Las tres guerras de la vacuna contra el coronavirus

El descubrimiento, la distribución y las licencias originaron enfrentamientos que están muy lejos de resolverse. La historia de espías, contratos oscuros, atrasos y mercado negro, donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros «con entrega garantizada en cualquier lugar del mundo».

La vacuna contra la covid-19 dio lugar a dos guerras, y hay una tercera más agazapada en el horizonte: la primera fue por su descubrimiento; la segunda, en curso, por su distribución, y la tercera, por venir, concierne las licencias. Las dos primeras guerras dejaron a los países del sur relegados en los estantes de las buenas intenciones: Occidente compró el 90% de las dosis producidas por los laboratorios de Estados Unidos.

En la primera guerra, Estados Unidos, con los laboratorios Pfizer-BioNTech (BioNTech es alemán) y Moderna, Gran Bretaña y Suecia con la vacuna AstraZeneca/Oxford, China con las vacunas Sinopharm y Sinovac y Rusia con la vacuna Sputnik V fueron los actores que monopolizaron la escena. 

La segunda guerra, la de la distribución, es un laberinto que se complica cada día. ”El tema de la distribución se ha convertido en una auténtica encrucijada política”, afirma la politóloga Amandine Crespy. Esa guerra entre laboratorios y Estados por el suministro de las dosis necesarias es una disputa que ya tiene un nombre: ”la diplomacia de la probeta”. Los Estados elaboraron una agenda que debía aplicarse en el terreno durante las campañas de vacunación, pero los laboratorios, principalmente Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, regulan el abastecimiento según sus intereses, sin respetar sus compromisos. 

Francia había calculado vacunar a cuatro millones de personas a finales de febrero de 2021, pero sólo poco más de dos millones de personas recibirán su dosis. Pfizer-BioNTech redujo el suministro en un 20% y AstraZeneca/Oxford lo hizo en una escala muy superior. El laboratorio británico-sueco ya anunció que apenas suministrará una cuarta parte de los 400 millones de dosis destinadas a la Unión Europea, de las cuales 100 millones durante el primer trimestre. El contrato fue firmado en agosto de 2020 entre los británicos y la Comisión de Bruselas e incluía el pago de 365 millones de euros. 

La vacuna AstraZeneca/Oxford presentaba la mejor opción. Su producción es menos costosa y, también, es más fácil de conservar y transportar. La fórmula Pfizer/BioNTech requiere que sea mantenida a temperaturas muy baja (70 grados bajo cero). La comisaria europea de la Salud, Stella Kyriakides, acusa a los británicos de incorrección: ”la idea según la cual la empresa podría saltarse sus compromisos no es ni correcta, ni aceptable”, dijo Stella Kyriakides. Pascal Soriot, el presidente del grupo del Reino Unido, alega que “Londres había estipulado que el abastecimiento preveniente de la planta británica sería destinado, primero, al Reino Unido”. 

Con 32 millones de personas infectadas y más de 700.000 muertos, la región de Europa hizo una apuesta doble: para empezar, optó por la primera vacuna disponible y autorizada (Pfizer-BioNTech), luego por Moderna y después, antes de que la UE la aprobara, la de AstraZeneca/Oxford, más económica y más fácil de distribuir. Recién el viernes 29 de enero de 2021 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la formula de AstraZeneca. 

La vacuna rusa Sputnik V y las dos chinas no circulan en los países de la Unión Europea. Sólo un país miembro, Hungría, autorizó la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm. En esta batalla por la distribución se esbozan claramente las líneas de las fracturas que dividen al mundo. Por un lado, los países de Occidente se vuelcan exclusivamente a sus vacunas y se apoderan de ellas a fuerza de millones de dólares. Por el otro, China y Rusia compiten con las potencias de Occidente. Pascal Boniface, director del Instituto francés de Relaciones Internacionales y estratégicas (IRIS) señala que “en esta rivalidad estratégica se nota muy bien que emana un perfume de Guerra fría”. 

La Argentina percibió muy temprano esa trama e hizo un gesto lleno de significados. El presidente Alberto Fernández fue el primer jefe de Estado de América Latina que se vacunó con la vacuna rusa Sputnik V producida por el laboratorio ruso Gamaleya luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizara uso para mayores de 60 años. 

La geopolítica de la vacuna esconde, en su frenética carrera, una disputa por el poder mundial, el abandono de los países del sur y una falencia muy profunda: Primero, aparece como la primera gran batalla geopolítica del Siglo XXI implicando a los bloques de poder. Segundo, ¿por qué fueron los laboratorios privados quienes concentraron la potestad de la producción, el abastecimiento así como los beneficios de las patentes y no, como debió ser ante una pandemia global que movilizó a la ciencia de todos los continentes, una alianza mundial que, una vez descubierta la vacuna, habría ofrecido la licencia para que se produjera libremente? La incoherencia es tanto más drástica cuanto que la investigación, la producción y la distribución fueron financiadas con fondos públicos. Tercero, las potencias de Occidente acapararon sin vergüenza la producción mundial. 

En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha el mecanismo Covax para que todo el planeta accediera a la vacuna en condiciones de igualdad (700 millones de dosis para 92 países), pero, al final, fueron los intereses privados y nacionales los que prevalecieron. La investigación médica mutó con el virus en una contienda geopolítica mayor. Solo el laboratorio Moderna confirmó que no haría valer sus patentes relacionadas con las vacunas contra la covid-19 durante la pandemia ante “aquellos que fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia”, según indicó la compañía. En 2020, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su deseo de que la vacuna anti covid-19 fuese “un bien público mundial”. Pero la vacuna es todo menos un bien público. Es un tesoro reservado a las potencias. 

El pasado 26 de enero, en Davos, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fustigó el egoísmo occidental: ”Los países ricos compraron grandes cantidades de vacunas, incluso en volúmenes superiores a los de su población, con la meta de acumular esas vacunas, y ello en detrimento de otros países del mundo que también las necesitan mucho”. La denuncia del mandatario repercute en una cifra: la Unión Europea encargó 2,3 mil millones de dosis para sus 450 millones de habitantes. Comparativamente, África entera reservó 870 millones de vacunas para una población de 1,3 mil millones de habitantes. La igualdad ante la vacuna es un fracaso moral absoluto. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aclaró que “el nacionalismo vacunal puede servir los objetivos políticos a corto plazo, pero a cada nación le conviene económicamente y a mediano plazo respaldar la equidad de las vacunas”. La diplomacia agresiva del frasquito tiene un costo faraónico. Según un estudio de la Cámara Internacional de Comercio, el nacionalismo vacunal podría costar hasta 9,2 mil millones de euros a la economía mundial. Pascal Boniface resalta que en toda esta historia “no es el multilateralismo promovido por la OMS el que gana, sino, más bien, el sálvese quien pueda. La línea Norte / Sur es muy evidente. Todo esto dejará huellas y rencores en los países del sur”.

Las ONG exigen desde el principio de la pandemia y de las investigaciones científicas que los monopolios farmacéuticos renuncien a los beneficios de las licencias o patentes de la vacuna. La iniciativa la activaron India y África del Sur y fue respaldada por Amnesty International, Frontline Aids, Global Justice Now, Oxfam y Médicos sin fronteras. Todos plantean que el monopolio que ejercen los laboratorios sobre la propiedad intelectual de las patentes se suspenda durante la fase de la pandemia. Los laboratorios rehúsan suspender temporalmente las patentes con el argumento de que fue la propiedad intelectual la que potenció las investigaciones y, por consiguiente, el descubrimiento de la vacuna contra la covid-19. El argumento es falso. Como lo recuerda Médicos sin Fronteras “en realidad, han sido los recursos estatales y la financiación filantrópica los principales impulsores de los esfuerzos de investigación sin precedentes”. 

