El Derecho, y por tanto la leyes, siempre ha sido la manera que tiene
una sociedad de autoorganizarse, por lo que el estudio de su contenido nos da
una idea de quien tiene el poder en el Estado y quien está dictando las reglas
que marcan nuestro día a día. Un ejemplo de este asunto es la reciente reforma
del Código
Penal, que ha
sido una modificación claramente ideológica.
Las últimas encuestas revelan que el segundo problema
que los españoles consideran más grave, después del paro, es la corrupción política. Por esta razón, el Gobierno ha
decidido hacer eso que a ciertos políticos se les da tan bien: cambiarlo todo
para dejarlo igual - o peor - . La reforma en cuestiones de corrupción ha sido
una mera operación de maquillaje, que no ha solucionado el problema, sino más
bien todo lo contrario, dándole a las empresas y empresarios - que son quienes
corrompen a los políticos - una impunidad
escandalosa.
Tras los atentados del 7 de enero contra la
revista satírica Charlie Hebdo, se abrió el debate sobre el terrorismo y la libertad de
expresión. Este debate ha sido aprovechado por los grandes partidos del régimen
para seguir fomentando la política del miedo, que tan buen resultado ha dado en
otras épocas, y que había pasado a un segundo plano después del cese de la
actividad armada de ETA. En los últimos días PSOE y PP han firmado un pacto antiterrorista
sin contar con la opinión del resto de fuerzas parlamentarias. Esto ha
conducido a endurecer las penas a los condenados por terrorismo de una forma
totalmente populista y oportunista. Además, se abre la puerta a una posible reinterpretación
del término de terrorismo, puesto que se define que podría dar lugar a
una interpretación torticera que criminalizase la protesta social incluyendo
algunos actos dentro del término. Pero si algo ha llamado la atención en este
pacto es la medida de la prisión permanente revisable, que no es otra cosa que unacadena perpetua camuflada con palabras distintas. Esta última
medida, además, es de dudoso encaje constitucional puesto que se deja a la
libre elección del juez cuándo puede salir un preso, cosa que va contra la
voluntad de reintegración en la sociedad que dispone la Constitución Española, por lo que no sería de extrañar la declaración de
inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional.
Los mencionados atentados
han dado pie a una gran campaña propagandística de los Estados occidentales
contra el “yihadismo”, término que se ha asimilado al
islami, utilizando la libertad de expresión como arma arrojadiza para ocultar
los intereses geopolíticos y económicos que se esconden tras esta campaña
mediática. En las últimas semanas se han dado grandes discursos en favor de la
libertad de expresión, pero esto no se ha visto reflejado en la legislación
puesto que no ha habido una verdadera voluntad política de protección de este
derecho fundamental. En este sentido es especialmente ilustrativo el artículo 525 CP, que tipifica como
delito el hacer escarnio público de una religión. Por esto hemos de entender
esta defensa súbita de la libertad de expresión como otra campaña populista de
obtención de votos, de la misma forma que podemos asumir como tal el incremento de 13 a 16 la edad de consentimiento sexual,por lo que se dará una paradoja por la que un menor pueda casarse
pero no mantener relaciones sexuales libres sin ser delito. Esto debemos considerarlo como una medida para contentar al
sector de la sociedad más reaccionario y conservador, que prefiere criminalizar
el sexo antes que proporcionar una educación sexual apropiada que trate el tema
como algo normal y sano.
Por último, el ejemplo que quizá deje más patente el carácter
ideológico de esta reforma es el de la modificación de las penas relacionadas
con la huelga. Se reduce
la pena a aquellos empresarios que impidan ejercer el derecho
de huelga a sus trabajadores a menos
de 2 años, por lo
que por norma general no
entrarían en prisión, mientras
que se
agravan las penas a los trabajadores que realicen un piquete con el que contrarrestar la
coacción de la patronal en las jornadas de huelga.
Desde la eliminación de cualquier
responsabilidad a las empresas hasta la bajada de penas a los empresarios por
coaccionar a los trabajadores, esta reforma denota que las leyes no son
asépticas y apolíticas. Por el contrario, se trata de normas hechas a medida
para que quienes ostentan el poder económico y político continúen ampliando su
control sobre el resto de la sociedad. No son leyes hechas por nosotros, ni
para nosotros.
ANTONIO RODES
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