Los ministros de Defensa, Pedro
Morenés, y de Fomento, Ana Pastor, acuden a la recepción ofrecida por el
embajador de Arabia Saudí en España con motivo de su día nacional. Amnistía
Internacional acusa al régimen saudí, al que España vende armas, de crímenes de
guerra en Yemen. El AVE entre Medina y La Meca, que construye un consorcio de
doce empresas españolas, es el mayor contrato conseguido por un consorcio
empresarial español en el extranjero.
El Gobierno de España ha
participado este martes en la recepción que la Embajada del Reino de Arabia
Saudí en España ha organizado en el Hotel Intercontinental de Madrid con motivo
de su festividad nacional. En representación del Ejecutivo que lidera Mariano
Rajoy han acudido el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y la ministra de
Fomento, Ana Pastor.
Ambos han sido recibidos a su
entrada, que han realizado por separado, por el embajador del país, el príncipe
Mansour bin Khalid Al Farhan Al-Saud, para posteriormente atender a la
televisión saudí. Durante su estancia en la recepción, los ministros han podido
disfrutar de un lujoso catering que la organización había dispuesto para los
numerosos asistentes a la celebración, así como de actuaciones de danza típicas
del país.
La presencia de los dos ministros
en la recepción da muestra de las buenas relaciones que el Gobierno mantiene
con este país, cuyo sistema de gobierno consiste en una monarquía absoluta que
The Economist consideró en su informe Democracy Index 2010 el séptimo mayor
gobierno autoritario del mundo. La ONG Freedom House lo considera un país
"no libre", dándole las peores calificaciones posibles en el informe
que elaboran anualmente.
También pesan sobre Arabia Saudí
acusaciones de violación de derechos humanos, así como la dudosa honor de ser
el tercer país que más aplica la pena capital, por detrás de China e Irán.
Según denuncia Amnistía Internacional, solo en los seis primeros meses del año
102 personas fueron ejecutadas tras ser declaradas culpables en juicios
carentes de toda garantía procesal. Una cifra que aumenta hasta los 175 si se
retrocede hasta agosto de 2014, la gran mayoría mediante la decapitación del
condenado en un lugar público.
Ejecución y crucifixión
El último caso que ha suscitado
una amplia condena internacional es la inminente ejecución de Ali Mohammed al
Nimr, un joven chií de 21 años, que fue condenado a muerte por su actividad
política y que ahora ha visto rechazada su última apelación. Al Nimr puede ser
ejecutado en cualquier momento –decapitado con una espada–, pero ahí no acabará
su castigo: su cuerpo sin vida será crucificado y expuesto en un lugar público.
El joven fue detenido en 2012
cuando tenía 17 años y acusado de participar en manifestaciones contra el
Gobierno y de posesión de armas de fuego. Siempre negó la segunda acusación y
denunció haber sido torturado.
Grupos de derechos humanos
afirman que Al Nimr fue detenido por ser sobrino de un conocido clérigo chií
que también fue detenido y condenado a muerte por su labor de oposición a la
dictadura.
Armas utilizadas en crímenes de
guerra
En julio de este año el
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, calificó de
"excelentes" las relaciones con el régimen tras recibir al
viceministro de Exteriores saudí, Nizar Ben Obaid Madani. También la familia
real se ha preocupado por mantener buenas relaciones con sus homólogos
sauditas. En enero de este año el rey Felipe viajó a Riad (capital del país)
acompañado del ministro de Defensa para expresar sus condolencias por el
fallecimiento del rey Abdulá.
El interés de Morenés por
mantener buenas relaciones con Arabia Saudí se basa en la cantidad de armas que
nuestro país vende al régimen saudí. Solo en 2014 España la cifra alcanzó 292,9
millones de euros, como recoge el informe de la Secretaría de Estado de
Comercio sobre estadísticas de exportación de material de defensa.
Amnistía Internacional cree que
dicho material puede haber sido utilizado para cometer crímenes de guerra, pues
"no existen mecanismos efectivos de control de las armas exportadas".
Arabia Saudí lidera una coalición militar para atacar Yemen, territorio sobre
el que podría haber cometido flagrantes violaciones del derecho internacional
así como crímenes de guerra. Solo entre junio y julio la ONG ha documentado 141
civiles muertos y 101 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Los aviones
saudíes han bombardeado mezquitas, hospitales y zonas residenciales en su
ofensiva contra las milicias huzíes de confesión chií.
La ley española prohíbe al
Gobierno autorizar la exportación de material de defensa a lugares donde pueda
ser utilizado para la "represión interna" o la "violación de
derechos humanos". Varias organizaciones han pedido al gobierno que
interrumpa el caudal de armas hacia Arabia Saudí, pero éste se justifica
alegando que existen "garantías del uso final" de las mismas.
Arabia Saudí es el tercer mejor
cliente de las empresas armamentísticas españolas, que controlan un 3% del
mercado mundial, situándose en séptima posición de un ránking que lidera
Estados Unidos. El régimen saudí adquiere un 10% de las exportaciones de
material de defensa español, solo por detrás de Australia (24%) y empatada con
Noruega (10%).
El AVE a La Meca
Un contrato por valor de 6.700
millones de euros es la otra gran obsesión de España en la península arábiga.
La construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades
santas de Medina y La Meca es el mayor contrato conseguido por un consorcio
empresarial español en territorio extranjero.
Son doce empresas españolas,
junto a dos saudíes, las que están contruyendo dicha infraestructura: Adif,
Renfe, Ineco, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra,
OHL y Talgo. Las obras no han estado libres de sobresaltos. El nombramiento en
diciembre de 2014 de Abdullah bin Abdulrahman Al Muqbel como ministro de
Transportes trajo consigo una misiva en la que amenazaba al consorcio español
con retirarle el proyecto.
En noviembre de ese año había
sido despedido de manera fulminante Rafael Valero, consejero delegado del
consorcio. En diciembre se sumaron dos nuevas dimisiones, las de los técnicos
Santiago Cobo, director del proyecto y vinculado a Adif, y Moisés Gilaberte
(director ejecutivo de Proyectos en Ineco).
El carácter rudo de Al Muqbel,
que llegó a exigir el cese de una alto cargo español y las "exigencias
imposibles" por parte de los saudíes (como la instalación inmediata de una
lanzadera entre Medina y la Ciudad Económica del Rey Abdulá) llevaron a la
concesionaria a una situación límite.
La ministra Ana Pastor aseguró a
principios de mayo que la construcción del AVE a La Meca "iba a buen
ritmo", que las obras no sufrirían retrasos y que estarían finalizadas en
diciembre de 2016.
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