El largo brazo del Grupo de Bilderberg

Muchas tonterías se han escrito durante años sobre el Grupo de Bilderberg. Pero ‎los documentos permiten llegan a tener una visión fiable sobre ese ente. Numerosos ‎investigadores han emprendido esa tarea. El Grupo de Bilderberg no es un “gobierno ‎mundial” sino una red de influencias creada por la CIA y el MI6 para respaldar las acciones de ‎la OTAN. ‎

Tres italianos fueron invitados este año a la reunión del Grupo de Bilderberg, realizada en la ‎ciudad suiza de Montreux del 30 de mayo al 2 de junio. Junto a Lili Gruber, la presentadora del canal ‎de televisión La7, convertida en invitada permanente del Grupo de Bilderberg, también fue ‎invitado otro periodista, Stefano Feltri, director adjunto de la publicación Il Fatto Quotidiano, ‎que tiene como director a Marco Travaglio. El «tercer hombre» seleccionado por el Grupo de ‎Bilderberg es el ex primer ministro Matteo Rezi, ahora senador del Partido Demócrata. ‎

El Grupo de Bilderberg, creado en 1954, supuestamente por iniciativa de «eminentes ‎ciudadanos» estadounidenses y europeos, en realidad fue creado por la CIA y por el MI6 ‎británico para respaldar a la OTAN en contra de la URSS [1] y después de la guerra fría ‎conservó el mismo papel de fuerza de apoyo de la estrategia de Estados Unidos/OTAN. ‎

El Grupo de Bilderberg invita a sus reuniones anuales a unos 130 representantes de los sectores ‎político, económico y militar, de los grandes medios de difusión y de los servicios secretos. ‎Esas personas, que vienen casi exclusivamente de Europa occidental y de Norteamérica, ‎participan supuestamente a título personal en esos encuentros. Se reúnen a puertas cerradas, ‎cada año en un país diferente, en hoteles de lujo, bajo la protección de estrictos sistemas de ‎seguridad militares. No se admiten periodistas ni observadores en esos encuentros y ‎no se emiten comunicados. Los participantes están obligados a observar el más estricto silencio, ‎ni siquiera pueden revelar la identidad de quienes hacen uso de la palabra para presentar las ‎informaciones que circulan en esas reuniones –lo cual dice mucho sobre la ‎supuesta ‎«transparencia» de tales encuentros. Sólo se sabe que este año se habló ‎principalmente de Rusia y China, de sistemas espaciales, de un orden estratégico estable, del ‎porvenir del capitalismo. ‎

Las presencias más relevantes fueron, como de costumbre, las de personalidades ‎estadounidenses: Henry Kissinger, quien junto al banquero David Rockefeller –el fundador del ‎Grupo de Bilderberg y de la Comisión Trilateral, fallecido en 2017– es una ‎‎«figura histórica»‎ del ‎Grupo; Mike Pompeo, ex jefe de la CIA y actual secretario de Estado [2]; el general David ‎Petraeus, ex jefe de la CIA [3]; Jared Kushner, consejero y yerno del ‎presidente Donald Trump para asuntos del Medio Oriente, además de amigo íntimo del ‎primer ministro israelí Benyamin Netanyahu. Detrás de todos estos estadounidenses viene el ‎noruego Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien acaba de obtener un segundo ‎mandato en reconocimiento a los servicios prestados a Washington.‎

Durante 4 días, en una serie de sesiones secretas multilaterales o bilaterales, estos personajes y ‎otros representantes de los grandes poderes –tanto públicos como secretos– de Occidente han ‎fortalecido y ampliado la red de contactos que les permite ejercer su influencia sobre las políticas ‎de los gobiernos y las orientaciones de la opinión pública. ‎

Los resultados son visibles. En la publicación italiana Il Fatto Quotidiano, Stefano Feltri defiende ‎con uñas y dientes el hecho que tales reuniones se desarrollen a puertas cerradas «para crear ‎un contexto de debate franco y abierto, precisamente por su carácter no institucional» y ‎arremete contra «numerosos complotistas» que divulgan «leyendas» sobre el Grupo de ‎Bilderberg y la Comisión Trilateral [4]. ‎

Claro, ese artículo no dice que entre los «numerosos complotistas» se encuentra el juez ‎Ferdinando Imposimato, el presidente honorario de la Corte Suprema de Casación (fallecido ‎en 2018), quien resumía de la siguiente manera el resultado de las investigaciones que había ‎realizado: ‎ ‎

«El Grupo de Bilderberg es uno de los responsables de la estrategia de la tensión y ‎por consiguiente de las masacres.»‎

Entre las masacres que mencionaba el juez Imposimato estaba, en primer lugar, la de la Piazza ‎Fontana, perpetrada en contubernio con la CIA y con los servicios secretos italianos, con ‎el Gladio y los grupos neofascistas, con la Logia P2 y con las logias masónicas estadounidenses ‎que operaban desde las bases de la OTAN [5].‎

Ese prestigioso club acoge ahora a Matteo Renzi, y si lo invitan no es seguramente por su talento ‎como analista. La otra hipótesis es que los poderosos del Grupo de Bilderberg están preparando ‎en secreto alguna nueva operación política en Italia. Y que nos disculpe Feltri por unirnos a los ‎‎«numerosos complotistas». ‎

Nuestro sitio web presenta la lista oficial de participantes en la reunión del Grupo de ‎Bilderberg correspondiente al año 2019, con nuestra propia definición de las funciones de ‎cada una de esas personas. Ver «Liste des participants à la réunion 2019 du Groupe de ‎Bilderberg», Réseau Voltaire, 1º de junio de 2019.

El Grupo de Bilderberg se caracteriza precisamente por su participación en la preparación ‎de acontecimientos inesperados en el plano político. Por ejemplo, en 2014 el Grupo de Bilderberg invitó ‎a su encuentro anual al entonces ministro francés Emmanuel Macron, quien anunció en ese marco ‎su ruptura con el entonces presidente de Francia Francois Hollande. En 2016, el encuentro anual ‎del Grupo servió de escenario al entonces alcalde de Le Havre, Edouard Philippe, para anunciar ‎que se pasaba al bando de Emmanuel Macron. En 2017, Emmanuel Macron se convirtió inesperadamente ‎en presidente de Francia y nombró primer ministro a… Edouard Philippe.

[1] «Lo que usted no sabe sobre el ‎Grupo de Bilderberg», por Thierry Meyssan, ‎‎Komsomolskaya Pravda (Rusia), Red Voltaire, 15 de abril de 2011.

[2] Mike Pompeo no aparece ‎en la lista oficial de participantes. Su presencia fue revelada por el diario belga L’Écho: «Mike ‎Pompeo est à la réunion du groupe Bilderberg», Nicolas Keszel, L’Écho, 1º de junio de 2019.

