El empresario mexicano Carlos
Slim anunció este viernes el lanzamiento de una oferta pública de adquisición
(opa) para hacerse con el 100% del capital de la constructora española FCC. La
operación se produce al haber alcanzado Slim una participación, entre directa e
indirecta, del 36,6% del capital, superando el límite del 30% a partir del cual
la ley obliga a lanzar una opa por la totalidad.
Slim, a través de su sociedad de
inversión Inversora Carso, ha realizado su oferta de compra a un precio por
acción de 7,6 euros, frente a los 6,59 euros a los que cerró la cotización de
FCC en la sesión del viernes, es decir, un euro más por título, y una prima del
15,3%. Este importe supone valorar la totalidad de la constructora en 2.879
millones de euros. Si Esther Koplowitz, socia de Slim, no acude a la opa con su
22,4% del capital, el magnate deberá desembolsar en torno a 1.400 millones de
euros en la operación para hacerse con el control mayoritario de FCC.
Carlos Slim llegó a FCC en
noviembre de 2014 con la compra del 25,6% de las acciones. En la última
ampliación de capital planteada el pasado mes de diciembre y ejecutada este
viernes, ha suscrito 40,32 millones de acciones, lo que ha elevado su
participación hasta el 29,558%. La ampliación ha supuesto en total la emisión
de 118,2 millones de acciones por un valor de 709,5 millones de euros, de los
que Slim ha desembolsado 241 millones.
Adicionalmente, Inversora Carso
se atribuye el 7,029% del capital de FCC que posee la sociedad Nueva Samede,
elevando sus derechos de voto, directa o indirectamente, hasta el 36,595%.
Nueva Samede es una sociedad instrumental de la empresaria Esther Koplowitz,
propietaria del 22,4% de FCC, a la que Slim le facilitó un préstamo para que
pudiera mantener el porcentaje de su participación tras la ampliación de
capital.
Este préstamo le otorga a Slim
los derechos de voto sobre esa participación del 7,029%. Fue precisamente este
acuerdo de financiación y el pacto entre Koplowitz y Slim para garantizarle a
este el control del consejo lo que ha motivado en el fondo el lanzamiento de la
opa.
La empresaria tiene ahora la
oportunidad de vender su participación en la constructora que fundara su padre,
Ernesto Koplowitz, pero, en fuentes del entorno de la empresa, se estima que no
tiene previsto acudir a la opa y desprenderse de ningún porcentaje del capital.
De esta forma, y si el resto de
accionistas acuden a la opa, Slim tendría que hacer un desembolso de 1.380
millones de euros por el 42% del capital que no está en manos de su sociedad
Inversora Carso y su socia Esther Koplowitz. El pago se hará en efectivo.
Opa sobre Portland
Asimismo, Slim, como accionista
de control de FCC, ha anunciado que propondrá al grupo lanzar una oferta
pública de exclusión sobre Cementos Portland, para que esta filial cementera,
de la que posee el 77,9% del capital, deje de cotizar en Bolsa. El empresario
mexicano ofrece 6 euros por cada acción de Portland que aún cotiza en Bolsa, un
precio que arroja una prima del 12,15% sobre su actual precio de cotización, y
supone una valoración de la participada de 310 millones de euros, por lo que el
desembolso por la operación alcanzaría los 70 millones de euros.
Además, Slim lanzó el pasado 27
de enero otra opa sobre la totalidad de las acciones de Realia, inmobiliaria
donde es el segundo accionista, con un 30,3%, por detrás de la propia FCC, que
posee otro 36,9%. El magnate mexicano ha fijado en 0,80 euros por título el
precio sobre la inmobiliaria, con una prima del 17,6% sobre el importe en que
cotizaba entonces el valor (los títulos de la compañía cerraron el viernes en
0,89 euros), valorando la sociedad en 370 millones de euros. El precio es
también un 38% superior a los 0,58 euros de la opa que lanzó el pasado año,
para arrebatarle a Hispania el control de Realia.
De esta forma, Slim consigue un
año después de su desembarco en la constructora española hacerse con el control
de todo el conglomerado (FCC, Portland y Realia) que en su día levantara la
familia Koplowitz. La opa llega el mismo día en que FCC ha presentado un
expediente de regulación de empleo (ERE) para 750 trabajadores de su división
de construcción en España, lo que supone el 15,6% de la plantilla de esta
filial.
El País
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