El picaresco procedimiento consiste en que los cargos políticos que salen de sus funciones en la Administración del Estado van a parar directamente a una empresa ligada al ámbito económico en el que han ejercido su trabajo. El lector podrá deducir fácilmente que con toda probabilidad el ex alto cargo verá compensados en el nuevo puesto de trabajo sus"desvelos" por la empresa privada que bonitamente lo contrata.
La legislación exige que los altos cargos que han abandonado su puesto tengan que pedir el permiso correspondiente al Gobierno de turno. De no cumplirse este requisito, el alto cargo caería en una flagrante incompatibilidad . Esta solicitud no es, sin embargo, obligatoria si el alto cargo cesado retorna a la función pública que desempeñaba. Ni tampoco si vuelve a un cargo para el que previamente ha sido elegido por los ciudadanos. Pero la mayoría de quienes han desempeñado un cargo público pasan de la empresa privada a la pública como si de una suerte "puerta giratoria" se tratara. De ahí su pintoresca e irónica denominación.
Alrededor de la mitad de los altos cargos que en esta legislatura solicitaron autorización lo hicieron a sectores que se encontraban estrechamente relacionados con el Ministerio para el que trabajaban con anterioridad.
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