Las empresas españolas sobornan para obtener negocios ventajosos

En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar la corrupción señalando a todos los actores que participan en ella, y en este sentido, los "sobornadores" -grandes empresas que recurren a sobornos para obtener contratos públicos y negocios ventajosos- también tienen una buena parte de responsabilidad.

A día de hoy, la corrupción en España es un hecho extendido “si limitamos su comprensión únicamente a lo que jurídicamente presenta menos dudas: el cohecho, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias, etc.” comenta Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial, que califica la corrupción como “síntoma de una enfermedad social”. Por eso se necesita una mirada amplia para analizarla desde el punto de vista de los corruptos, pero también de los corruptores y otros factores que influyen en la propagación de este fenómeno.

Corrupción, calidad de la democracia y beneficios económicos

“La corrupción más grave se da cuando los políticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el interés público”, dice Federico Aguilera Klink 

Para el catedrático de Economía, hay una serie de requisitos necesarios para que esta traición a la comunidad se dé: que el sistema político sea básicamente bipartidista (en el que hay un acuerdo tácito del bipartito para no beneficiar al interés público sino a los poderosos) y el conjunto de personas que los forman acepten que su trabajo en política consiste en traicionar a la ciudadanía beneficiando a los grandes intereses empresariales. Por otra parte, tener unos medios de comunicación serviles con el gobierno y con los intereses empresariales. También hace falta una mayoría social enajenada por esos medios para que no osen salirse de la “normalidad democrática” y una minoría disidente que es descalificada por políticos y por esos medios.

Por ejemplo, Teresa Medina, profesora de Derecho Administrativo en la universidad de Burgos, alerta que de los numerosos escándalos están relacionados con la contratación pública. “A pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para hacer frente a la corrupción en la contratación pública, no podemos desconocer que las obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su aplicación”, analiza la profesora.

Pero, ¿por qué siempre que se analiza el fenómeno de la corrupción se pone el acentuen el corrompido y muy poco en el que actúa como corruptor? Óscar Carpintero, profesor de economía aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el concepto de corrupción hacia el ámbito de lo público, se dejan de lado todos los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social claro. “Muchas empresas recurren a prácticas de corrupción que violan el marco institucional y que afectan positivamente a su cuenta de resultados que lleva a que incluso se llegue a hablar de “corrupción eficiente” que, lejos de descalificar este tipo de comportamientos, los han justificado amparándose en argumentos de “lógica económica””, dice Carpintero.

Un dato: Las empresas españolas aparecían en 2008 como las segundas (después de las empresas chinas de una muestra de 22 países) que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos para obtener contratos públicos o negocios ventajosos en América Latina, y las terceras con mayor probabilidad (después de las empresas chinas e italianas) cuando se trataba de recurrir a sobornos en los países de Europa y Estados Unidos.

Y es que las empresas transnacionales tienen mucho que ver en esta “arquitectura de la impunidad”, tal y como lo llaman Erika González y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina). Esta arquitectura jurídica de la impunidad se produce por la vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, que les permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus propios intereses económicos. Según analizan, la corrupción como modus operandi es una práctica habitual de las grandes multinacionales españolas y de buena parte de la clase político-empresarial que gobierna, y es una dinámica que se remonta a los inicios del desarrollismo franquista.

Desde OMAL, hacen una serie de propuestas de control ante estos hechos: Prohibir la circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado, la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas, el soborno y otras prácticas de corrupción. Por otra parte, obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, la toma de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Y finalmente, aprobar normas sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos y el secreto bancario, la sanción a los flujos ilícitos de capital.

El lobby: una forma de corrupción “legal”

Una de esas formas de corrupción “legal” puede ser el trabajo de lobby. Ese trabajo de presión política para diseñar leyes que favorecen intereses económicos privados dañan al interés general. Manuel Villoria, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, la califica como “una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas” y enumera algunas de las prácticas relacionadas con los lobby que pueden suponer riesgos de corrupción o prácticas no éticas: Financiación de partidos políticos para obtener regulaciones beneficiosas cuando los partidos acceden al gobierno; puertas giratorias; captura regulatoria y técnica (control de los grupos de expertos, financiación de investigación sesgada o de congresos y reuniones profesionales a cambio de apoyo a los intereses de los financiadores); adopción de normas que generan voluntariamente lagunas o loopholes para evitar los verdaderos controles o normas que debilitan las restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de fachada (window dressing), entre otras muchas más prácticas.

De hecho, otro de los principales obstáculos a la detección de este tipo de prácticas es la privatización de la regulación. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un negocio para las empresas privadas. José Antonio Estévez Araujo, catedrático de filosofía del derecho en la Universitat de Barcelona, dice que la propia corrupción se ha ’legalizado’ y que actividades que habrían sido consideradas deshonestas hace unas décadas ahora son vistas como ’buenas prácticas’. “La ideología legitimadora de la privatización de la regulación se ha convertido en un nuevo ’sentido común’ en el ámbito de la gestión de las políticas públicas. Y el discurso de la gobernanza constituye el núcleo de esa nueva ideología”, añade.

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Fidel: su legado

La desaparición física de Fidel hace que el corazón y el cerebro pugnen por controlar el caos de sensaciones y de ideas que desata su tránsito hacia la inmortalidad. Recuerdos que se arremolinan y se superponen, entremezclando imágenes, palabras, gestos (¡qué gestualidad la de Fidel, por favor!), entonaciones, ironías, pero sobre todo ideas, muchas ideas. Fue un martiano a carta cabal. Creía firmemente aquello que decía el Apóstol: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Sin duda que Fidel era un gran estratega militar, comprobado no sólo en la Sierra Maestra sino en su cuidadosa planificación de la gran batalla de Cuito Cuanevale, librada en Angola entre diciembre de1987 y marzo de 1988, y que precipitó el derrumbe del régimen racista sudafricano y la frustración de los planes de Estados Unidos en África meridional.

Pero además era un consumado político, un hombre con una fenomenal capacidad para leer la coyuntura, tanto interna como internacional, cosa que le permitió convertir a su querida Cuba -a nuestra Cuba en realidad- en una protagonista de primer orden en algunos de los grandes conflictos internacionales que agitaron la segunda mitad del siglo veinte. Ningún otro país de la región logró algo siquiera parecido a lo que consiguiera Fidel. Cuba brindó un apoyo decisivo para la consolidación de la revolución en Argelia, derrotando al colonialismo francés en su último bastión; Cuba estuvo junto a Vietnam desde el primer momento, y su cooperación resultó de ser de enorme valor para ese pueblo sometido al genocidio norteamericano; Cuba estuvo siempre junto a los palestinos y jamás dudó acerca de cuál era el lado correcto en el conflicto árabe-israelí; Cuba fue decisiva, según Nelson Mandela, para redefinir el mapa sociopolítico del sur del continente africano y acabar con el apartheid. Países como Brasil, México, Argentina, con economías, territorios y poblaciones más grandes, jamás lograron ejercer tal gravitación en los asuntos mundiales. Pero Cuba tenía a Fidel …

Martiano y también bolivariano: para Fidel la unidad de América Latina y, más aún, la de los pueblos y naciones del por entonces llamado Tercer Mundo, era esencial. Por eso crea la Tricontinental en Enero de 1966, para apoyar y coordinar las luchas de liberación nacional en África, Asia y América Latina y el Caribe. Sabía, como pocos, que la unidad era imprescindible para contener y derrotar al imperialismo norteamericano. Que en su dispersión nuestros pueblos eran víctimas indefensas del despotismo de Estados Unidos, y que era urgente e imprescindible retomar los iniciativas propuestas por Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico de 1826, ya anticipadas en su célebre Carta de Jamaica de 1815. En línea con esas ideas Fidel fue el gran estratega del proceso de creciente integración supranacional que comienza a germinar en Nuestra América desde finales del siglo pasado, cuando encontró en la figura de Hugo Chávez Frías el mariscal de campo que necesitaba para materializar sus ideas. La colaboración entre estos dos gigantes de Nuestra América abrió las puertas a un inédito proceso de cambios y transformaciones que dio por tierra con el más importante proyecto económico y geopolítico que el imperio había elaborado para el hemisferio: el ALCA.