En este contexto, por ejemplo, Estados Unidos contribuyó con 2. 000 millones de dólares. Julia Heres García, la responsable de Oxfam, resume el abismo ante el que están parados los países en desarrollo: ”las capacidades de producción actuales y la captura que llevaron a cabo los países ricos implica que pocos países pobres o endeudados tendrán acceso a la vacunación durante 2021”. La financiación pública y la contribución de decenas de miles de médicos, científicos, enfermeras, enfermeros y pacientes todo el mundo ha sido la clave en esta proeza científica que permitió que en menos de un año se dispusiera de un antídoto cuando una empresa semejante necesita una década. En Europa, el grupo «Pas de profits sur la pandémie» (Sin beneficios con la pandemia) lanzó una petición con vistas a que la Comisión Europea haga lo necesario para que los tratamientos contra la pandemia “sean un bien público mundial, accesible a todos”. La Comisión actuó al revés: negoció contratos millonarios con seis laboratorios que aún hoy están cubiertos por una “clausula de confidencialidad”.

Por ahora, el nacionalismo vacunal, la diplomacia de la probeta y la guerra entre Estados y laboratorios ha paralizado esa posibilidad. Sólo China parece haber cumplido con su compromiso inicial, incluso si la eficacia absoluta de su formula aún no está completamente probada. La competencia por el soft-power la ganó incontestablemente Pekín. El 18 de mayo de 2020, durante la Asamblea Mundial de la salud, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que la vocación de las vacunas elaboradas en China era ser “un bien público mundial”. Antoine Bondaz, investigador en la Fundación para la investigación estratégica (FRS), explica aquí que “en la diplomacia de la vacuna, China cuenta con muchas cosas a favor: varias vacunas, una capacidad de producción importantísima y una prioridad muy transparente: suministrar rápidamente la vacuna a los países en vías de desarrollo”. Queda pendiente una esperanza: que otros laboratorios y países descubran más vacunas y que ello abra el corazón de los mezquinos y compartan los conocimientos y las licencias. 

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson anunció que su vacuna de una sola dosis alcanza una eficacia del 66%. Otros países prestigiosos o centros de investigación con los que se contaba se quedaron sorprendentemente fuera de juego. Es el caso de Francia y la pareja formada por el Instituto Pasteur y la multinacional Sanofi, cuyo presidente había dicho que su vacuna estaba destinada “al mejor postor”. Sanofi se durmió al borde de la ruta y las investigaciones del Instituto Pasteur no prosperaron. 

En este enredo monumental que comenzó en 2020 con el caótico y vergonzoso episodio de la guerra por las máscaras entre potencias occidentales, la Argentina adoptó un perfil ecuménico: hizo acuerdos con todos sin cerrar la puerta a ninguno ni meterse en pesadillas o conjuras geopolíticas. 

El 28 de diciembre de 2020, luego de recibir 300.000 unidades de la vacuna Sputnik V, la Argentina pasó a ser el primer país de América Latina en llevar a cabo una campaña de vacunación masiva y simultánea en todo su territorio. Dos días después, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica argentina (ANMAT) aprobó la vacuna de la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Buenos Aires fue así el segundo país del mundo (después del Reino Unido) en introducir esa fórmula. 

La Argentina también participó en pruebas de voluntarios de la fase 3 de la vacuna de Pfizer/BioNTech, así como en la del grupo chino Sinopharm, con el cual llegó a un acuerdo para el abastecimiento de 1 millón de dosis a fines de enero. Buenos Aires se aseguró también 9 millones de dosis prevenientes del mecanismo de compa colectiva desarrollado por la OMS, el Covax (finales de febrero). Simultáneamente, el Estado, a través del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, respaldó el desarrollo de la vacuna argentina (hay otra en curso en la Universidad Nacional del Litoral). El presidente Alberto Fernández no se cerró a ninguna opción y acabó integrando como solución nacional las ofertas por donde circulan las fisuras que fraccionan al mundo en ejes de poder y antagonismos: Estados Unidos, Rusia, China, Europa. La vacuna para vencer a la epidemia está lejos de ser “un bien común” de la humanidad. Su gestación y suministro contienen, más bien, los rasgos comunes de la condición humana: la guerra, el egoísmo, el deseo de sacar beneficios y la indolencia ante el sufrimiento de los prójimos. 

Espías, contratos oscuros, atrasos y mercado negro

A la Agencia Europea de Medicamentos le robaron datos sobre la evaluación de la vacuna Pfizer/BioNTech y las posteriores negociaciones que luego aparecieron difundidos en el Dark Web. Son, en total, 20 elementos y 19 correos electrónicos intercambiados entre el 10 y el 25 de noviembre cuya lectura constituye una demostración contundente sobre las presiones a las que fueron sometidos los miembros de la AME para aprobar la distribución de esa vacuna. 

El 19 de noviembre, en un correo con un miembro de la Agencia dinamarquesa de los medicamentos, un responsable de la Agencia Europea se dice “sorprendido” de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya “identificado con claridad las dos vacunas que podrían ser aprobadas antes de fin de año (se trata de Pfizer-BioNTech y Moderna) cuando todavía hay problemas con ambas”. Esos “problemas” aparecen planteados en otro correo, donde la AME expones “tres objeciones mayores”: varias plantas de producción no habían sido aún examinadas, faltaban datos sobre los lotes comerciales de la vacuna y, sobre todo, los datos de que se disponía mostraban diferencias cualitativas entre los lotes comerciales y los que se habían utilizado durante los ensayos clínicos. 

Esa fue, durante varios días, la principal preocupación de los evaluadores de la Agencia porque el porcentaje de ARN íntegro era inferior al que se constató en las pruebas clínicas. Los lotes comerciales contenían un promedio de 51% a 59% de ARN contra 69% y 81% para los otros. La agencia juzgó que se trataba de “un punto de bloqueo” (23 de noviembre). El ARN es el elemento clave de la vacuna porque, una vez inyectada, el ARN fabrica la proteína Spike del virus con la cual el sistema inmunitario reconoce el componente patógeno y lo neutraliza. 

El 26 de noviembre, Pfizer y BioNTech aclararon varios puntos en duda y prometieron aumentar la integridad del ARN a un 60% en las primeras producciones de la vacuna. Sin embargo, el 30 de noviembre, la EMA insiste con sus dudas y escribe que “esos problemas son considerados como críticos”. Al final, el 21 de diciembre, la Agencia Europea de Medicamentos dio el visto bueno a la fórmula Pfizer/BioNTech. La autorización intervino tres semanas después de la otorgada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, un plazo que la Comisión Europea juzgó “inadmisible”. Interpelada por el vespertino Le Monde sobre esos “problemas críticos”, la agencia respondió que “la empresa (el laboratorio) pudo resolver esos problemas y suministrar las informaciones y los datos necesarios para que la EMA evolucionara hacia una recomendación positiva de la vacuna”. ¿Y quien robó los datos ? Algunos culpan a Rusia, otros a grupos industriales adversos. Los documentos difundidos en el Dark Web llevan un titulo muy simbólico: «pruebas sobre la gran estafa de los datos de las vacunas de Pfizer”. 