[3] Como jefe de la CIA, el general Petraeus implementó el tráfico de ‎armamento destinado al Emirato Islámico (Daesh) a través de la Operación «Timber Sycamore» ‎‎(Ver «Armamento por miles de millones de dólares utilizado contra Siria», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 18 de julio ‎de 2017.). ‎Petraeus prosigue actualmente ese tráfico de armas desde su puesto de director ‎del Global Institute, del fondo de inversiones estadounidense KKR, que a su vez se halla bajo la ‎dirección de Henry Kravis, eterno invitado del Grupo de Bilderberg, en cuya junta de ‎administración figura… la esposa de Kravis. Henry Kravis es además el principal proveedor de ‎fondos del hoy presidente de Francia, Emmanuel Macron.

[4] “Sì, il gruppo Bilderberg mi ha invitato alla sua riunione. Vi ‎spiego perché mi interessa partecipare”, Stefano Feltri, 28 de mayo de 2019; ‎‎«Stefano Feltri al Bilderberg, per me è un errore e le spiego perché», Angelo Cannatà, 1º de junio ‎de 2019; «Dentro il Bilderberg: ecco di cosa si discute davvero», Stefano Feltri, 4 de junio de 2019, Il Fatto Quotidiano.

[5] «Terrorismo: el juez Imposimato acusa al Grupo de ‎Bilderberg», Red Voltaire, 31 de enero de 2013.

Manlio Dinucci

Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio

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Sebastián Piñera, el presidente empresario

Sebastián Piñera, el hombre que en unos días asumirá su segundo mandato como presidente de Chile, es la séptima persona más rica del país y la 745 a nivel mundial según la revista Forbes. Su fortuna asciende a 2.700 millones de dólares.

El nuevo presidente desciende de una familia chilena de élite y su vida está marcada por los negocios. Los mismos involucraron diversas ramas: inmobiliaria, aerolíneas, supermercados, recursos naturales, televisión, tarjetas de crédito y equipos de fútbol, entre otros.

Desde el comienzo los negocios de Piñera estuvieron envueltos por la polémica. El inicio de su historial en el mundo empresarial se puede fechar en 1977 cuando ingresó al negocio bancario brindando asesoría al Banco de Talca a través de su firma Infinco. Dos años más tarde, fue nombrado gerente general del banco al que prestaba asesoría. Durante la gerencia general de Piñera el banco tenía prestado 200 millones de dólares, cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de 25 %. Los mismos se otorgaban a sociedades fantasmas. A su vez se aprovechó de beneficios que el Banco Central otorgaba a exportadores, fingiendo exportaciones en empresas relacionadas. Por estos motivos en 1982 ordenaron su arresto por fraude al Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. Piñera evitó la cárcel estando prófugo veinticuatro días hasta que sus abogados obtuvieron un recurso de amparo que garantizó su libertad.

Sus negocios inmobiliarios también estuvieron viciados por la polémica, ya que –entre otras cosas- con ellos despojó de sus territorios a pueblos originarios. Tal es el caso de la compra de 6 millones de hectáreas en Isla Grande, Chiloé, para construir el Parque Tantauco en 2004. El proyecto se llevó adelante pero tuvo el rechazo de las comunidades huiliches que reclamaban sus derechos sobre las tierras, amparados en el Tratado de Tantauco.

Su paso más conocido por el mundo de los negocios es el de LAN Chile. En 1994 compró el 16 % de la aerolínea y posteriormente llegó a ser presidente de la misma. También se registraron polémicas en torno a esta actividad: en 2009 la Superintendencia de Valores y Seguros lo multó por comprar 3 millones de acciones de la compañía, luego de haber accedido a información privilegiada al haber sido parte de la sesión de directorio donde se había presentado de manera reservada el balance del trimestre anterior.

También el presidente empresario enfrentó acusaciones por negocios en un sector muy sensible: el farmacéutico. En 2009 se desató un escándalo al destaparse la existencia de colusión de precios entre las cadenas de farmacias en Chile. Piñera, quien condenó el hecho públicamente, en realidad estuvo involucrado ya que poseía acciones en FASA (Farmacias Ahumada).

En coherencia con su historial, durante su paso por el sector público se constataron conflictos de intereses y nuevos negociados. En 2009, antes de asumir su primer mandato, creó un fideicomiso ciego para administrar sus inversiones durante su presidencia. Sin embargo, solo incluyó un tercio de su cartera. El diputado Fuad Chain denunció que durante su presidencia Piñera conocía todas sus inversiones.

En 2010 se desató una gran polémica alrededor de la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar por parte de su Holding Bancard. En ese entonces Chile y Perú se encontraban litigando en La Haya para definir los límites marítimos internacionales.

Finalmente el fallo fue favorable a Perú y por ende a la empresa de la que el presidente había adquirido recientemente acciones. Por esta causa fue imputado por la justicia, aunque en 2017 quedó libre de cargos.

Otro caso controvertido durante su presidencia se dio cuando la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile aprobó por unanimidad un proyecto minero a cielo abierto a pesar de las falencias del estudio de impacto. Piñera era el principal accionista de la Copec, empresa impulsora del proyecto.

Recientemente el flamante presidente chileno se vio involucrado en la investigación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que descubrió que algunas empresas declaraban falsamente sus ganancias (comprando firmas en quiebra a partir de las cuales reportaban pérdidas) para pagar menos impuestos. En 2017 esta misma organización reveló que Piñera tenía una cuenta millonaria depositada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, la cual fue omitida en su declaración jurada.

La vida de Sebastián Piñera ha estado marcada por los negocios más que por la política. Incluso dentro de la función pública no descuidó sus intereses privados y se lo acusa de haber aprovechado su lugar para incrementar su fortuna. Más que presidente Piñera es el presidente empresario.

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Las empresas españolas sobornan para obtener negocios ventajosos

En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar la corrupción señalando a todos los actores que participan en ella, y en este sentido, los "sobornadores" -grandes empresas que recurren a sobornos para obtener contratos públicos y negocios ventajosos- también tienen una buena parte de responsabilidad.

A día de hoy, la corrupción en España es un hecho extendido “si limitamos su comprensión únicamente a lo que jurídicamente presenta menos dudas: el cohecho, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias, etc.” comenta Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial, que califica la corrupción como “síntoma de una enfermedad social”. Por eso se necesita una mirada amplia para analizarla desde el punto de vista de los corruptos, pero también de los corruptores y otros factores que influyen en la propagación de este fenómeno.

Corrupción, calidad de la democracia y beneficios económicos

“La corrupción más grave se da cuando los políticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el interés público”, dice Federico Aguilera Klink 

Para el catedrático de Economía, hay una serie de requisitos necesarios para que esta traición a la comunidad se dé: que el sistema político sea básicamente bipartidista (en el que hay un acuerdo tácito del bipartito para no beneficiar al interés público sino a los poderosos) y el conjunto de personas que los forman acepten que su trabajo en política consiste en traicionar a la ciudadanía beneficiando a los grandes intereses empresariales. Por otra parte, tener unos medios de comunicación serviles con el gobierno y con los intereses empresariales. También hace falta una mayoría social enajenada por esos medios para que no osen salirse de la “normalidad democrática” y una minoría disidente que es descalificada por políticos y por esos medios.

