Los conflictos en Oriente Medio
han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso
de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6
millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado,
donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000
sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el
punto más caliente de esta crisis.
La Unión Europea (UE), lejos de
ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la
guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal
problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando
considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al
fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en
este operativo.
Esta estrategia ‘antimafia’ quedó
expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea
(CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros
países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los
traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es
esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de
hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En
España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también
ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes
del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros
anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a
muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.
Industria militar
Según el informe Guerras de
frontera, realizado por el Transnational Institute, el mercado de la seguridad
fronteriza está en pleno auge. El dinero que mueve, según el informe, se estima
en unos 15.000 millones de euros en 2015, y se prevé que aumente hasta superar
los 29.000 millones de euros anuales en 2022. Asimismo, la financiación de la
UE para seguridad en las fronteras supondrá 4.500 millones de euros entre 2004
y 2020, con un notable crecimiento en los dos últimos años.
Este presupuesto, utilizado para
la política europea de seguridad fronteriza, está dominado por grandes empresas
de la industria armamentística. Todas ellas han expandido o creado divisiones
comerciales dedicadas a las seguridad y la defensa, identificando este mercado
y su potencial como uno de “los principales impulsores del aumento de pedidos e
ingresos”, tal y como afirma el gigante de armas italiano Finmeccanica. El
lobby armamentístico es uno de los más potentes y de los que más invierten en
influenciar las políticas y las decisiones tomadas en Bruselas en materia de
defensa y control migratorio de las fronteras europeas.
Esta presión y el cambio en las
políticas de defensa de la UE han dado como resultado cuantiosos beneficios
para esta industria mediante la concesión de contratos públicos para gestionar
la defensa de las fronteras. Entre las empresas beneficiadas se encuentran
varias españolas que han sacado gran tajada de los contratos del Frontex y del
Gobierno de España.
“Europa se está deshumanizando.
Las políticas europeas de migración y asilo están puramente centradas en el
blindaje y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano el
respeto a los derechos humanos y a las vidas humanas. La Unión Europea debe dar
un giro radical al enfoque de estas políticas y poner en el centro de las
mismas a las personas y sus derechos. Si esto no ocurre, miles de personas
seguirán perdiendo sus vidas en el intento de obtener protección en un país
seguro”, afirma Nuria Díaz, responsable de comunicación de la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el año 2016, el presupuesto total para
políticas de asilo ha sido de 75 millones de euros, unas migajas en comparación
con el presupuesto de las empresas privadas de seguridad.
Frontex
Las principales empresas que se
benefician de los contratos licitados del Frontex son las mismas empresas
armamentísticas y de defensa que siguen manteniendo un lucroso beneficio con la
venta de armas a Oriente Medio y el norte de África, de donde provienen la
mayoría de los refugiados que llegan a nuestras fronteras. Empresas como
Finmeccanica, Thales y Airbus, actores destacados del negocio de la seguridad
en la UE, son también tres de las cuatro principales comerciantes de armas
europeas. El grupo Safran y la española Indra también se encuentran en las
primeras posiciones de ambos ránkings.
Según el instituto de
investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio
aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. En 2015, Arabia Saudí fue el
mayor importador de armas del mundo junto con Egipto, los Emiratos Árabes
Unidos, Iraq, Qatar, Argelia, Israel y Turquía. En la década de 2005 a 2014,
los Estados miembro de la UE otorgaron a las empresas armamentísticas europeas
licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por
valor de más de 82.000 millones de euros.
En España existe una próspera
industria de armamento y defensa encabezada por la polémica empresa Indra,
seguida por otras tecnológicas que ofrecen soluciones informáticas o sistemas
de comunicación y detección de embarcaciones. Todas ellas han sacado gran
tajada del presupuesto del Frontex.
Indra
En 2015, Indra, conformando una
unión temporal de empresas que ella lideraba, obtuvo el “contrato marco para
los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”, por valor de 10
millones de euros. El objetivo de este contrato es desarrollar el equipo
técnico de Frontex en los vuelos de vigilancia marítima y de tierra “informando
de objetos y eventos de interés al centro de coordinación del Frontex”. En
abril de 2015 obtuvo un nuevo contrato de menor importe como parte del programa
Copérnico para la mejora de la vigilancia de las fronteras mediante
comunicaciones por satélite, por valor de 48.179 euros.
Además, la empresa tecnológica ha
sido una de las principales beneficiarias de los proyectos de I+D financiados
por la UE. Con estos programas se financia con fondos públicos el desarrollo de
proyectos en tecnología de defensa. Indra obtuvo 8.106.544 euros para siete
proyectos de I+D desde 2002.
A la vez que se beneficia de
licitaciones y concesiones provenientes de la CE, Indra tiene presencia en
torno a las mismas instituciones que deciden el gasto en defensa y control
fronterizo. Según lo declarado en el registro de transparencia no obligatorio
de los grupos de presión de la UE, la empresa española ha gastado cerca de un
millón y medio de euros en los últimos años en intentar influir sobre las
políticas de defensa de nuestras fronteras.
GMV y ATOS
La propia página web de la
empresa indica que “en el año 2013 el Parlamento Europeo finalmente aprobó la
legislación para el Eurosur, asumiendo el sistema desarrollado por GMV para
Frontex y estableciendo las bases legales para la cooperación entre los Estados
miembros de la UE y el Frontex (…). Todo ello ayudará a salvar las vidas de las
personas que entran en la Unión Europea de manera ilegal, especialmente a
través del Mediterráneo”.
