Ninguno de los presidentes de
ACS, FCC, Acciona o Ferrovial ha sido imputado en los diversos casos de
corrupción. Gürtel, Pujol, Acuamed... Los contratos públicos se encuentran en
el epicentro de estas tramas.
Toda una década al banquillo. Las
grandes empresas supervivientes del boom del ladrillo figuran como implicadas
en los grandes casos de corrupción de los últimos años: Gürtel, Púnica, Pujol o
Palau son algunas de las causas donde figuran las principales constructoras del
Ibex-35.
Sin embargo, ninguno de sus
presidentes ha sido procesado en las causas que se instruyen en los diversos
juzgados y tribunales de España, en especial en la Audiencia Nacional.
Los detenidos en las operaciones
suelen ser los segundos ’espadas’, directores generales o presidentes de
filiales. Pero las investigaciones nunca salpican a los presidentes de las
grandes constructoras, que aún forman parte del Ibex-35. Las corporaciones
suelen crear cortafuegos para evitar que sus consejos de administración se vean
salpicados por los escándalos de corrupción.
Sacyr, prescrito
Tan sólo Luis del Rivero,
expresidente de Sacyr, figuró como investigado por el escándalo de la caja B
del PP, -descubierto con los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas- pero no fue
procesado por donar 480.000 euros a dicho partido porque el delito había
prescrito.
La última operación, centrada en
la sociedad pública Acuamed, desvela la trama tejida entre las empresas
constructoras de grandes obras hidráulicas y los contratos públicos
supuestamente fraudulentos, como son los casos de FCC, Acciona, Befesa (filial
de Abengoa), Sogecosa y Altec (actual Altyum).
Entre los detenidos que declaran
este miércoles ante el juez central de instrucción Eloy Velasco se encuentran
el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y el director
general de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.
FCC: comisiones y supuestas
mordidas
La empresa FCC ya ha sido
involucrada en otras investigaciones que se realizan en la Audiencia Nacional,
como la trama de la Operación Púnica (de supuestos sobornos a políticos
autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas); así como en la
pieza separada que investiga la Caja B del PP dentro de los papeles de Luis
Bárcenas, extesorero de este partido y el caso abierto sobre los negocios de
Jordi Pujol Ferrusola.
Sin embargo, ni el magnate
mexicano Carlos Slim ni Esther Koplowitz han declarado nunca por los escándalos
de su empresa FCC. La compañía suele apartar a los directivos imputados en los
sucesivos escándalos.
Así ocurrió con uno de los
antecesores de Miguel Jurado, José Mayor Oreja, quien presidió FCC Construcción
entre 2001 y 2013. El nombre de Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, ex
europdiputado y el exministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, aparecía
en los papeles de Bárcenas, junto a dos supuestos pagos por un total de 165.000
euros a dicho partido.
FCC es una de las grandes
adjudicatarias de obras públicas, pero Mayor Oreja no fue procesado porque
nadie ha podido demostrar que estas donaciones de la empresa al PP fueran
finalistas; esto es, que hubieran consistido en un cohecho por un pago a cambio
de una adjudicación concreta. Mayor Oreja cesó en 2013 y fue sustituido por
Fernando Moreno quien ocupó el cargo durante una breve transición -se jubiló en
septiembre de 2014- para dar paso a su director general, Miguel Jurado, como
presidente.
FCC Construcciones también es
investigada en la Audiencia Nacional por supuestas comisiones ilegales pagadas
a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de supuestas labores de asesoría. La compañía
pagó 710.000 euros en 25 transferencias a través de una sociedad interpuesta
(Brandtrigde Holdings Limited) entre los años 2006 y 2009.
Dicha compañía aparece además en
el ’caso Innova’, centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus
y en el que aparecen como investigados (antiguos imputados) los últimos
responsables del Servicio Catalán de la Salud, así como por el intento de
soborno a concejales del ayuntamiento de Xàbia por la contrata del servicio de
basuras, entre otras causas abiertas.
Los supuestos sobornos y amaños
de Acciona
Acciona, cuyo director general de
la rama de Infraestructuras, , Justo Vicente Pelegrini, ha sido detenido por el
caso Acuamed, también aparece en otros casos de supuesta corrupción política.
sin que haya salpicado a su presidente, José Manuel Entrecanales.
Dos altos directivos de Acciona
están a punto de ser procesados por el ’caso Plaza’, sobre la construcción de
la Plataforma Logística de Zaragoza, por supuestos sobornos y amaños de contratos
públicos que comportaron una supuesta desviación de 365,58 millones de euros.
En esta causa, la administración
autonómica acaba de solicitar para los altos cargos de la UTE formada por
Acciona-MLN José María Jordán y Miguel Ángel Bretón un total de 14 años de
prisión para el primero y de 7 años de cárcel para el segundo. Para el ex
director de la obra de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha solicitado una pena de 6
años por malversación.
