Las multinacionales españolas son
de las que más utilizan este recurso, que el Tratado de Libre Comercio pretende
poner en el centro de las relaciones empresa-Estado. Se trata de un arbitraje
paralelo al poder judicial que es catalogado por expertos como "un ataque
a la soberanía de los pueblos".
España se encuentra en los
primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados,
que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al
margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes
empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país
en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España
ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y
solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol,
Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales
privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la
demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en
compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.
Un mecanismo llamado, por sus
siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de
los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada,
Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado
este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación
y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal
mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno
de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de
disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con
empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.
El informe se basa en los datos
públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores,
no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una
gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede
demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía,
obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes
indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las
multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el
Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones
tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90%
de los litigios pertenecen a este ámbito.
El segundo enfoque que aborda Justicia
privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado
español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años.
El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el
Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías
renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que
hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa",
a juicio de los autores del informe.
El documento señala tres ejemplos
ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con
Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa
contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las
actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013
(pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por
parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta
dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que
contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una
práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y
que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la
mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la
justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas
defiendan sus intereses.
El ISDS está "en el
centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los
acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de
la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la
Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos
procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están
dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los
abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los
tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes",
recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de
legitimidad democrática.
La portavoz de la campaña
#NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales
como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en
la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales
"frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para
defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema
como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe,
"impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente
democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en
sociedad".
La Comisión Europea organizó una
consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP.
El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de
Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de
"maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el
informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la
oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los
tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.
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