliva, miembro de la Convergencia contra el Continuismo.
“Vivimos una dictadura cada vez más represiva que pretende sostenerse usando la brutalidad militar y policial y que está profundizando un modelo económico excluyente que beneficia sólo a unos pocos”, añadió Oliva.
La coordinadora del Cofadeh[1] recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los países del Triángulo Norte –El Salvador, Guatemala, Honduras– con cortarles la ayuda si no detenían la ola migratoria.
“El régimen hondureño llama ahora a respetar la legalidad después de que, de la forma más sanguinaria, el propio presidente Juan Orlando Hernández ha usurpado y se mantiene en el poder. Todo esto es grotesco”, dijo Oliva.
“No hay forma de detener a la gente. Mientras no logremos derrotar al régimen las familias van a seguir huyendo de este desastre. Y para hacerlo debemos juntarnos todos, porque a una dictadura solamente se le puede botar en colectivo y estando unidos”, concluyó la defensora de derechos humanos.
jueves, noviembre 08, 2018Miguel circulando por la izquierdaSin comentarios
Integrantes de la caravana migrante y líderes sociales del país centroamericano aseguran que la crisis política provocada por el gobierno de Juan Orlando Hernández detonó la migración masiva hacia EE.UU.
Migrantes hondureños rumbo a EE.UU. en la Ciudad de México. 7 de noviembre de 2018.
Alfredo Estrella / AFP
La crisis migratoria en Honduras fue detonada por la "dictadura" del presidente Juan Orlando Hernández, apoyada por EE.UU., denuncian integrantes de la caravana migrante y líderes sociales hondureños.
A lo largo de varias entrevistas realizadas por RT a los hondureños que conforman la caravana migrante, la gran mayoría de ellos coincide en que decidieron salir del país debido a la falta de trabajo, así como el aumento en el precio de los alimentos y el combustible. Cuando se les pregunta qué provocó esa situación, muchos de ellos señalan la crisis política desatada a raíz del cuestionado triunfo de Hernández a la presidencia de Honduras como el acontecimiento que detonó un éxodo migratorio sin precedentes.
Centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala. 2 de noviembre de 2018. / Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Las consecuencias de una "crisis política"
"Esto es una crisis política, porque los políticos allá todo el dinero se lo están comiendo, se lo están robando. Juan Orlando Hernández le da trabajo a los de él", asegura Alexis Lagos, uno de los migrantes hondureños que acampa en el Estadio Jesús 'Palillo' Martínez, ubicado al oriente de la Ciudad de México.
"A Salvador Nasralla le robaron la presidencia", afirma. "Ellos tienen como una manta en frente para que los problemas no salgan del país".
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Guatemala. 20 de octubre de 2018. / Luis Echeverria / Reuters
Alexis Lagos relata que trabajaba como albañil. Tenía tres meses sin encontrar oportunidad de empleo, a pesar de que tiene tres hijos y apoya a su madre. "No tuve otra opción, porque no teníamos para comer", cuenta.
Durante la travesía, le tocó presenciar la muerte de su primo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, al sur de México.
"La parte más difícil de mi vida es que teníamos tres personas y un primo mío se murió en el camino. Esa fue la parte más dura de esta osadía", relata Alexis, quien desconoce las causas médicas que ocasionaron el fallecimiento de su familiar.
Pero Alexis no es el único en considerar que la situación en Honduras se recrudeció a partir del actual gobierno.
Huyendo de una "dictadura"
Mientras espera en una de las carpas que se han instalado en el campamento para ser atendida por un padecimiento de asma, Isis Guzmán intenta recordar cuándo comenzó a deteriorarse la situación en Honduras: "Eso viene siendo desde hace cuatro años", dice.
"Desde hace seis", la corrige Edil Antonio García, quien trabajaba como mecánico en Honduras. "Desde que Juan Orlando ganó la presidencia el empleo se fue para abajo", afirma.