Estratega militar, político pero también intelectual. Raro caso de un jefe de estado siempre dispuesto a escuchar y a debatir, y que jamás incurrió en la soberbia que tan a menudo obnubila el entendimiento de los líderes. Tuve la inmensa fortuna de asistir a un intenso pero respetuoso intercambio de ideas entre Fidel y Noam Chomsky acerca de la crisis de los misiles de Octubre de 1962 o de la Operación Mangosta, y en ningún momento el anfitrión prestó oídos sordos a lo que decía el visitante norteamericano. Una imagen imborrable es la de Fidel participando en numerosos eventos escenificados en Cuba –sean los encuentros sobre la Globalización organizados por la ANEC; los de la Oficina de Estudios Martianos o la Asamblea de CLACSO en Octubre del 2003- y sentado en la primera fila de la platea, munido de un cuadernito y su lapicera, escuchando durante horas a los conferencistas y tomando cuidadosa nota de sus intervenciones. A veces pedía la palabra y asombraba al auditorio con una síntesis magistral de lo dicho en las cuatro horas previas, o sacando conclusiones sorprendentes que nadie había imaginado. Por eso le decía a su pueblo “no crean, lean”, fiel reflejo del respeto que sentía por la labor intelectual.

Al igual que Chávez, Fidel un hombre cultísimo y un lector insaciable. Su pasión por la información exacta y minuciosa era inagotable. Recuerdo que en una de las reuniones preparatorias de la Asamblea de Clacso del 2003 nos dijo: “recuerden que Dios no existe, pero está en los detalles” y nada, por insignificante que pareciera, debía ser librado al azar. En la Cumbre de la Tierra de Río (1992) advirtió ante el escepticismo o la sonrisa socarrona de sus mediocres colegas (Menem, Fujimori, Bush padre, Felipe González, etcétera) que la humanidad era “una especie en peligro” y que lo que hoy llamamos cambio climático constituía una amenaza mortal. Como un águila que vuela alto y ve lejos advirtió veinte años antes que los demás la gravedad de un problema que hoy está en la boca de cualquiera.

Fidel ha muerto, pero su legado –como el del Che y el de Chávez- vivirá para siempre. Su exhortación a la unidad, a la solidaridad, al internacionalismo antiimperialista; su reivindicación del socialismo, de Martí, su creativa apropiación del marxismo y de la tradición leninista; su advertencia de que la osadía de los pueblos que quieren crear un mundo nuevo inevitablemente será castigada por la derecha con un atroz escarmiento y que para evitar tan fatídico desenlace es imprescindible concretar sin demora las tareas fundamentales de la revolución, todo esto, en suma, constituye un acervo esencial para el futuro de las luchas emancipatorias de nuestros pueblos.

Por Atilio Boron

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Las siete propuestas de Trump que los grandes medios censuraron... y que explican su victoria

La victoria de Donald Trump (como el brexit en el Reino Unido, o la victoria del ‘no’ en Colombia) significa, primero, una nueva estrepitosa derrota de los grandes medios dominantes, los institutos de sondeo y las encuestas de opinión. Pero significa también que toda la arquitectura mundial, establecida al final de la Segunda Guerra Mundial, se ve ahora trastocada y se derrumba. Los naipes de la geopolítica se van a barajar de nuevo. Otra partida empieza. Entramos en una era nueva cuyo rasgo determinante es ‘lo desconocido’. Ahora todo puede ocurrir.

¿Cómo consiguió Trump invertir una tendencia que lo daba perdedor y lograr imponerse en la recta final de la campaña? Este personaje atípico, con sus propuestas grotescas y sus ideas sensacionalistas, ya había desbaratado hasta ahora todos los pronósticos. Frente a pesos pesados como Jeb Bush, Marco Rubio o Ted Cruz, que contaban además con el resuelto apoyo del establishment republicano, muy pocos lo veían imponerse en las primarias del Partido Republicano; y sin embargo carbonizó a sus adversarios, reduciéndolos a cenizas.

Hay que entender que desde la crisis financiera de 2008 (de la que aún no hemos salido) ya nada es igual en ninguna parte. Los ciudadanos están profundamente desencantados. La propia democracia, como modelo, ha perdido credibilidad. Los sistemas políticos han sido sacudidos hasta las raíces. En Europa, por ejemplo, se han multiplicado los terremotos electorales (entre ellos el brexit). Los grandes partidos tradicionales están en crisis. Y en todas partes percibimos subidas de formaciones de extrema derecha (en Francia, en Austria y en los países nórdicos) o de partidos antisistema y anticorrupción (Italia, España). El paisaje político aparece radicalmente transformado.

Ese fenómeno ha llegado a Estados Unidos, un país que ya conoció, en 2010, una devastadora ola populista, encarnada entonces por el Tea Party. La irrupción del multimillonario Donald Trump en la Casa Blanca prolonga aquello y constituye una revolución electoral que ningún analista supo prever. Aunque pervive, en apariencias, la vieja bicefalia entre demócratas y republicanos, la victoria de un candidato tan heterodoxo como Trump constituye un verdadero seísmo. Su estilo directo, populachero, y su mensaje maniqueo y reduccionista, apelando a los bajos instintos de ciertos sectores de la sociedad, muy distinto del tono habitual de los políticos estadounidenses, le ha conferido un carácter de autenticidad a ojos del sector más decepcionado del electorado de la derecha. Para muchos electores irritados por lo «politicamente correcto», que creen que ya no se puede decir lo que se piensa so pena de ser acusado de racista, la «palabra libre» de Trump sobre los latinos, los inmigrantes o los musulmanes es percibida como un auténtico desahogo.

A ese respecto, el candidato republicano ha sabido interpretar lo que podríamos llamar la «rebelión de las bases». Mejor que nadie, percibió la fractura cada vez más amplia entre las elites políticas, económicas, intelectuales y mediáticas, por una parte, y la base del electorado conservador, por la otra. Su discurso violentamente anti-Washington y anti-Wall Street sedujo, en particular, a los electores blancos poco cultos y empobrecidos por los efectos de la globalización económica.

Hay que precisar que el mensaje de Trump no es semejante al de un partido neofascista europeo. No es un ultraderechista convencional. Él mismo se define como un «conservador con sentido común» y su posición, en el abanico de la política, se situaría más exactamente a la derecha de la derecha. Empresario multimillonario y estrella archipopular de la telerealidad, Trump no es un antisistema, ni obviamente un revolucionario. No censura el modelo político en sí, sino a los políticos que lo han estado piloteando. Su discurso es emocional y espontáneo. Apela a los instintos, a las tripas, no a lo cerebral, ni a la razón. Habla para esa parte del pueblo estadounidense entre la cual ha empezado a cundir el desánimo y el descontento. Se dirige a la gente que está cansada de la vieja política, de la «casta». Y promete inyectar honestidad en el sistema; renovar nombres, rostros y actitudes.

Los medios han dado gran difusión a algunas de sus declaraciones y propuestas más odiosas, patafísicas o ubuescas. Recordemos, por ejemplo, su afirmación de que todos los inmigrantes ilegales mexicanos son corruptos, delincuentes y violadores. O su proyecto de expulsar a los 11 millones de inmigrantes ilegales latinos a quienes quiere meter en autobuses y expulsar del país, mandándoles a México. O su propuesta, inspirada en Juego de Tronos, de construir un muro fronterizo de 3.145 kilómetros a lo largo de valles, montañas y desiertos, para impedir la entrada de inmigrantes latinoamericanos y cuyo presupuesto de 21.000 millones de dólares sería financiado por el gobierno de México. En ese mismo orden de ideas: también anunció que prohibiría la entrada a todos los inmigrantes musulmanes...Y atacó con vehemencia a los padres de un militar estadounidense de confesión musulmana, Humayun Khan, muerto en combate en 2004, en Irak.

También su afirmación de que el matrimonio tradicional, formado por un hombre y una mujer, es "la base de una sociedad libre" y su crítica de la decisión del Tribunal Supremo de considerar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional. Trump apoya las llamadas "leyes de libertad religiosa", impulsadas por los conservadores en varios Estados, para denegar servicios a las personas LGTB. Sin olvidar sus declaraciones sobre el "engaño" del cambio climático que, según Trump, es un concepto "creado por y para los chinos, para hacer que el sector manufacturero estadounidense pierda competitividad".

Este catálogo de necedades horripilantes y detestables ha sido, repito, masivamente difundido por los medios dominantes no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo. Y la principal pregunta que mucha gente se hacía era: ¿cómo es posible que un personaje con tan lamentables ideas consiga una audiencia tan considerable entre los electores estadounidenses que, obviamente, no pueden estar todos lobotomizados? Algo no cuadraba.

Para responder a esa pregunta tuvimos que hendir la muralla informativa y analizar más de cerca el programa completo del candidato republicano y descubrir los siete puntos fundamentales que defiende, silenciados por los grandes medios.

1) Los periodistas no le perdonan, en primer lugar, que ataque de frente al poder mediático. Le reprochan que constantemente anime al público en sus mítines a abuchear a los “deshonestos” medios. Trump suele afirmar: «No estoy compitiendo contra Hillary Clinton, estoy compitiendo contra los corruptos medios de comunicación» [1]. En un tweet reciente, por ejemplo, escribió: «Si los repugnantes y corruptos medios me cubrieran de forma honesta y no inyectaran significados falsos a las palabras que digo, estaría ganando a Hillary por un 20%».

