Cuatro empresas con problemas
financieros, cuatro grandes constructoras (FCC, ACS, Ferrovial, OHL) asociadas
a grandes nombres de la lista Forbes (la familia Koplowitz, Florentino Pérez,
los Calvo-Sotelo o Villar Mir) y a los papeles de Bárcenas. Son estos los
grupos empresariales que han monopolizado recursos progresivamente privatizados
por el Estado: desde la producción y distribución de energía, hospitales,
aeropuertos, agua, servicios de limpieza o carreteras. Hoy, nuestros grandes
empresarios, aquellos que predicaban en 2008 “esto lo arreglamos entre todos”,
se desdicen para salvar su patrimonio, cediendo el control de grandes recursos
–antes públicos– en favor de fondos e inversores extranjeros. La próxima
parada, la venta del imperio de FCC (la mayor empresa distribuidora de agua y
de servicios de saneamiento urbano) a Carlos Slim, el millonario mexicano,
experto en la compra de empresas a bajo precio.
Tras años de privatizaciones, los
recursos estratégicos del Estado parecían estar todavía a salvo, resguardados
por capitalistas patrios y sus cajas de ahorro aliadas. Pero la caída de Bankia
(y la venta de sus participaciones), una fuente fundamental de créditos para
propietarios renombrados, ha empujado a poner el cartel de “en venta” a sus
buques insignia. Con estos movimientos, se continúa una larga estela de cambios
que afectan a la estructura de la propiedad de empresas estratégicas (y, por
ende, a la soberanía económica), en estos momentos, las últimas de bandera
nacional. Años atrás, cualquiera de estos movimientos hubiera generado avisos y
alertas, como en el caso de la OPA de Enel sobre Endesa, pero ya no es una
excepción, es la última fase de un proceso que cierra la privatización de nuestros
recursos más estratégicos.
En el sector eléctrico,
únicamente Red Eléctrica (20% de SEPI) y el holding Gas Natural-Unión
Fenosa (70% Repsol y La Caixa) permanecen bajo capital nacional. Tanto en
Endesa (Enel, 70%) como en Enagás (Bank of America, 3%, frente a un 1% de
Repsol) o en Iberdrola (Qatar Investment Authority con un 6,1%, Norges Bank 3%,
o Blackrock con un 3%, superan el 4,9% de Kutxabank) predominan los accionistas
de capital extranjero. La intervención de Bankia y los problemas de ACS han hecho
que labeautiful people del PP abandone estas empresas: Bankia, el buque
del PP, abandona el 5,4% de Iberdrola, y ACS pasa de un 20% en 2010 a un 2,9%
actualmente en la eléctrica.
Para los fondos inversores es
evidente la potencialidad del sector, siendo la cuarta factura eléctrica más
cara de Europa, con un incremento del 70% desde el inicio de la crisis, frente
al 50 y 40% de Alemania y Francia. Un incremento que se debe a la parte de
impuestos y amortizaciones que compensan las asimetrías del sector y no a los
costes de producción y distribución de energía: la producción en islas, la baja
factura industrial o la deuda con las eléctricas.
La deuda con las eléctricas,
derivada del déficit de tarifa (desfase entre el coste de producción y su
precio), supone 25.000 millones (más que el rescate a Bankia). Para que no
figurara como deuda (pasivo) de las empresas, el 79% de esta deuda está
titularizada en el mercado como bonos (derechos de cobro) del Fondo de
Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE) bajo el aval del Estado. Estos
derechos y sus intereses, que oscilan entre el 4% y 7% (la última emisión, en
junio del 2015, con unos intereses fijos del 0,86%, muy por encima del 0,16%
del Euribor en esa fecha), son incluidos en la factura de la luz, y suponen, sólo
en intereses, el pago de 699 millones en 2015 y de 487 millones en 2016. En
total, 3.250 millones en intereses hasta 2026, para facilitar el balance de
estas empresas, sin contar con la posibilidad de nuevas emisiones para
refinanciar vencimientos.
Las empresas del sector eléctrico
están muy pendientes de este cobro, particularmente las participantes
mayoritarias en el fondo: Endesa (44,16%) e Iberdrola (35,01%), cuyos consejos
políticos se mantienen aún como una especie de garantía de cobro
(exministros como Miquel Roca y Elena Salgado en Endesa; y en Iberdrola, el
exministro Ángel Acebes, del PP, y Braulio Medel, consejero del gobierno de
Chaves en Andalucía).