Por ejemplo, Teresa Medina, profesora de Derecho Administrativo en la universidad de Burgos, alerta que de los numerosos escándalos están relacionados con la contratación pública. “A pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para hacer frente a la corrupción en la contratación pública, no podemos desconocer que las obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su aplicación”, analiza la profesora.

Pero, ¿por qué siempre que se analiza el fenómeno de la corrupción se pone el acentuen el corrompido y muy poco en el que actúa como corruptor? Óscar Carpintero, profesor de economía aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el concepto de corrupción hacia el ámbito de lo público, se dejan de lado todos los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social claro. “Muchas empresas recurren a prácticas de corrupción que violan el marco institucional y que afectan positivamente a su cuenta de resultados que lleva a que incluso se llegue a hablar de “corrupción eficiente” que, lejos de descalificar este tipo de comportamientos, los han justificado amparándose en argumentos de “lógica económica””, dice Carpintero.

Un dato: Las empresas españolas aparecían en 2008 como las segundas (después de las empresas chinas de una muestra de 22 países) que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos para obtener contratos públicos o negocios ventajosos en América Latina, y las terceras con mayor probabilidad (después de las empresas chinas e italianas) cuando se trataba de recurrir a sobornos en los países de Europa y Estados Unidos.

Y es que las empresas transnacionales tienen mucho que ver en esta “arquitectura de la impunidad”, tal y como lo llaman Erika González y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina). Esta arquitectura jurídica de la impunidad se produce por la vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, que les permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus propios intereses económicos. Según analizan, la corrupción como modus operandi es una práctica habitual de las grandes multinacionales españolas y de buena parte de la clase político-empresarial que gobierna, y es una dinámica que se remonta a los inicios del desarrollismo franquista.

Desde OMAL, hacen una serie de propuestas de control ante estos hechos: Prohibir la circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado, la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas, el soborno y otras prácticas de corrupción. Por otra parte, obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, la toma de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Y finalmente, aprobar normas sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos y el secreto bancario, la sanción a los flujos ilícitos de capital.

El lobby: una forma de corrupción “legal”

Una de esas formas de corrupción “legal” puede ser el trabajo de lobby. Ese trabajo de presión política para diseñar leyes que favorecen intereses económicos privados dañan al interés general. Manuel Villoria, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, la califica como “una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas” y enumera algunas de las prácticas relacionadas con los lobby que pueden suponer riesgos de corrupción o prácticas no éticas: Financiación de partidos políticos para obtener regulaciones beneficiosas cuando los partidos acceden al gobierno; puertas giratorias; captura regulatoria y técnica (control de los grupos de expertos, financiación de investigación sesgada o de congresos y reuniones profesionales a cambio de apoyo a los intereses de los financiadores); adopción de normas que generan voluntariamente lagunas o loopholes para evitar los verdaderos controles o normas que debilitan las restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de fachada (window dressing), entre otras muchas más prácticas.

De hecho, otro de los principales obstáculos a la detección de este tipo de prácticas es la privatización de la regulación. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un negocio para las empresas privadas. José Antonio Estévez Araujo, catedrático de filosofía del derecho en la Universitat de Barcelona, dice que la propia corrupción se ha ’legalizado’ y que actividades que habrían sido consideradas deshonestas hace unas décadas ahora son vistas como ’buenas prácticas’. “La ideología legitimadora de la privatización de la regulación se ha convertido en un nuevo ’sentido común’ en el ámbito de la gestión de las políticas públicas. Y el discurso de la gobernanza constituye el núcleo de esa nueva ideología”, añade.

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Cómo los medios españoles ocultaron la responsabilidad de las empresas occidentales en la muerte de las víctimas del Rana Plaza en Bangladesh

La industria textil, también llamada maquila en Latinoamérica o sweatshop en Asia, es un fenómeno que se da a lo largo y ancho del planeta en países empobrecidos y con una mano de obra altamente feminizada. Son los grandes centros de producción que las empresas multinacionales emplean para fabricar sus productos; principalmente ropa y calzado. Se encuentran en las Zonas Procesadoras de Exportación, enclaves elegidos por las ventajas fiscales, la exención del pago de impuestos, o la falta de controles medioambientales. Se trata de un eslabón fundamental de las empresas que buscan mayores beneficios a través del abaratamiento de los costes de producción. Sus efectos son devastadores a muchos niveles; violan sistemáticamente los derechos laborales y humanos y son uno de los fenómenos mundiales que a más mujeres afecta. Pese a ello, el espacio que se le ha dado en los grandes medios de comunicación ha sido poco relevante, aunque va en aumento gracias al debate sobre la moda low cost que últimamente ha protagonizado programas en prime time.

El derrumbe del edificio Rana Plaza tuvo lugar el 24 de abril de 2013. Benetton, Mango, El Corte Inglés, C&A, Primark, Carrefour y Marks&Spencer, entre otras, cosían sus prendas allí. Fue el único caso, hasta esa fecha, que consiguió colarse en la agenda mediática. No fue el primero en Bangladesh, ni tampoco el primer accidente de una fábrica textil en el mundo, pero sí fue el primero que se cobró una cantidad de víctimas importante, equiparable al derrumbe de las Torres Gemelas. Dejó más de 1.100 muertes, casi 2.500 personas heridas, más de 300 desaparecidas y 234 cadáveres sin identificar. Ahora bien, ¿cómo se informó sobre este hecho en los dos diarios con más impacto y mayor número de personas lectoras de todo el Estado español? ¿La información que se difundió sobre el Rana Plaza en El Mundo yEl País fue suficiente para que los y las lectoras pudieran entender lo que estaba ocurriendo verdaderamente? ¿Hubo un discurso predominante?

Que parezca un accidente

¿Qué ha pasado en Bangladesh? Esta es la pregunta que mucha gente se hacía cuando veía las impactantes imágenes del Rana Plaza en sus televisores. Y esta fue la primera pregunta a la que los mass media debían responder. Desde las primeras informaciones, y en todo momento, el suceso fue definido como un derrumbe de un edificio, como un accidente industrial. Colapso, hundimiento, desplome, tragedia, drama, siniestro, devastador o desastre fueron algunos de los sinónimos empleados para describir la noticia. La atención del público estaba colocada en torno a un inmueble inanimado y todas las informaciones, exceptuando los reportajes dominicales, citaron como causa principal las grietas del edificio, sus causas físicas. Por tanto quien mató fue el edificio, y además de manera involuntaria ya que “se vino abajo”, nadie lo tiró.