Por considerar injusta o sesgada la cobertura mediática, el candidato republicano no dudó en retirar las credenciales de prensa para cubrir sus actos de campaña a varios medios importantes, entre otros, The Washington Post, Politico, Huffington Post y BuzzFeed. Y hasta se ha atrevido a atacar a Fox News, la gran cadena del derechismo panfletario, a pesar de que lo apoya a fondo como candidato favorito...

2) Otra razón por la que los grandes medios atacaron con saña a Trump es porque denuncia la globalización económica, convencido de que ésta ha acabado con la clase media. Según él, la economía globalizada está fallando a cada vez más gente, y recuerda que, en los últimos 15 años, en Estados Unidos, más de 60.000 fábricas tuvieron que cerrar y casi cinco millones de empleos industriales bien pagados desaparecieron.

3) Es un ferviente proteccionista. Propone aumentar las tasas de todos los productos importados. «Vamos a recuperar el control del país, haremos que Estados Unidos vuelva a ser un gran país», suele afirmar, retomando su eslogan de campaña.

Partidario del brexit, Donald Trump ha desvelado que, una vez elegido presidente, tratará de sacar a EEUU del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). También arremetió contra el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y aseguró que, de alcanzar la Presidencia, sacará al país de él: «El TPP sería un golpe mortal para la industria manufacturera de Estados Unidos».

En regiones como el rust belt del noreste, donde las deslocalizaciones y el cierre de fábricas manufactureras dejaron altos niveles de desempleo y de pobreza, este mensaje de Trump está calando hondo.

4) Así como su rechazo de los recortes neoliberales en materia de seguridad social. Muchos electores republicanos, víctimas de la crisis económica de 2008 o que tienen más de 65 años, necesitan beneficiarse de la Social Security (jubilación) y del Medicare (seguro de salud) que desarrolló el presidente Barack Obama y que otros líderes republicanos desean suprimir. Tump ha prometido no tocar estos avances sociales, bajar el precio de los medicamentos, ayudar a resolver los problemas de los «sin techo», reformar la fiscalidad de los pequeños contribuyentes y suprimir el impuesto federal que afecta a 73 millones de hogares modestos.

5) Contra la arrogancia de Wall Street, Trump propone aumentar significativamente los impuestos de los corredores de hedge funds, que ganan fortunas, y apoya el restablecimiento de la Ley Glass-Steagall. Aprobada en 1933, en plena Depresión, esta ley separó la banca tradicional de la banca de inversiones con el objetivo de evitar que la primera pudiera hacer inversiones de alto riesgo. Obviamente, todo el sector financiero se opone absolutamente al restablecimiento de esta medida.

6) En política internacional, Trump quiere establecer una alianza con Rusia para combatir con eficacia al Daesh. Aunque para ello Washington tenga que reconocer la anexión de Crimea por Moscú.

7) Trump estima que con su enorme deuda soberana, Estados Unidos ya no dispone de los recursos necesarios para conducir una política extranjera intervencionista indiscriminada. Ya no puede imponen la paz a cualquier precio. En contradicción con varios caciques de su partido, y como consecuencia lógica del final de la guerra fría, quiere cambiar la OTAN: «No habrá nunca más garantía de una protección automática de los Estados Unidos para los países de la OTAN».

Todas estas propuestas no invalidan en absoluto las inaceptables, odiosas y a veces nauseabundas declaraciones del candidato republicano difundidas a bombo y platillo por los grandes medios dominantes. Pero sí explican mejor el por qué de su éxito.

En 1980, la inesperada victoria de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos había hecho entrar el planeta en un ciclo de 40 años de neoliberalismo y de globalización financiera. La victoria hoy de Donald Trump puede hacernos entrar en un nuevo ciclo geopolítico cuya peligrosa característica ideológica principal –que vemos surgir por todas partes y en particular en Francia con Marine Le Pen– es el autoritarismo identitario. Un mundo se derrumba pues, y da vértigo...

Ignacio Ramonet

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“La prostitución no afecta solo a las prostituidas, sino a todas las mujeres”

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ha organizado, por segundo año consecutivo, una Jornada Internacional en Madrid sobre Prostitución y Trata. La novedad de este año es que las mesas de expertos han estado ocupadas, únicamente, por hombres. Los ponentes han hablado sobre el papel de los hombres en la erradicación de la prostitución.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres celebraba el jueves pasado la Jornada Internacional sobre Prostitución y Trata de Mujeres en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de la segunda jornada consecutiva que organiza la Comisión alrededor de este tema. Asunción Miura, representante de la Coalición Internacional contra la trata de Mujeres en España (CATW), Rosario Carracedo, representante de la Plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución, y Susana Martínez, Presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, han sido las encargadas de presentar el acto. Susana Martínez, presidenta de la Comisión, ha agradecido la colaboración a las organizaciones participantes y al Ayuntamiento, lugar en el que se han celebrado estas segundas Jornadas. “Nuestras jornadas, desde los años 90, han tratado la materia desde diferentes perspectivas: tráfico internacional, tratamiento informativo, anuncios… Ahora queremos saber cuál es la responsabilidad de la demanda”, comenta. “Queremos complementar la jornada del año pasado y conseguir un punto de vista más novedoso mediante la implicación de los hombres en la erradicación.

Que sean ellos los que aportan y cuestionen los comportamientos de otros hombres que entienden las relaciones sexuales entre mujeres y hombres de forma dominante”, defiende la presidenta de la Comisión. Martínez ha añadido el efecto que esto tiene en la juventud: “Hay que cambiar el imaginario social”. “Esta Jornada gira en torno a los hombres porque las abolicionistas pensamos que la prostitución y la trata existen porque hay hombres que pagan por ello”, comienza Miura, explicando el porqué de una jornada con solo expertos. “Cada vez hay más hombres en desacuerdo con la prostitución, dispuestos a seguir luchando por una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, entre las que se incluyen la trata y la prostitución”, asegura. Miura ha resaltado que “con la violencia, es imposible la igualdad”.

Necesidad de avances 

España es uno de los países con más demanda, con más prostituidores. Por ello, el posicionamiento de los poderes públicos es fundamental. “Los partidos políticos tienen que considerar intolerable esta práctica y tienen que incluir en sus programas medidas reales y efectivas para acabar con esta lacra”, propone la representante de CAWT. Rosario Carracedo ha resaltado la importancia de que exista un debate en torno a esta temática. “En 22 años, hemos avanzado conceptualmente. El tema ha formado parte del debate del movimiento feminista, de la doctrina académica… Hemos avanzado y presionado a que los partidos políticos hayan tenido que introducir en su agenda alguna mención, aunque tibia”, reflexiona Carracedo. En el año 1995, el proxenetismo fue despenalizado y, desde entonces, ha habido un total de 30 modificaciones legislativas en el Código Penal. “En 2003 conseguimos que se volviera a incluir la penalización de nuevo.

El Tribunal Supremo lo derogó. En 2015 parecía que lo conseguíamos, pero volvieron a parar la reforma”, cuenta Carracedo. Mientras esto sucede en España, en Europa sí que se ven avances. Francia es un país pro-abolición y ha desarrollado políticas públicas compatibles con la igualdad. Por otro lado, en 2016, el Parlamento Europeo reflejó que la prostitución, el consumo sexual de mujeres por un precio, constituía una práctica de desigualdad. Richard Poulin es uno de los hombres que la Comisión ha seleccionado para estas jornadas. Poulin es Profesor Emérito del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Ottawa y profesor asociado del Instituto de Investigaciones y Estudios Feministas de la Universidad de Quebec. También es autor, entre otros, del libro Sexo, capitalismo y crítica del valor. Su ponencia se ha basado en estos pilares que considera inseparables.

Relaciones construidas en desigualdad

“Una de las primeras preguntas que hay que hacerse es cuál es la ventaja para un hombre cuando paga por tener sexo. Lo único que existe es el placer de saber que es más humano que la persona a la que está pagando, porque al pagar por ella la estás convirtiendo en un objeto”, explica Poulin, comparándolo con el racismo, donde hay un sentimiento de superioridad. Es en el “creerse superior” donde se encuentra su felicidad. “La prostitución tiene una relación directa con la violencia sexual, porque mediante el pago se asume un ‘consentimiento’ y conviertes a una persona en prostituida”, refleja Poulin. En España, un 40 por ciento de hombres pagan por tener sexo. Esto fomenta la creación de relaciones en desigualdad, en una sociedad violenta desde el punto de vista sexual.