En cuanto al petróleo y al gas,
la privatización de este recurso tan estratégico cayó en la Banca Catalana. La
Caixa, y luego Sacyr, han sido su sustento nacional desde su privatización (con
una participación conjunta del 20%). También lo han sido de Gas Natural, en la
cual mantienen el 70% (35% La Caixa y 35% Repsol). Por el contrario, dos de las
grandes empresas de distribución y refino se encuentran en manos de fondos de
inversión extranjeros. Cepsa, privatizada en 1991, produce un tercio del refino
de crudo en España, y es líder en refino para aviación y buques. Desde 2011
pertenece en su totalidad al fondo IPIC de Abu Dhabi.
CLH (Compañía logística de
hidrocarburos), la empresa que prácticamente monopoliza la distribución y
almacenamiento de crudo (4.000 kilómetros de tuberías subterráneas), está en
manos de 10 fondos diferentes. En Industria han manifestado su preocupación,
dado que estos fondos, en la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo, pueden
llevar a fijar precios abusivos. La CNMC exponía en un informe de junio del año
pasado su preocupación por la concentración en tres petroleras (Repsol, BP, y
CEPSA) la propiedad de CLH y, por tanto, con una posición abusiva en el
conjunto de la cadena de valor. Actualmente sólo queda una entidad española,
Kutxabank en CLH (5%), después de que Repsol (e indirectamente la constructora
Sacyr y La Caixa) se deshiciera de su 10% en CLH.
Es importante destacar las
condiciones en las que van a operar estos fondos: la venta de gasolina en
España tiene el margen de beneficio más elevado (precios antes de impuestos) de
Europa (0,403 frente a 0,378 de la media europea). Por otro lado, se ha
destacado la escasa competencia en el sector y la confabulación para la
fijación de precios, algo que ha llevado a la CNMC a imponer una multa por 32,4
millones a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil.
Otro ámbito, estratégico y quizá
mucho más simbólico, es el de la aviación. Emulando el proceso seguido por
multitud de aerolíneas latinoamericanas privatizadas en los años 90, como
Aerolíneas Argentinas (renacionalizada), Líneas Aéreas Paraguayas
(desaparecida) o LAN Chile, Iberia se embarcó en un proceso, primero de fusión,
luego de reestructuración (ERE a 3.100 personas), que ha supuesto su absorción
de facto, y su transformación en filial de bajo coste de British Airways. Todo
ello sucede tras haber construido una terminal T4 (6.200 millones) para el uso
de la aerolínea de bandera nacional, puesta en marcha con miras al aumento de
rutas y vuelos de Iberia, que ha chocado con la drástica reducción de rutas y
recursos humanos (desde 2004 no contrata pilotos). Una política que Willie
Walsh (CEO de IAG) cataloga como “un poco cruel pero necesaria”. La plantilla o
la renovación de la flota quedan subordinadas ahora a sus cuentas de
resultados, también su propia supervivencia: a día de hoy no queda ningún
accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte
Inglés, de ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por
el territorio patrio y la línea aérea: “El holding no tiene reservado
ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser
español o británico” decía en una entrevista en El Mundo, y es que Iberia
hoy es ya una aerolínea de capital extranjero.
A pesar de lo abultadas de las
liquidaciones, a estas alturas hay aún un patrimonio privatizado que permanece
custodiado por capital nacional, la beautiful people del PP, aquella
que aparece en los papeles de Bárcenas. Son empresas que durante los gobiernos
del PP, tanto en ámbito nacional, como en las autonomías más importantes
(Madrid, Valencia o Baleares) y con el beneplácito del PSOE, pudieron hacerse
con una importante cartera de recursos del Estado, autonomías y municipios. Hoy
esas grandes fortunas flaquean, y no sólo los fondos de inversión, sino las
grandes fortunas del planeta, están al acecho.
La primera en caer ha sido FCC.
Aquejadas las Koplowitz de una deuda millonaria de 840 millones con Bankia y
BBVA, en 2015 lograron refinanciarla, posponiendo su pago a 2020 (únicamente
pagará los intereses), con las acciones de FCC como garantía. No obstante, los
números rojos de la sociedad que gestiona las acciones de las Koplowitz (B1998
S.L.) sumados a los del grupo FCC (con una deuda de 5.473 millones) han
favorecido la entrada, primero de Bill Gates (5,73%), y posteriormente del
millonario mexicano, Carlos Slim con el 27%, superior al 22% de las Koplowitz.
Hace pocos días, Slim superó la barrera del 30%, tras reformular el pacto con
las Koplowitz, que evitaba que ninguno de los dos traspasara esa cifra.