Lo cierto es que la rápida autorización para que la vacuna Pfizer/BioNTech ingresara en los países de la Unión Europea condujo a otro enorme problema: la demora en la entrega de las dosis prometidas y la aparición de un mercado negro. 

El 15 de enero de 2021, Pfizer/BioNTech anunció que, a raíz de una serie de obras que debía realizar en su planta belga situada en Puurs para mejorar la producción, no estaba en condiciones de cumplir con el calendario fijado. El golpe fue doble: en primer lugar, la campaña inicial de vacunación prevista en la Unión Europea no se cumplirá en los plazos establecidos; en segundo, como la vacuna Pfizer-BioNTech requiere dos inyecciones con un intervalo de cuatro semanas, no es seguro que esta segunda fase pueda cumplirse. ”Falta de claridad y de seguridad”, ”golpe a la credibilidad”, la Comisión europea y varios países reaccionaron con tono fuerte. La UE se quedó renga. 

En total, la Comisión de Bruselas firmó contrato con seis laboratorios para garantizarse los 2,3 mil millones de dosis: Pfizer-BioNTech, Moderna, CureVac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi-GSK. Solo tres fueron autorizados hasta hoy, es decir, Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Pagó por ello 2,1 mil millones de euros. Sin embargo, salvo uno, el del laboratorio alemán CureVac, las condiciones efectivas de los otros 5 contratos permanecen en la sombra. Incluso en el contrato con CureVac persisten agujeros negros. El diputado europeo Pascal Canfin comentó: ”hay preguntas claves sin respuesta. Hay parágrafos enteros tachados o ilegibles”. Ni siquiera se conoce el precio negociado por la Comisión Europea. Las condiciones de “confidencialidad” impiden que se conozca la verdad de un paquete de contratos que la Comisión negoció… en nombre de los 27 países de la UE. El método no ha hecho más que aumentar la desconfianza de la sociedad frente los laboratorios, la vacuna y la dirigencia política. Mandan los laboratorios y no el poder político. 

La otra consecuencia ha sido la aparición de un mercado negro de la vacuna. Página/12 consultó los portales internet del Dark Web donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros “con entrega garantizada en cualquier lugar del mundo”. La propuesta es imposible: la vacuna Pfizer-BioNTech necesita conservarse a 70 grados bajo cero, una condición imposible de respetar si la vacuna se envía por correo. Jürgen Stock, el secretario general de Interpol, reconoció que “las organizaciones criminales proyectan infiltrar y perturbar el circuito de abastecimiento”. Hay otras estafas más inocentes. En el aeropuerto de París Roissy-Charles-de-Gaulle se pueden comprar por un monto que oscila entre los 150 y los 300 euros falsos certificados de PCR negativos. Lo peor del ser humano goza de muy buena salud.

Eduardo Febbro

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Biden ante la decadencia de Estados Unidos

Donald Trump deja el Gobierno de Estados Unidos en una situación de aislamiento internacional que el país no había vivido en mucho tiempo. Cerrado sobre sí mismo, con conflictos incluso con sus aliados europeos. Frente a una alianza entre China y Rusia, después de haber cedido espacio frente a esos opositores, que establecieron alianzas en regiones en las que hasta este momento había prevalecido la alianza con los Estados Unidos, como América Latina, Europa o el Pacífico.

Biden incluyó en su campaña sacar a Estados Unidos de su aislamiento internacional, lo que significa mucho más que eso: se trata del intento de revertir el ya largo proceso de decadencia estadounidense.

Paradójicamente, la decadencia de Estados Unidos empezó cuando, tras el colapso del campo socialista liderado por la URSS, el país se convirtió en la única superpotencia a escala mundial. Al tiempo que, habiendo llegado el ciclo desarrollista a su fin, el neoliberalismo se perfilaba como modelo económico predominante.

La espectacular expansión del neoliberalismo a escala mundial escondió otro fenómeno: la incapacidad del nuevo modelo para conquistar bases sociales de apoyo y estabilidad política, privilegiando los intereses del capital financiero. Asimismo, esta nueva política económica rompió con décadas de reducción de la desigualdad e inauguró un periodo de profunda y extensa concentración de la riqueza, cada vez en menos manos.

El modelo neoliberal, sin embargo, fue incapaz de activar el crecimiento económico y de generar empleos. La crisis de 2008, similar a la de 1929, arrojó la economía internacional a una recesión que no terminaría hasta la llegada de la nueva crisis, iniciada el año pasado.

Si antes Estados Unidos proponía un modelo centrado en las grandes corporaciones multinacionales, de las cuales las de la industria automotriz eran las más destacadas, pasó a proponer un modelo centrado en el capital financiero, no comprometido con el crecimiento industrial y la expansión de los mercados internos de consumo.

La decadencia estadounidense se manifiesta con la pérdida de la hegemonía del país en el mundo y con la decadencia de su economía y del modelo que propone para el mundo entero. Estados Unidos perdió su capacidad de liderazgo político e ideológico frente a China, que extendió sus relaciones en el mundo, teniendo como tarjeta de presentación su poder económico, que se consolidó gracias a su capacidad de recuperación tras la crisis recesiva de 2020.

Joe Biden propone rescatar la gloria pasada de Estados Unidos, comenzando con un importante plan de recuperación económica para el país. Un plan que, por un tiempo, tendrá el efecto de paliar la profunda recesión económica derivada de la pandemia, que cortó la recuperación que mostraba la economía hasta principios del año pasado.

A nivel político internacional, el regreso de los Estados Unidos a los Acuerdos de París tiene el papel simbólico de deshacer los reveses de la Administración Trump, restableciendo el bloque norteamericano, que tiene en Europa y Japón sus aliados fundamentales. Los países latinoamericanos, que fueron víctimas directas de la Administración Trump, como México y Cuba, ya conocen las posturas relajadas del nuevo Gobierno.

Pero los principales obstáculos para Biden provienen no solo de la situación de depresión económica en Estados Unidos y el mundo, sino principalmente de la expansión de la influencia de China y su alianza con Rusia, que ahora está presente en todos los continentes del mundo. Si el siglo XXI empezaba con la disputa hegemónica entre el poder decadente de Estados Unidos y el surgimiento de un mundo multipolar, en el que China y Rusia tendrían un papel fundamental, la crisis pandémica aceleró esta disputa a favor de China y Rusia.

En las relaciones con este bloque, Biden no tiene mucha capacidad de maniobra, manteniendo relaciones que fluctúan entre el conflicto y la convivencia, pero en un clima más desfavorable para Estados Unidos. En primer lugar, por la fortaleza de la economía china, que propone un modelo económico antiliberal, lo que explica la capacidad de recuperación económica del país asiático y su constante crecimiento récord en las últimas décadas.

Biden tendrá que remar contracorriente, sobre todo porque todavía tendrá que afrontar la acción opositora de Trump en casa. Hereda una situación de Estados Unidos en el mundo no solo de aislamiento, sino que también proyecta una imagen dolorosa, por la actuación de Trump, incluida la invasión del Capitolio, lo que incide directamente en la imagen idílica de democracia que Estados Unidos proyectaba al mundo.

La pandemia aceleró la disputa hegemónica en el siglo XXI, favoreciendo al bloque de potencias emergentes y un mundo multipolar. La tarea de Biden no será fácil.