“La prostitución no es un acto individual, no es una elección ni una relación de compra-venta en igualdad. Los hombres compran sexo para sentirse superiores y esto no afecta solo a las prostituidas, sino a todas las mujeres. Desconocemos que es una relación social de desigualdad entre sexos”, comenta Poulin.

En las últimas décadas, hemos asistido a un crecimiento de la prostitución, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, del turismo sexual y de la pornografía. “Estamos fomentando la aparición de violadores cada vez más jóvenes, insensibles ante la violencia sexual por el consumo de la pornografía. Su imaginario sexual se construye a través de esas imágenes que cada vez consumen más pronto. El único placer importante en la pornografía es el masculino”, denuncia Poulin. Actualmente, los niños comienzan a consumir pornografía hacia los 12 años y las niñas alrededor de los 13.

Regular la prostitución es banalizarla “La banalización de la prostitución se origina en los estados en los que se regula. Desde ese momento, el Estado avala esas relaciones sociales desiguales y, además, vemos cómo crece la prostitución”, plasma Poulin. El porcentaje de prostituidores en los países donde se ha legalizado, como Países Bajos (60), Alemania (66), Camboya (65) o Tailandia (95), es mucho mayor que en otros donde no es legal como Canadá (11,1), Suecia (13), Francia (12,5), Noruega (13) o Estados Unidos (16).

Con la legalización, hay una expansión de la prostitución, por lo que se recurre a mujeres extranjeras para satisfacer la demanda que crea el turismo sexual, ya que hay un mayor número de prostituidores locales y extranjeros.

Con la legalización, hay una expansión de la prostitución, por lo que se recurre a mujeres extranjeras para satisfacer la demanda que crea el turismo sexual, ya que hay un mayor número de prostituidores locales y extranjeros. “La trata de mujeres hace que los precios bajen y se fomenta el turismo sexual. Son las políticas del neoliberalismo”, denuncia Poulin, que incluye la perspectiva económica. “No se pueden separar los distintos niveles de análisis”, justifica.

Ideología neoliberal

Los estados con políticas neoliberales han fomentado la desregulación y el fin del Estado del Bienestar. “La ideología imperante es que cada uno es responsable de su suerte. Si has fracasado no es culpa del estado o del sistema, sino tuya, por eso nos encontramos ahora tantos manuales de psicología para tener ‘éxito’ en la vida”, comenta el Profesor. Siguiendo esa línea, Poulin denuncia que a estas mujeres se les inculca la idea de que son culpables y que si están en el mundo de la prostitución es porque quieren. “Estas mujeres no son vistas como víctimas, sino como responsables”, destaca. Y añade: “Además, no tenemos que intervenir en contra de su prostituidor, porque los proxenetas son considerados empresarios o protectores”.

Todo lo que puede hacer el Estado, si considera a las mujeres responsables de su prostitución, es tener una legislación a la que puedan recurrir como cualquier otra persona trabajadora. El Estado permite así que las mujeres evolucionen en ese medio en condiciones que dicen aceptables. “El Estado presenta dos caminos: la creación de burdeles y zonas de tolerancia; y la penalización a quienes no lo hacen legalmente. En ambos casos, quienes pierden son las prostitutas. Si optan por el primer camino, sus ingresos se verán ampliamente reducidos en favor del burdel. Si no lo hacen, serán criminalizadas por el propio Estado”, denuncia Poulin.

La educación como solución principal

“Para luchar con eficacia contra eso, se debe permitir por ley que las mujeres puedan estudiar. Muchas mujeres han dejado su hogar jóvenes, sin estudios, y se han visto sin alternativa a la hora de encontrar un trabajo. Sin otra opción, solo pueden practicar la prostitución para sobrevivir. Es una perpetuación sin fin”, refleja. Asimismo, el Profesor asegura que –además de la legislación- se debe educar al alumnado de los centros educativos para que se impida la captación, pero también para evitar que los niños se conviertan en futuros prostituidores. “Sin clases de educación sexual, el discurso pornográfico es el que enseña a la juventud. Tenemos un problema si ese es el aprendizaje. Si el porno es lo que construye su imaginario, la violencia sexual será considerada como algo común y banal”, reflexiona Poulin.

Para finalizar la ponencia, Richard Poulin ha asegurado que la industria del sexo se debe analizar como un todo, que aúna prostitución, trata de mujeres, turismo sexual y la industria pornográfica, que sirve como propaganda para todo lo demás. “La igualdad se conseguirá cuando no haya relaciones mercantiles”, culmina.

TribunaFeminista

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Cómo los medios españoles ocultaron la responsabilidad de las empresas occidentales en la muerte de las víctimas del Rana Plaza en Bangladesh

La industria textil, también llamada maquila en Latinoamérica o sweatshop en Asia, es un fenómeno que se da a lo largo y ancho del planeta en países empobrecidos y con una mano de obra altamente feminizada. Son los grandes centros de producción que las empresas multinacionales emplean para fabricar sus productos; principalmente ropa y calzado. Se encuentran en las Zonas Procesadoras de Exportación, enclaves elegidos por las ventajas fiscales, la exención del pago de impuestos, o la falta de controles medioambientales. Se trata de un eslabón fundamental de las empresas que buscan mayores beneficios a través del abaratamiento de los costes de producción. Sus efectos son devastadores a muchos niveles; violan sistemáticamente los derechos laborales y humanos y son uno de los fenómenos mundiales que a más mujeres afecta. Pese a ello, el espacio que se le ha dado en los grandes medios de comunicación ha sido poco relevante, aunque va en aumento gracias al debate sobre la moda low cost que últimamente ha protagonizado programas en prime time.

El derrumbe del edificio Rana Plaza tuvo lugar el 24 de abril de 2013. Benetton, Mango, El Corte Inglés, C&A, Primark, Carrefour y Marks&Spencer, entre otras, cosían sus prendas allí. Fue el único caso, hasta esa fecha, que consiguió colarse en la agenda mediática. No fue el primero en Bangladesh, ni tampoco el primer accidente de una fábrica textil en el mundo, pero sí fue el primero que se cobró una cantidad de víctimas importante, equiparable al derrumbe de las Torres Gemelas. Dejó más de 1.100 muertes, casi 2.500 personas heridas, más de 300 desaparecidas y 234 cadáveres sin identificar. Ahora bien, ¿cómo se informó sobre este hecho en los dos diarios con más impacto y mayor número de personas lectoras de todo el Estado español? ¿La información que se difundió sobre el Rana Plaza en El Mundo yEl País fue suficiente para que los y las lectoras pudieran entender lo que estaba ocurriendo verdaderamente? ¿Hubo un discurso predominante?

Que parezca un accidente

¿Qué ha pasado en Bangladesh? Esta es la pregunta que mucha gente se hacía cuando veía las impactantes imágenes del Rana Plaza en sus televisores. Y esta fue la primera pregunta a la que los mass media debían responder. Desde las primeras informaciones, y en todo momento, el suceso fue definido como un derrumbe de un edificio, como un accidente industrial. Colapso, hundimiento, desplome, tragedia, drama, siniestro, devastador o desastre fueron algunos de los sinónimos empleados para describir la noticia. La atención del público estaba colocada en torno a un inmueble inanimado y todas las informaciones, exceptuando los reportajes dominicales, citaron como causa principal las grietas del edificio, sus causas físicas. Por tanto quien mató fue el edificio, y además de manera involuntaria ya que “se vino abajo”, nadie lo tiró.

Una vez planteado y definido el hecho en cuestión, las causas del “desastre” irían en el mismo orden lógico, y aunque esto pueda parecer banal, fue una cuestión vital para el posterior desarrollo discursivo y mediático. Las grietas, el terreno inestable, la inseguridad del edificio o incluso la excesiva altura definieron las líneas de análisis y provocaron que fuera prácticamente imposible poner de manifiesto un debate más profundo que albergara la responsabilidad de otros agentes en lo ocurrido. Así se fueron evitando y retrasando temas más controvertidos como el papel de nuestras empresas multinacionales en la zona. La base de la mayoría de planteamientos parte de la consideración de tratar al derrumbe del Rana Plaza como si fuera, casi exclusivamente, un accidente coyuntural, cuando en realidad estábamos ante un fenómeno global asentado sobre complejas implicaciones estructurales que tienen que ver, entre otras cosas, con los derechos humanos.

Cuando este razonamiento lógico de acción-reacción o grieta-derrumbe dejó de explicar toda la complejidad, que en cierta manera se empezaba a vislumbrar, el siguiente paso fue colocar en el punto de mira a los gerentes y a los dueños de los talleres de confección. De esta manera se les empezó a definir como “los malos”, ya que obligaron a los y las trabajadoras a asistir ese día a trabajar; las informaciones apuntaban como “nuestros jefes nos forzaron” o los “trabajadores que resultaron heridos acusaron a los responsables de las fábricas de obligarles a trabajar”.