Mientras varios migrantes centroamericanos hacen fila para recibir un poco de comida en el campamento instalado en Ciudad de México, un soldador hondureño, que porta una camiseta roja del Chapulín Colorado, cuenta cómo decidió salir de su país para escapar de lo que considera una "dictadura".
"El sistema de vida no es muy bueno: salud, el sistema monetario, todo eso. La canasta básica es muy alta y uno trata de tener una vida mejor de la que nos ofrecían, uno trata de venirse de una dictadura", relata el hombre, quien considera que el gobierno de Juan Orlando Hernández fue producto de una imposición.
A finales de octubre, en Pijijiapan, Chiapas, otros migrantes hondureños integrantes de la caravana coinciden en que la carestía que enfrenta el país fue provocada desde que el actual presidente hondureño asumió el poder.
Hermis Ramos es un joven de 23 años que trabajaba como albañil y carpintero antes de salir de Honduras. Ganaba 2.400 lempiras a la semana (100 dólares) cuando llegaba a tener trabajo.
Ramos explica que en su país existe el programa Bolsa Solidaria, impulsado por el gobierno, que consiste en la entrega de media libra de manteca, una libra de arroz, otra de frijoles y una de maíz. Pero en casas como la suya, con siete miembros en la familia, ese apoyo resulta insuficiente. "Con eso no va a dar abasto. Y si no hay trabajo, ¿qué puede hacer uno? La mayoría de los jóvenes roban allá, los matan jovencitos, de 15 o 16 años. No hay trabajo", dice.
"La canasta básica está muy alta. El combustible sube cada lunes", se queja Hermis.
Le preguntan cuándo se agravó la situación y responde: "Desde que entró el presidente de Honduras".
El papel de EE.UU. en el conflicto político hondureño
Para el periodista y activista Bartolo Fuentes, quien es señalado por el gobierno de Honduras de ser el principal orquestador de la caravana migrante, la situación política de Honduras está vinculada a la injerencia de EE.UU. en Centroamérica.
"Hay un gobierno de EE.UU. que impone su criterio porque tiene bases militares en Honduras. Porque los que entrenaron a los militares en Honduras son los mismos gringos y son los que salieron a matar a la gente en las calles cuando protestaron por el fraude electoral. Y ahora quieren deslindarse, y buscar quién es el culpable. Y quieren decir que un pinche periodista Bartolo Fuentes es el que trae a toda esta gente. ¡Por favor!", sostuvo Fuentes durante la conferencia de prensa que otorgó, el pasado martes, en el campamento de la caravana migrante en Ciudad de México.
El periodista, quien durante años ha seguido de cerca las historias de migrantes centroamericanos, es tajante al afirmar que la política exterior estadounidense es responsable de buena parte de la crisis política en Honduras.
"¡Ellos son los invasores! Nosotros no invadimos EE.UU. Si Donald Trump no lo sabe, hace más de cien años en Honduras hubo más de 200 empresas mineras sacando el mineral de nuestro país sin pagar nada por esos metales que se llevaron. ¿Y qué quedó en nuestras comunidades? ¡Los puros hoyos! Los hombres y mujeres enfermos, y los pueblos en la miseria", señala Fuentes.
El activista también consideró que la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de ofrecer trabajo a los migrantes centroamericanos es bien recibida como una medida de emergencia, pero considera que los organismos internacionales tendrían que responsabilizarse por el éxodo masivo de migrantes hondureños.
"Sinceramente, nosotros no creemos que tenga que ser México que cargue con toda esta situación, porque no es México quien ha saqueado Honduras, no es México quien dio el golpe de Estado", afirmó Fuentes, tras destacar la completa ausencia de la embajada de su país desde la entrada de la Caravana a territorio mexicano.
Otros críticos del actual régimen hondureño consideran que la manera en que EE.UU. apoyó el golpe de Estado en 2009 contra el entonces presidente de ese país, Manuel Zelaya, así como el respaldo de Washington a Juan Orlando Hernández, acusado de haber cometido fraude en las elecciones de 2017, explican las causas políticas que originaron el éxodo masivo de la caravana migrante.
