Hace exactamente un año, el 20 de abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy sancionaba el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. En este tiempo las diferencias en su aplicación, la improvisación y la desinformación por parte del gobierno central han logrado ahondar la exclusión sanitaria y social de muchas personas en nuestra sociedad.
Los resultados son dramáticos, en algunos casos de muerte. Pero afortunadamente los ejemplos de resistencia y desobediencia a dicha norma se multiplican.
El cambio de modelo introducido por esta norma, la pérdida de la universalidad, supone un retroceso en la historia de nuestro sistema sanitario. Aunque se desconozcan datos oficiales, sí existen denuncias públicas por denegación de la atención, e incluso, de casos de muerte que podrían ser consecuencia directa o subsidiaria de esta variación radical en la concepción de lo que hasta hace un año era un servicio público, lo cual demuestra que la inequidad que se está gestando no hace diferencias entre personas autóctonas y migrantes, como quisieron hacer creer en un principio las autoridades.
A esto se suman políticas públicas que, cada vez más, vacían de recursos los centros sanitarios allanando el camino privatizador. La suma de medidas trae consecuencias como el caso de leonés Luis Canabal, fallecido el pasado 21 de febrero por una “rotura de aorta”, es el último que ha ganado espacio en los medios, cuando su hermana que contó cómo durante más de nueve meses estuvieron esperando una operación, encontró como respuesta que debía esperar por “el cierre de quirófanos por culpa de los recortes”.
Diferentes fuentes médicas y administrativas consultadas refieren que el efecto más notorito a corto plazo es la gran cantidad de pacientes que no están yendo ya a solicitar atención médica. Un hecho que preocupa, dado que nadie como quien le atendía sabe de la gravedad que implica la interrupción de un tratamiento. “El miedo en cierta forma se ha convertido en el mayor enemigo. Algunas personas no vienen porque el sistema les excluye, pero hay otras muchas que entre tanta improvisación y mensajes contradictorios, creen que tampoco le corresponde y también han dejado de venir”, cuenta Inés, una médica madrileña objetora.
El miedo a ser facturados se suma al desconocimiento de sus derechos, incluso algunas personas ni siquiera se atreven a ir a urgencias por temor al cobro de una atención que el propio Real Decreto Ley dice que debe ser con cargo a fondos públicos. De hecho, dentro de una estrategia disuasoria, numerosos hospitales están enviando de forma sistemática, facturas a personas sin tarjeta que han recibido atención en urgencias. Así, en el actual contexto de crisis económica la facturación se ha convertido en la primera barrera en el acceso al sistema sanitario.
El miedo a ser facturados se suma al desconocimiento de sus derechos, incluso algunas personas ni siquiera se atreven a ir a urgencias por temor al cobro de una atención que el propio Real Decreto Ley dice que debe ser con cargo a fondos públicos. De hecho, dentro de una estrategia disuasoria, numerosos hospitales están enviando de forma sistemática, facturas a personas sin tarjeta que han recibido atención en urgencias. Así, en el actual contexto de crisis económica la facturación se ha convertido en la primera barrera en el acceso al sistema sanitario.
Además, no son pocos los hospitales y centros de salud en donde carteles o indicaciones solicitando la presentación de la correspondiente documentación (tarjeta sanitaria, NIE, pasaporte) desalientan a gente que se queda así sin la atención correspondiente. Incluso mujeres embarazadas, menores de edad o personas cuyos tratamientos venían siguiéndose desde antes de la puesta en marcha del RD, el 31 de agosto de 2012, que más allá de su nacionalidad, están sufriendo esta exclusión, contrariamente a lo que se indica desde el Ministerio.
Esta aplicación está siendo dispar en las diferentes comunidades autónomas, y quizá el caso más salvaje sea el de Fuerteventura, donde desde la Dirección del Área de Salud se ordenó dar de baja “las tarjetas sanitarias de todas las personas extranjeras”, independientemente de que tuvieran permiso de residencia o incluso que fueran personas comunitarias, un extremo que vulnera la ya de por sí excluyente letra del Real Decreto Ley.
A todo esto hay que sumarle el cobro de traslados sanitarios no urgentes y la reducción o quita de los descuentos en medicamentos y otras medidas que simbolizan el repago, suman inequidad y exclusión al trayecto de un año de vida del RDL. La Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, acaba de llamar la atención, precisamente, sobre la peligrosidad de que muchas personas enfermas no pueden acceder a los altos costes de su medicación. Recientemente aparecía el caso de Ángel Tolosana, un exjuez zaragozano de 43 años aquejado de un proceso canceroso, y que declaraba que en los próximos días se vería en la necesidad de delinquir para poder hacer frente al pago de las medicinas que necesita para sobrevivir. Ya que con su pensión de 400 euros no era capaz de afrontar el pago de más de 100 euros mensuales en medicinas.
Desobediencia y solidaridad
Pero como en todo proceso de este tipo, también es alentadora la creciente resistencia y oposición que la sociedad está demostrando. En Castilla La Mancha personas mayores de pueblos encerrándose en sus centros de salud para impedir que se cierren las urgencias nocturnas en honor del pregonado “ahorro”, la marea blanca ocupando Centros de Salud y Hospitales y resistiendo en la calle el proceso privatizador de todos los servicios de la sanidad pública madrileña y sobre todo, cada vez más profesionales dispuestos a objetar (lo hayan declarado o no) hacen que se mantenga viva la ilusión de seguir limando los cimientos de este modelo hasta alcanzar la derogación del RDL.
La experiencia de la Plataforma Yo Si Sanidad Universal muestra en ese marco un interesante camino de lucha conjunta entre profesionales y personas usuarias. En nueve meses más de 20 grupos de acompañamiento demuestran que la mejor forma de pelear contra la exclusión es romper con la fragmentación social que imponen leyes como el Real Decreto Ley, porque en realidad cuando se pierde un derecho tan importante, lo pierde toda una sociedad y no solo las personas excluidas.
Acompañar, tejer redes, alianzas entre las personas que trabajan en el sistema público de salud y quienes necesitan de la atención. Mirarse a los ojos, hablar y entenderse: cuesta a la persona enferma recibir un no como respuesta, pero también darlo al profesional que sabe está violando su juramento hipocrático por una Ley que no mira por la Salud, sino en convertir al servicio público y universal de salud en un agente de aseguramiento más que luego se privatice.
Puede leerse en algunas de las paredes en lucha de los centros de salud y hospitales de Madrid mensajes de enorme dignidad, resistencias que van uniendo conciencias de que lo público y lo universal deben ser conceptos indivisibles. “Si la Sanidad es un Derecho, atender a todas las personas, es un Deber”, reza en una de ellas. Que así sea.
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