Varios sectores sociales de
Guatemala celebraron la liberación de los presos políticos de Santa Eulalia y
Santa Cruz Barillas, departamento noroccidental de Huehuetenango, más de un año
después de ser encarcelados por defender a sus comunidades frente al proyecto
Hidro Santa Cruz, de la empresa española Hidralia Energía.
Domingo Baltazar, Rigoberto
Juárez, Bernardo Ermitaño López, Arturo Pablo, Mynor López, Francisco Juan y
Adalberto Villatoro, quedaron absueltos de los cargos que les imputaban por un
fallo del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala.
La jueza Jazmín Barrios,
encargada de esa instancia jurídica, decretó la libertad inmediata de los
líderes comunitarios debido a la imposibilidad de demostrar los delitos por los
cuales fueron acusados: instigación a delinquir, coacción, atentado,
obstaculización de la acción penal y secuestro.
"Esta histórica resolución
del Tribunal, objetiviza la criminalización de los pueblos originarios en
Guatemala", expresó la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, cuyos
miembros ejercieron como defensores de los considerados héroes de la
resistencia popular en ese país.
Observadores del juicio, iniciado
el 6 de julio, concordaron en que este proceso mostró la intención del
Ministerio Público de criminalizar a las autoridades ancestrales del Norte de
Huehuetenango y develó el desconocimiento por parte de las instituciones del
Estado de las formas comunitarias de organización, así como de convenios y
tratados internacionales que garantizan el respeto a éstas y de los cuales
Guatemala es parte.
Los diputados de Winaq y de la
Bancada de la Dignidad Convergencia también manifestaron su satisfacción por la
liberación de estos hombres y expresaron su solidaridad con familiares,
amistades y organizaciones afines.
Esta última repudió "la
criminalización de defensoras y defensores de territorios, el agua y la vida,
de gente que lucha por el bien de todas y de todos, el bien común, el buen
vivir y contra este sistema de muerte y destrucción".
"Urge replantearnos qué
modelo económico y de desarrollo queremos, urge consulta a los pueblos, urge
detener el deterioro del medio ambiente, urge el desarrollo social, urge
fiscalizar a los megaproyectos y el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias", destacó.
Desde su apresamiento los siete
líderes de Huehuetenango fueron encerrados en el Centro Preventivo de la Zona
18 de la capital, con delincuentes comunes, pese a la insistencia de defensores
de los derechos humanos y miembros de distintas organizaciones sociales de
poner fin a lo que consideraban una injusticia.
La persecución contra ellos
respondió a su protagonismo en las protestas contra Hidro Santa Cruz,
subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, y su proyecto de
instalar una hidroeléctrica en las cataratas del río Cambalam en detrimento de
sus territorios.
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