"Todo tiene su autoría en las políticas injerencistas del imperialismo yanqui, eso no tiene discusión alguna. El piraterismo financiero internacional nos tiene hundidos con un endeudamiento que por eso sostienen estos régimenes dictatoriales, producto de negociar con corruptos y ladrones", afirma el sociólogo y periodista Milton Benítez.
"Acaba de decir Trump que el dinero se lo roba Juan Orlando Hernández. ¿Pero por qué no dijo que se robaron las elecciones también?", cuestiona Benítez.
¿Cómo se gestó la crisis política en Honduras?
El 28 de junio de 2009, tras meses de tensiones entre los Poderes de la República, el Ejército recibió la orden emitida por la Corte Suprema de arrestar al entonces presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado a la fuerza del país. El acontecimiento significó un golpe de Estado en Honduras, repudiado abiertamente por la comunidad internacional y la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).
Después del golpe, el Congreso de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, quien asumiría el poder tras el derrocamiento de Zelaya, decretó un estado de sitio y desplegó militares en las calles para contener las protestas.
Los sectores más conservadores de Honduras apoyaron el golpe, mientras el presidente depuesto hizo un llamado a la desobediencia civil.
Después de varios meses de tensiones, se realizaron las elecciones y resultó vencedor el derechista Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional de Honduras.
La entonces secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, reconoció haber operado políticamente para impedir el regreso de Zelaya y apoyar las elecciones celebradas por los golpistas.
"En los días siguientes del golpe hablé con mis homólogos de todo el hemisferio, incluida la secretaria Patricia Espinosa, en México, con el objetivo de organizar rápidamente unas elecciones que tuvieran como resultado hacer irrelevante la cuestión de Zelaya", según reconoció Clinton en su libro Decisiones difíciles.
Desde entonces, Honduras vive un clima de inestabilidad política que ha repercutido en las condiciones de vida de la gente.
En 2014, asumió el poder Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras. Durante su mandato se presentaron varios escándalos de corrupción y ocurrió el asesinato de la activista Berta Cáceres.
En 2017 se realizaron nuevas elecciones. En medio de acusaciones de fraude, Juan Orlando Hernández se impuso al candidato Salvador Nasralla, aspirante de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Ante las irregularidades que se presentaron durante los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la repetición del evento electoral, pero eso no sucedió.
De este modo, Juan Orlando Hernández fue investido para un segundo mandato, en medio de una crisis de legitimidad que persiste hasta la fecha.
Pobreza, violencia y desigualdad
Se estima que 64,5% de la población de Honduras vive en situación de pobreza y 42,6% en extrema pobreza.
Honduras también es el tercer país más desigual del planeta, sólo debajo de Sudáfrica y Haití, según un informe de 2016 del Banco Mundial (BM).
En tan sólo dos años, el precio de la gasolina se ha incrementado 23%, según datos del sitio Central America Data. Mientras en enero de 2016 un galón de combustible tenía un precio de 3,12 dólares por galón, al 5 de noviembre de 2018, ese mismo galón costaba 3,84 dólares.
El incremento en el precio de los combustibles en Honduras ha provocado protestas y aumentos en los precios de los alimentos.
Tras ser considerado el país más violento del mundo, el número de asesinatos en Honduras se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, durante 2017 hubo un promedio de 11 homicidios diarios y una tasa de 43,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Ante el complejo panorama social y político, un documento del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras concluye: "La masiva ola migratoria iniciada como una caravana de hondureños desde el sábado 13 de octubre, saliendo de la ciudad de San Pedro Sula, y a la que se han sumado hondureños de otras regiones del país, es una exposición irrefutable de los resultados de la democracia y del modelo de desarrollo impulsado en las últimas cuatro décadas".
lunes, julio 10, 2017Miguel circulando por la izquierdaSin comentarios
El pasado jueves, fue asesinada fue asesinada a machete la dirigente ambientalista hondureña Lesbia Janeth Urquía, el hecho fue denunciado por la ONG Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Este hecho ocurre a pocos meses del asesinato de Berta Cáceres, también dirigente del Copinh y de otro integrante de la misma organización ambientalista.