 Por: Emir Sader

 

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OMS, bienvenida al mundo real

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, alertó sobre lo que calificó como «egoísmo de los países ricos y las farmacéuticas” ante la distribución de las vacunas contra el Covid-19. Prácticamente ‘reinventó la rueda’.

A través del portal ‘Noticias ONU’, Adhanom explicó que 49 países de ingresos medios y altos ya recibieron unas 39 millones de dosis de vacunas, a diferencia de los países de bajos recursos que tuvieron acceso a una cantidad absolutamente ridícula.

En este sentido, el director de la OMS lanzó una alerta por la inequidad que está ocurriendo, al tiempo que se mostró sumamente preocupado por los contratos bilaterales que se están firmando entre compañías farmacéuticas y naciones ricas, algo que pone en riesgo la iniciativa COVAX.

COVAX es uno de los tres pilares del Acelerador de acceso a herramientas Covid-19, que fue lanzado por la OMS con el apoyo de diferentes instancias internacionales públicas y privadas, con el objetivo de brindar acceso equitativo a las vacunas, independientemente de la riqueza de países y personas.

El objetivo inicial es tener 2 mil millones de dosis disponibles para fines de 2021, lo que debería ser suficiente para proteger a las personas vulnerables y de alto riesgo, así como a los trabajadores de la salud de primera línea.

Hipocresía de los poderosos

Según Amnistía Internacional, Frontline AIDS y Global Justice Now, los países ricos se estarían asegurando dosis de vacunas suficientes para abastecer tres veces su población.

De no deponer esta lógica nacionalista egoísta del “yo primero”, los países pobres “sólo podrán vacunar a una de cada diez personas durante el 2021”, advierten las organizaciones.

Una preocupación que comparte el Duke Global Health Innovation Center en su más reciente estudio [1], donde señala que la Unión Europea y otros cinco países ricos, que representan alrededor del 13 por ciento de la población mundial, ya han reservado el 50 por ciento de las vacunas que se producirían este año. Canadá lidera este grupo de países con un aproximado de nueve dosis por cada habitante.

De esta manera, el mundo se enfrentaría a una situación donde la inmensa mayoría de personas que viven en países de bajos ingresos tendrán que esperar hasta el 2023 o 2024 para ser inmunizadas.

“El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico respecto a la distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19. El precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”, advirtió Adhanom.

¡Bienvenido al mundo real! Un mundo donde el modelo económico excluyente, privatizador, acaparador y depredador deja que 1.400 millones de personas sufran pobreza extrema y casi 900 millones padezcan hambre, no tengan acceso al agua potable, ni a salud y educación (Oxfam Intermon y FAO).

Asimismo, se estima que la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 empuje entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema.

Hasta la fecha se reportan 96 millones de casos de Covid-19 en el mundo y más de 2 millones de personas fallecidas. Estados Unidos, India y Brasil son los países con más cantidad de personas afectadas.

Fuentes: Rel UITA.. Por Giorgio Trucchi 

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En el contexto internacional actual confluyen elementos que asoman la gran crisis global, se obliga un economicismo

 

El mundo transita una crisis sistemática sin precedente en la historia de la humanidad que afecta todas sus dimensiones.

 El panorama actual internacional se perfila para el periodo post pandemia en la competencia por los recursos y bienes económicamente vitales para alimentar nuevamente la moderna sociedad industrial; este fenómeno se conoce como “economicismo: Doctrina que concede a los factores económicos prioridad sobre cualquier otra índole”. Esta apariencia obliga a los actores en su afán por posicionarse sobre el tablero mundial expresar el interés sobre espacios importantes ejerciendo alianzas, sanciones, bloqueos hasta llegar a  la disposición, despliegue y empleo de fuerzas militares. El COVID-19 acelera el proceso y la competitividad económica eclipsa a las rivalidades ideológicas nuevamente, la plutocracia toma espacios y abre la brecha entre capitalismo y cualquier otro modelo.

Se evidencia la gestación de una crisis económica que superará “La gran depresión de 1929”, su efecto político, económico y social fue tan devastador que configuró el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939; ahora pudiera no ser menor dicho efecto. Aquella inició por una competencia empresarial que excedió los mercados y produjo la caída del valor de los títulos de las empresas en la Bolsa de Valores en New York; hoy, es la misma caída, pero por un elemento exógeno al mercado de valores:

Una pandemia que paraliza el consumo y la rotación de capitales, pero a su vez acompañada de una guerra comercial entre las primeras economías del mundo y modelos económicos conceptuales que representan más del 42% del PIB mundial; obligando su negativo efecto no solo en las Bolsas de Valores en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que también en la de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sao paulo y Londres entre otras principales; su efecto será exponencial al de 1929 por las distorsiones actuales en la cadena de producción y la conectividad avanzada de la actividad económica responsable de abastecer las necesidades de más de siete mil cuatrocientos millones (7.400.000.000) de habitantes en el mundo;  en 1929 la población rondaba los  2000 millones de habitantes y los vasos vinculantes a la dependencia  para el comercio entre países aún era precaria. 

Ahora. Para los acontecimientos y factores económicos que se desarrollan obliga la atención de lo siguiente: Cuando comenzó aquella crisis en Estados Unidos, Octubre de 1929, apenas 3 meses después y tomando en cuenta solo cinco años posterior a su inicio, el mundo experimentó más de 40 cambios de regímenes políticos; lo que pudiera ser más drástico para el periodo crítico por venir y en especial para los países no fabricantes de medios de producción,  menos competitivos y suplidores históricos de materia prima para el sistema económico mundial; ese espacio será la arena para el combate hibrido entre núcleos de poder.

Importante es interpretar como aquella crisis desde su inicio arrastro la estabilidad política y social de países en todos los continentes: Pudiéramos iniciar por el nuestro y señalar la dictadura que inicia en República Dominicana en 1930 y que  Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,  Argentina y Brasil en los siguientes años experimentaron “Golpes de Estado”; que inicia una guerra entre Colombia y Perú en 1932 por temas limítrofes, así como Bolivia y Paraguay por El Chaco por medianos reservorios de petróleo; en Chile la depresión económica pugnó la caída del gobierno de Carlos Ibáñez, inicia una dictadura en Uruguay y en Venezuela transitaba la dictadura de Gómez entregando toda concesión a las trasnacionales extranjeras para mantenerse en el poder.

En Europa por señalar los más importantes fue la caída de la Monarquía española en 1931 y ese mismo año se pierde la paridad oro y la libra esterlina, en 1932 inicia una dictadura en Portugal, en 1933 Hitler asume el poder en Alemania y se afianza el fascismo de Mussolini en Italia que invade a Etiopia y así en  África se establece  el neocolonialismo en la mayoría de los países  por parte de los ingleses y franceses, en el continente asiático Japón invade a Manchuria en territorio chino.

    En el 2021 los efectos de la pandemia para el orden económico afectará a la sociedad mundial obligando a que el ámbito político vaticine tensiones que lleven a conflictos de median y alta intensidad. Las nuevas tendencias para el ámbito económico, las criptomonedas como instrumentos de intercambio, el oro y los recursos estratégicos para el desarrollo de la tecnología G-5 así como el petróleo pugnan las perturbaciones en el sistema de naciones. 