En 2013, en el marco de esa misma
red, consiguió contratos por casi 12 millones de euros, lo que no ha impedido
que en 2015 volvieran a obtener otro nuevo contrato de mantenimiento por algo
más de dos millones de euros y otro de 243.000 euros para el desarrollo de
nuevo software.
La facturación de la empresa en
2015 ha sido de 125,4 millones de euros, lo que nos da una idea de los enormes
ingresos que los sistemas de defensa de fronteras suponen para GMV. En total,
la empresa española ha obtenido contratos públicos del Frontex por valor de más
de 19 millones de euros.
La división española de la
multinacional tecnológica francesa ATOS también se ha beneficiado de los contratos
de Frontex. La empresa fue la encargada de desarrollar, por valor de 578.378
euros, el Sistema de Posicionamiento de Frontex, un sistema único, automatizado
e integrado para seguir activos desplegados en operaciones conjuntas.
Frontera sur
Entre la Jefatura de la Guardia
Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial repartieron
contratos por valor de 6.340.000 euros para la “adquisición de material para
prevenir los pasos fronterizos en España”. El grueso de estas adjudicaciones se
las llevaron los astilleros asturianos Gondan SA y Auxiliar Naval del Principado
SA para la construcción de buques. Aunque también se pueden encontrar contratos
que, a pesar de ser de menor monto, llaman la atención, como el concedido a
Prosescan SAU por valor de 72.500 euros para la adquisición de un equipo de
detección de latidos para la Guardia Civil de Granada. Otro contrato adjudicado
a la empresa Saborit Internacional concedió más de 50.000 euros por la
adquisición de cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada.
Entre 2007 y 2012, el Gobierno
español gastó en control fronterizo más de 155 millones de euros, que repartió
en contratos a empresas en su mayoría privadas. Algunas de las que sacaron una
mayor tajada de estas licitaciones son las mismas que aparecen en las
licitaciones del Frontex.
En el mismo periodo, Indra se
llevó contratos por valor de más de 34 millones en gran medida por la
instalación y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE). El SIVE es un sistema que ayuda a identificar embarcaciones y sus
tripulantes. Fue creado inicialmente por la empresa española Amper, y mejorado
por ATOS, que creó la primera Unidad Móvil. Indra es una de sus grandes
comercializadoras.
Además de estos contratos, Indra
y la consultora tecnológica Amper obtuvieron en 2012 otros por valor de más de
13 millones de euros para la adquisición e instalación de sistemas de
vigilancia por sensores para las costas españolas. Amper, por su lado, se
adjudicó contratos para suplir con este tipo de materiales por valor de 22,6
millones.
Pero la empresa que más ha ganado
en el mercado español de la defensa de las fronteras es Airbus. Entre
Eurocopter España (helicópteros) y EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus
Military) facturó más de 252 millones entre 2009 y 2012. De esta cantidad, la
filial dedicada a la fabricación de helicópteros ha sido la que ha obtenido un
mayor beneficio de las arcas públicas, ya que firmó contratos por valor de 186
millones entre 2009 y 2012 para la venta y mantenimiento de 23 helicópteros
usados para el control fronterizo.
En 2014 ganó un concurso por más
de tres millones y medio de euros sólo para repuestos de helicópteros.
Asimismo, consiguió 11.850.000 euros por el mantenimiento del software de las
máquinas. Finalmente, se llevó casi tres millones por el mantenimiento de helicópteros.
En cuanto a EADS CASA, hoy
integrado en Airbus, vendió dos aviones dedicados al control fronterizo para la
Guardia Civil por 50 millones. A esa cantidad se le han sumado otros 15
millones de euros hasta 2012 en mantenimiento y equipamiento de tierra. Ese
mismo año consiguió un millón de euros para el mantenimiento de helicópteros
construidos por ella misma.
ATOS ha sido otra de las grandes
beneficiadas de las políticas de seguridad de nuestras fronteras. En 2011 y
2012, la empresa se adjudicó varios contratos por valor de 24 millones de
euros. El grueso de estas licitaciones corresponde a dos contratos que sumaban
cerca de 21 millones de euros para implementar y mantener el sistema SIVE.
Entre 2014 y 2015, la empresa obtuvo casi diez millones de euros, de los cuales
ocho han sido gastados en SIVE y casi dos en otros sistemas de vigilancia, como
equipamiento para buques.
Las vallas
A partir de 2010, es la empresa
constructora y de servicios Ferrovial Agroman quien se hace cargo del
mantenimiento y reparación de la valla, así como de las mejoras –en las que se
incluye el incremento de altura de ésta–, ingresando hasta 2014 cerca de ocho
millones de euros.
En el caso de la valla de
Melilla, Indra ingresa entre 2005 y 2006 casi 21 millones de euros por la
construcción e instalación de 7.600 metros de valla fronteriza. Entre 2007 y
2009 cobra a las arcas públicas 6,3 millones de euros por el mantenimiento y
reparación de la valla. Y en 2011 se asocia temporalmente con la empresa Sallen
para la realización de estas tareas de mantenimiento por valor de casi cuatro
millones de euros.
Por el mantenimiento y limpieza
de la valla de Melilla, la empresa de servicios Eulen se llevó casi cinco
millones de euros en 2014. Además, ganó en 2015 la gestión de la limpieza del
puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, por casi 300.000 euros.
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vergüenza
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