La engañosa búsqueda de culpables: Blangadesh vs Occidente

“La tragedia de Bangladesh salpica a Occidente” fue uno de los titulares con el que El País abrió el 27 de abril de 2013. A priori podría parecer que se estaba estableciendo una conexión entre lo ocurrido en Bangladesh y nuestros países, basada en la responsabilidad y en el mal hacer de nuestras marcas, pero si nos fijamos atentamente en el verbo empleado denota la existencia de cierta incomodidad, porque cuando algo salpica, molesta. Es algo que no se espera, es algo con lo que se tiene que lidiar, una responsabilidad fortuitamente endosada. Así que para evitar que el foco crítico recayera en las marcas occidentales, se buscaron nuevos culpables. Esta vez, Bangladesh.

El relato que permitió la culpabilización del país estuvo asentado en un discurso etnocéntrico. Nuestra cultura fue autopresentada de manera positiva y superior, mientras que la suya, era descrita a través de estereotipos. La mayoría de las noticias presentaba a las personas trabajadoras como pobres, dependientes, vulnerables, pasivas pero violentas, e incapaces. Son “esos seres anónimos y lejanos que mueren debajo de los escombros”. La sintaxis utilizada y la floritura de los textos nos sumergen en espacios lúgubres, de caos, miseria y drama al narrar y describir los hechos y lugares en torno a Bangladesh, por lo que la nota fatalista y sensacionalista tuvo suficiente peso. Esta presentación dicotómica también estuvo presente a la hora de abordar la responsabilidad de lo ocurrido. Ésta no se asume ni se omite, se transfiere a las autoridades y las empresas de Bangladesh, con lo que encontramos que el relato general se encontró enraizado en la exculpación de todos los agentes occidentales pero en la inculpación de todo aquello que tuvo que ver con el país asiático.

Bangladesh fue castigado discursivamente, y eso no sólo significó una mirada etnocentrista sino también un relato construido desde el marco neoliberal, donde la globalización es positiva, y por ende, la industria textil también. Los valores de bienestar asociados a progreso y riqueza impidieron colocar en su justa medida un derrumbe de tamañas características e hicieron que paralelamente surgiera un discurso a favor de las fábricas textiles. Éstas fueron catalogadas de “milagro económico”, “pujante industria” o “negocio de 15.000 millones anuales”, pero ni una sola noticia hizo alusión a lo que las grandes multinacionales se ahorraron o se embolsaron por fabricar sus prendas en países como Bangladesh, ni a los beneficios anuales que gracias a estos talleres llevan décadas obteniendo. En otros casos se habló de la negligencia e impunidad de los líderes políticos, pero jamás se mencionó la impunidad o la negligencia de otros agentes que intervienen en el esquema comercial.

¿Dónde están las mujeres?

Los datos no aparecieron desagregados por sexos, pero evidentemente no afectó igual a hombres que a mujeres; porque el 80% de la plantilla de las fábricas textiles de Bangladesh son mujeres. Esto significaría que, si había alrededor de 5.000 personas en el momento del derrumbe, como ambos diarios afirmaron, fue el mismo que afectó a 4.000 mujeres de Bangladesh, y eso nadie lo dijo.

Es reseñable que de 52 noticias tan sólo en cinco encontramos testimonios de mujeres trabajadoras de la industria textil. Esto supone que tan sólo un 9,6% de las noticias fueron contadas con mujeres trabajadoras de la industria. Las mujeres que aparecieron y hablaron fueron: Laboni Khanam, que fue “un caso” paradigmático porque fue amputada in situ incluso antes de llegar al hospital; Reshma Begum, por ser el “hallazgo milagroso”, una de las supervivientes que consiguió salir de los escombros después de 17 días; Moni, una empleada de Inmaculate, una fábrica textil de Bangladesh, y Fahima, que habla para otro reportaje sobre las mujeres amputadas, en el que también aparece Laboni.

Las mujeres aparecen en tercera persona, no son protagonistas. Se las tiende a definir desde la violencia y el conflicto. Han sido representadas como pobres, dependientes y víctimas. Llama la atención que para referirse a los hombres se les denomina trabajadores u obreros, mientras que las mujeres siempre son catalogadas de “costureras” o incluso de “ejército de costureras”. Las mujeres fueron ubicadas en entornos vulnerables como hospitales o al pie de los escombros, siendo representadas con algún brazo o pierna amputada, o transportadas en camilla mostrando pasividad o incapacidad, con expresiones de dolor y acompañadas, en estos casos, por personal masculino. En otras se las ve llorando o con aspecto compungido. Encontramos también la imagen de Reshma dentro de uno de los hoteles más lujosos de Bangladesh en su primer día de trabajo después de abandonar el hospital y el trabajo en la fábrica tras el derrumbe. Esa es la única imagen que tenemos en la que una mujer esté sola, de pie y sin compañía, en un despacho con libros y material de oficina al fondo. No encontramos ninguna imagen donde se vea a un hombre sufriendo, la mayoría están protagonizadas por mujeres.

Desinformación y manipulación

Lejos de lo que se piensa, el derrumbe no inundó los medios, ni puso al desnudo el abismo entre costes y beneficios de la producción textil, ni dejó en evidencia las condiciones laborales en las que trabajan miles de personas. Así, se impidió la reflexión y el debate en la ciudadanía sobre lo ocurrido en Bangladesh, al mismo tiempo que legitimó nuestro nivel y forma de consumo y siguió ahondando en las diferencias sociales, culturales y de género. No hubo una crítica seria, ni un análisis profundo o riguroso, el relato general contempló un tono de lástima y de pena, pero no de indignación o de petición de justicia. El Mundo y El País se hicieron eco, sí, pero ello no significó que el tratamiento fuera suficiente porque suprimieron buena parte de la información. La cobertura del Rana Plaza presentó fallas importantes que hubieran permitido una mayor comprensión del asunto por parte de las personas lectoras.

En el relato falta, por ejemplo, una conexión directa y causal entre las prácticas de las grandes empresas multinacionales y las condiciones de los talleres textiles de Bangladesh. Muy pocas informaciones aludieron a las causas estructurales. La gran mayoría de las informaciones vertidas estuvieron sujetas al discurso superficial, hasta en un centenar de ocasiones se mencionó la palabra “grieta”. El término “derrumbe” es el que, sin duda, más veces aparece, tanto que se produjo una nominalización o traslación; esto es, el sustantivo derrumbe se convirtió en un sustantivo propio de tal forma que al mencionar “el derrumbe”, ya sabíamos a qué se estaba haciendo referencia. Esto evitó, además, poder establecer la conexión entre nuestro modelo de consumo y Bangladesh; se habla sobre los problemas que tienen las personas trabajadoras de la industria textil, pero no se presta atención a lo que nuestra sociedad provoca con nuestro modo de vida y de consumo.

No mostrar las asimetrías que la globalización genera es una falta de rigor periodístico. Los medios han contado su versión y la han camuflado de verdad. El derrumbe de Bangladesh fue una práctica de desinformación y manipulación. La escasa profundidad de los hechos narrados, el sensacionalismo, el reduccionismo, la pobreza en las argumentaciones, la falta de contextualización, el mensaje neoliberal, androcéntrico y el refuerzo de los estereotipos son el envoltorio de una estrategia concreta: ocultar los delitos y crímenes flagrantes de los que las empresas occidentales son corresponsables.

Itziar Pequeño es periodista y feminista especializada en comunicación social y para el desarrollo y comunicación con perspectiva de género.

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Afectados por Iberdrola en Brasil denuncian violaciones de derechos

Cientos de familias desplazadas por el embalse de Baixo Iguazó y la represa de Belo Monte protestan ante la falta de alternativas para su reasentamiento.

Alrededor de 150 familias acamparon el a principios de septiembre en la entrada de las obras del embalse Baixo Iguazó, en Paraná (Brasil), ante la cancelación por parte de la empresa Geração Céu Azul –en la que Iberdrola participa en un 70% a través de su marca Neoenergía– de las negociaciones sobre el precio del suelo y el reasentamiento de las familias que serán desplazadas por la hidroeléctrica. Decenas de personas más se concentraron el lunes 25 de septiembre frente a la sede del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en Altamira, en protesta por la otra gran infraestructura en marcha en este país, la represa de Belo Monte, en el Estado de Pará, y para presionar por el derecho a la vivienda de las cerca de 500 familias afectadas por este proyecto.

