Desde la realización de los
Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, en el 2007, pasando por el Mundial de
Fútbol, en 2014, hasta los Juegos Olímpicos, este año, movimientos populares y
colectivos organizados contra los impactos de los mega eventos deportivos han
denunciado el aumento de la violencia contra la población – con desalojos y
crecimiento de la militarización en las favelas – y la falta de transparencia
en la gestión de la preparación de las ciudades-sedes, generando desequilibrio
en el presupuesto público y negando a la población el derecho a servicios
básicos.
“Nosotras no somos contra los
Juegos Olímpicos. Somos contra la forma como esos mega eventos llegan a las
ciudades, desconociendo las demandas reales y concretas de la población; e
imponiendo un modelo de ciudad absolutamente distante de las necesidades reales
de quien vive allí”, lamenta la economista Sandra Quintela, coordinadora del
Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) y miembro del
Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Rio de Janeiro.
En este sentido, el episodio más
reciente fue la concesión de un crédito de 870 millones de dólares, autorizado
por el presidente interino Michel Temer el último miércoles (29), destinado a
la Seguridad Pública de los Juegos Olímpicos Rio 2016, que comienzan el próximo
5 de agosto.
El estado de Rio de Janeiro
atraviesa una gravísima crisis económica, y esa medida, de carácter provisorio,
fue tomada después de que el gobierno fluminense decretara el “estado de
calamidad pública” por falencias financieras.
A un mes del comienzo de los
juegos, el panorama urbano de Rio presenta varias contradicciones. A pesar de
la crisis dificultar, por ejemplo, el pago de los salarios de funcionarios
públicos y demandar ajustes en los gastos de educación y salud, los gastos con
el mega evento olímpico alcanza los 11 mil millones de dólares, 3 mil millones
más de lo previsto cuando Brasil se puso como candidata a sede.
En entrevista a Brasil de Fato,
Sandra afirmó que Rio de Janeiro adoptó el “modelo de ciudad mercancía, una
ciudad para ser vendida a los mega emprendimientos”. “Las enormes estructuras
turísticas dirigidas al exterior, al capital extranjero, a la privatización del
espacio urbano… Hay un proceso de endeudamiento brutal sobre las cuentas
públicas que dejaron una deuda muy grande, que aumenta la deuda social”,
analiza la economista del PACS.
Privatización
El gobierno de Rio de Janeiro ha
negado que la crisis del estado sea originada por los juegos, alegando que las
dificultades financieras de deben a la crisis general y a la baja en el precio
del petróleo, y que la gran mayoría de los gastos de las obras fueron
financiadas con recursos de Asociación Público-Privadas (APP). Según lo datos
del municipio, sólo el 43% de los gastos provienen del presupuesto público,
mientras que el 57% viene de las APP.
Sin embargo, el PACS advierte
sobre esta cuestión. “Por medio de estas asociaciones público-privadas, el
Estado deja de arcar con todos los costos, pero también deja de recibir los
lucros, como en el caso de las obras del metro, trenes y estadios”, explica la
institución en su revista Rio de Gastos.
A partir de estas APPs, el Estado
garantiza al capital privado ganancias por periodos de cinco a 35 años,
aseguradas por contrato. O sea, ademas de ser otra forma de privatización de
los servicios y responsabilidades públicas, aparenta a corto plazo tener una
baja del gasto publico, comprometiéndolo a largo plazo.
Para Sandra Quintela, “los
gobernadores pasan a ser gerentes de los intereses de ese capital, que tiene un
papel fundamental en las ciudades por causa de la gran especulación
inmobiliaria; o sea, para la expansión de las fronteras del mercado
habitacional y de tierras. Entonces, vivir en la ciudad queda, realmente, en
último lugar”.
Violencia
Según los datos recogidos por el
PACS, 65 mil familias fueron removidas en nombre de las Olimpíadas en Rio de
Janeiro. “Hay regiones enteras que fueron privatizadas. Por ejemplo, la región
del Porto Maravilla, donde estaba el antiguo puerto. Allí nació la capoeira, el
samba… Hoy, todo esta completamente petrificado por un proceso de privatización
y APP. Con los mega eventos deportivos, hubo una flexibilización sobre la
definición de lo que es privado y lo que es público”, analizó Sandra.
El Comité Popular de las
Olimpíadas defiende también que otro legado es el aumento de la violencia
policial contra la juventud negra de favelas. Un levantamiento realizado por
Justicia Global indica que, entre enero y julio de 2015, 408 personas fueron
muertas por la Policía Militar de Rio de Janeiro en ocurrencias registradas
como “autos de resistencia” (lo que sería una legítima defensa del policía), lo
que significa un aumento del 18,6% en relación al mismo período de 2014.
“Es impresionante que, en una
ciudad extremadamente militarizada como es Rio, esa lógica se profundice en
nombre de los mega eventos”, manifestó la economista. En el intento de mostrar
al mundo que los morros [favelas] de las “Ciudad Maravillosa” están
“pacificados”, el gobierno fluminense, con el apoyo del gobierno federal, ha
aumentado los gastos y el numero de policías militares.
El Ministerio de la Defensa
especificó que 18 mil militares serán colocados en las ciudades donde
ocurrieron los juegos de fútbol (São Paulo, Manaus, Salvador, Brasília y Belo
Horizonte), y Rio de Janeiro recibirá 20 mil hombres, siendo “aproximadamente
14 mil del Ejército Brasileño, 4 mil de la Marina y 2 mil de la Aeronáutica”.
Según los datos solicitados por
las organizaciones Artigo 19 y Justicia Global a la Secretaria de Estado de
Seguridad de Rio de Janeiro (Seseg), fueron adquiridos 4 mil equipamientos de
protección individual, 18 mil balas de goma, 9 mil balas fumígenas coloridas
(que sueltan pintura para marcar personas entre la multitud), 4.500 granada de
efecto moral, 4.500 bombas de gas lacrimógeno y más de mil sprays de gas
pimienta.
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