En 2003, la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional
contra la Corrupción a fin de aumentar la sensibilización respecto de la
corrupción para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar
la corrupción señalando a todos los actores que participan en ella, y en este
sentido, los "sobornadores" -grandes empresas que recurren a sobornos
para obtener contratos públicos y negocios ventajosos- también tienen una buena
parte de responsabilidad.
A día de hoy, la corrupción en
España es un hecho extendido “si limitamos su comprensión únicamente a lo que
jurídicamente presenta menos dudas: el cohecho, la malversación de caudales
públicos y el tráfico de influencias, etc.” comenta Santiago Álvarez Cantalapiedra,
director de FUHEM
Ecosocial, que califica la corrupción como “síntoma de una enfermedad social”. Por eso se necesita una
mirada amplia para analizarla desde el punto de vista de los corruptos, pero
también de los corruptores y otros factores que influyen en la propagación de
este fenómeno.
Corrupción, calidad de la democracia
y beneficios económicos
“La corrupción más grave se da
cuando los políticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento
al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el interés
público”, dice Federico Aguilera Klink
Para el catedrático de Economía,
hay una serie de requisitos necesarios para que esta traición a la comunidad se
dé: que el sistema político sea básicamente bipartidista (en el que hay un
acuerdo tácito del bipartito para no beneficiar al interés público sino a los
poderosos) y el conjunto de personas que los forman acepten que su trabajo en
política consiste en traicionar a la ciudadanía beneficiando a los grandes
intereses empresariales. Por otra parte, tener unos medios de comunicación
serviles con el gobierno y con los intereses empresariales. También hace falta
una mayoría social enajenada por esos medios para que no osen salirse de la
“normalidad democrática” y una minoría disidente que es descalificada por
políticos y por esos medios.
Por ejemplo, Teresa Medina,
profesora de Derecho Administrativo en la universidad de Burgos, alerta que de
los numerosos escándalos están relacionados con la contratación pública. “A
pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para hacer frente a
la corrupción en la contratación pública, no podemos desconocer que las
obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las
instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por
quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su
aplicación”, analiza la profesora.
Pero, ¿por qué siempre que se
analiza el fenómeno de la corrupción se pone el acentuen el corrompido y muy
poco en el que actúa como corruptor? Óscar Carpintero, profesor de economía
aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el
concepto de corrupción hacia el ámbito de lo público, se dejan de lado todos
los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social
claro. “Muchas empresas recurren a prácticas de corrupción que violan el marco
institucional y que afectan positivamente a su cuenta de resultados que lleva a
que incluso se llegue a hablar de “corrupción eficiente” que, lejos de
descalificar este tipo de comportamientos, los han justificado amparándose en
argumentos de “lógica económica””, dice Carpintero.
Un dato: Las empresas españolas
aparecían en 2008 como las segundas (después de las empresas chinas de una
muestra de 22 países) que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos
para obtener contratos públicos o negocios ventajosos en América Latina, y las
terceras con mayor probabilidad (después de las empresas chinas e italianas)
cuando se trataba de recurrir a sobornos en los países de Europa y Estados
Unidos.
Y es que las empresas transnacionales
tienen mucho que ver en esta “arquitectura de la impunidad”, tal y como lo
llaman Erika González y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL (Observatorio de
Multinacionales en América Latina). Esta arquitectura jurídica de la impunidad
se produce por la vinculación político-económica existente entre los Estados
centrales y las empresas multinacionales, que les permiten configurar políticas
y legislaciones favorables a sus propios intereses económicos. Según analizan,
la corrupción como modus operandi es una práctica habitual de las grandes
multinacionales españolas y de buena parte de la clase político-empresarial que
gobierna, y es una dinámica que se remonta a los inicios del desarrollismo
franquista.
Desde OMAL, hacen una serie de
propuestas de control ante estos hechos: Prohibir la circulación sin obstáculos
de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado,
la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas, el soborno y
otras prácticas de corrupción. Por otra parte, obligar a gobiernos y
parlamentos a someter a consultas con las empresas, grupos de presión,
movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, la
toma de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado
de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas
y otros actores que operan en los mercados financieros. Y finalmente, aprobar
normas sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de
capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión
(hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la
retribución de los altos directivos y el secreto bancario, la sanción a los flujos
ilícitos de capital.
El lobby: una forma de corrupción
“legal”
Una de esas formas de corrupción
“legal” puede ser el trabajo de lobby. Ese trabajo de presión política para
diseñar leyes que favorecen intereses económicos privados dañan al interés
general. Manuel Villoria, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, la
califica como “una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables
y dañinas” y enumera algunas de las prácticas relacionadas con los lobby que
pueden suponer riesgos de corrupción o prácticas no éticas: Financiación de
partidos políticos para obtener regulaciones beneficiosas cuando los partidos
acceden al gobierno; puertas giratorias; captura regulatoria y técnica (control
de los grupos de expertos, financiación de investigación sesgada o de congresos
y reuniones profesionales a cambio de apoyo a los intereses de los
financiadores); adopción de normas que generan voluntariamente lagunas o
loopholes para evitar los verdaderos controles o normas que debilitan las
restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de fachada
(window dressing), entre otras muchas más prácticas.
De hecho, otro de los principales
obstáculos a la detección de este tipo de prácticas es la privatización de la
regulación. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un
negocio para las empresas privadas. José Antonio Estévez Araujo, catedrático de
filosofía del derecho en la Universitat de Barcelona, dice que la propia
corrupción se ha ’legalizado’ y que actividades que habrían sido consideradas
deshonestas hace unas décadas ahora son vistas como ’buenas prácticas’. “La
ideología legitimadora de la privatización de la regulación se ha convertido en
un nuevo ’sentido común’ en el ámbito de la gestión de las políticas públicas.
Y el discurso de la gobernanza constituye el núcleo de esa nueva ideología”,
añade.
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