“Neoenergía está infringiendo varios derechos humanos, entre ellos el derecho a una justa negociación”, denuncian desde Ecologistas en Acción. “Ocupar y resistir es la única forma que tenemos nosotros los afectados de ser oídos; esperamos algo de vuelta, pues cuando el agua cubra mi casa ya no harán nada, y eso es lo que la empresa Neoenergía quiere”, explica uno de los campesinos afectados por la construcción del embalse de Baixo Iguazó.

Las obras de este proyecto ya están completas en un 60%, sin embargo, aún no han garantizado a las familias afectadas el reasentamiento. Por el contrario, según denuncian desde Ecologistas en Acción, desde el consorcio Geração Céu Azul han enviado comunicados en los que criminalizan a las familias afectadas y la empresa afirma haber estado siempre “abierta al diálogo”, a pesar de que canceló reuniones sin avisar previamente a familias que tuvieron que desplazarse hasta 500 kilómetros.

Hasta entonces, el consorcio del que forma parte Iberdrola había ofrecido once zonas de reasentamiento de menor capacidad de la zona que quedará inundada por el embalse y que desde la empresa brasileña que acompaña a Iberdrola en el proyecto, Copel, advirtieron que prácticamente las once zonas ofrecidas son inadecuadas para el reasentamiento por sus características topográficas y la mala calidad del suelo. En su comunicado, el consorcio también amenaza a las familias con tomas “medidas” para hacer rendir cuentas a los culpables frente a posibles daños en la obra.

Las protestas en Baixo Iguazó fueron sofocadas el día después –6 de septiembre– por la Policía Militar de Paraná, que desalojó los campamentos montados por las familias afectadas tras unas cargas con balas de goma y gas lacrimógeno en las que varias personas fueron heridas, y hospitalizadas. Una semana después, un millar de personas se manifestaron en los municipios de Capanema y Capitán leonidas Marques, cerca de Baixo Uguaxó, para denunciar la violencia policial y la actitud de Neoenergía. Tras las manifestaciones, las familias afectadas consiguieron una nueva reunión para definir nuevas áreas de reasentamiento.

Por su parte, los afectados de la represa de Belo Monte, a consecuencia de las obras han sido trasladados a la zona pantanosa de Altamira, donde viven sin agua potable y sin tratamiento de las aguas residuales. Las obras de Belo Monte también han provocado que el precio de los alquileres de viviendas en la zona se multipliquen por diez, pasando de los 200 reales (55 euros) a los 1.500 (412 euros).

Iberdrola comenzó su línea de negocio en Brasil hace dos décadas, con la adquisición de empresas de distribución y producción eléctrica, según señalan desde Ecologistas en Acción. Además de la participación en Belo Monte y Baixo Iguazó, la hidroeléctrica española está presente en la infraestructura de Teles Pires y en el proyecto, ahora suspendido, de Tapajós.

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Chile investiga a la transnacional Endesa por supuestas donaciones a políticos

La fiscalía de Chile, a instancias de su par española, investiga a la empresa de electricidad Endesa por supuestas donaciones a políticos chilenos para campañas electorales a cambio de apoyar la instalación de una central hidroeléctrica.

La Fiscalía española envió en mayo pasado una solicitud de colaboración internacional a las autoridades chilenas sobre Endesa, controlada por la italiana Enel, junto a un informe con antecedentes que fueron difundidos este viernes por el diario La Tercera. "Las empresas Enel y Endesa habrían donado 3,5 millones de dólares a algunos políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume" en el sur de Chile, indica el informe judicial.

La Fiscalía chilena confirmó a la AFP que "la investigación se lleva en curso" sin dar más informaciones sobre el caso. La investigación se produce luego de que Endesa admitiera en 2015 haber entregado donaciones económicas por 276 millones de dólares desde 2012, parte de ellas para campañas políticas. Tras ello, la empresa española anunció la cancelación de los aportes "con fines electorales y/o políticos".

Las autoridades españolas pretenden determinar si "algún ciudadano español estuvo involucrado o si se ha producido algún presunto acto de corrupción desde el territorio español" en estas supuestas donaciones de Endesa Chile.

Endesa, por su parte, manifestó que "dará todas las facilidades para que esta investigación pueda concluir en buen término", según un comunicado difundido por medios locales.

El proyecto Central Neltume está ubicado en la región de Los Ríos, en el sur chileno, y considera una inversión por 780 millones de dólares. Endesa anunció el año pasado la paralización del proyecto tras retirar la evaluación de impacto ambiental de construcción de la hidroeléctrica para su rediseño.

La Información

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Bayer-Monsanto: la fusión empresarial más grande de la historia

El 14 de septiembre, la farmacéutica Bayer compraba al gigante del agronegocio Monsanto por un valor de 66.000 millones de dólares, creando la mayor compañía de de agroquímicos y semillas del mundo.

Tras meses de rumores, la alemana Bayer y la estadounidense Monsanto confirmaron que esta última aceptó la oferta por 66.000 millones de dólares para fusionarse.

El laboratorio multinacional Bayer, líder de la industria farmacéutica, decidió incrementar su línea de negocios en la industria agrícola. A su ya desarrollada rama de agroquímicos –comercializados por la firma CropScience que le pertenece– se suman ahora más de 2.000 variedades de semillas cuya patente lleva la firma Monsanto.

Esta unión no se da en cualquier contexto. Syngenta, competidor de origen suizo de Monsanto, fue recientemente adquirida por la empresa estatal ChemChina. Los mercados occidentales más que nunca se vuelven un terreno de disputa. Así, de las seis empresas multinacionales dedicadas al agronegocio, la competencia se reduciría a cuatro gigantes (ChemChina-Singenta/Bayer-Monsanto/Dow-DuPont/BASF).

Bayer cuenta hoy con alrededor de 117.000 empleados alrededor del globo, mientras que Monsanto tiene 23.000 aproximadamente. Con esta fusión, el negocio farmacéutico de la compañía alemana a nivel global pasa a un segundo lugar, representando el 50% de su actividad.

Dentro del mismo negocio farmacéutico la empresa venía cambiando su intencionalidad comercial para el desarrollo de medicamentos con exclusividad de patentes y alto costo, lo que venía provocando despidos en las fuerzas de venta como sucedió en enero de este año. Esta nueva compra puede incidir en el mismo sentido e implicar la pérdida de nuevos puestos de trabajo, señalaron a Notas trabajadores de la empresa, que ya han sufrido recortes de personal en anteriores fusiones.

Alimentación sustentable

En el comunicado que la nueva corporación hizo público señalaron que el objetivo “está en cómo alimentar a 3.000 millones de personas más en el mundo en 2050 en una forma sostenible con el medio ambiente”.

En este sentido, la Coalición contra los Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alemán) citó en un comunicado al investigador de la compañía alemana, Hermann Stübler, quien indicó que “desde hace más de 25 años, la industria fitosanitaria mundial no ha desarrollado y puesto en el mercado ningún herbicida relevante para el cultivo con algún nuevo mecanismo de acción; ésta es una de las consecuencias de la consolidación de la industria, que ha ido acompañada de una considerable reducción de la inversión en investigación de nuevos herbicidas”.

“En consecuencia, cada vez más plantas silvestres se adaptan a esos productos y los agricultores tienen que utilizar cada vez más agroquímicos, con efectos devastadores sobre la biodiversidad”, añadió la CBG.

También denunció que no es la primera vez que Bayer y Monsanto se unen. Entre 1954 y 1967 conformaron una empresa conjunta (joint venture) llamada Mobay Chemical Corporation. Mobay proveyó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de uno de los químicos fundamentales para la generación del agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam como parte de la Guerra Química.

El uso del Agente Naranja tuvo como consecuencia –según la Cruz Roja de Vietnam– un millón de personas discapacitadas o con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de Bayer no quedó asociado a este hecho como sí lo ha hecho Monsanto.

Si es Bayer, ¿es bueno?

Desde diversos medios internacionales se especula que la histórica farmacéutica planea deshacerse de la firma de Monsanto, ya que esta empresa “tiene mal nombre”, mientras que los alemanes gozan de buena fama por haber inventado la aspirina.

Sin embargo, Bayer ha enfrentado juicios millonarios a lo largo de su historia. El más reciente en Argentina tuvo que ver con la droga para el tratamiento del colesterol, comercialmente conocida como Lipobay, que causó la muerte de un centenar de personas.

En ese caso, decidieron no incluir los efectos adversos en el prospecto del medicamento, haciendo caso omiso a reglamentaciones locales e internacionales en materia de salud colectiva. Personas físicamente saludables que fueron recetadas con este medicamento quedaron inválidas de por vida. El laboratorio tuvo que retirar en 2001 este medicamento del mercado en todo el mundo.