Luego del decreto de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 13 de marzo:  Se recrudecen los conflictos en Libia que involucran a Francia, EE.UU,  Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Turquía y Qatar; se pretende perpetuar las guerras y conflictos en el Medio Oriente: Irak, Siria, Afganistán y Yemen que al espectro político se añade el petróleo y el narcotráfico como elementos que permiten mayor fluidez de capitales; se enciende nuevamente el conflicto en el Cáucaso Sur entre Azerbaiyán y Armenia y por donde se extienden gasoductos que colocan los recursos fósiles del Mar Caspio a Europa, surgen alteraciones políticas en Líbano que ocupa un área privilegiada a orillas del Mar Mediterráneo obligando la renuncia de su Primer Ministro,  golpe de Estado en Mali por el control de zonas ricas en oro, diamante y petróleo; conflictos internos en Níger, Sudan del Sur y Nigeria que acumulan reservas de petróleo y uno miembro de la OPEP, así como a Etiopía, Eritrea y Somalia con ubicación geográficas para el tránsito de mercancías se les acreditan problemas étnicos a sus conflictos internos.

Las tensiones EE.UU – Irán – Corea del Norte aumentan y los países del Mar Meridional de China, Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur y Vietnam (ASEAN), arman nuevas estrategias para los mercados cuando patrullan en sus amistosas aguas fragatas militares norteamericanas en provocación a China a quien se les pretende declarar su Mar Meridional a la categoría de  internacionales para instalar bases militares; el  conflicto en Ucrania con efecto político en Bielorrusia genera tensiones en países exsoviéticos salpicando a  los del Mar Caspio Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán por la influencia rusa;  la alianza de Emiratos Árabes Unidos con Israel y EE.UU rompe con criterios milenarios, el resurgimiento del conflicto entre India y Paquistán y el enfile de tropas chinas e indias en sus fronteras impulsado desde los EE.UU afecta a los BRICS (Brasil, India, China, Sur África),  y más importante la llegada de tropas norteamericanas a Colombia que junto a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) estructuran planes para recuperar espacios de su interés ocupado por China y Rusia en  América Latina siendo el foco de inicio para el conflicto Venezuela.

     A los acontecimientos antes mencionados se les debe añadir la dependencia de actores no estatales y estructuras corporativas como los nuevos actores de peso en la geopolítica: hablamos de Google, Apple, Facebook y Amazon, poder acreditado para el 2021 por los más de 5.500 millones de usuarios de internet en el mundo lo cual nutren la “Big Data” para direccionar fines políticos, mercados y gobiernos así como la conectividad a la desinformación para la polarización social e inestabilidad política en cualquier país de interés.

El tema migratorio y los desplazados por conflictos ascienden a 170 millones en todo el mundo con poco margen de movilización por el tema de la pandemia que junto a la tasa de desocupación que supera los 400.000 millones en el mundo según la Organización Internacional del Trabajo dan fe de la venidera crisis.

En  vista de la desfavorable correlación de fuerzas entre el capitalismo y cualquier otro modelo que pretenda detener la crisis para el periodo económico post pandemia que se avecina, las acciones con motivo de las distorsiones del sistema pudieran ser: Un capitalismo controlado por el Estado y difundido en el entendimiento público para la aplicación de estrategias de acción colectivas que configuren la fabricación de medios de producción como mecanismo de mitigar la dependencia,  incentivar la competencias del Estado para el manejo de las deudas, el gasto,  la importación y fiscalización rigurosa del crédito; la aplicación de impuestos a la riqueza y reformas tributarias para captar recursos para desarrollar e incentivar las capacidades inmersas en la población para fabricar medios de producción, registrar productos en  la Oficina Mundial de Patentes y captar las divisas a través del intercambio de productos terminados y recursos con valor agregado impulsadas desde las zonas económicas especiales para mirar por decir un ejemplo a China e India con una demografía que supera los 2500 millones de consumidores donde mil millones aproximadamente se incorporan a la clase media aumentando dicho consumo.

La competencia y la subsistencia de cada actor esta en interpretar que somos parte se una sociedad internacional de mercados, de consumo y de productos que se torna más agresiva obligando el cambio de paradigma para nuestra América Latina en la fabricación de medios de producción; los poderes facticos buscaran adelantar la parálisis económica provocando una estampida política y social que cambiara la historia y afianzará nuevas tendencias políticas, sociales e ideológicas.

Carlos Ellis. Analista Internacional. carlosellis1@gmail.com

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La factura del agua en EE.UU. ha aumentado un 80% en una década y millones de personas no pueden pagar

La investigación realizada en 12 ciudades de EE.UU. revela el alcance, las causas y las consecuencias del aumento constante de la factura del agua.

Millones de estadounidenses se enfrentan a facturas de agua que cada vez son más elevadas y difíciles de pagar, según una investigación de The Guardian. Un análisis exclusivo sobre datos de 12 ciudades estadounidenses demuestra que el precio combinado del agua potable y el sistema de saneamiento ha aumentando una media del 80% entre 2010 y 2018 en EEUU. A más de un 40% de la población de algunas de las ciudades analizadas le resulta imposible pagar las facturas.

Se trata de la primera investigación de este tipo a nivel nacional y el análisis ha revelado el fuerte impacto de la crisis del agua que se extiende por Estados Unidos, donde infraestructuras anticuadas, limpiezas medioambientales, cambios demográficos y la emergencia climática han aumentado exponencialmente los precios del agua en casi todos los rincones del país.

La crisis de la falta de acceso al agua en Estados Unidos está empeorando justamente en un momento en que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la importancia del acceso al agua potable. La investigación ha demostrado que las facturas inasequibles no sólo afectan a los más pobres, sino también, y de forma cada vez mayor, a los estadounidenses con empleo.

«Cada vez más personas tienen dificultades para pagar las facturas, pero para los más pobres esto representa un gran problema», explica Roger Colton, un prestigioso analista de servicios públicos que ha trabajado junto a The Guardian estudiando la crisis de las facturas del agua. «Los datos muestran que en un gran número de ciudades de todo el país, cada vez más personas tienen problemas para pagar el agua, algo que no sucedía desde hace una década o incluso desde hace dos o tres años en el caso de algunas ciudades». Se considera inasequible una factura que excede el 4% de los ingresos familiares.

La investigación ha concluido que entre 2010 y 2018, las facturas de agua aumentaron al menos un 27%, mientras que el mayor aumento fue del 154% y lo ha sufrido la ciudad de Austin, Texas, donde la factura anual promedio pasó de 499 euros en 2010 a 1.266 euros en 2018, a pesar de que la lucha contra la sequía ha reducido el consumo de agua.

Al mismo tiempo, las ayudas públicas del Gobierno nacional a los servicios públicos de aguas –que abastecen al 87% de la población de EEUU– han caído en picado, mientras que se han disparado los costes de mantenimiento, las amenazas medioambientales, sanitarias y la crisis climática, entre otras cuestiones.

«Todo el país está amenazado por la emergencia del agua. La escala de esta crisis hace necesaria una transformación total de nuestros sistemas de acceso al agua potable. El agua no puede verse como una mercancía o un lujo para privilegio de los más ricos», afirma Mary Grant, activista por el acceso al agua dentro de la organización Food and Water Watch. En Washington, 90 legisladores de todo el país –todos demócratas– están impulsando amplias reformas de financiación para garantizar acceso a agua potable, limpia y asequible para toda la población de Estados Unidos.

La investigación de The Guardian ha concluido que es muy probable que esta crisis del agua empeore y que en muchas ciudades durante la próxima década las facturas del agua se vuelvan impagables para la mayoría de la población pobre.