Una vez planteado y definido el hecho en cuestión, las causas del “desastre” irían en el mismo orden lógico, y aunque esto pueda parecer banal, fue una cuestión vital para el posterior desarrollo discursivo y mediático. Las grietas, el terreno inestable, la inseguridad del edificio o incluso la excesiva altura definieron las líneas de análisis y provocaron que fuera prácticamente imposible poner de manifiesto un debate más profundo que albergara la responsabilidad de otros agentes en lo ocurrido. Así se fueron evitando y retrasando temas más controvertidos como el papel de nuestras empresas multinacionales en la zona. La base de la mayoría de planteamientos parte de la consideración de tratar al derrumbe del Rana Plaza como si fuera, casi exclusivamente, un accidente coyuntural, cuando en realidad estábamos ante un fenómeno global asentado sobre complejas implicaciones estructurales que tienen que ver, entre otras cosas, con los derechos humanos.

Cuando este razonamiento lógico de acción-reacción o grieta-derrumbe dejó de explicar toda la complejidad, que en cierta manera se empezaba a vislumbrar, el siguiente paso fue colocar en el punto de mira a los gerentes y a los dueños de los talleres de confección. De esta manera se les empezó a definir como “los malos”, ya que obligaron a los y las trabajadoras a asistir ese día a trabajar; las informaciones apuntaban como “nuestros jefes nos forzaron” o los “trabajadores que resultaron heridos acusaron a los responsables de las fábricas de obligarles a trabajar”.

La engañosa búsqueda de culpables: Blangadesh vs Occidente

“La tragedia de Bangladesh salpica a Occidente” fue uno de los titulares con el que El País abrió el 27 de abril de 2013. A priori podría parecer que se estaba estableciendo una conexión entre lo ocurrido en Bangladesh y nuestros países, basada en la responsabilidad y en el mal hacer de nuestras marcas, pero si nos fijamos atentamente en el verbo empleado denota la existencia de cierta incomodidad, porque cuando algo salpica, molesta. Es algo que no se espera, es algo con lo que se tiene que lidiar, una responsabilidad fortuitamente endosada. Así que para evitar que el foco crítico recayera en las marcas occidentales, se buscaron nuevos culpables. Esta vez, Bangladesh.

El relato que permitió la culpabilización del país estuvo asentado en un discurso etnocéntrico. Nuestra cultura fue autopresentada de manera positiva y superior, mientras que la suya, era descrita a través de estereotipos. La mayoría de las noticias presentaba a las personas trabajadoras como pobres, dependientes, vulnerables, pasivas pero violentas, e incapaces. Son “esos seres anónimos y lejanos que mueren debajo de los escombros”. La sintaxis utilizada y la floritura de los textos nos sumergen en espacios lúgubres, de caos, miseria y drama al narrar y describir los hechos y lugares en torno a Bangladesh, por lo que la nota fatalista y sensacionalista tuvo suficiente peso. Esta presentación dicotómica también estuvo presente a la hora de abordar la responsabilidad de lo ocurrido. Ésta no se asume ni se omite, se transfiere a las autoridades y las empresas de Bangladesh, con lo que encontramos que el relato general se encontró enraizado en la exculpación de todos los agentes occidentales pero en la inculpación de todo aquello que tuvo que ver con el país asiático.

Bangladesh fue castigado discursivamente, y eso no sólo significó una mirada etnocentrista sino también un relato construido desde el marco neoliberal, donde la globalización es positiva, y por ende, la industria textil también. Los valores de bienestar asociados a progreso y riqueza impidieron colocar en su justa medida un derrumbe de tamañas características e hicieron que paralelamente surgiera un discurso a favor de las fábricas textiles. Éstas fueron catalogadas de “milagro económico”, “pujante industria” o “negocio de 15.000 millones anuales”, pero ni una sola noticia hizo alusión a lo que las grandes multinacionales se ahorraron o se embolsaron por fabricar sus prendas en países como Bangladesh, ni a los beneficios anuales que gracias a estos talleres llevan décadas obteniendo. En otros casos se habló de la negligencia e impunidad de los líderes políticos, pero jamás se mencionó la impunidad o la negligencia de otros agentes que intervienen en el esquema comercial.

¿Dónde están las mujeres?

Los datos no aparecieron desagregados por sexos, pero evidentemente no afectó igual a hombres que a mujeres; porque el 80% de la plantilla de las fábricas textiles de Bangladesh son mujeres. Esto significaría que, si había alrededor de 5.000 personas en el momento del derrumbe, como ambos diarios afirmaron, fue el mismo que afectó a 4.000 mujeres de Bangladesh, y eso nadie lo dijo.

Es reseñable que de 52 noticias tan sólo en cinco encontramos testimonios de mujeres trabajadoras de la industria textil. Esto supone que tan sólo un 9,6% de las noticias fueron contadas con mujeres trabajadoras de la industria. Las mujeres que aparecieron y hablaron fueron: Laboni Khanam, que fue “un caso” paradigmático porque fue amputada in situ incluso antes de llegar al hospital; Reshma Begum, por ser el “hallazgo milagroso”, una de las supervivientes que consiguió salir de los escombros después de 17 días; Moni, una empleada de Inmaculate, una fábrica textil de Bangladesh, y Fahima, que habla para otro reportaje sobre las mujeres amputadas, en el que también aparece Laboni.

Las mujeres aparecen en tercera persona, no son protagonistas. Se las tiende a definir desde la violencia y el conflicto. Han sido representadas como pobres, dependientes y víctimas. Llama la atención que para referirse a los hombres se les denomina trabajadores u obreros, mientras que las mujeres siempre son catalogadas de “costureras” o incluso de “ejército de costureras”. Las mujeres fueron ubicadas en entornos vulnerables como hospitales o al pie de los escombros, siendo representadas con algún brazo o pierna amputada, o transportadas en camilla mostrando pasividad o incapacidad, con expresiones de dolor y acompañadas, en estos casos, por personal masculino. En otras se las ve llorando o con aspecto compungido. Encontramos también la imagen de Reshma dentro de uno de los hoteles más lujosos de Bangladesh en su primer día de trabajo después de abandonar el hospital y el trabajo en la fábrica tras el derrumbe. Esa es la única imagen que tenemos en la que una mujer esté sola, de pie y sin compañía, en un despacho con libros y material de oficina al fondo. No encontramos ninguna imagen donde se vea a un hombre sufriendo, la mayoría están protagonizadas por mujeres.

Desinformación y manipulación

Lejos de lo que se piensa, el derrumbe no inundó los medios, ni puso al desnudo el abismo entre costes y beneficios de la producción textil, ni dejó en evidencia las condiciones laborales en las que trabajan miles de personas. Así, se impidió la reflexión y el debate en la ciudadanía sobre lo ocurrido en Bangladesh, al mismo tiempo que legitimó nuestro nivel y forma de consumo y siguió ahondando en las diferencias sociales, culturales y de género. No hubo una crítica seria, ni un análisis profundo o riguroso, el relato general contempló un tono de lástima y de pena, pero no de indignación o de petición de justicia. El Mundo y El País se hicieron eco, sí, pero ello no significó que el tratamiento fuera suficiente porque suprimieron buena parte de la información. La cobertura del Rana Plaza presentó fallas importantes que hubieran permitido una mayor comprensión del asunto por parte de las personas lectoras.

