El grupo español Cobra-ACS,
presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura en
Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está
construyendo un complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como
proyecto Renace que, según la ONG Alianza por la Solidaridad, está afectando
gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de la zona.
La obra, que se realiza a lo
largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en marcha
sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como
exige el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según denuncia la ONG, el flujo de
agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a las
comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía
eléctrica o el acceso al agua potable.
Para denunciar la situación, la
ONG ha puesto en marcha la campaña Tierra, que pretende recoger 10.000
firmas en solidaridad con los afectados por la obra, y que se harán llegar a la
compañía española y a su máximo responsable. El objetivo de la recogida de
firmas es apoyar a la ONG local Madreselva, que lucha por los derechos
ambientales y de las comunidades indígenas en Guatemala.
“Lo curioso de todo este asunto
es que quisimos conocer el proyecto de primera mano porque se nos decía que era
un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Que todo el mundo estaba contento y
que no había conflicto alguno”, cuenta Rosa M. Tristán, de Alianza por la
Solidaridad. “Cuando lo vimos con nuestros ojos no dábamos crédito: aquello era
un auténtico desastre. En el río, al que habitualmente acudían los habitantes
de la zona a coger agua, pescar o lavar, prácticamente no queda cauce. Atrapan
el agua y la van soltando en determinados puntos. En los pocos kilómetros en
los que corre es imposible que quede biodiversidad alguna”.
Durante su visita a la zona, la
representante de la ONG consiguió reunirse con un representante de ACS. “No me
quiso decir prácticamente nada”, lamenta Tristán. “Básicamente, argumentan que
la responsabilidad del proyecto es de CMI, que es quien ha subcontratado a
Cobra-ACS. Y que estaban convencidos de que las cosas se están haciendo muy
bien. Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que ACS no puede lavarse las
manos. Los derechos humanos y medioambientales están por encima del beneficio
económico”.
Meandros legales y división entre
los indígenas
El proyecto Renace esconde una
importante trampa. Las distintas fases del complejo hidroeléctrico se han ido
aprobando con sus respectivos informes de impacto ambiental, lo que ha
minimizado los daños sobre el papel. “No es lo mismo afectar un tramo de río de
6 o 7 kilómetros, como se apuntaba en los informes de Renace 1 y Renace 2, que
hacerlo sobre un total de 30”, denuncia Tristán. A ello se le suma la absoluta
opacidad de la multinacional. “En su página web sólo hablan de las dos primeras
fases, cuando la 5 ya ha sido aprobada y, según Madreselva, ya está en marcha
la 6”, añade Tristán.
Al perjuicio que el proyecto
provoca se le suman las maniobras de propaganda que, según Alianza por la
Solidaridad, está llevando a cabo la empresa entre los indígenas. “Se les
regalan mochilas a los niños, se ponen carteles en los que se vanaglorian de
haber arreglado las carreteras que, evidentemente, les hacen falta para que
puedan pasar los camiones”, explica Tristán. “Y sobre todo, se vende que dan
trabajo a los habitantes de la zona. La realidad es que se trata de trabajos
temporales y muy poco cualificados. Los indígenas que aceptan colaborar con la
empresa trabajan en turnos de 15 días por un salario de unos 100 euros. La
mayoría apenas se dedican a redirigir el tráfico, casi nulo, que pasa por esas
carreteras. Con ello lo que se provoca son graves divisiones entre las
comunidades que se han opuesto al proyecto y las que han aceptado trabajar para
la empresa, cuyos miembros han firmado con la huella digital al no saber
escribir”.
Fuente: La Marea
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