En Austin, Texas, si el precio del agua sigue aumentando a la misma velocidad que ahora, para más de un 80% de los habitantes con bajos ingresos –que son por definición las personas que viven con menos del doble del umbral de pobreza nacional– será imposible pagar las facturas en el año 2030.

En Tucson, Arizona, otra sequía afectó a la ciudad y el número de habitantes con bajos ingresos con facturas de agua inasequibles se duplicó entre el 2010 y el 2018, llegando al 46% de esos hogares. La factura promedio tuvo un aumento del 119%, llegando a 767 euros.

Los aumentos de precios tienen un impacto desproporcionadamente más elevado en la población pobre. En Nueva Orleans, Santa Fe y Cleveland, aproximadamente el 75% de los vecinos de bajos ingresos vive en barrios donde las facturas del agua y el servicio de saneamiento son inasequibles.

Además de los aumentos de precios y la reducción de financiación pública, se ha extendido el uso de medidas punitivas como cortes de suministro y embargos (un reclamo legal a un hogar vinculado con una deuda puede llevar a una ejecución de la propiedad). Igual que en las ejecuciones hipotecarias, los cortes de suministro y los embargos pueden forzar a los habitantes a abandonar su hogar.

Jarome Montgomery, un camionero de 48 años de Warrensville Heights, Cleveland, ha tenido que pedir dinero prestado a su pareja, su madre, su abuela y sus hermanas para pagar una deuda de agua de casi 26.500 euros que acumuló desde 2013, con el fin de evitar un desahucio. A pesar de todo esto, todavía le debe más de 4.400 euros a la empresa de agua y saneamiento, incluidos los intereses y las sanciones.

«Me he acogido a dos planes de pago, pero todavía pueden ejecutar mi casa. Es como si quisieran dejarme sin hogar», asegura Montgomery. «No hay forma de que yo esté consumiendo la cantidad de agua por la que me están cobrando, pero estoy en una situación sin salida. No quiero perder mi hogar, entonces tengo que encontrar la forma de pagar».

En San Diego, la factura media de agua era de 1.250 euros en 2018. El 62% de las personas de bajos ingresos vive en barrios donde la factura es inasequible, lo cual representa casi una quinta parte de la población total de la ciudad. Entre los pobres, uno de cada siete se enfrentó en 2018 a facturas que superaban el 12% de los ingresos totales del hogar.

Actualmente, Seattle –centro neurálgico de empresas tecnológicas– tiene el menor índice de pobreza de todas las ciudades analizadas y solo el 13% de sus habitantes tiene problemas para pagar el agua, aunque las facturas superaron los 1.100 euros en 2018, debido a obras de mejoras de la red y en relación a la crisis climática. Aún así, se calcula que en 2030 un 75% de los habitantes de bajos ingresos podrían residir en barrios con facturas inasequibles.

A nivel nacional, en 2018 la factura del agua se volvió casi universalmente inasequible para los más pobres. En 11 de las 12 ciudades estudiadas, el 100% de la población con ingresos un 50% por debajo del umbral de pobreza nacional vivía en barrios con facturas de agua inasequibles. En Fresno, la única ciudad fuera de este grupo, esa población era del 99.9%.

Abandono del Gobierno

La financiación del Gobierno nacional a la red de aguas ha caído en un 77% en términos reales desde su pico en 1977, haciendo que las empresas de agua locales deban reunir por su cuenta el dinero que necesitan para cumplir con estándares de seguridad en relación a contaminantes tóxicos como los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas), obras de infraestructura, control del plomo y las algas y adaptaciones a condiciones climáticas extremas, como la sequía y las inundaciones vinculadas al calentamiento global.

Durante años, las empresas de agua han aplazado las obras de mantenimiento y limpieza, lo cual ha contribuido a la actual crisis de infraestructura y contaminación del agua. Esto ayuda a explicar por qué se pierde anualmente el equivalente a más de 5.290 millones de euros en agua en filtraciones, según un estudio de los analistas de Bluefield Research.

«El agua de baja calidad a precios altos es un problema nacional. Es evidente que el Gobierno no está haciendo lo que debe hacer», afirma Howard Neukrug, director del centro de estudios sobre el agua de la Universidad de Pensilvania y exdirector del Departamento de Aguas de Filadelfia.

«La conclusión es que a menos que el Gobierno nacional invierta de forma directa más de 880.000 millones de euros, los precios van a seguir aumentando dramáticamente para poder hacer frente a obras de infraestructura y mejoras de la calidad del agua», añadió.

La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) asegura que serán necesarios 30.850 millones de euros por año durante los próximos 20 años para cumplir con las normativas de seguridad de las redes de aguas, saneamiento y canalización de agua de lluvias.

Parte del problema es que, durante años, las empresas de aguas han aplazado las obras de mantenimiento y limpieza, sin ahorrar dinero ni anticiparse a la crisis climática. Esto ha generado que estén pendientes importantes trabajos generales. Por ejemplo, cada año se pierde el equivalente a 5.390 millones de euros en agua en filtraciones, según un estudio de Bluefield Research.

Continuar aplazando las mejoras ya no es una opción, así que ahora las ciudades deben pedir préstamos para invertir en proyectos de infraestructura y/o aumentar los precios para poder suministrar agua segura y limpia. A nivel nacional, durante la última década, el aumento de los precios del agua ha superado significativamente el índice de precios de consumo.

Estados Unidos es el único país del mundo industrializado sin un sistema regulatorio que controle los precios y los servicios, según Stephen Gasteyer, profesor de Sociología de la Universidad Estatal de Michigan.

«El precio del agua ha aumentado dramáticamente sobre todo en sitios donde la población además lucha por el acceso a los alimentos, la vivienda y otros servicios básicos. Es un síntoma de la desigualdad y la segregación que aquejan a los Estados Unidos, donde los pobres viven aglomerados en lugares específicos y los gobiernos locales cargan con la responsabilidad de generar más ingresos por los servicios», señala Gasteyer.

Existen programas nacionales de ayudas para hogares de bajos ingresos para pagar facturas de energía y telecomunicaciones, pero ninguno para pagar el agua. Lo que sí hay son proyectos de leyes que proponen que el Gobierno nacional financie obras de infraestructura y se cree un fondo para la accesibilidad del agua.

El proyecto de la Ley del Agua se presentó por primera vez en 2016 y ha ganado apoyos desde que fue presentado otra vez el año pasado por Brenda Lawrence, diputada demócrata por el estado de Michigan, y apoyado por Bernie Sanders en el Senado.

«En este país, el acceso al agua nunca ha sido una prioridad, porque siempre ha sido un problema de los pobres. Tenemos que cambiar de mentalidad y asegurar que todos los estadounidenses tienen agua potable», señaló Lawrence.

Medidas punitivas

En Estados Unidos, cada año uno de cada 20 hogares sufre un corte de suministro por falta de pago, según el único estudio a nivel nacional. No se sabe cuántos de esos hogares finalmente pagan la deuda o tienen que aprender a sobrevivir sin agua en el lavabo, en la ducha o para cocinar. No existe un comité de vigilancia a nivel nacional y la mayoría de las preguntas sobre acceso al agua y pobreza que figuraban en el censo nacional fueron eliminadas en los años 80.