Luego de este “traspié”, las acciones de Bayer empezaron a descender en la bolsa. La firma entonces recurrió a la compra del laboratorio Schering, adquiriendo la línea de productos anticonceptivos y oncológicos probados, que le permitieron levantar su decaída imagen y continuar con sus exorbitantes ganancias.

Diagonal

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Unión Fenosa plantea “controversia” a Colombia en el marco del Acuerdo de Inversiones

Gas Natural Fenosa (GNF), cuyo presidente es Salvador Gabarró Serra, solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre este país y España, para encontrar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”.

En un comunicado de prensa divulgado desde Barcelona, Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, aseguran que “han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia”.

“En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo” sobre Electricaribe, que tiene grandes problemas en la prestación de su servicio.

La compañía española ha reiterado “su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la Región Caribe”, señala la comunicación.

La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en siete departamentos de la Costa, donde atienden a 2,5 millones de clientes, es objeto de protestas desde hace varios meses por las fallas en el servicio.

Las compañías del grupo Gas Natural, que tienen una participación accionarial del 85% en Electricaribe señalaron que Colombia es un mercado en crecimiento que cada vez más se constituye como un hub de operaciones de compañías. “La protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indica la empresa española.

Electricaribe viene estando en el ojo del huracán luego de que la Contraloría General de la República revelara hallazgos fiscales por 65.733 millones de pesos en los contratos del Ministerio de Minas y Electricaribe para la ejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone.

La compañía respondió ante los detrimentos patrimoniales asegurando que los recursos entregados por el Gobierno Nacional se encontraban en las Fiducias. Sin embargo, tras un nuevo informe de la CGR, se indicó que apenas 7.734 millones de pesos se encontraban asegurados. El resto de recursos, que corresponden a 133.401 millones de pesos, fueron girados a terceros.

Ante la coyuntura, gremios políticos convocaron a un debate en la Cámara de Representantes para solicitar al presidente Juan Manuel Santos que se interviniera a la empresa de energía, y se abriera el camino para un cambio de operador.

El pasado jueves, gobernadores de la Costa Caribe reunidos en Cartagena reiteraron el pedido de intervención de la compañía, aunque esa situación llegara a afectar las relaciones con España. “Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan”, dijo tras la reunión el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos.

Según un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo, la deuda de los entes territoriales de los departamentos con esta compañía, que supera los 18.000 millones de pesos (unos 5,2 millones de euros), “implica un riesgo para la prestación del servicio” en La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.

Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que se les suspendan los servicios básicos, con lo que a las pérdidas millonarias por impago y por las conexiones ilegales se suman un problema de regulación.

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Alerta de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

Otra controversia que se generó en las últimas semanas tuvo su origen en la advertencia del director de la FND, Amylkar Acosta, sobre un “inminente” apagón en la Región Caribe.

Argumentó que “el promedio de horas de cortes de energía en los hogares en la región Caribe se elevó a las 90 horas/año, doblando el promedio nacional que ronda las 45,5 horas/año”, según la información de "Barranquilla Cómo Vamos". A esto se suma el hecho que el 70% del total de las acciones interpuestas por los usuarios a la Superintendencia de Servicios Públicos, dirección territorial norte, está relacionada con Electricaribe.

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El gran negocio de la seguridad fronteriza

Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.

Los conflictos en Oriente Medio han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado, donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000 sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el punto más caliente de esta crisis.

La Unión Europea (UE), lejos de ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en este operativo.

Esta estrategia ‘antimafia’ quedó expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea (CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.

Industria militar

Pese a las medidas tomadas y al incremento en el presupuesto utilizado para este fin, han desaparecido unas 10.000 personas en el Mediterráneo en los tres últimos años, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, lo que demuestra que la respuesta de las instituciones europeas ante la crisis migratoria sólo tiene un beneficiario: la industria armamentística y de defensa.

Según el informe Guerras de frontera, realizado por el Transnational Institute, el mercado de la seguridad fronteriza está en pleno auge. El dinero que mueve, según el informe, se estima en unos 15.000 millones de euros en 2015, y se prevé que aumente hasta superar los 29.000 millones de euros anuales en 2022. Asimismo, la financiación de la UE para seguridad en las fronteras supondrá 4.500 millones de euros entre 2004 y 2020, con un notable crecimiento en los dos últimos años.

Este presupuesto, utilizado para la política europea de seguridad fronteriza, está dominado por grandes empresas de la industria armamentística. Todas ellas han expandido o creado divisiones comerciales dedicadas a las seguridad y la defensa, identificando este mercado y su potencial como uno de “los principales impulsores del aumento de pedidos e ingresos”, tal y como afirma el gigante de armas italiano Finmeccanica. El lobby armamentístico es uno de los más potentes y de los que más invierten en influenciar las políticas y las decisiones tomadas en Bruselas en materia de defensa y control migratorio de las fronteras europeas.

Esta presión y el cambio en las políticas de defensa de la UE han dado como resultado cuantiosos beneficios para esta industria mediante la concesión de contratos públicos para gestionar la defensa de las fronteras. Entre las empresas beneficiadas se encuentran varias españolas que han sacado gran tajada de los contratos del Frontex y del Gobierno de España.

“Europa se está deshumanizando. Las políticas europeas de migración y asilo están puramente centradas en el blindaje y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano el respeto a los derechos humanos y a las vidas humanas. La Unión Europea debe dar un giro radical al enfoque de estas políticas y poner en el centro de las mismas a las personas y sus derechos. Si esto no ocurre, miles de personas seguirán perdiendo sus vidas en el intento de obtener protección en un país seguro”, afirma Nuria Díaz, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el año 2016, el presupuesto total para políticas de asilo ha sido de 75 millones de euros, unas migajas en comparación con el presupuesto de las empresas privadas de seguridad.

Frontex

El 15 de diciembre de 2015 se anunció la creación de una nueva fuerza policial fronteriza que absorbería al Frontex, la agencia encargada hasta ahora de coordinar la seguridad en las fronteras de Europa, con la intención de garantizar una gestión rigurosa y compartida de los límites exteriores de Europa. La CE demuestra su apuesta en este proyecto con el incremento del presupuesto destinado a este organismo en los últimos años. Desde 2011, el Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado una mayor independencia a la hora de contratar a empresas privadas para la gestión de las fronteras o para la adquisición de material. Los fondos destinados a la agencia se han incrementado un 67,3% en un solo año, al pasar de los 142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los 238,7 millones presupuestados para 2016. El incremento es aún más significativo –un 6.388% en 11 años– si lo comparamos con los 6,3 millones de presupuesto anual con los que el Frontex arrancaba en 2005.

Las principales empresas que se benefician de los contratos licitados del Frontex son las mismas empresas armamentísticas y de defensa que siguen manteniendo un lucroso beneficio con la venta de armas a Oriente Medio y el norte de África, de donde provienen la mayoría de los refugiados que llegan a nuestras fronteras. Empresas como Finmeccanica, Thales y Airbus, actores destacados del negocio de la seguridad en la UE, son también tres de las cuatro principales comerciantes de armas europeas. El grupo Safran y la española Indra también se encuentran en las primeras posiciones de ambos ránkings.

Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. En 2015, Arabia Saudí fue el mayor importador de armas del mundo junto con Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Qatar, Argelia, Israel y Turquía. En la década de 2005 a 2014, los Estados miembro de la UE otorgaron a las empresas armamentísticas euro­peas licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por valor de más de 82.000 millones de euros.

En España existe una próspera industria de armamento y defensa encabezada por la polémica empresa Indra, seguida por otras tecnológicas que ofrecen soluciones informáticas o sistemas de comunicación y detección de embarcaciones. Todas ellas han sacado gran tajada del presupuesto del Frontex.

Indra

Tal y como indica la propia empresa, “Indra es una compañía de referencia en el mercado mundial de la defensa y seguridad que participa en los programas de defensa europeos y españoles más avanzados. Sus sistemas de defensa aérea protegen, dentro del mando de la OTAN, el flanco sudoeste del continente europeo”. Durante 2015, la multinacional ingresó 540 millones de euros relacionados con la defensa, un 19% de sus ingresos totales. La compañía española ha sido una de las grandes beneficiadas por las licitaciones del Frontex.

En 2015, Indra, conformando una unión temporal de empresas que ella lideraba, obtuvo el “contrato marco para los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”, por valor de 10 millones de euros. El objetivo de este contrato es desarrollar el equipo técnico de Frontex en los vuelos de vigilancia marítima y de tierra “informando de objetos y eventos de interés al centro de coordinación del Frontex”. En abril de 2015 obtuvo un nuevo contrato de menor importe como parte del programa Copérnico para la mejora de la vigilancia de las fronteras mediante comunicaciones por satélite, por valor de 48.179 euros.