En el relato falta, por ejemplo, una conexión directa y causal entre las prácticas de las grandes empresas multinacionales y las condiciones de los talleres textiles de Bangladesh. Muy pocas informaciones aludieron a las causas estructurales. La gran mayoría de las informaciones vertidas estuvieron sujetas al discurso superficial, hasta en un centenar de ocasiones se mencionó la palabra “grieta”. El término “derrumbe” es el que, sin duda, más veces aparece, tanto que se produjo una nominalización o traslación; esto es, el sustantivo derrumbe se convirtió en un sustantivo propio de tal forma que al mencionar “el derrumbe”, ya sabíamos a qué se estaba haciendo referencia. Esto evitó, además, poder establecer la conexión entre nuestro modelo de consumo y Bangladesh; se habla sobre los problemas que tienen las personas trabajadoras de la industria textil, pero no se presta atención a lo que nuestra sociedad provoca con nuestro modo de vida y de consumo.

No mostrar las asimetrías que la globalización genera es una falta de rigor periodístico. Los medios han contado su versión y la han camuflado de verdad. El derrumbe de Bangladesh fue una práctica de desinformación y manipulación. La escasa profundidad de los hechos narrados, el sensacionalismo, el reduccionismo, la pobreza en las argumentaciones, la falta de contextualización, el mensaje neoliberal, androcéntrico y el refuerzo de los estereotipos son el envoltorio de una estrategia concreta: ocultar los delitos y crímenes flagrantes de los que las empresas occidentales son corresponsables.

Itziar Pequeño es periodista y feminista especializada en comunicación social y para el desarrollo y comunicación con perspectiva de género.

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Chile investiga a la transnacional Endesa por supuestas donaciones a políticos

La fiscalía de Chile, a instancias de su par española, investiga a la empresa de electricidad Endesa por supuestas donaciones a políticos chilenos para campañas electorales a cambio de apoyar la instalación de una central hidroeléctrica.

La Fiscalía española envió en mayo pasado una solicitud de colaboración internacional a las autoridades chilenas sobre Endesa, controlada por la italiana Enel, junto a un informe con antecedentes que fueron difundidos este viernes por el diario La Tercera. "Las empresas Enel y Endesa habrían donado 3,5 millones de dólares a algunos políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume" en el sur de Chile, indica el informe judicial.

La Fiscalía chilena confirmó a la AFP que "la investigación se lleva en curso" sin dar más informaciones sobre el caso. La investigación se produce luego de que Endesa admitiera en 2015 haber entregado donaciones económicas por 276 millones de dólares desde 2012, parte de ellas para campañas políticas. Tras ello, la empresa española anunció la cancelación de los aportes "con fines electorales y/o políticos".

Las autoridades españolas pretenden determinar si "algún ciudadano español estuvo involucrado o si se ha producido algún presunto acto de corrupción desde el territorio español" en estas supuestas donaciones de Endesa Chile.

Endesa, por su parte, manifestó que "dará todas las facilidades para que esta investigación pueda concluir en buen término", según un comunicado difundido por medios locales.

El proyecto Central Neltume está ubicado en la región de Los Ríos, en el sur chileno, y considera una inversión por 780 millones de dólares. Endesa anunció el año pasado la paralización del proyecto tras retirar la evaluación de impacto ambiental de construcción de la hidroeléctrica para su rediseño.

La Información

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Bayer-Monsanto: la fusión empresarial más grande de la historia

El 14 de septiembre, la farmacéutica Bayer compraba al gigante del agronegocio Monsanto por un valor de 66.000 millones de dólares, creando la mayor compañía de de agroquímicos y semillas del mundo.

Tras meses de rumores, la alemana Bayer y la estadounidense Monsanto confirmaron que esta última aceptó la oferta por 66.000 millones de dólares para fusionarse.

El laboratorio multinacional Bayer, líder de la industria farmacéutica, decidió incrementar su línea de negocios en la industria agrícola. A su ya desarrollada rama de agroquímicos –comercializados por la firma CropScience que le pertenece– se suman ahora más de 2.000 variedades de semillas cuya patente lleva la firma Monsanto.

Esta unión no se da en cualquier contexto. Syngenta, competidor de origen suizo de Monsanto, fue recientemente adquirida por la empresa estatal ChemChina. Los mercados occidentales más que nunca se vuelven un terreno de disputa. Así, de las seis empresas multinacionales dedicadas al agronegocio, la competencia se reduciría a cuatro gigantes (ChemChina-Singenta/Bayer-Monsanto/Dow-DuPont/BASF).

Bayer cuenta hoy con alrededor de 117.000 empleados alrededor del globo, mientras que Monsanto tiene 23.000 aproximadamente. Con esta fusión, el negocio farmacéutico de la compañía alemana a nivel global pasa a un segundo lugar, representando el 50% de su actividad.

Dentro del mismo negocio farmacéutico la empresa venía cambiando su intencionalidad comercial para el desarrollo de medicamentos con exclusividad de patentes y alto costo, lo que venía provocando despidos en las fuerzas de venta como sucedió en enero de este año. Esta nueva compra puede incidir en el mismo sentido e implicar la pérdida de nuevos puestos de trabajo, señalaron a Notas trabajadores de la empresa, que ya han sufrido recortes de personal en anteriores fusiones.

Alimentación sustentable

En el comunicado que la nueva corporación hizo público señalaron que el objetivo “está en cómo alimentar a 3.000 millones de personas más en el mundo en 2050 en una forma sostenible con el medio ambiente”.

En este sentido, la Coalición contra los Peligros de Bayer (CBG, por sus siglas en alemán) citó en un comunicado al investigador de la compañía alemana, Hermann Stübler, quien indicó que “desde hace más de 25 años, la industria fitosanitaria mundial no ha desarrollado y puesto en el mercado ningún herbicida relevante para el cultivo con algún nuevo mecanismo de acción; ésta es una de las consecuencias de la consolidación de la industria, que ha ido acompañada de una considerable reducción de la inversión en investigación de nuevos herbicidas”.

“En consecuencia, cada vez más plantas silvestres se adaptan a esos productos y los agricultores tienen que utilizar cada vez más agroquímicos, con efectos devastadores sobre la biodiversidad”, añadió la CBG.

También denunció que no es la primera vez que Bayer y Monsanto se unen. Entre 1954 y 1967 conformaron una empresa conjunta (joint venture) llamada Mobay Chemical Corporation. Mobay proveyó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de uno de los químicos fundamentales para la generación del agente naranja utilizado durante la guerra de Vietnam como parte de la Guerra Química.

El uso del Agente Naranja tuvo como consecuencia –según la Cruz Roja de Vietnam– un millón de personas discapacitadas o con problemas de salud y 400.000 muertos. Sin embargo, el nombre de Bayer no quedó asociado a este hecho como sí lo ha hecho Monsanto.

Si es Bayer, ¿es bueno?