La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las penurias que pasan personas como Deborah O’Barr (62) de Goodspring, Tennessee, y su marido Bobby (63), que viven sin agua corriente desde 2016, ya que no tienen dinero ni cumplen con los requisitos para dar de alta el suministro.

«Sentimos que a nadie le importa. Debemos ser lo peor de lo peor para la empresa de aguas. No importamos, ni siquiera durante una pandemia», sostiene O’Barr, que cuenta con una fuente local, agua de lluvia y la ayuda de su hijo para llenar garrafas de agua.

A medida que han aumentado los contagios del virus, dejando decenas de miles de personas muertas y millones desempleadas, Detroit se convirtió en la primera ciudad en suspender cortes de suministro de agua y se comprometió a reconectar a los hogares que habían sido desconectados de la red el año pasado. En 2014, poco después de declararse en quiebra (en lo que fue la quiebra municipal más importante de la historia de EEUU), la ciudad lanzó un programa masivo de corte de suministro y desde entonces se desconectaron 141.000 hogares, según los datos obtenidos por el sitio de noticias Bridge.

La ONU afirmó que aquel sistema de cobro de deudas era una violación a los derechos humanos y condenó el desproporcionado impacto que tuvo en la población afroamericana, que compone el 80% de la población de la ciudad.

A medida que el virus se propagó por el país, cientos de municipios y 13 estados aprobaron moratorias, aunque sólo unos pocos accedieron a reconectar a los hogares cuyo suministro ya había sido cortado por falta de pago. Entre ellos está la ciudad de Nueva Orleans, donde el Departamento de Aguas tiene uno de los programas de corte de suministros más estrictos del país: desde 2016 ha dejado sin agua a uno de cada cinco hogares.

En Nueva Orleans, la investigación concluyó que el 79% de los residentes con bajos ingresos vive en barrios con tarifas de agua inasequibles y esta cifra podría llegar al 93% hacia 2030 si los aumentos persisten. En la última década, las facturas se han duplicado, llegando a 1.120 euros en 2018. Esto en una ciudad donde muchas personas solo beben agua embotellada por miedo a las toxinas en el agua de red, lo cual significa que los más pobres no pueden permitirse tomar agua segura. En 2018, el 30% de los residentes pobres vivía en zonas donde la factura promedio costaba más del 12% de los ingresos del hogar. En total, casi un tercio de todos los clientes de la red de aguas de Nueva Orleans son considerados «morosos» y en total deben más de 44 millones de euros.

«Es difícil no llegar a la conclusión de que Nueva Orleans es, de las 12 ciudades estudiadas, la que está en peor situación», remarca Colton al analizar la profunda crisis de asequibilidad del agua a la que se enfrentan los vecinos de esa ciudad. Detrás le siguen Cleveland, Ohio, y Santa Fe, Nuevo México. Santa Fe tuvo menores aumentos, pero la factura más alta de 2018: 1631 euros. En 2030, el 99% de los residentes de bajos ingresos vivirá en barrios con facturas inasequibles.

A nivel nacional, nadie sabe cuántos estadounidenses vivían sin agua corriente cuando se desató la pandemia, ni cuántos han sufrido cortes de suministros durante la misma. Lo que sí se sabe es que las ayudas económicas para que las familias sigan teniendo agua fueron excluidas de los paquetes de rescate del gobierno nacional.

¿Es posible un suministro de agua asequible?

En Filadelfia, activistas que trabajan en un barrio de bajos ingresos con población mayoritariamente afroamericana se encontraron en 2014 con personas que llevaban décadas sin agua corriente y que se veían forzadas a utilizar bolsas de plástico en el lavabo y agua embotellada para lavarse las manos. «Era una situación generalizada y claramente una cuestión de derechos humanos», afirma Rachel López, directora del programa de asistencia legal del oeste de Filadelfia. «Se trata de una sequía provocada por la mano del hombre, que afecta desproporcionadamente a personas afroamericanas de bajos ingresos».

A algunas personas les han negado el alta del suministro porque no tenían escritura o contrato de alquiler a su nombre –los llamados «embrollos de titularidad» que son muy comunes en comunidades de bajos recursos–. A otros les han cortado el suministro por acumular deudas, a veces heredadas, otras veces exacerbadas por sanciones o porque simplemente no podían pagar el reemplazo de una tubería o un medidor.

La investigación de The Guardian demuestra que entre 2010 y 2018, la cantidad de residentes pobres de Filadelfia que vivían en barrios donde el agua corriente es inasequible se duplicó, llegando al 54%, con facturas de casi 800 euros. Durante los primeros tres meses de la pandemia la ciudad le devolvió el suministro a casi 9.000 hogares.

Colton ha trabajado junto con el Ayuntamiento de la ciudad para crear un programa de asistencia estratificada, cuando se supo que en 2017 el 40% de los clientes de la red de agua tenían pagos atrasados. La deuda total ascendía a más de 214 millones de euros.

La premisa es muy simple: la forma más efectiva de mejorar el cumplimiento de pagos y aumentar los ingresos es hacer que las facturas sean asequibles, en otras palabras: se deben basar en la capacidad de pago de cada cliente, como lo hace el sector energético desde hace años.

El programa ha logrado generar un impacto: han ingresado unas 15.000 personas, aunque siguen siendo pocas teniendo en cuenta que se calcula que existían 60.000 hogares que cumplían con los requisitos para entrar en el programa incluso antes de la crisis económica actual. Sin embargo, la ciudad sigue convirtiendo las deudas de agua en embargos impositivos y cada mes se subastan hogares deudores.

«Las deudas de agua se concentran en comunidades afroamericanas, lo cual devalúa desproporcionadamente sus hogares y sus barrios», explica el abogado Robert Ballenger, de Servicios Legales para la Comunidad.

Con una medida celebrada por los activistas, el ayuntamiento de la ciudad recientemente aceptó condonar deudas a quienes se apunten al programa de asistencia, lo cual significaría que quienes entren al programa podrían olvidarse de su deuda si pagan el servicio durante dos años consecutivos. Esto podría generar grandes cambios, ya que actualmente las deudas de agua se heredan de una generación a otra.

A principios de este año, Cheryl Gregg (50) regresó a su casa luego de ser ingresada en el hospital por alta presión arterial y problemas respiratorios y se encontró con que le habían cortado el agua, esta vez por una filtración en una tubería. «Tuve que tomar un Uber a la casa de mi hija para bañarme y comprar agua embotellada, que es cara. Yo no tengo ingresos», relató Greg desde el hospital, donde fue ingresada unos días más tarde.

Esta no era la primera vez que le cortaban el suministro, según su hija Amber (28), que recuerda haberse quedado durante meses con su madre en casas de familiares porque no podían pagar la factura del agua. «Mi madre y mi abuela tenían muchos problemas de salud y no podían trabajar, entonces nos cortaban el agua muy seguido. Nunca sabíamos con qué nos íbamos a encontrar al regresar del colegio, si nos habrían cortado la luz o el agua. Era muy estresante», afirmó. Su deuda de agua, que incluye intereses y sanciones, asciende a casi 23.000 euros.

Ahora, Greg ha entrado en el programa de asistencia estratificada y la familia espera que la deuda sea condonada. Amber, que tiene un empleo en una empresa de aparcamiento y otro en un restaurante de hamburguesas, señala: «Me aseguro de que mi madre pague cada mes para que no pierda la casa».