El Copinh dijo en un comunicado que "el cuerpo sin vida de Lesbia Janeth Urquía Urquía fue encontrado el miércoles en un botadero de Marcala". Urquía, de 49 años, fue secuestrada el martes anterior y luego asesinada "de un machetazo en el cráneo".
Sin señalar directamente un responsable, el Comité indicó que la dirigente del Copinh formaba parte de un grupo opuesto a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras.
Horas después, el Copinh denunció que la muerte de la ambientalista "constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden los derechos en contra de un sistema patriarcal, racista y capitalista".
El Ministerio Público dio a conocer en un comunicado que se ha "conformado un equipo multidisplinario para investigar la muerte violenta de Lesbia Urquía" para "resolver en la brevedad posible este lamentable hecho".
La fiscalía "ratifica que se agotarán las instancias necesarias para averiguar las cauas" del crimen.
La muerte de Urquía ocurre cuatro meses después del asesinato a tiros de la ambientalista Berta Cáceres, coordinadora de Copinh, reconocida por su lucha contra un proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, también en territorio Lenca.
Cinco sospechosos están detenidos por la muerte de Cáceres, en cuenta un empleado de Desarrollos Eléctricos S.A (DESA), empresa que había sido denunciada por Cáceres de amenazarla de muerte.
Otro dirigente del Copinh, Tomás García, fue asesinado días después del asesinato de Cáceres, por causas y autores aun desconocidos.
viernes, julio 29, 2016Miguel circulando por la izquierdaSin comentarios
Más de 4 meses han transcurrido desde la fecha (2 de marzo de 2016) que fue asesinada la líder ambientalista y de derechos humanos, Bertha Cáceres. El gobierno de la República dio captura y puso a la orden de los tribunales de justicia a los autores materiales del crimen, no así, y esta es la percepción de la población hondureña y de organizaciones defensoras de derechos humanos, a los autores intelectuales.
El 2 de mayo de 2016, el periodista defensor de derechos humanos y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Félix Molina, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. El periodista había denunciado que detrás del atentado a la lideresa indígena podrían estar involucrados los financiadores y directivos ejecutivos de la Empresa Hidroeléctrica “Agua Zarca”. Y esta es quizá la principal justificación para que defensores de derechos humanos y ambientales pidan la profundización de las investigaciones sobre el crimen, y a los órganos del Estado la captura de los responsables como autores no visibles del mismo.
Los familiares de Bertha Cáceres han pedido al gobierno de Honduras permitir una Comisión independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que investigue el caso, ya que dudan de la buena fe y efectividad de los órganos del Estado coludidos en su mayor parte con la corrupción y el narcotráfico. Igual llamamiento han expresado altos funcionarios de la Unión Europea, la Embajada de EEUU, el Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia y connotados actores de cine y líderes mundiales. Todavía no se ha recibido una respuesta favorable, más bien se denuncia por los familiares la contaminación del caso y la renuencia a permitir un conocimiento detallado de las investigaciones por las organizaciones de derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, frente a esta renuencia del gobierno de la Republica, cuatro (4) congresistas demócratas presentaron a la Cámara de Representantes en EEUU un proyecto de Ley denominado Ley Bertha Cáceres “para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Solicitan que se investigue no solo el asesinato de Bertha Cáceres y el atentado a Félix Molina, sino también los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García ligados a la comunidad garífuna, y el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguan. La ayuda del gobierno y pueblo de EEUU será reactivada solo si el gobierno hondureño enjuicia exitosamente a los militares y policías involucrados en estos hechos, igualmente a los autores intelectuales.