Desde diversos medios internacionales se especula que la histórica farmacéutica planea deshacerse de la firma de Monsanto, ya que esta empresa “tiene mal nombre”, mientras que los alemanes gozan de buena fama por haber inventado la aspirina.

Sin embargo, Bayer ha enfrentado juicios millonarios a lo largo de su historia. El más reciente en Argentina tuvo que ver con la droga para el tratamiento del colesterol, comercialmente conocida como Lipobay, que causó la muerte de un centenar de personas.

En ese caso, decidieron no incluir los efectos adversos en el prospecto del medicamento, haciendo caso omiso a reglamentaciones locales e internacionales en materia de salud colectiva. Personas físicamente saludables que fueron recetadas con este medicamento quedaron inválidas de por vida. El laboratorio tuvo que retirar en 2001 este medicamento del mercado en todo el mundo.

Luego de este “traspié”, las acciones de Bayer empezaron a descender en la bolsa. La firma entonces recurrió a la compra del laboratorio Schering, adquiriendo la línea de productos anticonceptivos y oncológicos probados, que le permitieron levantar su decaída imagen y continuar con sus exorbitantes ganancias.

Diagonal

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FCC, cadena de favores

Una de las niñas bonitas del Ibex 35, principal índice de la bolsa española, y uno de los gigantes económicos españoles, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha sufrido un duro golpe con la explosión de la trama Acuamed. El penúltimo caso de corrupción es uno más en el que las tres letras que nombran la empresa aparecen, pero es el único en este momento por el que un directivo de la empresa –Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción– está siendo investigado por un posible delito de cohecho, tras el sobreseimiento de la imputación –investigación según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal– de José Mayor Oreja, que también ocupó el cargo de presidente de FCC Construcción. Echamos la vista atrás para hacer un repaso a la historia de FCC y sus relaciones con la Administración.

Fomento de Construcciones y Contratas nació como tal en 1992 como fusión de dos grandes empresas que crecieron durante el régimen franquista: Construcciones y Contratas, y Fomento de Obras y Construcciones. En ambas se desarrollaría un proceso de puertas giratorias que seguiría hasta hoy.

“El holding Construcciones y Contratas fue un juguete en manos del clan de El Pardo”, escribe el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S.A., obra en la que analiza el imperio empresarial que surgió alrededor de Francisco Franco. Este emporio acumuló más de medio centenar de empresas y entidades financieras que, en 1973, sumarían más de 100.000 millones de pesetas en capital escriturado. Sán­chez Soler relata cómo Ernesto Ko­plowitz, fundador de la empresa, se casó en 1952 con Esther Romero de Juseu, una íntima amiga de Car­men Polo, con la que tendría dos hijas: Esther y Alicia.

A partir de aquí comienzan a llover las grandes contratas públicas, como la concesión en exclusiva del alumbrado y alcantarillado de Madrid. También las puertas giratorias entre el régimen y el consejo de administración de la empresa, con la entrada del mar­qués de Villaverde –Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del ‘generalísimo’–; el subsecretario de Obras Públicas, José María Rivero de Aguilar, o el director del Instituto de la Moneda Extranjera, Alejandro Bermúdez González. El capital de la empresa pasó de cinco millones de pesetas en 1952 a 2.000 millones diez años más tarde. Fue entonces cuando Koplowitz padre se cayó del caballo –literalmente–. Tras la muerte del empresario, el consejo de administración de Construcciones y Contratas seguiría siendo lugar de paso para nombres de la política, como José María Ruiz-Gallardón –padre del exministro–, quien después pasaría por Alianza Popular y por las Cortes como diputado por Zamora. También, vía matrimonial, ‘los Al­bertos’ –Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del exministro de Asun­tos Exteriores Pedro Cortina y de Alberto Alcocer, primer alcalde de Madrid, respectivamente–.

El otro germen de la actual FCC, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), fundada en Barcelona en 1900, también acogería en su consejo de administración a conocidos nombres del régimen franquista antes de fusionarse con el legado Koplowitz, según detalla la obra de Sánchez Soler. En su caso, fueron el ‘cuñadísimo’ de Franco, Ramón Serrano Suñer, y su hijo Ramón Serrano Polo –sobrino de Franco– los hombres fuertes del régimen en las empresa, que ya en 1975 contaba con un capital escriturado de 3.000 millones de pesetas.

Puertas giratorias del siglo XXI

La política de puertas giratorias siguió en la ya actual FCC. 2001 comenzaría en la empresa con la llegada de José Mayor Oreja –hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y persona encargada de hacer llegar los donativos ilegales al Partido Popular de parte de la empresa de Koplowitz– al cargo de presidente de FCC Construcción.

El tío del exministro, Marcelino Oreja Aguirre, también ministro de Asuntos Exteriores durante el Franquismo, le acompañó en el consejo de administración de la empresa. A la vez que Oreja, llegó al consejo de administración de FCC Construcción Abel Matutes, que hasta el año 2000 ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La lista de nombres de la política y la Administración que han pasado por FCC continúa. En 2010 entró como apoderado Eduardo González Gómez, presidente entre 2002 y 2008 del lobby Foro Nuclear y antes, entre 1987 y 1995, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo responsable de las centrales nucleares en el Estado y de la regulación en esta materia. González Gómez pasó después a presidir Aqualia y FCC Energía, cargos que ocupó hasta el pasado año. Dos años más tarde, en 2013, entró Fernando Caamaño de Aramburu, otro nombre relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso asesor, quien desde julio de 2015, continúa como apoderado solidario de la empresa.

Nicolás Redondo Terreros, secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2001, y antes miembro del Parlamento Vasco, pasaría por pocos meses –de noviembre de 2013 a de 2014– por el consejo de administración de FCC. Por su parte, Gustavo Villapalos Salas, consejero de Educación en Madrid entre 1995 y 2001, estuvo desde 2002 vinculado a la empresa a través de su firma cementera, Portland Valderribas, y durante algunos meses –de julio a noviembre de 2014– llegaría a ser presidente de la empresa matriz.

FCC, a través de su filial Aqualia, tiene el 36,7% del mercado de agua pública, según presume en su página web. En poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, grupos ecologistas han denunciado subidas de las tasas de agua por encima del 85% del IPC y cobros ilegales a los vecinos de la población desde que se privatizó el servicio de agua en 2010, cuando el portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, Juan Marín, era alcalde. 

Las contrataciones públicas para la limpieza urbana es otra de las grandes líneas de negocio de FCC. Madrid, Tarragona y Albacete son algunas de las 18 capitales de provincia en las que la limpieza viaria está a cargo de esta empresa. En febrero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura, aunque sólo les impuso una multa del 3% de sus beneficios.

