Desde que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado 20 de diciembre de 2013, el anteproyecto de la nueva Ley del aborto: “Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, se han sucedido una cascada de protestas y manifestaciones ciudadanas para frenar una iniciativa que suponía un atentado contra los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres. Desde que el PP anunciara su intención de reformar la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva en su programa electoral hasta la aprobación del Anteproyecto que nos ocupa, la reacción ciudadana y el debate público en contra de tales medidas ha desbordado todos los pronósticos.
Uno de los movimientos más relevantes fue el llamado “tren de la libertad”, una iniciativa formada e ideada por la Tertulia Feminista Les Comadres y Mujeres por la Igualdad de Barredos (Asturias), a la que se sumaron numerosas organizaciones, partidos políticos y sindicatos, y que dio lugar a la denominada “Marea Violeta” que extendió por todo el estado la necesidad de dinamizar y movilizar a la ciudadanía en defensa de derechos que creíamos ya adquiridos –cuánta ingenuidad. El objetivo: frenar todas aquellas medidas actuales o futuras que supongan un retroceso en las condiciones sociales, económicas y personales de las mujeres.
Muchas han sido las iniciativas y movilizaciones: manifiesto contra la reforma de la ley del aborto de gran número de profesionales sanitarios, plataformas como “Nosotras decidimos”, alegatos y manifiestos de sindicatos, organizaciones, partidos políticos, y asociaciones feministas. De la mano de todos estos colectivos se han convocado manifestaciones y concentraciones ciudadanas, se han difundido multitud de artículos de prensa, comunicados de radio y televisión, escritos de protesta al gobierno central, etc.
Sin embargo, el curso de los acontecimientos cambia ligeramente cuando, la pasada semana, algunos diarios recogen la noticia de que, según fuentes del Gobierno y del PP, el Ejecutivo se inclina por aparcar definitivamente el polémico anteproyecto ante la falta de consenso. Los analistas políticos y los medios de comunicación tienden a ver esta decisión como una estrategia electoralista dado que la controvertida reforma ha pasado factura al PP en las elecciones europeas, ha provocado controversia entre los miembros del propio partido y ha sobrepasado los límites de resistencia de la ciudadanía al suponer otra vuelta de tuerca más en la ya precarizada situación de las mujeres.
Acostumbradas, como estamos, a las intenciones ocultas, al encubrimiento y a la falsedad que caracteriza el discurso de la clase dirigente, la noticia de la retirada de este anteproyecto de ley supone una victoria para todos los colectivos y personas que lo han combatido. ¡La lucha sirve! Sin embargo, no supone una gran esperanza en las conquistas a las que aspiramos la mayoría de la gente, pero sí es un paso adelante, un pequeño paso que abre posibilidades. Hay quien se empeña en fragmentar la realidad para poder adaptarla a la medida de la lógica del sistema. Sin embargo, cada uno de los actos de resistencia y lucha tiene una repercusión directa o indirecta en las decisiones y discursos que configuran la escena política y social en la que nos desenvolvemos. Por ello, aunque la decisión de paralizar el trámite de la Ley del aborto aparezca como un mero cálculo electoral y, aunque el PP guarda algunas cartas bajo la manga –como la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por el PP a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que, en caso de darle la razón permitiría al partido en el poder elaborar una nueva Ley a su medida–, todas estas decisiones están impregnadas del latido de las personas que salen a la calle a defender el derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su manera de estar en el mundo.
Aprovechando que el día 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, volvamos a tomar las calles, las plazas y los espacios de encuentro para seguir exigiendo:
- Que el aborto quede fuera del código penal.
- Que se respete la autonomía de las jóvenes y no se las obligue a precisar un permiso de sus padres o madres.
- Que se garantice el aborto como una prestación en la red de salud pública y que, por tanto, la objeción de conciencia de las y los profesionales sanitarios no se convierta en una forma encubierta de promoción laboral.
- Que la interrupción del embarazo forme parte del currículum médico en la formación de nuevas y nuevos profesionales.
- Que se fomente una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas y homófobos desde la escuela pública.
Salgamos todas y todos a construir nuestros derechos.
Eva R. Armario es vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) por Andalucía.
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