Cientos de familias desplazadas
por el embalse de Baixo Iguazó y la represa de Belo Monte protestan ante la
falta de alternativas para su reasentamiento.
Alrededor de 150 familias
acamparon el a principios de septiembre en la entrada de las obras del embalse
Baixo Iguazó, en Paraná (Brasil), ante la cancelación por parte de la empresa
Geração Céu Azul –en la que Iberdrola participa en un 70% a través de su marca
Neoenergía– de las negociaciones sobre el precio del suelo y el reasentamiento
de las familias que serán desplazadas por la hidroeléctrica. Decenas de
personas más se concentraron el lunes 25 de septiembre frente a la sede del
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama),
en Altamira, en protesta por la otra gran infraestructura en marcha en este
país, la represa de Belo Monte, en el Estado de Pará, y para presionar por el
derecho a la vivienda de las cerca de 500 familias afectadas por este proyecto.
“Neoenergía está infringiendo
varios derechos humanos, entre ellos el derecho a una justa negociación”,
denuncian desde Ecologistas en Acción. “Ocupar y resistir es la única forma que
tenemos nosotros los afectados de ser oídos; esperamos algo de vuelta, pues
cuando el agua cubra mi casa ya no harán nada, y eso es lo que la empresa
Neoenergía quiere”, explica uno de los campesinos afectados por la construcción
del embalse de Baixo Iguazó.
Las obras de este proyecto ya
están completas en un 60%, sin embargo, aún no han garantizado a las familias
afectadas el reasentamiento. Por el contrario, según denuncian desde
Ecologistas en Acción, desde el consorcio Geração Céu Azul han enviado
comunicados en los que criminalizan a las familias afectadas y la empresa
afirma haber estado siempre “abierta al diálogo”, a pesar de que canceló
reuniones sin avisar previamente a familias que tuvieron que desplazarse hasta
500 kilómetros.
Hasta entonces, el consorcio del
que forma parte Iberdrola había ofrecido once zonas de reasentamiento de menor
capacidad de la zona que quedará inundada por el embalse y que desde la empresa
brasileña que acompaña a Iberdrola en el proyecto, Copel, advirtieron que
prácticamente las once zonas ofrecidas son inadecuadas para el reasentamiento
por sus características topográficas y la mala calidad del suelo. En su
comunicado, el consorcio también amenaza a las familias con tomas “medidas”
para hacer rendir cuentas a los culpables frente a posibles daños en la obra.
Las protestas en Baixo Iguazó
fueron sofocadas el día después –6 de septiembre– por la Policía Militar de
Paraná, que desalojó los campamentos montados por las familias afectadas tras
unas cargas con balas de goma y gas lacrimógeno en las que varias personas
fueron heridas, y hospitalizadas. Una semana después, un millar de personas se
manifestaron en los municipios de Capanema y Capitán leonidas Marques, cerca de
Baixo Uguaxó, para denunciar la violencia policial y la actitud de Neoenergía.
Tras las manifestaciones, las familias afectadas consiguieron una nueva reunión
para definir nuevas áreas de reasentamiento.
Por su parte, los afectados de la
represa de Belo Monte, a consecuencia de las obras han sido trasladados a la
zona pantanosa de Altamira, donde viven sin agua potable y sin tratamiento de
las aguas residuales. Las obras de Belo Monte también han provocado que el
precio de los alquileres de viviendas en la zona se multipliquen por diez,
pasando de los 200 reales (55 euros) a los 1.500 (412 euros).
Iberdrola comenzó su línea de
negocio en Brasil hace dos décadas, con la adquisición de empresas de
distribución y producción eléctrica, según señalan desde Ecologistas en Acción.
Además de la participación en Belo Monte y Baixo Iguazó, la hidroeléctrica española
está presente en la infraestructura de Teles Pires y en el proyecto, ahora
suspendido, de Tapajós.
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