Entre 2002 y 2008, FCC recibió al menos 400 millones de euros para construir dos de las grandes infraestructuras de las olimpiadas: Madrid Arena y Caja Mágica, ahora edificios infrautilizados o con graves deficiencias. Entre 2001 y 2008, José Mayor Oreja había entregado dos donaciones al Partido Popular que sumaron 165.000 euros. En esos mismos años la empresa obtuvo 587 contratos de órganos públicos gobernados por el PP.

diagonalperiodico.net

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La mitad de las compañías del Ibex 35 no pagan ni un euro por el impuesto de sociedades

Sólo tres de ellas cerraron 2014 con pérdidas, el resto redujo su factura con la Hacienda pública gracias a la ingeniería fiscal. El alza del 38% en los beneficios disparó la retribución de sus ejecutivos y el dividendo a los accionistas, mientras el sueldo de las plantillas cayó un 1,4%.

Las compañías del Ibex 35 aumentaron un 37,8% sus beneficios en 2014. Ganaron 31.252,47 millones de euros, dejando atrás la crisis que les condujo a perder 7.400 millones en 2012. Pero esa bonanza no ha repercutido ni en sus trabajadores ni en la Hacienda pública: la mitad de ellas no pagaron ni un euro por el impuesto de sociedades. Quienes sí han notado el cambio de tendencia, y de forma generosa, han sido consejeros y ejecutivos, por un lado, y los accionistas, por otro.

El gasto medio en personal de las 35 principales empresas españolas se recortó en 2014 un 1,4% respecto al año anterior. Por el contrario, la remuneración media de sus primeros ejecutivos se ha disparado un 80%; la de los miembros del consejo de administración, un 43,6%, y la de sus directivos, un 14,3%. Así, de media, un presidente de una gran compañía del Ibex 35 cobra 158 veces el sueldo de uno de sus empleados. Un consejero ingresa 24 veces lo que un trabajador. Y los directivos multiplican por 28 la nómina de sus subordinados. La cuenta se ha hecho suponiendo un gasto por trabajador de 46.312 euros al año. Eso sí, sin olvidar que es una media. Porque en el Ibex las diferencia son cuantiosas: el mayor gasto medio por empleado es el de Bolsas y Mercados Españoles (BME), 92.406 euros anuales. Y los menores, los de Jazztel, sólo 14.560 euros, y los supermercados DIA, 15.269 euros. En Inditex, el gasto medio en personal –que incluye cotizaciones sociales– alcanza los 21.395 euros al año. Las cifras las ha elaborado CCOO a partir de la información que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el informe del sindicato ha calculado la brecha salarial entre las retribuciones de los ejecutivos y consejeros del Ibex 35 y los salarios de sus plantillas. Da igual si se pone el foco sobre presidentes, consejeros o directivos. La mayor distancia entre cúpula y base se produce en Jazztel y Telefónica. También es en estas dos empresas donde más ha se ha ensanchado la diferencia el último año.

El aumento de beneficios tampoco ha repercutido en las arcas públicas. De hecho, la recaudación por el impuesto de sociedades no ha dejado de caer desde que comenzó la crisis. Pese al regreso a los números negros. Lo que las compañías del Ibex 35 pagan a Hacienda por sus ganancias se ha reducido en casi 12 puntos desde 2007, el año de mayor auge económico. Por el contrario, la recaudación por el IRPF que abonaron las empresas en los últimos siete años ha crecido cuatro puntos y un poco más, 4,58 puntos, los ingresos por el IVA. En 2014 las empresas españolas abonaron al fisco un 8,9% menos por el impuesto de sociedades que el año anterior. Por el IVA, sin embargo, pagaron un 9,2% más.

Telefónica y Gas Natural: beneficios y bases negativas

El año pasado, sólo cinco empresas del selectivo bursátil cerraron con números rojos: OHL, FCC. Indra, DIA y Sacyr registraron pérdidas antes de impuestos. Pero fueron un total de 17, el 50% del Ibex 35, las que no tributaron por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios. “Bases imponibles negativas, regularización fiscal interanual, créditos fiscales con las administraciones tributarias de los países en los que actúan […] son algunas de las manifestaciones que muestran la gran capacidad de actuación estratégica de estas empresas para diferir, programar o, simplemente, eludir sus obligaciones fiscales”, concluye el informe de CCOO. Esas 17 empresas generaron bases imponibles negativas, aunque sólo tres de ellas –Sacyr, Indra y DIA– registraron pérdidas. Las otras 18 generaron bases imponibles positivas, pero disfrutaron de deducciones y desgravaciones de las que las compañías no informan y que redujeron su factura a Hacienda en una cuantía imposible de conocer. Ninguna de ellas, lamenta el informe del sindicato, publica cuál es su “tributación real a la Hacienda pública de España”.

Por ejemplo, Telefónica ganó en 2014 un total de 1.989 millones de euros. Pero en sus cuentas individuales –sólo las de la matriz o sociedad dominante– se apuntó a su favor unas diferencias permanentes –créditos fiscales, por ejemplo– de 5.472 millones, así como diferencias temporarias en su contra de 1.651 millones. Así que su base imponible resultó negativa en 1.832 millones de euros y, finalmente, se apuntó en su contabilidad un ingreso a su favor de 615 millones por el impuesto de sociedades. El ingreso fiscal de Gas Natural fue superior: 876 millones, de los cuales 794 corresponden a la revaluación de activos y pasivos diferidos de otros años, explica CCOO.

Si se consideran las cuentas consolidadas de las empresas –que incluyen las filiales en las que posean más del 75% del capital–, fue Caixabank la empresa que menos tributó por el impuesto de sociedades en 2014. Con unos beneficios antes de impuestos de 202,17 millones de euros, se apuntó unos ingresos fiscales a su favor de 619,92 millones; es decir, tributó a un tipo efectivo del -206,6%.

Reparto de dividendo pese a las pérdidas

Para hacerse una idea de la magnitud de estas cifras basta con compararlas con los dividendos pagados por las mismas compañías. En 2014 las empresas cotizadas repartieron 40.923 millones de euros entre sus accionistas, lo que supone un aumento del 85% respecto al año anterior. Es decir, por cada euro que las grandes compañías han pagado a sus accionistas han abonado sólo 44 céntimos a la Hacienda Pública en concepto de impuestos de sociedades.

Ni en 2014 ni en 2013 han retribuido a sus accionistas FCC, IAG, Jazztel y Sacyr. Acciona, Bankia, Gamesa y Mediaset no repartieron dividendo en 2013 pero sí en 2014, mientras que Indra no lo hizo en 2014. OHL retribuyó a sus accionistas con 64,9 millones de euros, pese a terminar el ejercicio con unas pérdidas de 213,7 millones. DIA repartió 115,1 millones, aunque cerró el ejercicio con unos números rojos de 391 millones de euro

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¿Qué tiene que ver el escándalo de Volkswagen con el TTIP?

Una multinacional ha admitido que ha engañado a la agencia de Estados Unidos encargada de la protección del medioambiente. Da igual si además es la mayor constructora de automóviles del mundo o si los 11 millones de vehículos sobre los que ha cometido el fraude ascienden a la misma cifra de coches que EE UU producen en un año. De fondo, tras el escándalo mediático, está la impunidad con la que operan las corporaciones en el mercado. La evidencia más clara de que quienes se encargan de generar la riqueza -que debería desembocar en bienestar- se dedican a anteponer sus beneficios delante de la salud humana y la protección del clima. Es también el fin del argumento liberal establecido, por el cual, hacer el bien para uno mismo sin que nadie intervenga en la economía es positivo para todos.

