“Las empresas transnacionales
secuestran a nuestros gobiernos, independientemente del signo ideológico que
tengan, para que las políticas públicas aseguren sus altas tasas de ganancia”.
Así define Julia Evelyn Martínez, catedrática de Economía e investigadora de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el
escenario económico que vive Centroamérica hoy. Aprovechando su presencia en
Córdoba para participar en un seminario universitario y en una mesa redonda
para debatir sobre la posibilidad de construir alternativas al modelo económico
dominante, conversamos con esta profesora salvadoreña acerca del contexto
sociopolítico actual en la región centroamericana, marcado por la violenta
represión a quienes se oponen a la expansión de las grandes corporaciones.
En todos los ámbitos donde he
participado he trasladado la preocupación que viene de parte de la población
mesoamericana por las amenazas a la vida que se ciernen sobre las comunidades,
a partir de los excesos y la impunidad con que actúan las multinacionales que
vienen de la Unión Europea y Estados Unidos. No solo nos despojan de los
recursos naturales sino que, de alguna manera, tienen secuestrados a nuestros
gobiernos, independientemente del signo ideológico que tengan, para que las políticas
públicas se pongan en función del mantenimiento de altas tasas de ganancia de
las transnacionales. Casos como el de Berta Cáceres ejemplifican el riesgo en
que se encuentran líderes, hombres y mujeres, que denuncian esta situación.
Dado que no pueden frenar su actividad por las buenas, continúan por las malas.
¿Es tanto el poder de las
empresas transnacionales?
Su poder es bastante grande,
efectivamente, y se ha ido acrecentando a medida que los Estados
centroamericanos se han ido debilitando y han incrementado tanto sus
necesidades de recursos para inversiones y crecimiento económico, como su
vulnerabilidad frente a las políticas provenientes de las instituciones
financieras internacionales y de los gobiernos de aquellos países donde se
encuentran las casas matrices de las multinacionales, como es el caso de EEUU.
En Centroamérica hay una crisis
muy profunda: existe un problema de desempleo estructural, de pobreza y
desigualdad que genera violencia social. Frente a eso, es comprensible que la
ciudadanía exija a los gobiernos la creación de empleo. En ese contexto, los
gobiernos centroamericanos entran a competir entre sí en la creación del “clima
de negocios” para atraer la inversión que viene de la UE y EEUU, que a su vez
se traduce en la llegada de grandes empresas que se asocian a la creación de
empleo, aunque sea precario. Ahí las multinacionales se sienten cómodas, porque
pueden presionar a los gobiernos para obtener ventajas fiscales y para no
cumplir trámites, por ejemplo, de tipo ambiental. Al final, eso sí, los
gobiernos y la ciudadanía se dan cuenta de que esos empleos son una ilusión,
porque los costes económicos, ambientales y sociales que generan son mayores
que el beneficio que traen para la población.
¿Qué canales de interlocución
tienen las multinacionales con los gobiernos centroamericanos?
En El Salvador disponen de
canales de comunicación directa con el Gobierno que no tienen siquiera las
empresas capitalistas nacionales. Utilizan la vía formal que representan las
cámaras empresariales, pero la vía más directa es la informal que, en el caso
de EEUU, se hace a través de sus embajadas.
Hay que destacar un caso en
particular, el de Monsanto. Cuando el Gobierno salvadoreño aprobó una normativa
que determinaba como principales abastecedores de semillas a los productores
nacionales, especialmente del sector de cooperativas, y que esas semillas
debían ser criollas, no modificadas genéticamente, la embajadora estadounidense
se tomó esta ley que perjudicaba a Monsanto casi como algo personal. Incluso
chantajeó al Gobierno diciendo que, si no se derogaba dicha ley de semillas, se
amenazaba una futura donación de 277 millones de dólares provenientes del
programa de la Cuenta del Milenio. El Gobierno terminó cediendo y derogó la
ley. Y ahora Monsanto puede vender sus semillas al Gobierno salvadoreño con condiciones
privilegiadas en relación con el resto del sector.
Entre los argumentos
empresariales más utilizados para defender la inversión extranjera están el
empleo, los impuestos y el crecimiento que aportan al país. ¿Qué opina sobre
estos aspectos?
Hay que cuestionar el impacto
económico que genera la inversión extranjera. En los últimos diez años, por
cada dólar de IED que llegaba a El Salvador salían 1,40 dólares, lo que
demuestra que lo que invierten es mucho menos de lo que se llevan en concepto
de ganancia. Y, además, no se tiene en cuenta la explotación de los recursos
naturales.
Coca-Cola, por ejemplo, extrae
agua de manantiales que son parte de los bienes comunes de la población
salvadoreña, no pagando el agua que acapara. Llega incluso a la sobreexplotación,
hasta el punto de que en algunas comunidades como Soyapango dejaron el acuífero
agotado y tuvieron que trasladarse al municipio de Nejapa. Ahora allí las
comunidades, organizadas en el Foro del Agua, mantienen una lucha para defender
los recursos hídricos, porque la multinacional desea ampliar la capacidad de
extracción y, si eso se aprueba, las comunidades se van a quedar sin agua. En
términos de sostenibilidad de la vida, representan una amenaza por la
extracción de recursos naturales. Y si vemos todos los costos de estas
inversiones, superan ampliamente los posibles beneficios monetarios que
conllevan.
¿Cuál está siendo la respuesta de
las comunidades afectadas?
Está creciendo la conciencia de
las comunidades sobre la necesidad de defender sus territorios y recursos
frente a los impactos de las grandes corporaciones. El Foro del Agua, como
comentaba anteriormente, ha podido demostrar el impacto ambiental negativo de
la ampliación del pozo de extracción de Coca-Cola. Y se ha logrado detener ese
permiso, así que se puede considerar una victoria de las comunidades.
Este es un caso exitoso que está
sirviendo de modelo para otras comunidades y organizaciones que confían en que
mediante la coordinación a través de amplias alianzas puedan defenderse frente
a los abusos de las transnacionales. Aunque siempre está presente la amenaza de
la criminalización de la protesta ciudadana. La utilización de mecanismos de
fuerza por parte de las grandes empresas, que llegan incluso al asesinato y al
encarcelamiento de líderes y lideresas, se ha puesto en evidencia con los
asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García. Que no son los primeros y me temo
que, lamentablemente, no serán los últimos.
Usted, que fue directora del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y fue destituida por su
postura a favor del aborto, ¿qué piensa que puede aportar la economía feminista
a la resistencia frente a los impactos de las grandes corporaciones?
Si en algo han sido exitosas las
transnacionales ha sido en articular un discurso atractivo y en sintonía con el
paradigma neoliberal. Se presentan como solución a los problemas del desempleo
y pobreza diciendo que más inversión significa más empleo, y más empleo, más
ingresos, que redundarán en más bienestar. Y su éxito ha sido que no se ha
logrado articular una conciencia ciudadana amplia.
La economía feminista nos permite
crear un discurso contrahegemónico. Las inversiones, políticas y tratados
comerciales hay que ponerlos en un contexto más amplio, el del cuidado de la
vida. De acuerdo a la economía feminista, hay que descartar cualquier inversión
que destruya la naturaleza o ponga en peligro la vida de las personas. Así que
el rechazo a las transnacionales tiene una razón de mucho peso y es el riesgo
que suponen para la sostenibilidad de la vida.
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