ACS y las tramas sin fronteras
Otro presidente, Florentino Pérez
(ACS), acudió como testigo a declarar en la Audiencia Nacional dentro del
sumario de la Operación Púnica, sobre supuestos sobornos a políticos a cambio
de contratos públicos. En este caso, declaró ante el juez por pagar 300.000
euros para un servicio de posicionamiento en redes sociales al conseguidor de
la trama Alejandro de Pedro.
A Florentino Pérez no le gustaron
las preguntas del instructor, Eloy Velasco, pero accedió a responderlas después
de que el magistrado expusiera con cierta ironía que era su obligación
hacérselas, porque era el juez. Entre ellas, se le preguntó si había financiado
irregularmente al PP.
ACS aparece en los famosos
papeles de Bárcenas porque habría pagado 30.000 euros para financiar la
reelección de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia.
Entre las 23 empresas que
aportaron dinero al PP se encuentran Aldesa, AZVI, Construcciones Rubau,
Constructora Hispánica, FCC, Grupo Bruesa, Grupo José Antonio Romero Polo,
Mercadona, OHL, Sacyr y Sando.
Las tramas no conocen de
fronteras y se extienden por toda España. ACS y su presidente han salido
indemnes de varios casos de corrupción, pero no así sus directivos.
La empresa ACS figura en el
centro de la investigación judicial sobre la autorización que le permitió
construir la plataforma de gas Castor (en Castellón) sobre una falla activa. El
fiasco de Castor, que ocasionó mil terremotos y que costará a los consumidores
españoles la friolera de 4.000 millones de euros, es investigado por un juzgado
de Vinaròs y ha sido abierta por los supuestos delitos de prevaricación
medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El presidente de la empresa
concesionaria de Castor (Escal UGS), Recaredo del Potro, ha declarado en la
causa que los terremotos sean debidos a las inyecciones de gas, sino que
representaron "una coincidencia en el tiempo con la inyección de
gas".
OHL y los casos ’Son Espases’ y
México
Juan Miguel Villar Mir,
presidente de la constructora OHL, tampoco ha sido procesado por ninguna causa
de corrupción. Sus supuestas donaciones a la Caja B del PP en el caso de los
papeles de Bárcenas han prescrito, al igual que en el caso del anterior
responsable de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero.
OHL está salpicada en el ’caso Son
Espases’ que investiga el juez de instrucción de Palma José Castro sobre la
construcción del mayor hospital de Baleares con dicho nombre.
Como si fuera un racimo de uvas,
esta causa ha abierto una vía de otra supuesta trama de corrupción en Cádiz,
donde aparecerían implicados funcionarios locales y directivos de constructoras
por la adjudicación de la red de alumbrado público y las señales de tráfico.
Además, directivos de la filial
en México de OHL aparecen en unas conversaciones grabadas sobre supuestos
sobornos a altos funcionarios del Estado de México para la concesión de obras
públicas en el país, donde la constructora se instaló en 2003. OHL México ha
presentado denuncia por las supuestas grabaciones ilícitas.
Ferrovial y el ’caso Palau’
Otra constructora del Ibex-35,
aparece vinculada al caso Palau: Ferrovial, cuyo directivo Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga se sentarán en el banquillo por supuestas mordidas a través del
Palau de la Música al que la constructora realizaba generosos patrocinios.
Según el escrito de acusación del
fiscal, Fèlix Millet y Jordi Montull se apropiaron de fondos públicos y
privados del Palau de la Música de Barcelona y crearon un "entramado
delictivo" junto a Ferrovial y cargos convergentes para la "financiación
ilícita" de CDC por medio de la adjudicación de obras públicas, como la
Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. La cuantía de la
supuesta financiación asciende a 5,1 millones de euros.
Los Sumarroca y el 3%
Otro caso que salpica a una
constructora es la famosa causa del 3% que investiga el juez de instrucción
número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavil. Está centrado en la
supuesta financiación irregular de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).
La empresa Teyco, de la familia
Sumarroca, es investigada por donar casi 370.000 euros a Fundació Catalanista i
Demòcrata (Catdem) y Fórum Barcelona, ambas vinculadas a CDC, así como a la
Fundación independentista Òmnium.
En este caso, el consejero
delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, es la excepción ya que figura como imputado
en la causa. La constructora ha negado cualquier pago irregular a CDC.
Las constructoras de los
Sumarroca fueron las que más adjudicaciones de contratos de obras públicas
recibieron durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat
catalana. Esta familia está muy vinculada a la de los Pujol, que son
investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de una supuesta
organización de corte criminal.
Público.es
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