La respuesta de la industria del agua

Las empresas de aguas son conscientes del peso cada vez mayor que cae sobre las espaldas de la gente, a causa de los aumentos de precio por los costos de las obras de infraestructura. «Queremos encontrar formas de ayudar y a la vez ser mejores administradores de la red de aguas», afirma Greg Kail, de la Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA, por sus siglas en inglés), cuyos miembros incluyen las empresas que ofrecen servicios de agua corriente.

Respondiendo a las preguntas de The Guardian, Kail explica que no existe una «solución mágica» para el problema del precio del agua, pero asegura que están haciendo «avances importantes», citando una investigación de la AWWA del año pasado que concluyó que más del 80% de las grandes empresas de aguas tienen programas de ayudas, en comparación con los datos del año anterior, que eran del 60%.

Cleveland Water no comenta el caso de Montgomery, pero afirma que la empresa está comprometida con construir «un futuro con un acceso al agua más equitativo».

Traducido por Lucía Balducci para Rebelión

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Pactos de la Moncloa 2020?. Ni un paso atrás

El Gob. de coalición es consciente de que sólo a través de una nueva reedición de los Pactos de la Moncloa perviviría en la gobernación del Estado. Por otro lado, la oposición cavernícola va a presionar todo y más para sacar fruto de este momento a todos los niveles.

Todo se juega en este tablero en el que supuestamente "nuestras piezas", al ser parte del engranaje del mismo, aceptarían sumisamente esta nueva puesta de largo de Régimen como ya ocurrió con los anteriores del ´77, y al igual han hecho con otros asuntos. Ese fue el gran error de origen al no pasar a la oposición.

Siendo así, si se llegase a dar como ya ocurrió en la Transición quien saldría perdiendo sería la clase obrera dada la desigual correlación de fuerzas inherente en este Estado burgués debilitado, el cual venía sufriendo de goteras hacía décadas en todo el edificio fraguado tras la herencia del genocida.

¿Que supusieron los Pactos de la Moncloa del ´77? El completo triunfo de la economía de mercado con el subsiguiente sacrificio de trabajadores y trabajadoras al altar del mismo que vieron como sus salarios decrecían, así como el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

Los acuerdos fueron impulsados por el Ejecutivo de UCD presidido por Adolfo Suárez, este señor fue en su día Secretario General del Movimiento Nacional, no contaba con mayoría absoluta desde las elecciones de junio. Se apoyó en el Pacto que constaba de dos documentos, el económico y político, por cierto, éste último no fue firmado por Alianza Popular presidida por Manuel Fraga, en cambio el económico sí, para que veamos como los intereses de clase sí se constatan cuando son necesarios.

Junto al apoyo de este partido contó con el del PSOE, los socialistas catalanes, el PCE, los nacionalistas catalanes y vascos. Las centrales sindicales apoyaron mayormente los acuerdos, CCOO graduó su discrepancia y la CNT se mostró en contra, a sabiendas los efectos del plan económico.

A tal efecto, como ejemplo podemos recordar la Reconversión Industrial de 1980 en nuestro país que desmanteló el tejido productivo, del cual aún no nos hemos recuperado, pero que sirvió en aquel entonces para reabrir un nuevo proceso de acumulación capitalista en el Estado, gracias a la apropiación del trabajo asalariado y a la vez, urdir las bases para entrar en el club de los capitalistas europeos, la execrable Comunidad Económica Europea, que luego pasaría a llamarse en 1993 Comunidad Europea y posteriormente, Unión Europea en 2009.

Tal que es así, supondría la completa terminación del círculo del Régimen del Reino de España, adelantado unos años a los planes que se barajaban. Primero fue el aspecto económico con la privatización de Cajas, Banca y Art.135, después llegó el electoral con la inclusión de nuevos sujetos electorales, más tarde la Jefatura del Estado con la abdicación del monarca Juan Carlos, y ahora tocaría de remozar el laboral y social q ya estuvo tensionado con Reformas de las Pensiones y Laborales, pero que les quedaron flecos, que con esta crisis acabarían de rematarnos.

De este modo el Régimen monárquico del Reino de España saldría reforzado de esta coyuntura por otro largo periodo, haciendo factible de nuevo la acumulación de capital a nuestra costa.

Mantengámonos atentos al bombardeo mediático que vamos a sufrir de aquí en adelante para hacer factible este asunto, tal como empiezan a adelantar desde las esferas del poder. Presionemos, demandemos y denunciemos cualquier deriva reformista, liquidacionista que de pábulo a estas aviesas intenciones antiobreras.

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Los 200.000 mill. de €. del Plan de Choque o el cuento de la lechera

La campaña a bombo y platillo del Gob de apoyo con 200.000 mill. de €. del Plan de Choque para hacer frente a los efectos del #Coronavirus, aduciendo ser la mayor movilización económica en la historia de España, es eso "propaganda", un cuento de la lechera con el que como tantas otras veces nos quieren confundir y enredar, tanto unos gobiernos como otros, porque al fin y a la postre defienden intereses nos son ajenos. 

Esa cantidad supondría el 20% del PIB estatal, o lo que es lo mismo movilizar en el Estado una suma líquida inasumible, la cual no disponen por mucho que se empeñen en decir. Es decir, se trataría en cambio de avales jurídicos respaldados por créditos ICO los 100.000 millones de € por un lado, que serían puestos en movimiento siempre y cuando hipotéticamente llegarán a esa cantidad los préstamos que pidiesen los empresarios a bancos para aprovisionarse de solvencia económica tras los efectos de la pandemia. 

Siendo así se desprenden dos conclusiones, primera e importante ese pastizal nunca va a ser la cantidad están propagandeando, segundo tal como pasa en Europa con el BCE, el Estado español le hace el gran negocio a los bancos usureros porque no es el mismo Estado quien distribuye ese dinero a traves de un Banco público, como estamos muchos demandando, sino que son las condiciones del banco en particular las que marcaran la pauta de los préstamo pidan las empresas siendo a posterior el Estado garante de pagar el aval al banco que no pueda hacer frente la empresa en cuestión. En la UE ocurre algo similar, no son los estados quienes piden provisión al BCE, sino que es la UE quien pide la provisión a repartir a través del BCE a los bancos para conseguir recursos económicos a los estados. Es así de perverso y ruinoso.

Volviendo a las diferentes partidas, habría unos 5.000 millones de €, éstos si son verdaderamente el dinero que acometería el Gob para hacer frente a este desastre y como dijeron serían empleados en proteger a colectivos vulnerables. Hay otra partida en el desglose, la cual han calculado que serían 600 millones € que iría dirigidos a las CCAA, pero ese dinero está comprometido de siempre, más tarde o temprano transferirían su parte a cada Autonomía para cubrir Serv. Sociales y Ayunt locales. Queda por dirimir 11.000 millones de € para cubrir contingencias imprevistas, igualmente sin concretar.

Por otro lado, la aportación privada de 83.000 millones de € se resumirían en modificaciones de préstamos, créditos, moratorias, etc que sin saber con seguridad su montante y si van a responder los bancos, en cambio si la cifran en esa cantidad.

De este modo, vemos como el anuncio del Presidente Sánchez tiene más de ruido propagandístico que en realidad es esa astronómica cifra de inversión si se escruta cada aportación. 

De lo q si podemos estar seguros es que tal como fue la crisis del 2008, ésta la vamos a pagar los mismos paganos cuando toque ajustar las cuentas dada la cobardía y servil actitud están demostrando en este Gobierno de coalición.

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