Con la más que previsible OPA de
Slim sobre el total de acciones de FCC, el mexicano se introduce por lo alto en
el país, y en sus recursos. Una de sus joyas, el agua, muy estratégico para
Slim y Gates, lo consiguen con la filial de FCC, Aqualia, la mayor empresa de
gestión de agua en España, la tercera de Europa: posee el 33% del mercado y da
servicio a once millones de personas y 800 municipios en España. Un recurso al
que Slim ya ha dedicado especial atención en otros lugares. Desde 2010 su grupo
construye la mayor planta de Latinoamérica, la planta tratadora Atotonilco, que
pretende tratar y distribuir más del 90% del agua residual y pluvial del Valle
de México durante los próximos 25 años. Ésta ha sido clausurada por el gobierno
de Atotonilco, por irregularidades en las licencias de obras, además de adeudar
202 millones de pesos (totalidad de impuestos desde el inicio de la obra).
Seguramente, Slim conoce ya las
características del suministro de agua en España y sus potencialidades. Según
un informe de la Fundación Aqua, en España, la adquisición de agua supone una
menor carga para el consumidor que en el resto de países del entorno
(favorecida por una gestión municipal). La tendencia parece clara, ya que
durante el periodo de crisis (2007-2014) el precio del agua ha aumentado un
35,1%, según la Encuesta sobre el suministro y saneamiento que realiza
anualmente el INI.
Con la venta de FCC, Slim también
tendrá la gestión de hospitales (servicios no asistenciales) a su cargo. En la
Comunidad de Madrid, el Hospital del Sureste (Arganda) y el de Torrejón de
Ardoz, dos concesiones por 30 años para una sociedad gestionada por Bankia
(Caja Madrid y Bancaja originalmente) y FCC. En Mallorca, el gran pastel de la
obra pública balear, el quebradero de cabeza de Jaume Matas y el PP, hoy
investigado por el juez Castro: la gestión del hospital de Son Espases, una
concesión por 30 años a la UTE de Dragados y FCC por valor de 1.000 millones.
Otro de los ámbitos es el
servicio de saneamiento urbano. FCC tiene concesiones por valor de 4.465
millones. Entre ellos, las ciudades de Madrid, Granada, Gandía, Girona,
Castellón, Alicante o Málaga. Es una de las G30 del cártel de la basura, que
fue multada con 85 millones por participar en el reparto de las concesiones. En
el terreno de la comunicación, tendrá bajo su control la gestión del Metro de
Málaga. También carreteras como el eje transversal que atraviesa Cataluña de
este a oeste (carretera C-25), y complejos como el World Trade Center, la
Ciudad de la Justicia de Barcelona, y el terreno de la antigua fábrica de Mahou
en Madrid.
El camino de Slim para ser la
tercera fortuna del mundo le lleva a la compra de empresas en apuros, pero
siempre con una amplia cartera de activos. Sucedió con Telmex, privatizada por
el presidente Carlos Salinas en los 90. La compra del monopolio de la telefonía
(tiene el 80% de líneas de telefonía fija, y el 70% de móvil) le costó 1.757
millones de dólares (siendo ayudado además con un préstamo del gobierno de
México por 426 millones), ahora tiene un valor de 40.000 millones y representa
85 de cada 100 dólares que ingresa el grupo. Una ruta, pues, similar a la que
ha utilizado en la compra de Realia, la inmobiliaria que creó Blesa (Caja
Madrid) y Koplowitz (FCC) en 2000. Cuando salió a Bolsa en 2007, esta
inmobiliaria tenía un valor de 2.191 millones. Tras el rescate de Bankia, el
Sareb se hizo con el préstamo que tenía Bankia con la inmobiliaria, 440
millones, traspasándolo después al fondo Fortress (investigado por el Banco de
España por blanqueo de capitales). Finalmente, Bankia ha vendido a Slim su participación
del 24,9% por 44,5 millones de euros. En el caso de FCC, la primera compra que
Slim hizo de acciones de FCC, en 2014, fue a 11 euros la acción. La oferta de
OPA, tras las presiones de la CNMV para aumentarla, se situará en 7,6 euros por
acción, desembolsando un total de 2.205 millones por el 70% de las acciones.
Los activos de FCC llegan a los 15.000 millones.
La liquidación de FCC no se ha
hecho a ciegas. Slim y otros fondos que se asoman por un país en rebajas, no
llegan con los ojos vendados. Al magnate lo lleva de compras su asesor personal
en España y Latinoamérica, Felipe González. Una vez terminadas las compras de
FCC, la pareja piensa en las próximas empresas en problemas: apuntan al
petróleo, pues ya han comunicado a Rajoy su intención con Repsol, presionan con
la privatización de Pemex en México, y si todo sale bien, pronto caerá PDVSA en
Venezuela. Pero el dúo no piensa únicamente en negocios. Según Slim: “Felipe
González y yo no hablamos de negocios, sino de la nueva sociedad”.
Rubén Juste de Ancos
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