El concepto de la república como forma de Estado ha quedado
plasmado en no pocas ocasiones en los diarios de sesiones que registran los
debates desarrollados en las diversas comisiones y en los plenos del Congreso
de los Diputados, incluso durante las discusiones parlamentarias habidas en el
proceso de elaboración de la actual Constitución de 1978.
Pero este martes
será la primera vez que la Cámara baja deba pronunciarse expresamente sobre una
moción del grupo La Izquierda Plural en la que se solicita la convocatoria de
un referéndum para que el pueblo español se pronuncie entre monarquía o república
como forma de Estado. La propuesta de este grupo será sometida a votaciónal final de la sesión plenaria que se celebrará
por la tarde.
La moción es
consecuencia de la interpelación urgente que planteó al Gobierno el diputado
Alberto Garzón en la sesión de control del pasado miércoles. En esa ocasión
intervino en nombre del Gobierno la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El debate no suscitó gran expectación en el Hemiciclo —a juzgar por la escasa
presencia de diputados en sus escaños—, aunque generó un duro enfrentamiento
entre el diputado Garzón y la número dos del Ejecutivo.
El parlamentario de
izquierdas consideró que nunca se había sometido a la consideración popular el
modelo de Estado ya que "con la Constitución la monarquía venía en el
paquete. En aquellos momentos el debate era democracia o dictadura". En
consecuencia, argumentó Garzón, es el momento adecuado para la celebración de
un referéndum al respecto. "¿A qué tiene miedo el Gobierno?", se
preguntó el diputado.
La vicepresidenta
esgrimió en todo momento que la propuesta de la interpelación era
"ilegal" y por lo tanto el Gobierno no puede contemplarla ya que va
en contra de la Constitución. "Convenza a una mayoría de ciudadanos y
entones lo plantea", dijo. Sin embargo, Garzón sostuvo que el artículo 92
de la Constitución permite que "las decisiones políticas de especial
transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los
ciudadanos". Y añadió: "La monarquía en este país es corrupción".
La interpelación,
un trámite parlamentario de control al Ejecutivo que se limita al debate
político entre quien la plantea y el miembro del Gobierno que la responde,
genera a la semana siguiente una moción que sí debe ser votada por el conjunto
de la Cámara. La moción plantea puntos concretos sobre los que se insta al
Gobierno para que los cumpla, siempre que sea aprobada por la mayoría de los
parlamentarios presentes en la votación.
La moción redactada
por La Izquierda Plural, que defenderá el propio Alberto Garzón mañana, insta
al Gobierno a "hacer uso del artículo 92 de la Constitución Española de
1978, cuyo punto 1 establece que "las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los
ciduadanos". El referéndum tendría que ser convocado por el Rey, mediante
propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso
de los Diputados, "para que el pueblo español tenga la oportunidad de
opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía".
La exposición de
motivos de la moción reproduce en gran parte los argumentos expuestos por
Garzón la semana pasada en la sesión de control y supone un duro alegato en
contra del papel de la monarquía hasta el punto de afirmar que "tras la
llamada Transición parece ser que esos buenos tiempos monárquicos han pasado a
mejor vida". Y para ello relata "la trama de corrupción de Nóos que
ha servido para acusar al entonces yerno real Iñaki Urdangarin y a la infanta
Cristina de Borbón". También cita los episodios del rey en África que han
hecho que su valoración ciudadana haya descendido al 4,8 en 2011, suspendiendo
por primera vez, y dos años después a una nota de 3,68.
El parlamentario de
La Izquierda Plural hace también un análisis del grave deterioro económico y
social sufrido por la ciudadanía española en los últimos años, que atribuye a
unas prácticas políticas que han castigado a la mayoría de la sociedad por la
connivencia de élites económicas y políticos corruptos. Frente a ello, plantea
la forma republicana como alternativa de regeneración y recuperación de valores
éticos y sociales desaparecidos.
Tras la defensa de
la moción el resto de grupos parlamentarios tienen la opción de intervenir para
fijar sus respectivas posiciones y explicar el sentido del voto que emitirán
sus parlamentarios. En este trámite no hay posibilidad de entablar debates
entre unos portavoces y otros, pero, en cambio, se exponen argumentos a favor o
en contra del contenido de la moción sometida a votación.
Sin esperanzas
Dada la actual
composición de la Cámara baja, la moción no tiene la más mínima posibilidad de
prosperar. De entrada, el PP, con mayoría absoluta, se mostrará en contra y en
línea con lo expresado el pasado miércoles por la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría. Es más que probable que desde la bancada de la derecha se dirijan
fuertes descalificativos hacia el diputado proponente y su grupo parlamentario
como ya ocurrió la semana anterior.
El grupo
parlamentario socialista, con toda probabilidad, manifestará también su voto
negativo a la moción. En este caso volverá a poner en evidencia la
contradicción entre el "alma" y "convicciones" republicanas
que proclama su ideario con la fidelidad al sistema monárquico que contempla la
Constitución de 1978. En los debates generados en el ámbito parlamentario a
raíz de la abdicación del rey Juan Carlos I el entonces líder socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ya expuso claramente esa realidad del PSOE. El nuevo
líder socialista, Pedro Sánchez, no va cambiar ni un ápice esa línea.
Las formaciones de
izquierda minoritarias votarán a favor de la moción y la incógnita estriba en
conocer qué actitud adoptarán los grupos nacionalistas, dada la tensa situación
política generada hacia el Ejecutivo de Madrid a raíz del proceso soberanista abierto
en Catalunya, especialmente, después de la jornada de la Diada del pasado
jueves.
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