Lesbia Yaneth Urquía, así se
llama la activista ecologista que asesinaron este jueves pasado en Honduras. Un
caso más en el goteo incesante de víctimas de la represión, persecución y
asesinato de quienes lideran la oposición a proyectos que destruyen el entorno.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
ha sido de nuevo golpeado, porque Lesbia Yaneth también formaba parte de esta
organización. Al igual que Berta Cáceres, Nelson García y otros 4 compañeros
asesinados del COPINH, que
luchaban contra el proyecto de Agua Zarca, era una persona muy activa en la
lucha por la defensa del territorio indígena lenca frente a intereses
económicos nacionales y transnacionales.
En esta ocasión, el conflicto
surge a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Aurora en el río
Chinacla, en el municipio de San José (departamento de La Paz). El proyecto se
puso en marcha en el año 2010 y, en este caso, los responsables son el Estado
hondureño, a través de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la compañía
hondureña La Aurora, que es la concesionaria de la infraestructura. Por cierto,
este es otro ejemplo más de la fusión que existe entre la esfera política y el
poder económico, pues el dueño de La Aurora es el esposo de la vicepresidenta
del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional.
Irregularidades, impacto y
violencia asociada al proyecto
En este proyecto se da el mismo
patrón de irregularidades e impactos que en otros proyectos extractivos,
agroindustriales y de infraestructuras. Las denuncias que han realizado la
Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, el Movimiento Indígena
Independiente de La Paz (MILPA) y el COPINH, entre otros, señalan la obtención
de la licencia ambiental de forma ilegal y la ausencia de una consulta previa,
libre e informada, que debe efectuarse según el Convenio 169 de la OIT firmado
por el Estado hondureño. También documentan los impactos que, en la fase de
construcción, ha tenido el proyecto. Así, algunas mujeres de San José afirman
cómo, desde que comenzó la construcción de la central, el río que utilizaban
para obtener agua de beber, cultivar y limpiar “se ha ido secando y
ensuciando”. Las comunidades no tratan de descartar proyectos que promueven
fuentes de energía renovable, sino de poner en cuestión cómo se llevan a cabo y
a quién benefician: “No estamos en contra de la energía limpia, pero sí de la
forma en que ejecutan las cosas a espaldas del pueblo, que los millones que va
salir es para la empresa y nada para el pueblo”, dice una de las personas
afectadas.
Frente a ello, las organizaciones
han interpuesto denuncias, han exigido la celebración de la consulta previa, se
han concentrado frente a las municipalidades y han hecho marchas y bloqueos a
la entrada de la zona donde se está construyendo la obra. Con toda esta
actividad social se ha conseguido paralizar el proyecto. Si bien las obras ya
se han iniciado, no han tenido continuidad hasta la actualidad. Entre las personas
que consiguieron frenar la infraestructura estaba Lesbia Yaneth, una persona
muy activa en las movilizaciones y también muy señalada en el contexto de
violencia social y política que envuelve el control territorial que necesitan
estos proyectos. Las amenazas y la represión a líderes comunitarios que
rechazan la construcción de la central hidroeléctrica han sido continuas. “Ya
ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo
pase y se arrecie esa violencia”, decía Martín Gómez, miembro de MILPA, en
noviembre de 2014.
La lógica que sigue la
construcción de una hidroeléctrica, una mina, un monocultivo industrial se
repite en cada caso. Podríamos cambiar los nombres de la empresa, el lugar y
las víctimas de La Aurora y estaríamos hablando de los impactos y la violencia
en torno al proyecto de Agua Zarca y de los más de 20 proyectos hidroeléctricos
que se están construyendo en Honduras en territorio indígena de los pueblos
lencas, pech, tawahka, misquito, tolupán y garífuna. Como también de la
expansión de los monocultivos de palma aceitera en el Bajo Aguán, la mina de
GoldCorp en el Valle de Siria o la mina de El Tránsito en el departamento de El
Valle.
Las organizaciones sociales y
ecologistas ya lo apuntaban en el caso de Berta Cáceres, estamos hablando de
una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión: se necesita
una creciente violencia política ejercida contra la oposición social que
representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas
y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos
sociales, para asegurarse un control territorial que permita la acumulación de
riqueza a la elite política y económica, ya sea nacional o transnacional.
185 ambientalistas asesinados en
2015
A cuatro meses del asesinato de
Berta Cáceres, cuya repercusión fue muy amplia dado el reconocimiento
internacional de esta líder, se sigue reproduciendo la misma violencia
estructural. Esta vez ha sido otra mujer indígena y líder comunitaria, cuya
muerte se produce en pleno proceso de “consulta”, que el gobierno hondureño
está realizando para la aprobación de una ley que permita desarrollar la
consulta previa, libre e informada según la normativa internacional. Y no se
limita al interior de las fronteras hondureñas, pues responde a la dinámica
impuesta por el capitalismo global para garantizar crecientes beneficios que se
acumulan por parte de una minoría.
En Filipinas, hace pocos días,
fue asesinada una ambientalista que luchaba para frenar la extracción de carbón
en su comunidad. Era Gloria Capitan, del Philippine Movement for Climate
Justice. Las amenazas sobre quienes defienden formas de vida que chocan con los
intereses económicos de grandes empresas se reproducen a nivel global. Por ejemplo,
un informe elaborado por ARTICLE 19, documenta la violación de los derechos
humanos de activistas y periodistas que defienden el medio ambiente en Europa y
Asia Central. Plantea como prácticas sistemáticas la vigilancia, el
hostigamiento, la restricción injustificada de la libertad de expresión,
asociación y manifestación.
La publicación En terreno
peligroso, que Global Witness dio a conocer el pasado junio alertaba sobre el
fuerte incremento de asesinatos sobre defensores y defensoras del medio ambiente.
Han sido 185 casos en los que se ha matado a una persona por defender la vida
de su territorio, un 60% más que en el año 2014. Los países que han concentrado
un mayor número de ataques han sido Brasil, Filipinas y Colombia. Las causas de
su muerte se han ido citando en este artículo; proyectos mineros,
agroindustriales, hidroeléctricos…
Frenar la impunidad
El informe también hace alusión a
otra de las características específicas de estos ataques, y es la impunidad. En
la mayoría de los casos, los autores no asumen ninguna responsabilidad y los
proyectos que han originado el contexto de violencia continúan provocando
impactos sobre el entorno natural y humano. De esta manera, las comunidades
afectadas, las organizaciones y movimientos sociales, así como las redes de
solidaridad internacional afrontan una doble lucha: frenar la violación de
derechos humanos por parte del Estado y las grandes empresas y, por otro lado,
poner fin a la impunidad.
Ambas metas han guiado la
actividad del COPINH para hacer justicia ante el asesinato de Berta Cáceres.
Han promovido una misión internacional a Honduras y una campaña de
sensibilización e incidencia política que se ha desarrollado en varios países
europeos. El resultado ha sido la retirada de parte de los capitales europeos
del proyecto de Agua Zarca y la detención de cuatro sospechosos del asesinato
que tenían vínculos con la empresa constructora, el ejército y la policía. Pero
no se ha esclarecido quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres ni se ha
revertido el proyecto hidroeléctrico. Ahora, el nombre de Lesbia Yaneth, el de
Gloria Capitan y de otras tantas víctimas del actual sistema económico, se suma
a las reivindicaciones de justicia. La organización, la denuncia y la
movilización de las comunidades y las organizaciones sociales es imparable y
seguirá adelante hasta que se ponga fin a los proyectos e intereses económicos
que destruyen la vida.
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