¿Hacia dónde conducimos nuestra sociedad si permitimos que los que la destruyen marquen las reglas de juego? Buena parte de los desmanes que cometen a diario nuestras empresas se pueden asociar sencillamente con el TTIP, porque ésta es la más nueva de las herramientas para hacer que las corporaciones sigan campando impunes a sus anchas.

La negociación del tratado de libre comercio (es la palabra que usa el capitalismo para definir la desigualdad) no es un fenómeno ad hoc que haya nacido de la nada. Es obvio, pero hace falta decirlo. El TTIP es la rama que se extiende aún más en un árbol cuyo tronco ha sido plantado, regado y consolidado por el poder de las grandes empresas desde hace tiempo.

Para tratar de alejar esta crítica de la demagogia habitual con la que se erigen las voces discordantes contra el TTIP, cabe señalar que aún no hay nada escrito. Todo son conjeturas y filtraciones. Por lo tanto, la única forma de desmontar este Tratado Neoliberal es exponer hacia dónde nos ha llevado hasta ahora el modelo que se quiere perpetuar.

Del fraude a la mesa de negociación del TTIPQué duda cabe de que los intereses de Volkswagen están bien representados en el TTIP. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), de la que VW forma parte, es una de las voces con más autoridad en la mesa de negociación. De hecho, es la cuarta asociación de lobby que más reuniones ha tenido con la Comisión Europea para tratar aspectos relacionados con el tratado: 16. La segunda, si excluimos a lobbies de carácter transnacional como Business Europe o el Transatlantic Business Council, en cuyas filas también se encuentra VW. Aquí ya se han expuesto algunas de las normativas sobre emisiones de CO2 que BusinessEurope ha tratado de bloquear, ahora sabemos que en beneficio de marcas como la alemana.

Volkswagen no es un caso aislado, a pesar de que la ACEA tratara de negarlo en una nota de prensa de septiembre. El lobby de la industria del automóvil forma parte de un entramado mucho grande de sectores que presionan en favor del TTIP. Como evidencian los datos del imprescindible Corporate Europe Observatory, por cada 100 reuniones que la Comisión tuvo con lobbies de la industria durante el 2014, sólo 10 se produjeron con grupos que representan a la sociedad civil.

Es preocupante que la Comisión Europea, encargada de negociar el TTIP con EE UU, pida consejo para cerrar un Tratado que involucra a 800 millones de consumidores a los representantes de las empresas que les venden coches de forma fraudulenta.

En 2014, la ACEA pidió a Estados Unidos y la Unión Europea “un acuerdo comprensible en relación al TTIP”. En el diccionario empresarial, esto se resume en no “poner más trabas” y hacer la vista gorda en emisiones de C02. La ACEA trató de demostrar la equivalencia en el nivel de seguridad de los vehículos a ambos lados del Atlántico. Algo que ya parecía difícil tras el escándalo de General Motors por el que la marca estadounidense tuvo que retirar del mercado 11 millones de coches tras un fallo en sus sistemas de seguridad que provocó la muerte de decenas de personas. Ahora, aún más.

El fraude de Volkswagen pone en jaque las negociaciones del TTIPLos argumentos de la industria automovilística europea para defender el TTIP también carecen de validez desde que Estados Unidos identificó el fraude de Volkswagen, y no la Unión Europea. “Las normas de seguridad a ambos lados del atlántico han demostrado con sus resultados ser equivalentes. Por ello debemos ser capaces de ponernos de acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y aspirar a la armonización”, decía la ACEA a principios de año.

En realidad dicha afirmación no es cierta. En la UE, la Comisión Europea establece las normas generales de emisión y los fabricantes de automóviles, a continuación, envían sus coches a un organismo de homologación nacional de su elección. Una vez certificado , el coche puede ser enviado al distribuidor y nunca se prueba de nuevo. En los EEUU, los coches son sometidos a tres pruebas más estrictas.

Precisamente en el marco del TTIP, el Pew Research Center hizo una encuesta sobre la posibilidad de armonizar regulaciones. El resultado genera más división aún. Sólo 2% de los alemanes afirma confiar en los estándares ambientales americanos y el 96% se opone también a las normas de seguridad de sus coches.

Regulaciones ambientales a la bajaNo sólo en lo que respecta a la seguridad de los vehículos hay división, también en la armonización de regulaciones ambientales que proponen Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del TTIP. La UE dice que no cederá y que su posición en relación al clima es “ambiciosa”, pero el país encabezado por Obama tiene otra idea de lo que significa esa palabra.Por ejemplo, en el marco de las negociaciones sobre la conferencia mundial del clima que se celebrará en París en noviembre, el choque entre la UE y EEUU es abrumador.

La Unión Europea se ha comprometido para 2030 a reducir sus emisiones en un 40 por ciento en comparación con los niveles de 1990. Además, quiere reflejar su ambición con un acuerdo que sea jurídicamente vinculante. No obstante, EEUU no ha podido prometer nada más que una reducción de sus emisiones en un 26 por ciento, pero en relación a los niveles de 2005, cuando sus emisiones eran un 40% superiores a 1990.

Parte de legislación europea en relación al clima, a Estados Unidos le parece una “barrera comercial” que abolir; lo dijo en un informe de 2014.La justicia no es igual para todosEl Departamento de Justicia de Estados Unidos podría llevar a cabo una investigación criminal sobre Volkswagen por su fraude. También Alemania y otros países estudian abrir una investigación contra la marca. Los juicios, por supuesto, se desarrollarían en cortes nacionales o europeas. Algo muy distinto a lo que ocurriría si Volkswagen o cualquier otro inversor decidiera demandar a un Estado a través del mecanismo de ISDS que quiere incluir el TTIP.

El ISDS, por muchos cambios de nombre que haga la Comisión, plantea tribunales de arbitraje internacionales paralelos a los juzgados nacionales o europeos. Se trata de dotar a las corporaciones de mayores ventajas a la hora de reclamar daños sobre sus inversiones que a los ciudadanos a la hora de denunciar, por ejemplo, el escándalo de Volkswagen.

¿Hay algún tribunal específico que permita a los ciudadanos afectados por el fraude de VW demandar a la compañía en una instancia judicial privada sin posibilidad de recurso y sin hacer público el proceso judicial? No, en cambio, una compañía que esquiva los controles medioambientales en 11 millones de vehículos diésel de todo el mundo, si podría utilizar el arbitraje privado para demandar a un Estado si cree que ha legislado en contra de sus beneficios.

El escándalo de Volkswagen, como señalaba el portavoz de los verdes Florent Marcellesi, muestra que las corporaciones no dudan en saltarse la ley si es necesario. La salud de los ciudadanos y la protección del medioambiente no puede ser una barrera comercial que abolir.

Ekaitz Cancela

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