La aprobación de la Ley Bertha tendría un impacto directo en el presupuesto de las FFAA y Policía Nacional de cerca de 25 millones de dólares de ayuda y cooperación directa de EEUU, y cerca de 60 millones de dólares de la banca multilateral, en especial del BID, donde EEUU actúa como aval. Exige que el Ejército se retire de las tareas que realiza la Policía Nacional tal como manda la Constitución de la Republica, proteja los derechos de periodistas, sindicalistas, campesinos, activistas de derechos humanos, afro-indígenas, LGBTI y opositores al gobierno, y el restablecimiento del estado de derecho depurando los órganos del Estado responsables de tanta corrupción, impunidad y violaciones sistemáticas de derechos elementales del ser humano como el derecho a la vida, participación y protesta pública.
Es poco probable que esta Ley tenga la acogida deseada y sea aprobada, aun cuando las evidencias e informes de organismos de derechos humanos demuestran un relación directa y determinante entre el fortalecimiento de las FFAA y Policía de Honduras y aumento de las violaciones de derechos humanos y ambientales y negocios ilícitos producto del narcotráfico. También se demuestra los altos niveles de corrupción e impunidad de los órganos encargados de impartir justicia, los que se han visto favorecidos con los recursos asignados por EEUU y la banca multilateral a la traída reforma de la seguridad publica en Honduras, donde todos los intentos han fracaso con un creciente desperdicio de recursos financieros en un país cuyo pueblo sigue sumido en la pobreza extrema, ignorancia y el caos político.
En este fracaso destaca la liquidación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el eventual cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) que funciona sin estructura operativa y presupuesto.
El presidente Hernández denunció en Washington que organizaciones de sociedad civil tergiversan información sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y la entregan a congresistas y senadores, con lo cual le hacen mucho daño al país; sin embargo, la evidencia empírica y los estudios realizados por instituciones u organizaciones de derechos humanos internacionales documentan estas violaciones sistemáticas donde se involucra a militares y policías. Aunque la Ley Bertha Cáceres no se mete con los fondos asignados al Plan Alianza para la Prosperidad (PAP) ya que es una iniciativa de EEUU con los presidentes del Triángulo Norte (patio trasero) de Centroamérica: Honduras, Guatemala y el Salvador, por un monto inicial de 750 millones de dólares, es evidente que hay una relación directa en los temas de narcotráfico, seguridad regional y gobernabilidad democrática. Incluso el vínculo también existe en el tema económico, donde se apuesta a la generación de empleos productivos siendo una de las intervenciones importantes la generación de energía eléctrica de fuentes renovables.
La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU, ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger en forma efectiva a los defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, garífunas, periodistas, miembros de la comunidad lésbica –gay y líderes de la oposición política hostigados por oponerse a la reelección presidencial, pero también en los OFIs que observan como miles de dólares son tirados al cesto de la basura cuando no se cumple con los objetivos de la reforma de la seguridad pública y más bien se fortalece la corrupción e impunidad dentro y fuera de los operadores de justicia.
Las alarmas también se han prendido en los países que conforman la UE, ya que la práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ambientales, corrupción e impunidad es contraria a sus principios de creación y a la ejecución de programas y proyectos orientados a promover la gobernabilidad democrática en Honduras. Es por eso que se habla de una Ley “Bertha Cáceres” para Europa, que incluso incorpore un principio de condicionalidad para la ayuda bilateral otorgada a Honduras, sujeto a la protección de los derechos humanos, logros sustanciales en materia de reducción de la corrupción e impunidad y juzgamiento de militares y policías involucrados en estos actos. Implica un proceso de depuración acelerada de los órganos del Estado como la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, FFAA, Policía y Tribunal de Cuentas.
De acuerdo a datos de Naciones Unidas y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 68 por ciento de la población hondureña (6 millones de personas) vive en pobreza. De éstos, el 44 por ciento (3,9 millones) está en situación de pobreza extrema.
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