Además, la empresa tecnológica ha sido una de las principales beneficiarias de los proyectos de I+D financiados por la UE. Con estos programas se financia con fondos públicos el desarrollo de proyectos en tecnología de defensa. Indra obtuvo 8.106.544 euros para siete proyectos de I+D desde 2002.

A la vez que se beneficia de licitaciones y concesiones provenientes de la CE, Indra tiene presencia en torno a las mismas instituciones que deciden el gasto en defensa y control fronterizo. Según lo declarado en el registro de transparencia no obligatorio de los grupos de presión de la UE, la empresa española ha gastado cerca de un millón y medio de euros en los últimos años en intentar influir sobre las políticas de defensa de nuestras fronteras.

GMV y ATOS

GMV Aerospace and Defence SAU, una empresa española con sede en la localidad madrileña de Tres Cantos dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas y especializada en defensa y seguridad, es otra de las grandes beneficiadas por contratos de la agencia europea. En 2012 fue adjudicataria de un contrato de dos millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de Eurosur, una red de comunicación que, según la Comisión Europea, “permitirá a los Estados miembros estar mejor equipados para prevenir, detectar y combatir la inmigración ilegal”. En 2014 consiguió otro contrato de más de un millón de euros para el mantenimiento de esa misma red. Asimismo, entre los años 2011 y 2012, tan sólo en vigilancia de fronteras, se hizo con contratos por valor de casi un millón y medio de euros para sistemas de vigilancia.

La propia página web de la empresa indica que “en el año 2013 el Parlamento Europeo finalmente aprobó la legislación para el Eurosur, asumiendo el sistema desarrollado por GMV para Frontex y estableciendo las bases legales para la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el Frontex (…). Todo ello ayudará a salvar las vidas de las personas que entran en la Unión Europea de manera ilegal, especialmente a través del Mediterráneo”.

En 2013, en el marco de esa misma red, consiguió contratos por casi 12 millones de euros, lo que no ha impedido que en 2015 volvieran a obtener otro nuevo contrato de mantenimiento por algo más de dos millones de euros y otro de 243.000 euros para el desarrollo de nuevo software.

La facturación de la empresa en 2015 ha sido de 125,4 millones de euros, lo que nos da una idea de los enormes ingresos que los sistemas de defensa de fronteras suponen para GMV. En total, la empresa española ha obtenido contratos públicos del Frontex por valor de más de 19 millones de euros.

La división española de la multinacional tecnológica francesa ATOS también se ha beneficiado de los contratos de Frontex. La empresa fue la encargada de desarrollar, por valor de 578.378 euros, el Sistema de Posicionamiento de Frontex, un sistema único, automatizado e integrado para seguir activos desplegados en operaciones conjuntas.

Frontera sur

La defensa de la frontera sur de España también ha sido un gran nicho de mercado para muchas de estas empresas. Levantar vallas que impidan la entrada de migrantes, sistemas informáticos para la vigilancia o la venta de helicópteros de control fronterizo han sido algunos de los servicios por los que muchas compañías han hecho caja a costa de las arcas públicas y de la política de control fronterizo del Gobierno de España.

Entre la Jefatura de la Guardia Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial repartieron contratos por valor de 6.340.000 euros para la “adquisición de material para prevenir los pasos fronterizos en España”. El grueso de estas adjudicaciones se las llevaron los astilleros asturianos Gondan SA y Auxiliar Naval del Principado SA para la construcción de buques. Aunque también se pueden encontrar contratos que, a pesar de ser de menor monto, llaman la atención, como el concedido a Prosescan SAU por valor de 72.500 euros para la adquisición de un equipo de detección de latidos para la Guardia Civil de Granada. Otro contrato adjudicado a la empresa Saborit Internacional concedió más de 50.000 euros por la adquisición de cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada.

Entre 2007 y 2012, el Gobierno español gastó en control fron­terizo más de 155 millones de euros, que repartió en contratos a empresas en su mayoría privadas. Algunas de las que sacaron una mayor tajada de estas licitaciones son las mismas que aparecen en las licitaciones del Frontex.

En el mismo periodo, Indra se llevó contratos por valor de más de 34 millones en gran medida por la instalación y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). El SIVE es un sistema que ayuda a identificar embarcaciones y sus tripulantes. Fue creado inicialmente por la empresa española Amper, y mejorado por ATOS, que creó la primera Unidad Móvil. Indra es una de sus grandes comercializadoras.

Además de estos contratos, Indra y la consultora tecnológica Amper obtuvieron en 2012 otros por valor de más de 13 millones de euros para la adquisición e instalación de sistemas de vigilancia por sensores para las costas españolas. Amper, por su lado, se adjudicó contratos para suplir con este tipo de materiales por valor de 22,6 millones.

Pero la empresa que más ha ganado en el mercado español de la defensa de las fronteras es Airbus. Entre Eurocopter España (helicópteros) y EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus Military) facturó más de 252 millones entre 2009 y 2012. De esta cantidad, la filial dedicada a la fabricación de helicópteros ha sido la que ha obtenido un mayor beneficio de las arcas públicas, ya que firmó contratos por valor de 186 millones entre 2009 y 2012 para la venta y mantenimiento de 23 helicópteros usados para el control fronterizo.

En 2014 ganó un concurso por más de tres millones y medio de euros sólo para repuestos de helicópteros. Asimismo, consiguió 11.850.000 euros por el mantenimiento del software de las máquinas. Finalmente, se llevó casi tres millones por el mantenimiento de helicópteros.

En cuanto a EADS CASA, hoy integrado en Airbus, vendió dos aviones dedicados al control fronterizo para la Guardia Civil por 50 millones. A esa cantidad se le han sumado otros 15 millones de euros hasta 2012 en mantenimiento y equipamiento de tierra. Ese mismo año consiguió un millón de euros para el mantenimiento de helicópteros construidos por ella misma.

ATOS ha sido otra de las grandes beneficiadas de las políticas de seguridad de nuestras fronteras. En 2011 y 2012, la empresa se adjudicó varios contratos por valor de 24 millones de euros. El grueso de estas licitaciones corresponde a dos contratos que sumaban cerca de 21 millones de euros para implementar y mantener el sistema SIVE. Entre 2014 y 2015, la empresa obtuvo casi diez millones de euros, de los cuales ocho han sido gastados en SIVE y casi dos en otros sistemas de vigilancia, como equipamiento para buques.

Las vallas

La valla que separa Ceuta de Marruecos fue construida en 2005 por Dragados, del grupo ACS, quien obtuvo la licitación de la construcción por casi cinco millones de euros. Entre ese año y 2009 ingresó otros 13 millones por el mantenimiento y reparación de la misma.

A partir de 2010, es la empresa constructora y de servicios Ferrovial Agroman quien se hace cargo del mantenimiento y reparación de la valla, así como de las mejoras –en las que se incluye el incremento de altura de ésta–, ingresando hasta 2014 cerca de ocho millones de euros.

En el caso de la valla de Melilla, Indra ingresa entre 2005 y 2006 casi 21 millones de euros por la construcción e instalación de 7.600 metros de valla fronteriza. Entre 2007 y 2009 cobra a las arcas públicas 6,3 millones de euros por el mantenimiento y reparación de la valla. Y en 2011 se asocia temporalmente con la empresa Sallen para la realización de estas tareas de mantenimiento por valor de casi cuatro millones de euros.

Por el mantenimiento y limpieza de la valla de Melilla, la empresa de servicios Eulen se llevó casi cinco millones de euros en 2014. Además, ganó en 2015 la gestión de la limpieza del puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, por casi 300.000 euros.

Concertinas de la Marca España

European Security Fencing, del grupo Mora Salazar, que alardea de ser la mayor empresa de venta de este tipo de alambre con cuchillas de toda Europa, se adjudicó la instalación de las concertinas en las dos vallas españolas. Sus cuchillas se han instalado en las vallas de Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos o Turquía, todo un orgullo de la ‘Marca España’. Para la valla de Melilla, la empresa instaló concertinas por valor de 700.000 euros. Para la de Ceuta fueron 405.000 euros.

El lucro de los vuelos de la vergüenza

Air Europa y Swiftair han ganado el concurso de los vuelos de deportación de migrantes reiteradamente. En 2012 ingresaron casi 12 millones de euros de manera negociada. Y en 2015 obtuvieron otros 12 millones, aunque esta vez de manera pública. Las compañías cobran entre 8.750 y 20.300 euros por vuelo, dependiendo de su capacidad, además de entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra. En 2016 han obtenido por estos vuelos unos 660.000 euros al mes. En total, estas empresas han ganado 36 millones de euros de dinero público para realizar los vuelos de la vergüenza.

Yago Álvarez y Genoveva López

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